ESPAÑA 29/12/2000
Canarias, Galicia, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana, Navarra y Cantabria firmaron con los responsables del Ministerio de Agricultura el convenio de financiación para iniciar el plan de medidas para erradicar la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros por valor de 53.680 millones de pesetas.
Así lo anunció el subsecretario del Ministerio, Manuel Lamela, al término de la Sectorial Extraordinaria de Agricultura -presidida por el ministro Miguel Arias- que reunió ayer en Madrid a todos los consejeros autonómicos del ramo, excepto el del País Vasco y los responsables de Cantabria y Navarra, que pese a no estar presentes dieron su apoyo al plan.
Lamela explicó que la Comunidad de Madrid y Cataluña, aunque han aceptado el plan propuesto por el Ministerio, se volverán a reunir hoy jueves con los responsables de Agricultura para ''ajustar algunos flecos'', ya que estas son las dos autonomías que tienen mayor capacidad de sacrificio y de gestión de residuos respecto a su cabaña ganadera, y por lo tanto mayores costes.
También los consejeros de Castilla y León y Baleares se pronunciaron a favor del plan, pero para dar su visto bueno definitivo es necesario que pase por la aprobación de sus respectivos Consejos de Gobierno.
Por otro lado, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha y Extremadura manifestaron su intención de evaluar este programa y presentar alegaciones al mismo.
El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó un programa para la erradicación y prevención de la enfermedad de las ''vacas locas'', que será cofinanciado por la Administración central, las Comunidades Autónomas, la Unión Europea y el propio sector.
Lamela recordó que la eliminación de harinas será financiado a partes iguales entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas, mientras que en la retirada de animales muertos en granja participaran la Administración central, las autonomías y el sector, cada uno con un 33 por ciento.
El consejero de Cataluña, Josep Grau, aseguró que la propuesta que el Gobierno central ha puesto encima de la mesa ''no es mala como punto de partida para los próximos seis meses'', y se comprometió, en nombre del Gobierno catalán, a que las medidas comunitarias de lucha contra las vacas locas se cumplan a partir del 1 de enero.
El responsable de Castilla y León, José Valín, que cifró en 10.000 millones de pesetas la puesta en marcha de estas medidas en su Comunidad durante un año (5.000 millones aportados por la Junta), aseguró que ''es obligado suscribir dichos convenios para comenzar a actuar en la recogida de cadáveres de las explotaciones''.
El responsable gallego, Castor Gago, explicó que Galicia ha puesto en marcha medidas complementarias a las incluidas en el Plan del Gobierno, ''porque es necesario garantizar los productos a los consumidores'', y acusó a otras Comunidades de ''falta de voluntad política y de eficiencia'' por decir que ''no pueden poner en marcha de manera inmediata este programa''.
Por su parte, el consejero de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso, anunció que ''firmaremos o no este plan el próximo año según la evaluación que hagamos'' y destacó que el Gobierno ''ha cometido una desconsideración con las autonomías'', ya que ''no es presentable políticamente que la semana pasada se nos entregue un borrador para ser consensuado y dos días después sea aprobado''.
En este sentido se pronunció también el responsable andaluz, Paulino Plata, quien recordó que incluso el Gobierno no había esperado a que acabara el plazo de presentación de alegaciones, y apuntó como deficiencias al plan la falta de veterinarios y la dificultad en la recogida de animales muertos en explotaciones.
Eugenio Alvarez, consejero de Extremadura, explicó que la postura del Ministerio ha sido en este caso ''o lo tomas o lo dejas'' y calificó de ''chapucero'' las medidas previstas, ya que, a su juicio, ''no se pueden cumplir en un tiempo récord''.