ESPAÑA 12/09/2000
Tras tres años de negociaciones entre los ministros de Medio Ambiente y el Parlamento Europeo, los eurodiputados dieron el visto bueno definitivo a esta directiva, que agrupa todas las anteriores, armoniza los sistemas de gestión del agua y de evaluación de la contaminación de los recursos hídricos en Europa.
El nuevo texto entrará en vigor en un plazo de 18 meses a partir de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, plazo que permitirá a los diferentes gobiernos trasponer las normas a sus legislaciones nacionales.
''Hemos conseguido una directiva que obligue a los países a mejorar la calidad del agua y a mejorar la gestión de un recurso que es vital para el futuro económico de Europa'', manifestó la socialista francesa Marie-Noelle Lienemann, responsable de la larga tramitación parlamentaria de esta directiva.
La nueva legislación es una de las directivas comunitarias más importantes en materia de medio ambiente y el Parlamento Europeo ha endurecido la normativa, limitando al máximo el número de excepciones a las reglas, a pesar de que las organizaciones ecologistas han criticado el proyecto.
Las reticencias de los Quince a una directiva que contemplara medidas muy restrictivas se mantuvieron hasta el último minuto, debido a que todos los países deberán hacer frente a inversiones multimillonarias para cumplir las disposiciones de la normativa.
En España, el Ministerio del Medio Ambiente ha calculado que serán necesarias inversiones por valor de 6 billones de pesetas durante los próximos 16 años para hacer frente a las exigencias de calidad del agua que plantea la reglamentación comunitaria.
La directiva obliga a una gestión de todos los recursos hídricos basada en el principio de ''quien contamina, paga'', que obligará a los gobiernos a repercutir en el precio del agua el coste íntegro del recurso ''a más tardar en el 2010''.
No obstante, prevé cierta flexibilidad en la aplicación de esta medida pues provocará un aumento del precio del agua en algunos países en las épocas en las que haya dificultades de abastecimiento por causa de sequía, como en España.
Así, autoriza a los Estados a que en la fijación del precio del agua se tengan en cuenta ''efectos sociales y económicos'' y ''condiciones geográficas o climáticas''.
Con esta medida se busca incentivar a los usuarios, sobre todo a los hogares y a los agricultores, a utilizar el agua de forma más eficaz y evitar el despilfarro, aunque sin poner en peligro la competitividad económica de sectores como el agrícola, que en España utilizan mucha agua.
Para racionalizar y armonizar la gestión de los recursos hídricos, la directiva contempla que cada país presente en Bruselas un plan hidrológico por cada zona geográfica, como en el que en España elabora el Ministerio de Medio Ambiente.
Aunque los gobiernos conservarán las decisiones sobre la gestión de los recursos hídricos, la Comisión Europea contará con una base jurídica para advertir a los países contra el despilfarro.
La directiva prevé asimismo la reducción progresiva del vertido de sustancias contaminantes a lo largo de los próximos 20 años, incluidas las sustancias radiactivas.
La lista de las sustancias que quedarán prohibidas se ampliará, bajo supervisión del Parlamento Europeo, cada cuatro años.
Los eurodiputados no lograron durante la negociación reducir ese plazo a 15 años ni tampoco que para las aguas subterráneas se fijen unos plazos para impedir la contaminación procedente, por ejemplo, de los abonos agrícolas, aunque la Comisión Europea presentará una propuesta legislativa al respecto en el plazo de dos años.
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