ESPAÑA 20/11/2000
Una mayoría de países miembros apoya la propuesta de la Comisión Europea de ampliar dichos test no sólo a los animales de riesgo, muertos en las granjas por causas sospechosas, sino también al ganado considerado sano destinado a los mataderos para su posterior venta a los consumidores.
De salir adelante el proyecto del Ejecutivo comunitario los laboratorios veterinarios de las distintas comunidades autónomas españolas tendrán que proceder al análisis del cerebro de más de 300.000 animales.
El resurgimiento de la crisis de las ''vacas locas'' (que se viene arrastrando desde 1996) como consecuencia del crecimiento de la alarma en Francia, ha forzado a los Quince a estudiar nuevas medidas destinadas a la total eliminación de ese mal.
Los ministros de Agricultura ya se comprometieron hace unos meses a poner en marcha a partir del primero de enero del 2001 un sistema de análisis aleatorios sobre un total de 170.000 animales de riesgo (muertos con síntomas neurológicos extraños o por causas desconocidas).
La última propuesta de Bruselas extiende dichas pruebas aleatorias al cien por ciento de los animales de riesgo y al ganado con más de dos años de edad o que haya nacido antes del primero de enero de 1998 y que llega aparentemente sano a los mataderos.
El Consejo de Ministros de la UE alcanzará probablemente un acuerdo político, pero para que la decisión sea formal, la Comisión deberá someter su propuesta al Comité Veterinario Permanente de la Unión Europea del próximo miércoles.
La puesta en marcha de una reforma parcial del sector de frutas y hortalizas, en espera de un informe completo que Bruselas tiene previsto presentar a finales de año, es el otro gran tema del orden del día.
Como telón de fondo de ese debate, agricultores de los países productores protagonizarán una manifestación de protesta contra la propuesta del Ejecutivo comunitario, por no respetar las directrices financieras de la Agenda 2000, en las que se establece un presupuesto anual para ese sector de 1.900 millones de euros.
El Ejecutivo comunitario pretende mantener la neutralidad financiera otorgando al sector un presupuesto no superior a los 1.500 millones de euros, cantidad que los productores consideran insuficiente.
El asunto clave de la discusión es el dinero que será destinado a los denominados fondos operativos que gestionan las organizaciones de productores para la mejora de la calidad y la comercialización de las frutas y hortalizas frescas.
Bruselas quiere limitar a un 3 por ciento del valor de la producción comercializada de cada organización la contribución comunitaria a dichos fondos, mientras que España pide un 4,5 por ciento.
La propuesta de reforma de la Comisión prevé además modificaciones en el régimen de productos transformados y el debate en ese punto también girará en torno al las cantidades garantizadas y a las ayudas que Bruselas está dispuesta a desembolsar.
Antes del inicio del Consejo de Ministros, a las tres de la tarde, el titular español, Miguel Arias Cañete participará en la presentación de una campaña de promoción del consumo de naranjas y clementinas, cofinanciada por la Unión Europea (UE).
El orden del día del Consejo incluye además un debate sobre una propuesta de la Comisión Europea para luchar contra la erradicación de la fiebre azul del ovino, presente en Baleares y en las regiones italianas de Calabria, Cerdeña y Sicilia y en la francesa Córcega.
Los Quince adoptarán, por otra parte, un documento sobre su posición global en torno al capítulo agrícola de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), documento que la UE someterá al organismo internacional a finales de año.
Los ministros hablarán asimismo de la propuesta de la Comisión Europea sobre el funcionamiento de la futura autoridad de seguridad de los alimentos, a cuya sede aspiran Barcelona, Helsinki y Parma.
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