ESPAÑA 22/12/2000
La propuesta ha provocado reacciones en contra por parte de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).
Ambas organizaciones creen que con la prórroga del régimen actual, se pierde una oportunidad para mejorar el sistema, posición que también defiende la Junta de Andalucía.
La Asociación Agrarias Jóvenes Agricultores (ASAJA) y la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE) se han pronunciado, por su parte, a favor de la posición de Bruselas, por considerar que se necesita un plazo de tiempo suplementario para conocer en profundidad los datos de producción de cada país.
El proyecto justifica precisamente la prolongación de la reforma transitoria aprobada en 1998, ante la carencia de datos definitivos sobre las producciones realizadas en las campañas transcurridas desde esa fecha.
En 1998 los Quince aprobaron un régimen provisional para tres campañas (hasta la 2000/2001) con el mantenimiento de las ayudas por tonelada, ante las dificultades existentes para tomar una decisión sobre la introducción o no de una ayuda al árbol, fórmula que rechazó entonces radicalmente el sector español.
La Comisión Europea afirma que las dos opciones barajadas en su día, la ayuda al árbol o las ayudas por tonelada, ''siguen siendo de actualidad'' de cara a la reforma definitiva, aunque no se decanta a favor de uno u otro sistema.
Fuentes de los servicios del comisario europeo de Agricultura, Franz Fischler, encargados de elaborar el documento afirmaron hoy que la reforma transitoria de 1998 no han resuelto todas las lagunas existentes en el control de las irregularidades, aunque reconocieron que ''ha habido una mejora''.
El motivo principal es que ningún Estado miembro productor ha puesto en marcha el denominado Sistema de Información Geográfica (SIG) (fotografía aérea), que permitirá conocer cuál es la situación real de las producciones.
Según la Comisión, mientras que el SIG no esté en funcionamiento, tanto la fórmula de ayudas a la producción como la ayuda al árbol plantearán problemas de control.
El Ejecutivo comunitario quiere que en la reforma definitiva prevista para el 2003 sólo se beneficien de las ayudas comunitarias las explotaciones controladas a través del SIG.
Bruselas da así a los Estados miembros otros tres años suplementarios para que aceleren la puesta en marcha de ese instrumento de vigilancia de las producciones.
El Ejecutivo europeo propuso hoy, por otra parte, una nueva ''estrategia de calidad'' e información al consumidor, que entraría en vigor a partir de noviembre del 2003.
Entre los principales cambios figura la sustitución de la denominación ''aceite de oliva'', a secas, muy utilizada por la industria española, por la de ''aceite de oliva estándar''.
El objetivo de esa medida es proporcionar una imagen más exacta al consumidor sobre la calidad del producto, ya que las botellas con la apelación de ''aceite de oliva'' contienen una mezcla de aceite refinado y aceite virgen extra.
La industria es reticente a esa modificación, por temor a las repercusiones que podría tener sobre sus ventas, mientras que las organizaciones de agricultores comparten la idea de buscar un calificativo más propio a esos aceites, aunque rechazan el apelativo ''estándar'' escogido por Bruselas.
Si saliera adelante el proyecto sobre la nueva estrategia de calidad, los consumidores tendrían a su disposición cuatro denominaciones distintas: ''aceite de oliva virgen'', ''aceite de oliva virgen extra'', ''aceite de oliva estándar'' y ''aceite de orujo de oliva''.
La Comisión también propone reducir la acidez del aceite de oliva ''virgen extra'' de un grado a 0,8 grados y prohibir cualquier procedimiento químico o bioquímico para la extracción del aceite de oliva.
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