Según los datos recabados por la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla y León, serán cerca de 5.500 los expedientes presentados este año para optar al Plan de Pensiones para el sector agrario, cifra que supone un descenso del 30 por ciento respecto a los 7.950 cursados en 1999, que fue el primer año de convocatoria de esta línea de ayudas.
Teniendo en cuenta que el año pasado quedaron retenidos por limitaciones presupuestarias casi 4.700 expedientes que cumplían los requisitos, se constata que buena parte de las solicitudes del 2000 proceden de esta “repesca”, defendida desde el primer momento por ASAJA.
El lado positivo de este descenso en el número de solicitudes es que las posibilidades de que sean aprobadas son mayores. Con la ampliación presupuestaria del 2000 –hasta 1.200 millones de pesetas– es probable que tengan cabida más de 5.000 solicitudes, es decir, prácticamente la totalidad de las presentadas. En todo caso, es de prever que se aprobarán muchos más de los 2.519 expedientes del año pasado.
Pero también hay un punto negativo, tal como subraya ASAJA. “El exiguo presupuesto del año pasado y las enormes trabas que se impusieron sentaron un mal precedente, y en este ejercicio muchos agricultores y ganaderos se han desanimado y no han pedido suscribirse al plan de pensiones”, advierte la organización profesional agraria.
Una vez más ASAJA, con alrededor de 1.000 solicitudes, se convierte en la principal promotora de planes de pensiones asociados, aquellos ejecutados desde las organizaciones profesionales agrarias, y que por su carácter social son prioritarios en el momento de su aprobación. Es la organización provincial de ASAJA en Palencia, con cerca de 400 expedientes, seguida por las de León y Valladolid, la que más peticiones ha recibido.
ASAJA recuerda que proporcionar una jubilación digna a los activos agrarios es una herramienta fundamental para modernizar la agricultura y la ganadería, “más si tenemos en cuenta que el principal requisito para optar a estas ayudas es que el solicitante ceda la explotación a un joven”, puntualiza. Ahí radica la importancia de este plan de pensiones, promovido por la Junta de Castilla y León, y que el año pasado significó una media de ayuda por expediente de 158.800 pesetas.
