La recogida y posterior destrucción de los animales que mueran en las granjas supondrán para los ganaderos de Castilla y León un coste aproximado de 861,651 millones al año, según los cálculos efectuados por la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla y León. La eliminación de los cadáveres de animales es una de las principales medidas contenidas en el programa de vigilancia y control de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) diseñado desde el Ministerio de Agricultura y que hoy aprueba el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León.
Aunque el sector productor aún carece de documentación concreta sobre el programa, en una reciente reunión celebrada con responsables de la Consejería de Agricultura y Ganadería se informó a ASAJA de que los ganaderos tendrán que cofinanciar en un 33 por ciento, junto a Junta y MAPA, los costes derivados de la recogida y destrucción de cadáveres de animales que mueran en la explotación por cualquier motivo. Aunque este servicio aún no ha sido contratado, el Ministerio estima que supondrá un coste de 30.000 por cada res de vacuno y unas 3.000 por cada oveja o cabras.
Aumenta así el desamparo en el que se encuentra el ganadero de vacuno de la región, que desde hace semanas soporta unas pérdidas enormes, tanto por la bajada del precio de la carne como por la caída del consumo y el consiguiente descenso del número de sacrificios. ''Una situación insoportable para el productor y a la que ahora se suma la inocentada del día, que tendrá que pagar 10.000 pesetas por la retirada de cada animal que muera en su granja'', denuncia ASAJA, que fija en un 4 por ciento el porcentaje de bajas que cada año se produce dentro de las explotaciones de bovino, y no menos de un 7 por ciento en las de las especies ovina y caprina.
Para ASAJA, deberían ser las Comunidades Autónomas y el Ministerio quienes sufragaran este coste, ''aunque las últimas noticias no parecen muy esperanzadoras en ese sentido'', lamenta la OPA. Por este motivo, ASAJA afirma que si no se atiende esta petición, lo razonable sería que se hicieran cargo del coste las Diputaciones Provinciales, organismos con competencias y presupuesto en agricultura y ganadería, ''ya que no se puede olvidar que la recogida de animales muertos es una competencia municipal que subsidiariamente asumen las Diputaciones''.
