La comisión propone la creación de un fiscal europeo para la lucha contra el fraude
La Comisión Europea anunció el viernes, que propondrá a los Quince la creación de la figura del fiscal europeo para la lucha contra el fraude en la Unión Europea.
El Ejecutivo comunitario pedirá a los Quince que incluyan en la Conferencia Intergubernamental (CIG) para la reforma del Tratado de Amsterdam un nuevo artículo que especifique las condiciones de nominación, dimisión y misiones del fiscal europeo.
Con esta propuesta, Bruselas quiere reafirmar su determinación en la lucha contra el fraude en la UE, ya que lo considera una ''prioridad política'', según un comunicado de la Comisión.
La creación del fiscal europeo es necesaria para lograr ''una protección penal efectiva de los intereses financieros de la Comunidad''.
Asegura también que los instrumentos jurídicos tradicionales no son suficientes ''frente al aumento inquietante de la criminalidad organizada, los fraudes transfronterizos y la complejidad de los casos''.
La creación de la Oficina Europea de la Lucha Antifraude (OLAF) ha permitido detectar el fraude, pero su denuncia y condena se ve dificultada por la limitación de la cooperación judicial entre los Estados miembros.
El Tratado de Amsterdam no permite poner en marcha ''un espacio penal europeo que comprenda un órgano judicial común como el fiscal'', según destaca la propuesta de Bruselas.
Michaele Schreyer, comisaria europea de presupuesto y lucha contra el fraude, considera que los métodos tradicionales de cooperación judicial son obsoletos e ''inadecuados'' para combatir ese delito.
Y asegura que ''si queremos mantener una protección de los intereses financieros de la comunidad mañana (tras la ampliación de la UE), tenemos que proponer la creación de un procurador europeo hoy''.
Michel Barnier, comisario europeo de la política regional y de la reforma de las instituciones, aseguró a través de un comunicado que de momento ''no ha habido un debate de fondo'' sobre este asunto en las reuniones de la CIG.
El fiscal europeo sería elegido por el Consejo de ministros de la UE por mayoría cualificada y por un mandato de seis años a partir de una lista de candidatos propuesta por la Comisión Europea y tras oír la opinión del Parlamento Europeo.
Este fiscal se encargaría de la búsqueda y la instrucción de los delitos contra los intereses comunitarios ante los tribunales nacionales ayudándoles a ''superar los obstáculos de la división del espacio judicial''.
El Ejecutivo comunitario ha dejado claro que el fiscal europeo ''no sustituiría a las jurisdicciones nacionales''.
