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1 - Introducción |
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8. ¿SE PUEDE AHORRAR MÁS?
Es de todos conocido que la agricultura almeriense, especialmente los cultivos intensivos, gestionan muy bien el agua y obtienen una alta rentabilidad, de las más altas del Estado Español, llegándose en algunos cultivos a una productividad de 1 de las antiguas pesetas por litro.
En los invernaderos es habitual el riego por goteo, y en las lechugas se utilizan cada vez más los cultivos hidropónicos, que reutilizan el agua hasta el límite. Hay que señalar que las tecnologías para mejor uso y ahorro de agua se han aplicado sobre todo porque ahorran costes de mano de obra, no por el ahorro de agua que suponen, esto es un “valor añadido” de estas tecnologías.
En el cultivo de lechugas, por ejemplo, la planta no toca la tierra, las raíces están en sacos por las que circulan líquidos con los nutrientes, por lo que en el momento de recolectar es suficiente con separar la lechuga de la bolsa cortar las raíces y envasar la lechuga directamente. El riego, los nutrientes y otras sustancias se aplican bajo el control de un sistema informático, por lo que las necesidades de mano de obra son mínimas.
Con las tecnologías en uso es bastante difícil ahorrar agua, es posible pero poco probable, ya que la inversión para rebajar los consumos directamente en los cultivos sería muy alta. Además, en la medida en que el cultivo se intensifica, es decir se produce más, las necesidades de agua aumentarán.
Donde sí se podría incidir es en las redes de riego y almacenamiento. En este sentido, prácticamente todas las Comunidades de Regantes importantes están haciendo inversiones de mejora en la red de riegos, que en lo fundamental consisten en sustituir las redes antiguas por nuevas que intentan eliminar las pérdidas, y poner contadores a los usuarios finales de manera que estos paguen por el volumen de agua consumida, en vez de “por horas de riego” como era habitual. Además en la forma de almacenamiento, en balsas, al ser la superficie total de balsas muy grande y las temperaturas altas se produce una elevada evaporación. En este sentido al ser las Comunidades de Regantes capaces de satisfacer la demanda del agricultor en el momento en que se produce, cabría esperar que las balsas pequeñas de cada agricultor dejasen de tener sentido y se redujese la superficie total de las balsas, esto parece que no está siendo como se esperaba, aunque sí se están cubriendo para evitar las pérdidas por evaporación y la posible contaminación del agua almacenada.
Ya hay muchas ordenanzas municipales que obligan a los invernaderos a tener un sistema de recogida de pluviales para almacenarlos en las balsas y utilizar este agua para riego. Hemos redescubierto la función de los aljibes, y esto supone un cierto ahorro de agua, aunque disminuye la recarga del acuífero. De todas formas es una medida positiva, ya que parte de este agua iría al mar y de esta forma parece que se aprovecha mejor.
Las zonas de riego tradicionales se suelen regar también con sistemas tradicionales que consumen más aguas, pero si se quieren mantener los agropaisajes tradicionales hay que conservarlos tal y como están. Hay que tener en cuenta que en una zona árida como Almería cualquier punto de agua, aunque sea una acequia o una balsa descubierta o pérdidas en una tubería, se convierte en un oasis para los animales. Si acabamos con todas estas “pérdidas”, acabaremos también con interesantes ecosistemas, por lo que los planes de mejora de regadíos, especialmente en las zonas del interior deberían de tener en cuenta estos aspectos. Las pérdidas en las redes de riego, aunque en parte se evaporen, en parte se convierten en retornos a los acuíferos. El tan criticado riego a manta, si bien supone un “despilfarro” de agua, cuando se riega podemos ver grupos de aves como las garcetas, que aprovechan para alimentarse, si queremos conservar esa diversidad biológica asociada a la actividad tradicional humana hay que conservar estos sistemas, aunque evitando su ampliación.
En lo referente a los usos urbanos, aunque suponen sólo una pequeña parte de los consumos totales de agua se puede mejorar la gestión y evitar las pérdidas en las redes de abastecimiento, en el caso de Almería, por ejemplo, llegan al 30 %, así como reciclar el agua hasta el nivel necesario para permitir su reutilización para riegos agrícolas o de zonas verdes.
Y además de ahorrar, se puede conseguir la mejora en la recarga de los acuíferos subterráneos. En este sentido, además de evitar que en las zonas de recarga se lleven a cabo actividades que los puedan contaminar, se pueden realizar obras que disminuyan la velocidad del agua, sobre todo en los cauces para que dé tiempo a su filtración en el terreno, así, a la vez que se mejora la recarga, se consigue paliar los riesgos de avenidas, frecuentes en la provincia.
Actuaciones de este tipo se pueden observar en casi todas las sierras almerienses.
9. UN TOQUE DE REALISMO
Para afrontar la problemática del agua caben dos opciones, o bien planificar la oferta y la demanda estableciendo límites, o bien dejar que sea el mercado el que decida hasta donde se puede llegar. Sin embargo es frecuente confundir estos dos aspectos. Hasta ahora por planificación se ha entendido el intentar aportar toda el agua necesaria para satisfacer las demandas de las actividades productivas que, evidentemente, están limitadas por el mercado. O visto de otra manera, la planificación ha venido consistiendo en que cuanta más agua y más barata mejor, y después ya veremos lo que hacemos con ella, (aumentar los regadíos agrícolas, campos de golf, …), da igual de donde venga, por lo que conviene apoyar al que prometa más recursos, sin importar de donde vengan o el color político del que lo promete.
El dejar que sea el mercado en última instancia el que limite el “desarrollo”, y determine las materias primas y recursos necesarios a cortomedio plazo, desde un punto de vista desarrollista, puede parecer lo mejor, ya que se consiguen elevados índices de crecimiento, sobre todo económico, pero a largo plazo puede ser suicida, pues una crisis en un sector, o el agotamiento de un recurso esencial, puede suponer una importante crisis social. Crisis que nuestra provincia ha padecido no hace tanto tiempo. Recordemos el auge de la minería y los cultivos para la exportación, como la uva de embarque, con sus correspondientes declives, que convirtieron a nuestra provincia en la primera de España por el número de emigrantes.
Además, si se opta por que sea el mercado el que regule, debería ser con todas sus consecuencias, es decir, el Estado no debe subvencionar ninguna instalación destinada a que los empresarios aumenten sus beneficios, que sean éstos los que lo hagan, y que en caso de que les vaya mal, que asuman los costes de su mala gestión sin intentar repercutirlos sobre el Estado, que al fin y al cabo somos todos. Los empresarios, agrícolas o de cualquier otro sector no suelen defender políticas tan “liberales” y suelen aspirar a que la comunidad asuma parte de sus costes aunque sea reduciendo en parte, la menor posible, sus beneficios.
Por lo tanto, y dado el nivel de riqueza alcanzado, parece que es un buen momento para plantearse la necesidad de realizar una ordenación y planificación global del futuro de Almería, teniendo en cuenta todos los factores que inciden en el mismo, en especial recursos escasos como el agua. Sin olvidar las limitaciones naturales que impone la geografía, que hacen de nuestra tierra una zona peculiar. El paisaje y la aridez es lo que identifica a nuestra provincia, así que lo que no tiene mucho sentido es pretender transformar Almería para convertirla en algo parecido a una provincia del norte del país. Si queremos conservar los valores naturales, que hacen que nuestra provincia sea una zona peculiar y única, y que pueden ser explotados por otros sectores como el turístico, puede resultar peligroso llevar agua a todos los sitios. Hay zonas en las que hace falta el agua y otras en la que no. Se puede argumentar que sin agua no hay desarrollo posible, ya que no puede haber actividad humana sin ella, pero aún aceptando ese argumento, es posible que, en muchos casos, sea mejor que no haya actividad humana para que el paisaje o el ecosistema se puedan conservar. Por ejemplo, el Campo de Tabernas es una zona árida y podemos optar por llevar agua y plantar, por ejemplo, olivos, o dejarla como está. En el primer caso el resultado final del ecosistema, paisaje, etc., no tendrá nada que ver con lo que hay ahora, será algo parecido a Córdoba o Jaén. La otra solución, dejar las cosas como están, de esa manera conservaremos uno de los paisajes y ecosistemas únicos en el mundo, seña de identidad de la provincia. Es la sociedad la que tiene que decidir, considerando que si destruimos el ecosistema actual no lo podremos recuperar, y que es posible que no haga falta plantar más olivos, o que, llegado el caso, eso se puede hacer en otro lugar.
La intervención de las Administraciones públicas en el tema del agua suele ser reclamada por todos los sectores, sobre todo el empresarial, ya que se supone que es la Administración la encargada de aportar el agua en el volumen necesario y a costes asumibles para cualquier actividad. Pero este sector pide que la Administración se limite a aportar el recurso al coste más bajo posible dejando que sea la iniciativa privada, el mercado, el que se encargue de señalar los límites de posibles desarrollos.
En realidad, no hay ningún argumento que justifique socialmente lo anterior, ya que los empresarios lo que buscan es ante todo la mayor rentabilidad en su beneficio, por lo que al igual que se quedan con la mayor parte de los beneficios, deberían también asumir la mayor parte de los costes de las materias primas como el agua necesarios para llevar a cabo su actividad. Pero ya que al final la actuación de las distintas Administraciones es inevitable, cabría esperar que se hiciese buscando beneficios sociales, llevando a cabo una planificación hidrológica en la que sea la colectividad la que tome las decisiones necesarias tendiendo en cuenta el bien común que no suele coincidir con los intereses de las patronales.
Las leyes que se han elaborado para conseguir que la sobreexplotación de los acuíferos no aumentase y que declaraban como sobreexplotadas las zonas de cultivos intensivos de la provincia de Almería no se han cumplido y las distintas administraciones han estado tolerando flagrantes violaciones de las mismas y finalmente legalizandolas, cargando los costes económicos y ambientales sobre la comunidad.
Las prohibiciones de realizar nuevos sondeos o de ampliar la superficie regada se remontan al año 1984. Si prestamos atención solamente a la superficie invernada ya que prácticamente todas las zonas de invernaderos se encuentra afectadas por prohibiciones, resulta que la superficie bajo plástico pasó de10.720 Has en 1984 a 24.129 en el 2000. En la mayoría de los casos este incremento fue detectado y examinado por las administraciones competentes sin que se hiciese nada.
El Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Almería aprobado definitivamente en el año 1986 tiene un interesante artículo que, de haberse aplicado, nos habríamos evitado muchos problemas:
5. Regulación de recursos:
a) Para la obtención de licencia urbanística o de apertura correspondiente a actividades industriales o extractivas y cualesquiera otras construcciones de conformidad con lo previsto en el Decreto 928/79, de 16 de marzo, será necesario justificar debidamente la existencia de la dotación de agua necesaria, así como la ausencia de impacto cuantitativo negativo sobre los recursos hídricos de la zona.
b) Iguales justificaciones deberán adoptarse en la tramitación de todos los Proyectos de Urbanización y para la implantación de usos residenciales u hoteleros en suelo no urbanizable.
Que dada la ineficacia de los Organismos de Cuenca, que han otorgado concesiones sobre recursos inexistentes apenas ha servido para nada.
Leyes, normas, proyectos, para intentar solucionar el problema hídrico de la provincia, o de alguna de sus zonas, hay muchos, y todos tienen una característica común: que no han servido apenas para nada. Se podría hacer una larga historia remontándonos, incluso, varios siglos atrás. El fiasco más sonado, el del trasvase Tajo Segura, que al igual que el del Ebro, prometía solucionar todos los problemas de Almería, eso sí, en una segunda fase que nunca se llegó a realizar. Para justificar aquel trasvase se utilizó como argumento la necesidad de regar las secas tierras del Levante, en especial de Almería, que finalmente se tuvo que contentar con una mínima parte de los caudales trasvasados.
Los políticos provinciales se han caracterizado, independientemente del partido al que pertenezcan por pelearse constantemente por ver quien ofrece más, agua en este caso, y así hemos visto cómo las cifras han ido aumentando, únicamente por cuestiones de políticas partidistas, hecho reconocido por la Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía: “El déficit hídrico puede responder a cálculos políticos y no a necesidades reales”. Esto que electoralmente puede ser rentable en determinados momentos, socialmente y políticamente es impresentable, ya que puede llevar a situaciones como las inversiones sufragadas, total o parcialmente por todos, el erario público, que están infrautilizadas con el despilfarro que esto supone, y de las que ya hemos visto ejemplos a lo largo de este trabajo.
Las Administraciones deben afrontar sus responsabilidades y llevar a cabo una planificación de un recurso escaso como el agua, que permita una gestión adecuada del mismo y dejarse de demagogias o de intentar complacer a ciertos sectores de la población, que por más que griten son ni más ni menos que eso sectores determinados de la población que no representan a todo el mundo.
10. ¿HAY SOLUCIONES?
Si hacemos caso a la historia parece que no hay solución. Las Administraciones no harán prácticamente nada, dejarán que sea la iniciativa privada la que siga actuando y tomando las decisiones, y la apoyaran en algunos casos, pero renunciando a cualquier intento de ordenación eficaz, eso sí, planes se harán muchos, algunos de los cuales se llevarán a la práctica. Y al final, como en todos los ciclos capitalistas, llegará la crisis sin que se haya hecho nada para evitarla o para minimizarla. Recordamos en Almería, la minería del Siglo XIX, o el cultivo del parral. La situación no es nueva y parece que estamos condenados a repetir la historia. Como en todas las crisis habrá personas que se podrán escapar, pero al final serán los más débiles los que paguen las consecuencias de la falta de planificación.
El desarrollo sostenible, por más que nos empeñemos, y sobre todo si lo entendemos como un desarrollo ilimitado, es imposible. Insistimos en que si se deja que sean las leyes del mercado las que actúen y las que establezcan límites, la crisis es inevitable y sus efectos serán devastadores sobre algunos sectores.
Las posibilidades de desarrollo de una zona están limitadas por muchos factores, entre otros los naturales, e ir en contra de esto supone incrementar los costes ambientales y económicos hasta el punto de hacer insostenible a medio-largo plazo cualquier actividad. El problema es que el implantar actividades sin tener en cuenta los límites naturales puede transformar el espacio hasta el punto de destruirlo e imposibilitar cualquier otra actividad nueva.
Una de las primeras cosas que habría que decidir es el modelo de gestión el agua que se quiere. Sólo caben tres posibilidades, un modelo público en el que sea la Administración la que controle el recurso; uno privado, y uno mixto. Curiosamente, el modelo de las desaladoras que defiende el PSOE supone la privatización del recurso, ya que al final las que controlaran el agua serán empresas privadas, bien sean Comunidades de Regantes, o bien industrias dedicadas a producir agua, empresas, que construirán las plantas, con ayudas públicas o sin ellas, para usos, como puede ser el riego o el abastecimiento de poblaciones. El negocio estará en conseguir agua barata, cuando la planta sea de una Comunidad de Regantes se supone que será para usos agrícolas, y vender el agua al precio más elevado que se pueda para otros usos. Si se quiere impedir la especulación con el agua, se debería de dejar claro si las desaladoras construidas por Comunidades de Regantes podrán vender agua para usos no agrícolas, aunque en principio parece que no hay nada que lo impida, ya que aquí no se trata de concesiones sino de una producción industrial.
Si el modelo va a ser el de la gestión privada, cualquier intento de planificación sobra, ya que será la iniciativa privada la que tomará todas las decisiones.
Si se quiere llevar a cabo alguna planificación, ésta en gran medida dependerá de lo dispuestas que estén a intervenir las instituciones competentes, que hoy por hoy, aparte de subvencionar, parece que es poco. En este caso, evidentemente lo primero sería evaluar el volumen que alcanza la sobreexplotación de los recursos disponibles y estudiar la forma de disminuirlo o eliminarlo. En este sentido habría que controlar, por no decir evitar, cualquier posible nueva demanda. Para esto deberían mantenerse las prohibiciones de aumentar las superficies regadas y de llevar a cabo cualquier nueva actividad que suponga un incremento en la demanda de agua. Se debería de establecer, por lo tanto, una especie de moratoria para nuevas transformaciones en regadío, urbanizaciones turísticas o campos de golf. El Plan Hidrológico Nacional, en relación con este tema, señalaba que las nuevas aportaciones no podrían destinarse a incrementar las demandas, sin embargo, últimamente no hemos visto a ningún político insistir en este aspecto.
Es más, parece que se intenta comunicar que las desaladoras pueden proporcionar recursos ilimitados.
Se hace necesario, además tomar medidas de ahorro y reutilización, especialmente en los usos urbanos, insistiendo en que estos ahorros o recursos depurados no son para regar más, sino para regar lo que hay y disminuir la presión sobre los acuíferos sobreexplotados.
Los sistemas de riego tradicionales se están abandonando. Se podrían tomar medidas para su recuperación y la utilización de estos caudales para disminuir los déficits. Estos sistemas se basan en el máximo aprovechamiento del agua de la que se podía disponer con unos costes económicos, energéticos y medioambientales mínimos. Se aprovechaba el agua que discurría por los cauces, cuando salían (boqueras), o el agua de la lluvia con adecuados sistemas de riego, o de aguas subterráneas con galerías y minas. En Almería capital, por ejemplo, la ocupación urbana de terrenos agrícolas (Vega de Acá) está ocasionando que sistemas de riego para aprovechar el agua del río se encuentran abandonados, e incluso pueden a llegar a plantear problemas a las zonas habitadas. Se deberían tomar medidas para seguir aprovechando esos caudales para riego desviándolos a otras zonas.
En Almería es difícil encontrar lugares para hacer pantanos, pero contamos con acuíferos subterráneos que pueden ser utilizados como embalses. Por lo tanto, se deberían ampliar las medidas encaminadas a la recarga de acuíferos. Los excedentes a que hacíamos referencia en el apartado anterior podrían ser inyectados en el acuífero utilizando éste como embalse subterráneo.
La política de la Unión Europea va en el sentido de que sean los usuarios quienes paguen el coste real del agua que consumen, y que el precio final del agua debe incluir, tanto los costes estrictamente económicos (producción) como los ambientales. Y esto vale para todos los usuarios, incluyendo a los agricultores. En este terreno se podrían hacer excepciones para aquellas formas de agricultura tradicional cuya conservación interesa por necesidades sociales o por su contribución al mantenimiento de los valores naturales de una zona y que no puedan hacer frente a unos costes del agua que tradicionalmente no han existido o han sido mínimos. Lo que parece que no tiene sentido es subvencionar formas de agricultura industrial que obtienen unos elevados beneficios y que pueden y deben asumir los costes de la utilización del agua necesaria para su actividad, lo mismo que el resto de los sectores.
En el tema de la desalación, por ejemplo, sólo se suele tener en cuenta el coste de desalar el agua, pero si se consiguiese eliminar las salmueras, lo que ya es posible con las tecnologías disponibles, los impactos ambientales serían mucho menores. El problema está en el coste económico que repercutiría sobre el precio del agua, pero este coste, como otros de este tipo, debería ser recogido y asumido por los usuarios. En el caso de Almería, en el litoral hay praderas de Posidonia Oceánica, muy sensible a la variación de la salinidad, por lo que se debería conseguir que las plantas desaladoras busquen la forma de eliminar los vertidos y de esa manera eliminar el vertido de salmueras procedentes de desaladoras.
Una política hidrológica debe basarse en la planificación de los recursos disponibles y recurrir a la desalación solamente para casos en que sea estrictamente necesario. No parece tener mucho sentido utilizar el agua desalada para usos agrícolas tradicionales, pero se suele olvidar que la forma de agricultura del Levante español no tiene nada que ver con la imagen tradicional del agricultor. Los invernaderos o plantaciones se parecen más a una industria que a la imagen idílica del campo que se suele tener. En este sentido este tipo de agricultura, que es altamente rentable debería de ser considerada como una industria y, por lo tanto, tendría que asumir los costes íntegros de los recursos que utiliza y el agua es uno fundamental.
Si la política hidrológica debe incidir tanto sobre la demanda como sobre la oferta, no parece adecuado dejar que sea la iniciativa privada la que decida cómo y dónde deben conseguirse nuevas aportaciones. Esto es especialmente notorio en el caso de las desaladoras, y desde nuestro punto de vista se puede ver con claridad en lo que está sucediendo con la propuesta de construcción de nuevas desaladoras. Carboneras aún no tiene usuarios para toda su producción y ya se está planeando ampliarla. Al mismo tiempo, en una zona que se podría abastecer tanto con aguas de esa desaladora como con aguas residuales depuradas de Almería, Rambla Morales, se está construyendo otra desaladora, lo que al final, paradójicamente, va a producir un exceso de oferta en la zona de Níjar-Rambla Morales-Almería, y el transportar luego el agua de un lugar a otro tiene también costes económicos y ambiéntales considerables.
La política hidrológica debe coordinarse necesariamente con la de otros sectores como el agrícola, el urbanístico, el industrial y el medioambiental. Es decir, es una parte de la planificación territorial y no puede ni siquiera plantearse por separado. La pregunta sería: Agua, ¿para qué?; ¿para ampliar cultivos que incrementen la oferta para que caigan los precios y que al final los productos acaben “retirados” en un vertedero?, ¿o para nuevos desarrollos urbanísticos que acaben masificando y destrozando uno de los pocos tramos litorales bien conservados de Andalucía, y que según la Junta de Andalucía hay que proteger?.
¿QUÉ NOS ESPERA?
Aunque cualquier intento de predecir lo que va a pasar en el futuro es arriesgado, para finalizar puede ser conveniente especular sobre que es lo qué pude pasar.
Antes hay que señalar que el modelo de agricultura intensiva bajo plástico de Almería, tiene una singularidad: los aspectos sociales son muy importantes. Este hecho normalmente se olvida cuando se habla del modelo almeriense, que es tratado sobre todo desde el punto de vista económico y técnico, pero, dejando de lado que quienes lo hicieron posible no fueron grandes empresas sino más de 20.000 empresarios agrícolas, pequeños y medianos agricultores, propietarios de sus tierras.
Lo más probable es que la situación siga más o menos como está en la actualidad, esto supondría que la demanda agrícola no aumentaría mucho, ya que no cabe esperar una extensión de la superficie, por lo menos bajo plástico, por problemas de mercado, puesto que el incremento en la producción haría caer los precios. Es más, con la política agraria europea, que probablemente haga reducir o desaparecer de España el cultivo del algodón y de la remolacha, cuyas superficies, al menos en parte se convertirán en cultivos hortícolas, y la incorporación a la Unión Europea de Países Mediterráneos con un potencial agrícola grande y la firma de acuerdos de libre comercio con países como Marruecos y Turquía, en todos los casos con una mano de obra mucho más barata, hacen suponer que a medio plazo la oferta de hortalizas aumente considerablemente, por lo que es probable que los cultivos hortícolas pierdan rentabilidad y algunos se abandonen, lo que supondría un descenso en la demanda de agua por parte del sector.
El problema es la localización espacial de la demanda, ya que en la actualidad se está produciendo un desplazamiento de los cultivos de las zonas litorales hacia el interior, por los elevados precios que alcanzan los terrenos con buenas condiciones para su urbanización. Es decir, el agricultor que posee terrenos en el litoral los vende y compra tierras en zonas donde son más baratos para continuar su actividad.
Quizás sería deseable una diversificación de las producciones agrícolas que en la actualidad se basan en unos cuantos productos hortícolas (tomates y pimientos sobre todo y, en menor medida, lechugas, sandias, melones, calabacines, pepinos y judías verdes), y una especialización más “ecológica”.
Esto podría suponer, aunque no necesariamente, un incremento de la superficie cultivada y, por lo tanto, en la demanda de agua. En países como Argentina, Chile y Brasil la especialización en agricultura “ecológica” esta suponiendo una fuente importante de ingresos con productos que ya podemos ver comercializándose en España, por la falta de producción de ellos en nuestro país. Los aspectos sociales a los que hacíamos referencia, pequeñas empresas agrarias, hacen difícil la reconversión.
Donde sí cabe esperar incrementos en la demanda es en los usos turísticos. Pese a las buenas intenciones de la Junta de Andalucía de proteger el litoral, hay multitud de proyectos y planes aprobados para urbanizar la mayor parte de ese litoral que se quiere proteger, en muchos casos con campo de golf. Este desarrollo turístico urbanístico afecta a toda la provincia aunque con mayor intensidad a la zona del levante que es la que tiene, en la actualidad, un litoral mejor conservado.
Pero de todas formas el incremento de los usos turísticos urbanos será pequeño en relación con la demanda agrícola, que en la actualidad es de más del 90 % del total de los recursos.
Ahora hay expectativas que parecen favorables y otras que, desde nuestro punto de vista no tienen sentido. En el Levante, el trasvase del Negratín, junto con las desaladoras ya construidas de Cuevas, Pulpí y Carboneras, y el reciclaje de las aguas residuales (en proyecto) parece suficiente para satisfacer la demanda actual.
En el Campo de Níjar, a la desaladora de Carboneras aún le sobra agua para satisfacer demandas con las que no se haya contado, aunque hay que decir que el agua de Carboneras no estará disponible hasta el año que viene por problemas de distribución.
En el Bajo Andarax, sería suficiente con que Cuatro Vegas aumentase su capacidad de reciclaje para generar excedentes, en la actualidad ya los hay, son aguas tratadas en la depuradora de Almería y que se vierten al mar.
Si la desaladora de Almería funcionase a toda su capacidad, el agua que en la actualidad se obtiene en los pozos de la Rambla Bernal se podría utilizar para paliar los déficits del Campo de Dalías. En ese sentido vemos con esperanza las negociaciones propuestas por los nuevos cargos de la Confederación Hidrográfica del Sur entre las Comunidades de Regantes del Poniente y el Ayuntamiento de Almería para que esta desaladora funcione totalmente. El Poniente, liberado de la carga del abastecimiento de la capital, aprovechando el agua del pantano de Benínar, con las mejoras en la recarga por las obras en la Sierra de Gádor y reciclando las aguas residuales urbanas, quizás necesitase alguna aportación para alcanzar el equilibrio que creemos que no sería muy grande y, una vez cuantificada, se podría buscar la mejor forma de solucionarla.
Las declaraciones de los nuevos cargos de la Confederación de que es fundamental acabar con la sobreexplotación de los acuíferos y las de la Consejera de Medio Ambiente a que hacíamos referencia parecen un cambio de política intentando imponer la sensatez en un tema qué, hasta ahora, se ha prestado a políticas demagógicas.
Sin embargo, en la actualidad se está construyendo una desaladora, la de Rambla Morales, con una capacidad de 20 Hm3, en un lugar al que podría llegar fácilmente el agua desalada de Carboneras o reciclada de Cuatro Vegas.
Si lo que se busca es la competencia en el mercado del agua, es posible que estuviese bien, pero ya que esta desaladora se construye subvencionada parcialmente con dinero público, parece un despilfarro, pues lo más probable es que esta planta una vez construida no funcione o que intente hacerlo con aguas salobres en vez de con aguas marinas, para abaratar costes, y poder competir mejor con las alternativas a que hacíamos referencia, lo que producirá una infrautilización de las instalaciones y ocasionará problemas a los pozos de la zona.
Además, por cuestiones políticas, es probable que se realice la ampliación de la desaladora de Carboneras, aumentando su capacidad en 42 Hm3 más. Y no pasará nada, si la de Marbella va para diez años sin funcionar y la de Almería para cuatro, la nueva de Carboneras puede estar otros tantos igual. Las empresas constructoras hacen su negocio, los políticos quedan bien y total lo pagamos entre todos. Pero es posible que si en vez de gastarnos el dinero en obras inútiles lo gastásemos en, por ejemplo, subir las pensiones o invertir en educación, las cosas irían mejor.
También hay que contar con que en toda esta historia la Unión Europea, que se pretende que financie parte de las obras, tenga algo que decir. En este sentido la política Europea plantea de que los usuarios asuman el coste del agua que consumen y de no financiar desaladoras para usos agrícolas. Las desaladoras se ven como una solución última para abastecimientos urbanos que no pueden disponer de otro recurso. Probablemente en unos años Almería tenga la capacidad de producir entre 50 y 100 Hm3 de agua desalada, con la que no sabremos que hacer.
Ahora ya tenemos más de 50 que, aunque se supone que sí sabemos lo que queremos hacer, todavía no podemos, porque no se han hecho las obras necesarias para poderla utilizar, o los usuarios, o los que se creen sus representantes, no están dispuestos a asumir el precio que tienen estos nuevos recursos. ¡Y a esto lo llaman planificación! La historia, si fuese en otro lugar, podría ser divertida, aquí dan ganas de llorar y de irse a otro lugar donde estas cosas no pasen.
GRUPO ECOLOGISTA MEDITERRÁNEO.
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