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Establecido el presupuesto para el programa de mejora de la calidad de aceite de oliva y aceituna de mesa
En una reunión mantenida en la sede del MAPA con el sector olivarero-almazarero y las Comunidades autónomas implicadas
El presupuesto disponible para cada una de las comunidades autónomas se elevará para informe en la próxima Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo rural que se celebrará en febrero
La Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación, se ha reunido hoy en la sede del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) con el sector olivarero-almazarero y de aceitunas de mesa y las Comunidades Autónomas (CC.AA.) que participan en el "Programa de Mejora de la Calidad de la Producción de Aceite de Oliva y de Aceitunas de Mesa", habiendo quedado establecido el presupuesto disponible para cada una de estas CC.AA, que se elevará para informe a la próxima Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural que se celebrará en febrero.
El Programa, se coordina por la Secretaria General de Agricultura y Alimentación, a través de la Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación, y se gestiona por las Comunidades Autónomas y el MAPA, en colaboración con el sector, con el objetivo de mejorar la calidad de la producción de aceite de oliva y de aceitunas de mesa y sus efectos en el medio ambiente.
En la reunión se ha abordado por un lado, el seguimiento del Programa 2004/2005 (1 de mayo de 2004 a 30 de abril de 2005), donde se manifiestan las actuaciones desarrolladas y en ejecución, de acuerdo con lo previsto en la Orden Ministerial de 28 de abril de 2004 por la que se aprobó el Programa; y por otro lado, el Avance del Programa 2005/2006 (1 de mayo de 2005 a 30 de abril de 2006) donde se recoge la planificación y previsión de actuaciones de acuerdo con los fondos retenidos sobre la ayuda a la producción, que ascienden a 11.099.557 euros.
COAG-IR califica de arbitrario el nuevo régimen de extracción del acuífero 23
Mientras se aprueba, a través del Tajo-Segura, un nuevo trasvase de 114 Hm3 para el Levante, la Confederación Hidrográfica recorta para este año 60 Hm3 a los regantes de la Cuenca Alta del Guadiana.
Pone en riesgo la viabilidad de miles de hectáreas de cultivos sociales y de viñedos reestructurados, con negativas consecuencias para el empleo en la zona.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha aprobado, con el voto a favor de las Administraciones y en contra de los regantes, un Régimen de Explotación 2005 para el Acuífero 23 que reduce ostensiblemente la disponibilidad de agua para usos agrícolas, al haber pasado de los 230 Hm3 que se venían autorizando en años precedentes, a los 170 Hm3 actuales. Dicha reducción penaliza sobre todo a las 70.000 hectáreas de viñedo de la zona, que solo podrán regarse a razón de 700 m3 por hectárea y año en lugar de los 1.000 m3 permitidos en el 2004 y de los 1.500 m3 del 2003 y a las explotaciones de otros cultivos de regadío mayores de 10 hectáreas, que representan un 32 % de los regantes y un 80 % de las casi 82.000 hectáreas inscritas que no son de viña. Las dotaciones de las explotaciones de menos de 10 hectáreas, que han mejorado algo su situación, siguen siendo de un 22 % a un 24 % inferiores a las que tenían hasta el año 2003.
COAG-IR valora negativamente esta decisión y considera una arbitrariedad que se reduzca en un 26 % (60 hm3) el volumen de agua del que pueden disponer los regantes de estas comarcas de nuestra región, máxime si se tiene en cuenta que recientemente se ha aprobado un nuevo trasvase, a través del Tajo Segura, de 114 Hm3 a Valencia, Murcia y Andalucía, de los cuales 72 son para regadío.
El recorte estaría motivado, según podría desprenderse de lo manifestado por el Comisario de Aguas de la Confederación en la Junta de Gobierno, en que el volumen extraído realmente del acuífero 23 está sobrepasando muy ampliamente los 230 hm3 autorizados hasta el año pasado, pudiendo alcanzarse incluso los 428 hm3 anuales.
Sin embargo, reducir el régimen de explotación (que afecta solo a quienes son regantes con derechos al uso del agua) no aporta soluciones al problema del vaciado del acuífero si no establece una ordenación selectiva de todas las extracciones (legales y alegales) y los adecuados mecanismos de control sobre las mismas. En palabras de Antonio Castellanos, Secretario General de COAG-Iniciativa Rural de Castilla-La Mancha: “Se está haciendo pagar a justos por pecadores. Quien ha tomado esta decisión y la ha apoyado tendrá que explicarle a los regantes de Alcázar, o de Daimiel, porque no se le deja agua suficiente para regar con su pozo legal el viñedo que ha puesto en reestructuración; mientras los pozos sin derechos de agua, que no los controla quien debería, riegan cuanto quieren” y ha añadido “...cuando, además, se siguen aprobando trasvases para que no les falte agua a los regantes de Murcia”.
El objetivo triple de recuperar los niveles del Acuífero, restaurar el equilibrio ecológico de la zona y mantener un regadío sostenible y rentable, sería perfectamente alcanzable si los trasvases que se hacen al regadío del Levante se destinarán a cubrir las necesidades de la Cuenca Alta del Guadiana en Castilla-La Mancha.
COAG-Iniciativa Rural muestra su preocupación por la supervivencia del Acuífero 23 y por la del entorno ambiental, socioeconómico y demográfico que alimenta; porque empieza a observar en las actuales autoridades hidráulicas la misma inoperancia y ceguera que en el anterior equipo del Ministerio y de la Confederación Hidrográfica. “Parece que piensen que el problema del acuífero lo puedan abordar sin asumir costes, ni políticos, ni económicos, y esto no se arregla si no es con decisiones consensuadas, pero valientes y con mucho presupuesto” ha declarado Castellanos.
COAG-Iniciativa Rural se felicitó de que el cambio de Gobierno de abril pasado conllevará la paralización de un proyecto de Plan Especial del Alto Guadiana muy negativo porque no iba a contribuir a recuperar el acuífero y porque dejaba a los agricultores profesionales en mano de la especulación del mercado de derechos de agua. Sin embargo, no puede mostrarse ni con mucho satisfecha de cómo están desarrollándose los acontecimientos porque, a estas alturas, el Plan Especial del Alto Guadiana, según manifestaciones del Portavoz de Agua de COAG-IR, José María Oñate “sigue siendo un acto de Fe que se nos pide a los ciudadanos y a los agricultores. Se nos dice que debemos aportar ideas al Plan; pero ni se nos presenta un borrador, ni se ha convocado una sola reunión, ni se sabe con que dinero va a contar, ni de donde va a salir”.
COAG-Iniciativa Rural considera urgente:
- Que se suspenda cualquier Trasvase del Tajo-Segura a otras regiones que no sean para el abastecimiento de la población y que, si hay que hacer trasvases para el desarrollo del regadío que se haga para los regantes castellano-manchegos.
- Que se aceleren los trabajos del Plan Especial del Alto Guadiana, que según la Ley del Plan Hidrológico Nacional debería haber estado listo en julio del 2002 y que se haga una previsión económica y financiera del mismo.
- Que el proceso de elaboración sea desde un principio transparente y abierto, lejos del secretismo y la parcialidad con que actuaron los anteriores responsables. Ni se debe sacar adelante este plan sólo con los regantes y usuarios, ni sólo con los movimientos ecologistas.
- Que el Plan Especial del Alto Guadiana incluya, según las alegaciones presentadas en su momento por COAG-IR, la ordenación selectiva de las extracciones con un alto componente social en el que se contemple entre las primeras prioridades a los agricultores profesionales.
- Que se tramite la aprobación de un nuevo Régimen de Extracciones similar al que estuvo vigente entre los años 1994 y 2003, en el que se fijaba en 230 Hm3 el volumen extraíble para regadío, se concedía una dotación para viñedo de 1.500 m3 por hectárea y año y se distribuían los consumos para otros cultivos modulados en función de la superficie.
- Que las autoridades regionales sean conscientes de que, siendo muy importante garantizar los abastecimientos de la población, es necesario también dedicarle la adecuada atención política a mantener y desarrollar el tejido socioeconómico –y en el la agricultura de regadío representa un papel esencial- de la Cuenca Alta del Guadiana, donde se asiente uno de los núcleos demográficos más densos de la región.
De lo contrario corremos el riesgo de tener un magnífico Plan cuando el Acuífero esté ya agotado o de haber garantizado el abastecimiento a una población que ya se habrá ido.
La reforma del sector remolachero resultaría nefasta para nuestro remolacheros y perversa para los países en vías de desarrollo
Los productores de remolacha del estado español sufrirían unas pérdidas anuales cercanas a los 60 millones de euros por la reducción de precios
Sólo sería muy positiva para la industria de bebidas refrescantes, Cuyo potente Lobby Internacional By Internacional presiona para bajar los precios de sus materias primas
COAG considera que, en ningún caso, la Reforma del sector remolachero debe implicar una reducción de los precios de la remolacha tipo A, que es la común en España, porque esta reducción perjudicaría a los países que, como es nuestro caso, son deficitarios en este cultivo y que, por lo tanto, no suponen gasto a las arcas comunitarias vía exportaciones bonificadas, lo que además evita distorsiones en el mercado.
Por otra parte, el argumento empleado por la Comisión Europea para bajar los precios a la remolacha tipo A es del todo erróneo, puesto que este no es el camino para favorecer a los países en vías de Desarrollo, como se apunta desde Bruselas; de hecho, los Países del Grupo ACP –Asia, Caribe y Pacífico- también han subrayado lo equivocada que resulta esta tesis, puesto que, dado que los importes que ellos perciben por el azúcar que introducen en el mercado comunitario tiene como referencia el precio interno comunitario de la Remolacha, una bajada de estas cotizaciones supondría un descenso idéntico en los precios de su mercancía.
Por lo tanto, el pretendido descenso de precios tendría efectos nefastos para los productores del Estado español, que perderían la rentabilidad necesaria para mantener el cultivo y supondría el abandono de tierras y la pérdida de un producto interno de calidad y respetuoso con el medio ambiente; sin lograr avance para los países desarrollados que, al contrario, también saldrían seriamente perjudicados.
Los productores de remolacha del Estado español sufrirían unas pérdidas anuales cercanas a los 60 millones de euros por la reducción de precios (sin contar la reducción de cuotas) que supondría la puesta en marcha de la reforma del sector planteada por la UE. Las líneas de reforma sugeridas por la Comisión supondría una reducción del 44% del precio de la remolacha para los cultivadores de nuestro país, la reducción de las cuotas y la posibilidad de transferirlas a otros Estados de la UE. La consecuencia sería la deslocalización del cultivo hacia otras regiones del Centro y Norte de Europa y la desaparición del cultivo en España.
La bajada de precios no beneficia a productores internos ni a los de países en vías de desarrollo, tampoco favorece a los consumidores, que no tendrán mejores precios pero sí dudas sobre la procedencia y la calidad; sólo sería muy positiva para la industria de bebidas refrescantes, cuyo potente lobby internacional presiona para bajar los precios de sus materias primas
ASAJA pide al Gobierno medidas similares a las que tomará el Gobierno francés para defender al agricultor
La patronal agraria pretende que no se abandone al sector agrícola y se adopten medidas compatibles con la Unión Europea
ASAJA-Almería ha pedido al Gobierno que adopte medidas compatibles con la política de la Unión Europea que permitan la actuación rápida y eficaz ante la actual competencia que está sufriendo el sector hortofrutícola por parte de terceros países.
La patronal agraria realiza esta petición, tomando como referencia la noticia de que el Gobierno francés se encuentra tramitando una ley acerca de territorios rurales, en la que se contempla la posibilidad de establecer unos precios mínimos para las frutas y hortalizas, en los casos en los que exista una situación de crisis. Por esta razón, ASAJA ha pedido al Gobierno español que permanezca atento a la evolución en las medidas adoptadas por nuestro país vecino, y trate de buscar fórmulas para paliar la situación de los agricultores españoles ante la pérdida de renta que tiene en uno de sus orígenes su origen en la competencia de terceros países.
Desde la Asociación de Jóvenes Agricultores se pretende que el Ejecutivo estudie las diferentes posibilidades existentes para establecer medidas compatibles con el Tribunal de Defensa de la Competencia, y que no resulten traducidas en multas. ASAJA-Almería trata de que el Gobierno no abandone al sector agrícola a su suerte y se preocupe por buscar medidas ante la competencia de terceros países.
El gobierno de Aragón organiza una jornada técnica sobre zonas vulnerables y fertilización nitrogenada en Huesca
El Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón organiza hoy, martes 25 de enero de 2005 una jornada técnica sobre “Zonas vulnerables y certificación nitrogenada” en Huesca. La jornada comenzará a las 10.30 horas en el salón de actos del edificio múltiple de la Plaza Cervantes, 1 de la capital altoaragonesa con la intervención del director del servicio provincial de Agricultura y Alimentación, Alejandro Almajano.
Más tarde, el técnico del laboratorio agroambiental del Gobierno de Aragón Jesús Betrán hablará sobre la “Revisión de la fertilización nitrogenada. Efectos medioambientales y nueva visión”. A las 11.15, la representante de la Unidad de Suelos y Riegos del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA), Dolores Quílez, disertará sobre “Riego y lavado de nitratos. Técnicas adecuadas para reducir el lavado de nitrato”.
A partir de las 12.00 horas, el investigador del CITA Francisco Iguacel hablará sobre “Estiércoles y fertilización. Uso adecuado de estiércoles y purines en la fertilización”. Por último, el investigador del CITA Fernando Orús dará a conocer la “Normativa legal y obligaciones. Libros de registro”. La jornada concluirá con un debate a partir de las 13.00 horas.
La UE escucha las peticiones de los países ACP ante su reforma del azúcar
Los ministros de Agricultura de la UE escucharán hoy las peticiones de los países del grupo África, Caribe y Pacífico (ACP) y de los países menos desarrollados (PMA) de cara a la próxima reforma de la OCM del azúcar por parte de los Veinticinco. La delegación europea estará encabezada por tres comisarios: Agricultura, Mariann Fischer-Boel, Comercio, Peter Mandelson, y Ayuda Humanitaria, Louis Michel, y los responsables de Isla Mauricio y Sudán, representarán a los ACP y PMA.
Fischer-Boel confirmó el pasado miércoles que presentará el próximo mes de junio su propuesta legislativa definitiva sobre la reforma de este sector en la UE.
El objetivo de Bruselas es que el fin de las negociaciones en el Consejo se cierren en noviembre y que la UE pueda llevar en diciembre de este año una posición común a la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Hong-Kong.
Un fuente diplomática de la presidencia luxemburguesa de la UE precisó que el objetivo de la reunión de hoy en Bruselas es "escuchar y ver cómo integrar sus necesidades en nuestra reforma del azúcar", en referencia a las reclamaciones de la ACP y PMA.
Estos países han expresado su preocupación por la fuerte reducción en el precio del azúcar en la UE que se propone en la propuesta inicial de la Comisión Europea ya que, a su juicio, penaliza sus exportaciones a los Veinticinco en base a la cuota que disponen como países más desfavorecidos.
Así, han advertido en los últimos meses de que, en la medida en que el precio garantizado a los ACP y PMA está ligado al precio de intervención en la UE, los países que abastecen a la UE de este producto deberían beneficiarse igualmente "del mismo trato" que los productores europeos.
Los países ACP recordaron en julio de 2004 que el azúcar es la "espina dorsal" de muchas de sus economías al depender de un monocultivo. "Estas propuestas, si son aprobadas por la UE, serán catastróficas para los Estados ACP", subrayaron en un comunicado.
PUNTOS DE LA PRIMERA PROPUESTA
Las principales consecuencias de la propuesta presentada por Bruselas son, en primer lugar, el descenso del precio mínimo de la remolacha azucarera de los 43,6 euros actuales por tonelada a 27,4 en dos etapas de tres años.
Asimismo, el Ejecutivo comunitario reclamó una reducción del precio de intervención del azúcar blanco, al cual los organismos de intervención están obligados a comprar el azúcar subvencionable que les sea ofrecido, de 632 euros por tonelada a 421 euros con el mismo objetivo: que se produzca en dos etapas a lo largo de tres años.
En tercer lugar, Bruselas instó a la supresión de la intervención pública y que esta sea reemplazada por un régimen de almacenamiento privado. En lo que se refiere a la cuota de producción comunitaria, la propuesta de la Comisión Prodi es que caiga en 2,8 millones de toneladas en un período de cuatro años.
De esta forma, la cuota azucarera descendería delos 17,4 millones actuales a 14,63 millones de toneladas. En quinto lugar, la CE abogó por una reducción de las exportaciones subvencionadas en 2 millones de toneladas, con lo que se pasaría de las 2,4 millones de la actualidad a únicamente 0,4 millones de toneladas.
Para compensar a los productores del azúcar de remolacha este reajuste en el sector, la propuesta comunitaria reclamó una ayuda desacoplada que compense "parcialmente" (hasta un 60 por ciento) la pérdida de ingresos.
Asimismo, permitió la transferencia de cuotas entre los operadores de los diferentes Estados miembros y un régimen de reconversión de 250 euros por tonelada para las empresas azucareras que abandonen el sector.
La organización no gubernamental Oxfam comprobó recientemente que países como Mozambique, Malawi o Etiopía perdieron 238 millones de dólares desde 2001 como resultado de las restricciones al acceso de mercado que impone la UE en el sector del azúcar.
El precio de la tierra subió el 6,6 por ciento en España en 2003
El aumento más importante se registró en Madrid y, la bajada, en Canarias
El precio medio de las tierras agrarias subió, en 2003, el 6,6%, situándose en 8.553 euros por hectárea, según datos de la Encuesta de Precios de la Tierra, publicada por el Ministerio de Agricultura. Los mayores incrementos se registraron en Madrid, mientras que en Canarias hubo un descenso generalizado, salvo en plataneras. Por otro lado, los cultivos de regadío, con un 9% tuvieron una subida superior a los de secano (5,2).
El MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) acaba de publicar, con bastante retraso sobre las fechas habituales, los precios de la tierra correspondientes a 2003. El incremento medio fue del 6,6 por ciento, llegando hasta 8.553 euros por hectárea; en secano la subida fue del 5,2 por ciento y el precio medio de 6.330 euros, mientras que en regadío el alza fue mayor, ya que se llegó hasta los 22.216 euros por hectárea, lo que supuso el 9 por ciento en relación con las cifras de 2002. En el caso del secano, las mayores subidas se registraron en las tierras dedicadas al viñedo de mesa (19,5); los frutales no cítricos, que se pagaron de media a 7.341 euros hectárea; los prados naturales y las tierras de labor. En regadío las mayores subidas correspondieron a los llamados cultivos protegidos, que pasaron de 78.939 a 106.874 euros por hectárea, lo supone un alza del 35,4. También registraron subidas significativas los precios de las fincas dedicadas a las hortalizas al aire libre, al arroz, a los frutales cítricos, a los frutales no cítricos y al viñedo de uva de mesa. En líneas generales destaca también la subida que se registró en las cotizaciones de las fincas dedicadas a la producción de frutos secos, el 33,6 por ciento. En lo que respecta a la distribución de los precios por comunidades autónomas, los mayores incrementos tuvieron lugar en Madrid (17,9 por ciento), Valencia (13,9) y Navarra (12,6). Con incrementos inferiores al 10 por ciento figuran Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Extremadura, Cataluña, Galicia, Murcia, La Rioja, País Vasco, Baleares y Cantabria. En el extremo opuesto destacan las bajadas de Canarias, con un 27,8 por ciento (hubo en 2003 un descenso generalizado en todas las tierras, excepto en las dedicadas al plátano); ésta es la región con un precio medio más alto, pues alcanza 56.401 euros. En Asturias hubo una caída del 2,7. Desde 1983 el incremento en términos reales de los precios de la tierra ha sido del 14,2 por ciento.
Voto por correo y desde el extranjero en el referéndum sobre la Constitución Europea
El Boletín Oficial del Estado nº. 13, de 15 de enero de 2005, ha publicado el Real Decreto 5/2005, de 14 de enero, por el que se somete a referéndum consultivo de la Nación la decisión política de ratificar el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. La votación se celebrará el domingo día 20 de febrero de 2005.
Voto por correo
Las oficinas de Correos repartirán entre los días 4 y 18 de febrero la propaganda electoral para el referéndum de la Constitución europea el 20 de febrero, si bien la solicitud de la inscripción en el censo electoral finaliza el 10 de febrero y el plazo para emitir el voto terminará seis días después.
El personal embarcado dispondrá de los mismos plazos para emitir el voto que los previstos para el correo nacional, aunque en el caso de los residentes en el extranjero este plazo se amplía tres días, hasta el 19 de febrero, fecha en la que tendrán que enviar el sobre de votación, junto con el certificado de inscripción en el censo, a la Junta Electoral Provincial que corresponda.
Los servicios de Correos distribuirán la propaganda electoral de los grupos políticos, así como la institucional del Gobierno, durante las fechas de la campaña entre el 4 y el 18 de febrero,ambos inclusive, y en ella figurará la inscripción "Envíos postales de propaganda para el referéndum" que podrán presentarse abiertos o cerrados, sin dirección o con la dirección de los destinatarios.
Los electores que decidan emitir su voto por correo tendrán que solicitar personalmente a las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral un certificado de inscripción en el censo entre el 15 de enero y el 10 de febrero.
Correos trasladará dichas peticiones con carácter certificado y urgente a la correspondiente Delegación Provincial que, una vez realizadas las verificaciones oportunas expedirá, si procediese, el certificado de inscripción y, junto con la documentación electoral-sobre y papeletas de votación-, lo entregará personalmente por correo certificado y urgente al solicitante.
Una vez recibido, el solicitante presentará como correo certificado y urgente el sobre modelo oficial que contiene el certificado de inscripción así como el de votación en cualquier oficina de Correos hasta el día 16 de febrero inclusive.
En ese momento, Correos cursará a las oficinas postales de las localidades de destino esta documentación electoral, que será custodiada hasta el 20 de febrero, día del referéndum.
A las 9 horas de dicho día, los empleados de Correos entregarán en las Mesas de votación respectivas los sobres recibidos; los sobres recibidos después de las 20:00 horas se remitirán a la Junta Electoral de Zona correspondiente.
Voto desde el extranjero
1. ¿Quién podrá votar en este referéndum?
Desde el extranjero podrán votar todos los electores inscritos en las listas del Censo Electoral de Residentes en el Extranjero (CERA) cerrado a 1 de diciembre de 2004.
Asimismo, los electores inscritos en el CERA que se encuentren temporalmente en España durante este proceso electoral, podrán solicitar -al igual que los residentes en territorio nacional- el voto por correo al amparo del artículo 72 de la LOREG, a partir de la fecha de la convocatoria y hasta el décimo día anterior a la votación. Este procedimiento de voto no implica su baja en el CERA.
2. ¿Cuáles son los plazos de exposición de listas electorales y de presentación de reclamaciones?
Las listas del CERA estarán expuestas en las respectivas Oficinas y Secciones Consulares de Embajada entre los días 21 y 28 de enero de 2005, ambos inclusive. En este plazo, cualquier elector puede consultarlas y presentar, en su caso, la oportuna reclamación administrativa contra su exclusión o inclusión indebida en el Censo, así como actualizar sus datos de inscripción en caso de que hayan cambiado o no sean correctos los que figuren en las listas electorales.
3. ¿Cómo recibe el elector la documentación para el voto?
Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral enviarán por correo certificado, con antelación suficiente, a los inscritos en el CERA la documentación para el voto a sus respectivos domicilios. Esta documentación comprende el certificado de inscripción en el CERA, las papeletas y sobre de votación, un sobre con la dirección de la Junta Electoral correspondiente, un impreso a través del cual el elector puede solicitar el reintegro de los gastos de franqueo del voto y una nota explicativa.
4. Procedimiento de voto
El elector puede elegir entre estas dos modalidades de voto:
1. Remitir su voto por correo certificado hasta el día anterior a la votación, el sábado 19 de febrero de 2005, inclusive.
2. Acudir a la Oficina Consular o Sección Consular de la Embajada por la que figura inscrito en el CERA para depositar personalmente el sobre con su voto y el resto de la documentación electoral requerida. El elector deberá identificarse ante el funcionario que le atienda mediante la exhibición de su Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o permiso de conducir. El depósito de voto podrá realizarse hasta el domingo 13 de febrero de 2005, inclusive.
Para ampliar esta información o aclarar cualquier duda puede recurrir a la Oficina o Sección Consular de la Empajada correspondiente, tanto personal como telefónicamente.
