ESPAÑA 03/08/2000
El consejero de Agricultura de La Rioja, Javier Erro, consideró ayer que los artículos sobre la transferencia de los derechos de replantación de viñedo, recogidos en el proyecto de Real Decreto sobre Potencial Vitivinícola, consolidan, simplifican y agilizan sus trámites de autorización.
El próximo Consejo de Ministros que se celebrará mañana, aprobará previsiblemente el Real Decreto sobre Potencial Vitícola que regula a nivel nacional las medidas recogidas en el Reglamento comunitario relativo al potencial de producción de la Organización Común de Mercado (OCM) del vino.
La Rioja es una de las regiones más interesadas en que este procedimiento de autorización se agilice, ya que la planificación realizada entre la Administración autonómica y el sector vitivinícola confirman que el potencial de crecimiento de la masa vitícola en la Comunidad Autónoma para el próximo decenio ronda las 10.000 hectáreas.
En el pasado, algunas de las regiones que han cedido estos derechos, como Castilla-La Mancha y Extremadura, no mostraban su total acuerdo con el procedimiento de autorización regulado por el Ministerio de Agricultura, sobre todo, al incluir una modificación que permitía a este Departamento resolver expedientes si en el plazo de dos meses la Administración autonómica no lo hubiera resuelto.
Este descontento llevó a los Gobiernos castellano-manchego y extremeño a recurrir dicha modificación, sin embargo, con la aprobación del actual Real Decreto se derogaran automáticamente las ordenes anteriores.
Pero si en el pasado existía un enfrentamiento ''político'' entre regiones cedentes de sus derechos y receptoras, esta normativa parece haber conseguido acercar las posturas.
En este sentido, tanto Erro como el consejero de Agricultura castellano-manchego, Alejandro Alonso, destacaron la buena voluntad negociadora mostrada por el titular de Agricultura, Miguel Arias Cañete.
Las autonomías que cedían esos derechos a otras regiones, superficie que con la nueva regulación no puede ser superior al 0,4 por ciento del total de viñedo existente en la Comunidad, lo que supone unas 5.000 hectáreas anuales, reclaman su derecho y deber de acreditar la existencia de esos derechos, sin que haya injerencia competencial por parte de la Administración central.
El capítulo dedicado a las transferencias parece respetar el principio competencial de las Comunidades Autónomas, ya que en él se exige que el viticultor que venda debe acreditar la existencia de los derechos con el certificado correspondiente expedido por la Administración autonómica, además de presentar el contrato de compra-venta.
El consejero riojano de Agricultura considera que este nuevo Real Decreto que se inspira en la filosofía de la OCM del vino de buscar vías efectivas de asegurar la calidad de los vinos, apoyados por un desarrollo normativo que propicia la competitividad de los caldos.
Este Decreto se articula en seis capítulos, entre ellos los dedicados a plantaciones y replantaciones de viñedo, regularización de superficies de viñedo y reestructuración y reconversión de viñedo, otros apartado fundamental para la vitivinicultura española para adaptar las producciones a las demandas del mercado.
