Arias advierte sector pesquero puede vivir ''dura reconversion''

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias Cañete, advirtió que a partir del próximo año se presenta en el sector español un ''escenario muy duro de reconversión'', en caso de que Marruecos no renueve el acuerdo de pesca con la Unión Europea (UE).

El titular de Agricultura, que intervino en el programa ''Los desayunos de Antena 3'', comparó este escenario de reconversión de la flota al mismo que se produjo hace unos años en los sectores de la minería o de la siderurgia.

Arias Cañete apuntó como alternativas posibles ante esta reconversión la recolocación de parte de la flota en otros caladeros, el desgüace o la reindustrialización con acuicultura.

Destacó que la próxima semana viajará a Senegal y Mauritania para intentar negociar con las autoridades de estos países la reubicación de parte de esta flota en caso de que se cumpla la hipótesis de ''no-acuerdo'' con la UE.

También señaló que el Gobierno español ya baraja desde hace varios meses un nuevo paquete de ayudas para los afectados por el paro de la actividad en aguas marroquíes -cerca de 4.000 marineros-, ya que las actuales finalizan el próximo 20 de diciembre.

Los representantes de la Unión Europea reanudan hoy en Rabat las negociaciones pesqueras con Marruecos, presentando una nueva propuesta en la que se solicita al Gobierno marroquí ''una mayor flexibilidad'' para cerrar el convenio, que precisamente mañana, 30 de noviembre, cumple un año en el que la flota permanece amarrada a puerto.

En concreto, la Unión Europea pretende desarrollar un plan quinquenal, que coincide con el presentado hace unos meses por el Gobierno marroquí, que permita la ''paulatina'' reconversión de los buques afectados, en total 390 buques, principalmente de las comunidades autónomas de Galicia -la comarca del Morrazo-, Andalucía -Barbate- y Canarias.

La Comisión Europea no está dispuesta a aceptar las drásticas condiciones demandadas por Marruecos para la renovación del acuerdo pesquero.

Estas demandas prevén un recorte del 70 por ciento de la flota comunitaria en sus caladeros, la imposición de un 50 por ciento de la tripulaciones de nacionalidad marroquí a bordo de los buques comunitarios y la descarga de las capturas en los puertos del país norteafricano.

También pretende elevar el canon a pagar por los armadores europeos en concepto de derechos de pesca en un 50 por ciento.