ESPAÑA 05/10/2000
Representantes de WWF/Adena denunciaron hoy en Madrid que ocho países de la UE, entre ellos España, ''ignoran las normas ambientales en la agricultura'' ya que no condicionan la recepción de subvenciones agrarias europeas a la puesta en marcha de prácticas que respeten el medio ambiente.
Las reformas de la Agenda 2000 realizadas el pasado año permiten a los estados miembros añadir en su legislación el requisito de cumplir determinadas condiciones ecológicas para poder recibir ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC), pero parte de esos países no han llevado aún a la práctica esta medida.
El grupo ecologista presentó en conferencia de prensa durante la celebración de un seminario internacional las conclusiones de un estudio que detalla el impacto medioambiental en Europa de la explotación agrícola, que Guy Beaufoy, experto en Política Europea de la plataforma, achacó a las ''malas prácticas agrarias''.
El coordinador del informe, Jan-Erik Petersen, dijo que ''el dinero de los fondos públicos no debería aplicarse a destruir un bien común'' como es el medio ambiente y abogó por aplicar la eco-condicionalidad, término introducido por la Agenda 2000 que supone acompañar la agricultura de una visión ecológica.
En el caso español, Beaufoy señaló que la aplicación de la eco-condicionalidad encuentra un obstáculo en que ''el sistema constitucional es bastante complejo'', pero destacó que en estos momentos hay un grupo de trabajo en el que participan representantes del Ministerio de Agricultura y de las comunidades autónomas.
Petersen, que pertenece al Instituto Europeo de Política Ambiental (IEEP), añadió otros impedimentos, como la ''resistencia'' de los agricultores, la ''complejidad administrativa y política'' que entraña este instrumento, y la necesidad de que los gobiernos doten a la eco-condicionalidad de ''más recursos''.
No obstante, se mostró crítico con los responsables políticos porque, en su opinión, ''todavía no son conscientes de la ventaja que supone la protección del medio ambiente para el mundo rural''.
En el mismo sentido se manifestó Beaufoy, quien junto a mayores dotaciones solicitó ''más debate y transparencia'' porque muchas de las negociaciones seguidas hasta ahora en instancias políticas han marginado a las organizaciones ecologistas, como WWF/Adena, al no contar con ellas, censuró.
La obligación de cumplir criterios ecológicos para recibir ayudas económicas permitiría, según Adena, paliar algunos de los problemas que plantea la agricultura en España, como la erosión de los suelos, la sobreexplotación de las aguas subterráneas y superficiales y la desaparición de diversas especies animales y de hábitats.
Los ecologistas también advirtieron de que el laboreo excesivo hace perder ''hasta 80 millones de toneladas al año'' de suelo a los olivares andaluces, y lamentaron que los humedales de Las Tablas de Daimiel, en Castilla-La Mancha, han visto reducida su extensión ''de 20.000 a menos de 9.000 hectáreas''.
A la vista de los datos, WWF/Adena consideró que es ''razonable'' que la UE condicione las subvenciones de ocho billones de pesetas anuales -uno para España- de su política agraria al cumplimiento de ''unas normas de responsabilidad medioambiental''.
