Extremadura-tomate: ASAJA pide a la Junta que obligue a los industriales a negociar

El portavoz de ASAJA Extremadura, Gabriel Hidalgo-Barquero, pidió que la Consejería de Agricultura medie entre agricultores y las industrias transformadoras para que puedan negociar la contratación del tomate y lleguen a un acuerdo antes de la fecha límite, el 15 de febrero.

Esta organización agraria desea que la Junta ''tome cartas en el asunto'' y ''obligue a los industriales a que se sienten a negociar'', ya que éstos retrasan la contratación perjudicando a los agricultores, como ya ocurrió el pasado año, que se firmó el contrato en abril, cuando lo ideal para los agricultores sería que se firmase a finales de cada año.

Gabriel Hidalgo-Barquero recordó que la incertidumbre ''entre los agricultores es notable y palpable'' porque cuando solo queda un mes para firmar los contratos ''las industrias no han dado señales de vida, más bien han huido de cualquier posibilidad de negociación''.

Además, dijo que las industrias no desean tratar algunos asuntos como los controles de calidad, que los agricultores proponen que los realice el Centro Tecnológico Agroalimentario, mientras que los industriales quieren que los realice una empresa externa, con lo que el agricultor deberá soportar un coste añadido de 24 céntimos de euros por cada 100 kilos de tomates.

Los industriales tampoco quieren dialogar sobre la formalización de contratos homologados, una propuesta realizada desde la UE y apoyada por los agricultores por ser un mecanismo de control, según explicó.

Esta situación es considerada por ASAJA ''injusta y sangrante'' para los productores de tomate ya que, según esta organización agraria, la agrupación de industrias ''juega a no sentarse a negociar porque sabe que el agricultor tiene que echar ya sus semilleros y que cuanto más tiempo espere más información tiene de las hectáreas que se van a cultivar''.

Por ello considera que se trata de un ''juego injusto ya que los industriales tiene las cartas marcadas'', según ASAJA, que cree que la Junta de Extremadura debe mediar en este asunto porque se trata de un ''problema social'' ya que son muchas las familias extremeñas que viven directa o indirectamente de este cultivo.

Además recordó que las subvenciones que perciben estas industrias de las diferentes administraciones proviene del dinero de todos los ciudadanos, y entre esos ciudadanos se encuentran los agricultores.