ESPAÑA 27/07/2000
La Comisión Europea aprobó ayer, miércoles, su esperada propuesta de revisión del reglamento financiero de las instituciones comunitarias, que modifica las normas de la gestión financiera del presupuesto comunitario para evitar que se reproduzcan casos de fraude.
La propuesta elaborada por la comisaria europea de Presupuesto, Michaele Schreyer, aún debe recibir el visto bueno de los Quince y del Parlamento Europeo, pero era una de las promesas que realizó el Ejecutivo que encabeza el italiano Romano Prodi cuando asumió su cargo hace casi once meses.
Esta ''Biblia financiera'', como la calificó Schreyer, intenta modernizar y simplificar las normas de gestión y administración financiera del multimillonario presupuesto de la Unión Europea (UE), para racionalizar las actuales, pactadas en 1977 aunque parcialmente modificadas en catorce ocasiones.
Las nuevas normas, aseguró Schreyer, harán más transparente la ejecución del presupuesto, porque suprimirán, por ejemplo, la posibilidad de que los pagos de ayudas se trasvasen de un año a otro, salvo en casos excepcionales; eliminará los anticipos injustificados y asumirá las normas europeas para licitaciones públicas.
Otra de las medidas de transparencia es la agrupación de todos los gastos que implica una política de la UE, hasta ahora divididos en gastos operativos y ayudas financieras, medida que permitirá conocer realmente cuánto gasta realmente la UE en una determinada política.
Uno de los cambios más importantes es la supresión de la posibilidad de recurrir a Oficinas de Asistencia Técnica (OAT) para gestionar las ayudas de un determinado programa comunitario, un sistema al que la Comisión Europea recurría por falta de personal y que originó varios casos de fraude.
La medida busca evitar que se transfiera la ''responsabilidad política de efectuar un gasto a personal externo de la Comisión Europea'', explicó Schreyer, quién anunció que el año próximo comenzarán a suprimirse los contratos con 91 de las 120 oficinas que actualmente gestionan 133 millones de euros (más de 22.000 millones de pesetas) del presupuesto comunitario.
Schreyer admitió que esto conducirá al Ejecutivo a contratar más funcionarios con carácter temporal, para desempeñar esas tareas, para lo que debe contar con el apoyo del Consejo de ministros y el Parlamento Europeo.
La propuesta es una de las grandes modificaciones jurídicas que tiene entre manos la Comisión Prodi y para que prospere es necesario una decisión por unanimidad de los Quince, algo que Schreyer mostró su confianza en poder alcanzar para el primer semestre del año próximo, durante la presidencia sueca de la UE.
Los Quince tienen que dar su visto bueno a la reforma porque en realidad, el 75 por ciento de los gastos del presupuesto comunitario -las ayudas agrícolas y de los fondos estructurales y de cohesión- están en manos de las administraciones nacionales y no de la Comisión Europea.
