ESPAÑA 03/10/2000
ASAJA de Castilla y León ha solicitado al Procurador del Común, Manuel García Álvarez, que inste a la Junta para que ofrezca una solución a los agricultores y ganaderos solicitantes del cese anticipado que, por un problema burocrático, llevan varios meses sin actividad y sin poder cobrar la pensión correspondiente.
Desde hace algunos meses, ASAJA ha venido denunciando este problema, que surge al intentar conciliar los requisitos de la normativa de abandono lechero con la de cese anticipado. Mientras que la primera te obligaba a presentar antes del 31 de marzo un certificado indicando la fecha de entrega del último litro de leche, la ayuda al cese anticipado no pudo solicitarse hasta la publicación de la normativa correspondiente, el pasado 1 de junio, y a día de hoy aún no se ha resuelto ni uno de los cerca de 200 expedientes presentados. “Esto quiere decir que el ganadero lleva varios meses sin actividad económica y sin pensión, un dinero perdido, ya que cuando se apruebe la ayuda no tendrá carácter retroactivo”, explica ASAJA. Pero independientemente del problema de los ganaderos de leche, este inexplicable retraso está afectando a otros profesionales del sector mayores de 60 años que desean acogerse al cese anticipado en la actividad agraria.
Mientras la Administración regional aduce que todo se debe a que no disponen del programa informático adecuado, ASAJA recuerda que la situación “es injusta e injustificable, porque está suponiendo un flagrante perjuicio económico precisamente al estrato de población agrícola más desfavorecido, desprotegido y humilde, a nuestros mayores con explotaciones más marginales, que aguantan pacientemente una situación que no entienden”. Además, de forma indirecta también se perjudica a los jóvenes en activo que podrían beneficiarse de la cesión de la explotación de quien se jubila.
Por estas razones, ASAJA solicita a Manuel García Álvarez medie para que la Junta resuelva de inmediato este problema y, en todo caso, comunique a los afectados la situación en la que se encuentra su expediente. También pide al Procurador que recabe información sobre las causas reales que están ocasionando este retraso, así como sobre la forma de compensar las mensualidades que van a dejar de percibir los agricultores y ganaderos que se acojan al cese anticipado durante el año 2000. Tal como recuerda la organización profesional agraria en el escrito remitido a la Oficina del Procurador del Común, la Consejería de Agricultura y Ganadería “debería tener una mayor sensibilidad en la aplicación de medidas que además del componente económico tienen una clara transcendencia social, ya que afectan a los sectores más desfavorecidos, como son nuestros mayores, y a los jóvenes que se quieren hacer un camino en la profesión”.
