ESPAÑA 13/09/2000
El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer por 180 votos a favor, siete en contra y 97 abstenciones la convalidación del Real Decreto-Ley sobre la adopción de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía y otras adversidades climáticas, que en su conjunto suponen 2.756 millones de pesetas.
A petición del PSOE e IU se sometió a votación la tramitación de esta norma como Proyecto de Ley con carácter de urgencia, iniciativa que fue rechazada por 167 votos en contra, 124 votos a favor y una abstención.
En su exposición del Real Decreto-Ley, aprobado el pasado 4 de agosto por el Consejo de Ministros, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, explicó que el objetivo de la norma es apoyar a las explotaciones agrarias y ganaderos que han sufrido pérdidas en sus producciones y renta por la sequía y otros fenómenos adversos.
Indicó que en la puesta en marcha de estas medidas el Gobierno ha tenido en cuenta el marco de cooperación entre la Administración Central y las Comunidades Autónomas, así como el fomento de los seguros agrarios.
Recordó que la norma fija en el 50 por ciento el umbral de pérdidas medias para acogerse a las medidas, con la excepción del almendro, donde el porcentaje se sitúa en el 40 por ciento, y la fresa; así como apoyos a la ganadería extensiva, actividad que, a fecha de hoy, carece de sistemas de aseguramiento.
El ministro señaló que la financiación de estas medidas corresponderá a su Departamento, con la excepción de las medidas fiscales que supondrán un menor ingreso en la Tesorería de la Seguridad Social.
El diputado de Coalición Canaria Luis Mardones, grupo que apoyó la convalidación, destacó que el agricultor no debe esperar todo de la Administración, si previamente no adopta medidas cautelares, como la suscripción de los seguros agrarios.
La portavoz de Izquierda Unida Presentación Urán pidió la tramitación de esta norma como Proyecto de Ley para atender las necesidades de los productores en periodos de sequía, ''puesto que es un fenómeno que periódicamente afecta a diversas áreas de España''.
Asimismo, propuso mejorar la redacción del Real Decreto, ''ya que la financiación de las medidas queda abierta'', y puso como ejemplo que en la memoria económica se hace referencia a remanentes de otros decretos ''en los que sobró el dinero o no llegó a los afectados''.
El diputado del PSOE Jesús Cuadrado también propuso su tramitación como Proyecto de Ley ''para incorporar medidas que mantengan las explotaciones, como ayudas directas, el adelanto de los pagos de la Política Agraria Común, mejora de los seguros o reducciones fiscales que incidan más sobre la renta agraria''.
Cuadrado, que calificó la norma como ''repetitiva y escasa, también apostó por fomentar obras de interés general en lugares con problemas de riego y medidas de apoyo a las comunidades de regantes, así como un tratamiento específico para zonas que no aparecen en este Real Decreto.
Añadió que la norma es ''humo y un parche'' para la situación que atraviesa el sector, ''ya que recurrir al crédito no soluciona la caída de la renta de los agricultores, que han sufrido seis sequías importantes en los últimos años'', al tiempo que indicó que las medidas fiscales arbitradas no han sido reclamadas por el sector.
El diputado del PP José Madero destacó que esta norma contribuye a paliar los efectos derivados de la sequía y las adversidades climáticas y agregó que cuantificar al detalle el coste total de las medidas no es posible, porque no se sabe cuantos agricultores se van a acoger a las medias.
En relación con las críticas del diputado del PSOE sobre el mal cumplimiento de las iniciativas de 1999 para paliar la sequía, Madero aseguró que su aplicación se está cumpliendo, y añadió que el objeto de estas iniciativas es cubrir riesgos que no están previstos en los seguros agrarios.
El Real Decreto-Ley 8/2000, aprobado en agosto, incluye medidas de carácter urgente, como una línea de préstamos de hasta 8.000 millones de pesetas, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), para las explotaciones de ganadería extensiva y agrarias, con seguro en vigor, a los que también podrán acogerse explotaciones de almendro.
La disposición también prevé una moratoria de dos años, sin interés, en el pago de las cuota fijas mensuales de julio a diciembre de este año a la Seguridad Social a los trabajadores afectados por la sequía y adversidades climáticas, así como la reducción de los índices de rendimiento neto en el IRPF para las actividades agrarias afectadas.
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