ESPAÑA 05/12/2000
La Junta de Extremadura tiene ''una clara voluntad'' de que el Plan Hidrológico Nacional (PHN) se consensúe por las administraciones públicas y colectivos de regantes y ecologistas, y aceptará los trasvases si se estudian las necesidades de cada zona y se garantiza que no habrá derroches.
Así lo manifestó en Mérida el consejero de Obras Públicas y Turismo, Eduardo Alvarado, que, junto al titular de Agricultura y Medio Ambiente, Eugenio Alvarez, presentó en una rueda de prensa las alegaciones de la Junta al PHN, que son 34.
Alvarado subrayó que se debe lograr el consenso más amplio posible porque es ''un tema de estado'' y ''un mecanismo de desarrollo y solidaridad'' para todos los territorios, y que el Gobierno extremeño acepta los trasvases pero que pide que se analicen previa o simultáneamente diversas cuestiones.
''Estamos a favor de la política de interconexión de los trasvases, de la solidaridad y vertebración interterritorial pero hay que estudiar sistemas alternativos para la consecución de estos recursos, la desalación, el uso eficiente de las aguas subterráneas y la optimización de los riegos'', explicó.
Además, reclamó que en las cuencas receptoras del agua de los trasvases se actúe en favor de un uso ''racional y eficiente, porque no tendrían sentidos los trasvases si allí se dilapida''.
Según Alvarado, las comunidades autónomas deben participar mediante una mayor regulación de su implicación en el PHN, la cuota ambiental del canon de trasvases ''puede estar orientada a ámbitos ambientales y de infraestructuras'' con el fin de permitir el desarrollo de las zonas que aporten el agua.
La Junta considera que la planificación de la financiación de las infraestructuras debe ser ''clara, precisa y consensuada''.
Asimismo, pidió que el PHN se actualice constantemente mediante ''un mecanismo de seguimiento y actualización, porque los escenarios van a ir cambiando'', que se apliquen criterios de ''sostenibilidad y sensibilización'' y que integre a otros planes como los de cuenca.
Por su parte, el consejero de Agricultura y Medio Ambiente manifestó también su disposición a aceptar los trasvases, ya que ''Extremadura quiere ser solidaria con otras comunidades'' de la misma forma que, dijo, los extremeños desean que en temas como el IRPF se sea solidario con su región.
No obstante, puntualizó que deben efectuarse en función de la existencia de ''excedentes de agua'' porque, argumentó, es preciso consolidar los riegos existentes, garantizar la expansión de los regadíos a nuevas zonas y que no se ''focalice'' la política de trasvases en determinadas áreas geográficas, una cuestión en la que insertó las protestas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Añadió que ''falta un calendario'' y que es preciso determinar el procedimiento de financiación, una cuestión sobre la que manifestó su preocupación porque, dijo, los agricultores, que podrían tener que pagar ''al alimón'' el 50 por ciento de las inversiones de mejora de los regadíos, que cifró en más de 60.000 millones de pesetas entre los años 2000 y 2008.
