ESPAÑA 09/11/2000
Byrne no manifestó una inclinación especial por alguna de las tres candidaturas presentadas hasta ahora (Barcelona, Helsinki y Parma) a pesar de que la finlandesa es la que cuenta actualmente con mayores apoyos oficiales (Suecia, Austria y Dinamarca).
El comisario indicó incluso que la lejanía de Helsinki ''es un punto en contra'' para esa ciudad y destacó la necesidad de que la nueva sede mantenga un contacto ''estrecho'' con Bruselas.
''Tiene que haber un lazo estrecho entre los encargados de la evaluación de los riesgos alimenticios (la futura ''autoridad'') y los responsables de la gestión de los riesgos'', que seguirán siendo la Comisión Europea y el Consejo de Ministros de la UE, agregó.
El principal argumento esgrimido por Finlandia, el hecho de que todavía no dispone de una agencia comunitaria, ''se sumará a la balanza pero no será un elemento determinante''.
El responsable comunitario dijo que no hay que descartar otras ciudades aunque se diera a conocer su nombre ''en el último minuto'' y anunció la intención de la Comisión Europea de proponer su propio candidato.
Además de Barcelona, Helsinki y Parma, la francesa Lille, que se encuentra a una hora por carretera de Bruselas, podría ser también una de los aspirantes a acoger la sede si Francia decide someter una propuesta formal.
Byrne presentó hoy públicamente su proyecto sobre las reglas de funcionamiento de la futura autoridad de seguridad alimentaria, que empezará a trabajar a finales del 2002 o principios del 2003.
La idea de crear esa entidad surgió ante la necesidad de evitar que se reproduzcan escándalos alimenticios como los que han conmocionado en los últimos años a la opinión publica, empezando por la crisis de las vacas locas en marzo de 1996.
La nueva entidad o autoridad, que es el nombre que prefiere utilizar la Comisión para darle un mayor carácter moral, no será, sin embargo, de la envergadura de la Food and Drug Administration estadounidense y sus tareas serán meramente de índole consultivo.
A diferencia de la FDA americana, la autoridad no tendrá capacidad de legislar y las decisiones seguirán correspondiendo a la Comisión Europea y al Consejo de Ministros de la UE.
La nueva agencia ''emitirá opiniones científicas independientes'' y dictaminará sobre aspectos técnicos relativos a la seguridad alimentaria, mejora de la nutrición, salud animal y cuestiones fitosanitarias.
La futura autoridad recogerá y analizará datos científicos, identificará con antelación posibles riesgos para la salud y se encargará del sistema de alerta rápida en caso de crisis.
Por otra parte, comunicará sus informes de forma ''transparente'' al público en general a través de internet, según el comisario.
La autoridad intentará crear una red de enlace con las agencias de seguridad alimentaria nacionales con el fin de evitar discrepancias posibles, como ya ocurrió hace meses cuando el gobierno francés, tras el consejo de sus científicos, se negó a aplicar la decisión comunitaria de levantar el embargo a las importaciones de vacuno del Reino Unido.
Esa nueva entidad recibirá la ayuda de un ''foro consultivo'' que estará constituido por quince representantes de los órganos competentes de los Estados miembros.
Durante los primeros tres años dispondrá de una plantilla de 250 personas y un presupuesto de unos 40 millones de euros. pero cuando sea totalmente operacional, contará con al menos unas 330 personas y un presupuesto ''inferior a los 70 millones de euros'', según Byrne.
