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La Ministra de Agricultura recibe a la cúpula de Intercitrus
El presidente de Intercitrus, Juan Vicente Safont, y los vicepresidentes de la Interprofesional Citrícola Española, se han reunido hoy, 20 de enero, por espacio de 90 minutos, con la Ministra de Agricultura, Elena Espinosa.
Safont y los vicepresidentes de Intercitrus, acompañados de la directora técnica de la entidad, Anabel Siguan, han aprovechado el encuentro para informar a la ministra de, entre otras cosas, la evolución de la campaña citrícola 2004-05, calificada de “muy negativa” debido a que los niveles de precios en campo se sitúan por debajo de los márgenes de rentabilidad a causa de varios factores, entre ellos, la concentración y el poder de negociación de la gran distribución; los elevados costes de producción y la distribución de la producción varietal citrícola actual.
En ese sentido, la cúpula de Intercitrus ha pedido a la Ministra la adopción de medidas que modernicen la estructura productiva de la citricultura española y disminuyan los costes de producción y el impulso de la investigación y desarrollo de nuevas variedades de cítricos que den respuesta a las demandas del mercado.
Apertura de mercados
La Interprofesional ha recordado a la ministra la necesidad de seguir trabajando en la apertura de nuevos mercados para la citricultura española, que concentra el 95% de sus envíos al exterior en la Unión Europea. En esa línea, es necesario redoblar esfuerzos para intentar autorizar la exportación de naranjas y clementinas españolas a China. De hecho, tras la reciente apertura de los mercados de Japón y Corea del Sur, Intercitrus, recomienda agilizar las gestiones para permitir la exportación a Japón de los híbridos del grupo mandarinas (actualmente sólo se pueden exportar naranjas y clementinas) y a Corea del Sur del grupo mandarinas (hoy por hoy los únicos envíos autorizados son los de naranjas).
Además, y dado los elevados riesgos que se asumen en la exportación a países de ultramar, Intercitrus demanda al Gobierno de España la creación de un seguro de riesgos e imprevistos y un fondo de garantía comercial que disminuya la incertidumbre de la actividad comercial no sólo en Japón o Corea del Sur, sino también en otros destinos lejanos como Estados Unidos (EEUU) o Australia. Finalmente, el establecimiento de primas de restitución para la exportación de clementinas a países no miembros de la UE (excepto EEUU y Canadá, donde estas prácticas están prohibidas) sería vital para fomentar los envíos. Actualmente, y a diferencia de las clementinas, la exportación de otros cítricos –naranjas y limones- si disfrutan de las primas de restitución.
Finalmente, Intercitrus ha solicitado inspecciones para evitar la comercialización de cítricos que no alcanzan los mínimos exigibles de madurez y retraen, por su baja calidad, el consumo al inicio de la campaña; la necesidad de intensificar los controles fitosanitarios e informar sobre el resultado de los mismos ante el grave riesgo de de la posible penetración de nuevas plagas que afectan a los cítricos; la actualización de la cláusula de salvaguardia que penaliza la importación de determinados cítricos en conserva, ya que la actual se considera insuficiente y que el Ministerio difunda de forma periódica todos los datos disponibles sobre producción, comercialización e industrialización citrícola.
Después de un análisis conjunto de la situación, Elena Espinosa se comprometió a estudiar las demandas de Intercitrus y a intentar aportar al sector toda la información disponible sobre producción, industrialización y comercialización de cítricos. Además, se ha acordado la celebración de reuniones periódicas entre el Ministerio de Agricultura, las autoridades de las comunidades autónomas productoras de cítricos (Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares….) e Intercitrus.
En la campaña 2004, el sector apícola del estado español ha sufrido unas pérdidas cercanas a los 60 millones de euros
El informe realizado por COAG desvela que las causas de estas importantes pérdidas se encuentran en la crisis de mercado como consecuencia de la apertura de la frontera europea a la miel procedente de China, las inclemencias climatológicas y una significativa mortandad y despoblamiento de las colmenas
En 2004 el precio medio en origen ha descendido hasta 1’60 euros / Kg. frente a una media de precios percibidos en los años 2002 y 2003 de 2’30 y 2’60 euros/Kg. respectivamente. Cada explotación profesional apícola ha pérdido 4.928 euros.
Madrid, 20 de enero ´05. El sector apícola del Estado español ha sufrido unas pérdidas de 58,81 millones de euros durante la campaña 2004 debido a diferentes factores entre los que destacan la crisis de mercado como consecuencia de la apertura de la frontera europea a la miel procedente de China, las inclemencias climatológicas y una significativa mortandad y un acusado despoblamiento de las colmenas que no responde a una etiología concreta.
PÉRDIDAS TOTALES SECTOR APÍCOLA CAMPAÑA 2004
CAUSAS VALORACIÓN ECONÓMICA Crisis de mercado 29’2 MILL. EUROS Pérdida de producción y de cabaña apícola(1) 29’61 MILL. EUROS TOTAL(2) 58’81 MILL. EUROS (1) Debido a diferentes causas. (2) Sin valorar la pérdida por polinización
A continuación analizamos cada uno de los factores que han incidido en las significativas pérdidas de este sector en 2004:
- CRISIS DE MERCADO PROVOCADA POR LA APERTURA EUROPEA A LA MIEL CHINA : Mientras la compra de miel de origen español se encuentra paralizada, las importaciones de miel procedentes de terceros países siguen aumentando (con precios inferiores a las importadas por otros Estados miembros). Durante los primeros nueve meses del año 2004 los operadores han importado 7.826 Tn. para abastecer el mercado interior, sin comprar miel procedente del Estado español. Esta situación ha provocado una reducción del precio medio en origen hasta 1’60 euros / Kg. frente a una media de precios percibidos en los años 2002 y 2003 de 2’30 y 2’60 euros/Kg. respectivamente.
La pérdida de renta total provocada por esta caída de precios a nivel de todo el Estado español es de 29’2 millones de euros. Si consideramos que el censo total de colmenas (2.464.601) corresponde a una pérdida de 11’8 euros por cada una de ella, y teniendo en cuenta una media de 416 colmenas por explotación profesional llegamos a la estimación media de pérdida por explotación profesional de 4.928 euros.
DISMINUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN COMO CONSECUENCIA DE LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS. Durante los últimos años el sector ha soportado unas condiciones climatológicas muy adversas que han mermado la cabaña apícola y en consecuencia la producción. Para la estimación de pérdidas correspondientes a la disminución de la producción, como consecuencia de la mortalidad, se ha considerado el precio base de 1’6 euros / Kg. como consecuencia de la crisis de mercado (para miel flores y de venta a industria o mayorista). El precio medio de polen ha sido de 2’46 euros / Kg. El coste de la colmena (enjambre, caja, cuadro y cera) para el caso de la estimación de pérdidas por incendio en Andalucía ha sido de 72 euros, y el de los enjambres, para el caso de la repoblación de colmenares (ya sean por mortalidad o despoblación) es de 30 euros (sin contabilizar el coste que conlleva la limpieza y desinfección de la caja, así como el tiempo de trabajo invertido por el propio apicultor). Para el conjunto del Estado español se estima una pérdida económica de 29’61 millones de euros.
Desde COAG solicitamos a la Administración que se implique de una manera eficaz en apoyar a nuestra apicultura, disponiendo recursos humanos y económicos que garanticen el futuro de este sector, muy castigado en los últimos años. Debe considerarse que el valor del sector apícola en el conjunto del medio ambiente es incalculable y superaría con creces el valor comercial de los productos generados. Por todo ello es imprescindible apoyar la labor desarrollada por el sector apícola desde todos los ámbitos. Tal y como ha apuntado Tintxu Ruíz, responsable del sector Apícola de COAG “sin la presencia de apicultores no podría desarrollarse la polinización entomófila que si bien debería ser llevada a cabo por otros insectos, como consecuencia de la presión demográfica y por la ejercida por el propio hombre, queda casi en exclusividad en manos de la cabaña apícola mantenida a su vez por los apicultores. El principal producto de las colmenas es la polinización, la cual es imprescindible para el mantenimiento de la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas. La miel puede importarse pero la polinización no”.
AVA critica que la regularización extraordinaria de trabajadores extranjeros no resolverá el problema de la falta de mano de obra
Para regularizar a trabajadores en el sector agrario se tendrá que hacer un contrato de 3 meses, como mínimo, y darlos de alta en la SS en el plazo de un mes desde la autorización del Gobierno
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) critica que la regularización extraordinaria de trabajadores extranjeros que plantea el Gobierno, que entrará en vigor el próximo 7 de febrero y finalizará el 7 de mayo, no resolverá el problema de la falta de mano de obra en el campo.
Para la organización agraria, el Reglamento permitirá normalizar la situación en España de muchos inmigrantes “sin papeles”, pero no garantiza su permanencia en determinado sector, como es el caso del agrario, puesto que, una vez regularizado y finalizado su contrato con el empresario agrario, el trabajador extranjero podrá emplearse en cualquier otro sector.
Para el sector agrario, el Reglamento establece que el agricultor que quiera regularizar a un trabajador extranjero se comprometerá a hacerle un contrato por un periodo mínimo de 3 meses y darlo de alta en la Seguridad Social (SS) en el plazo máximo de un mes tras obtener la resolución favorable por parte del Gobierno. Una vez efectuados dichos trámites, la autorización del trabajador tendrá un año de vigencia. Sin embargo, si transcurrido el mes desde la autorización el agricultor no diera de alta al trabajador, sin causa justificada, se le podrá denegar futuras solicitudes de regularización de trabajadores y quedará anulada la autorización para el trabajador.
AVA critica además, la falta de información proporcionada por el Gobierno para realizar la tramitación y la brevedad del periodo para esta regularización, que sólo será de 3 meses. Así mismo, muestra su “desconfianza” en que el Gobierno pueda resolver en un mes desde la presentación de la solicitud, “dada la masiva afluencia de trabajadores extranjeros que sólo el anuncio de esta regularización extraordinaria ha provocado en la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana”.
El Reglamento establece que podrán solicitar su regularización aquellos trabajadores extranjeros que demuestren estar empadronados en un municipio español desde, al menos, seis meses antes de la publicación de dicha normativa, es decir, desde antes del 7 de agosto de 2004, y se encuentren en España en el momento de realizar la solicitud.
COAG ha iniciado el trámite oportuno para retrasar la entrada en vigor de la reforma del algodón
El rechazo del tribunal de justicia de la ue a la suspensión cautelar de la reforma del algodón, no implica obstáculo alguno para una sentencia favorable al recurso presentado por el estado español
A través de una Proposición no de Ley aprobada por el Congreso de los Diputados el 23 de diciembre de 2004, se solicita a la Comisión Europea que proponga al Consejo que la reforma del régimen de ayudas al algodón no entre en vigor antes de pronunciarse sobre la legalidad de la misma.
El Tribunal de Justicia de la UE ha rechazado hoy suspender cautelarmente la reforma del Régimen de ayudas al Algodón, solicitada por España, antes de que se resuelva el recurso presentado por el Gobierno del Estado español contra esta normativa. No obstante, esta decisión no implica obstáculo alguno para una sentencia favorable al recurso presentado por nuestro Gobierno.
COAG, antes de conocer de la decisión hecha pública hoy, ya había iniciado los trámites oportunos para retrasar la entrada en vigor de la reforma del régimen de ayudas al algodón hasta que el Tribunal de Luxemburgo no dicte sentencia sobre el recurso presentado por el Gobierno español contra la misma. A través de una Proposición no de Ley aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 23 de diciembre, se insta a las instituciones comunitarias a que se retrase la aplicación de la reforma mientras esté pendiente el recurso presentado. Todo ello, con el objetivo de evitar graves perjuicios económicos y sociales en las principales zonas productoras.
España impugnó ante el Tribunal de la UE en julio de 2004 la reforma del Régimen de ayudas al algodón porque ésta viola la legislación comunitaria y vulnera el derecho a que los productores algodoneros reciban ayudas en regiones donde hay una dependencia económica de este cultivo. Al mismo tiempo, se demandó que hasta que no se resolviera el recurso hubiera medidas cautelares, para que se interrumpiera la regulación y se mantuviera de manera transitoria el actual sistema, ya que tal y como ha mantenido COAG, éste es el único modo de evitar graves perjuicios económicos y sociales en las zonas productoras de algodón (especialmente Andalucía); los agricultores deben planificar ahora sus siembras de algodón para la campaña 2006-2007, por lo que la adaptación a la nueva normativa provocará una caída de la producción, lo que redundará en numerosas pérdidas de puestos de trabajo.
La reforma recurrida, que entrará en vigor en 2006, establece que un 65% de las subvenciones al algodón se desvinculen de la cosecha, es decir que se concedan independientemente de que el agricultor produzca o no. Esta reforma afectaría a más de 140 municipios andaluces, 1.100.000 jornales directos que suponen el 67% de la mano de obra que demandan los cultivos de regadío, llegando al 90% en aquellos municipios donde el cultivo es predominante. Mantiene una estructura industrial de 23 empresas desmotadoras con un total de 29 factorías que representan un balance comercial de 100 millones de euros y generan en torno a 2.000 empleos.
El gobierno traspone la normativa comunitaria sobre protección fitosanitaria de productos vegetales
Esta norma consolida y unifica en un solo texto todas las modificaciones acaecidas desde 1993
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que traspone al ordenamiento jurídico español, la normativa comunitaria relativa a las medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros.
Con esta norma, y en aras a una mayor claridad y seguridad jurídica, se deroga el real decreto anterior, que data de 1993 y que a su vez, ha sido objeto de numerosas modificaciones, actualizaciones y derogaciones en su articulado, con el fin de adaptarse a las nuevas directivas comunitarias sobre las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales.
Conviene recordar que las disposiciones de esta norma tienen un alcance que transciende las fronteras del territorio nacional al implicar no sólo las importaciones de vegetales y productos vegetales de terceros países sino también al comercio intra-comunitario de éstos; asimismo, se contemplan disposiciones relativas a la exportación de vegetales y productos vegetales que deben ser objeto de controles a su salida del territorio nacional para verificar que se cumplen las exigencias fitosanitarias particulares de los distintos países terceros.
Declaración conjunta de la Delegación Ministerial ACP y PMA y el MAPA sobre la reforma de la OCM del azúcar
La delegación ministerial de los países de África, Caribe y Pacífico (ACP), suministradores de azúcar a la Unión Europea bajo el Protocolo del Azúcar y de la Iniciativa "Todo menos Armas" (EBA) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación declaran compartir los siguientes puntos de vista sobre el futuro de la Política Comunitaria en el sector del azúcar:
La reforma de la Organización Común de Mercados en el sector del azúcar debe garantizar un nivel de precios que remunere adecuadamente tanto a los productores comunitarios como a los suministradores de los países ACP y PMA.
La orientación general de la comunicación presentada por la Comisión Europea rompe el equilibrio existente en el sector en perjuicio tanto de los productores comunitarios como de los suministradores de los países menos desarrollados y de los productores de azúcar del grupo ACP. El nivel de reducción de precios, la fecha de entrada en vigor de la Reforma y el esquema temporal sugerido por la Comisión son totalmente inaceptables, ya que destruirían la producción de azúcar en las regiones productoras más frágiles de la Unión Europea y en la mayoría de los países ACP y PMA.
De llevarse a cabo la reforma en los términos en que se ha planteado, tendría un impacto social muy negativo para los países ACP y para algunas zonas productoras de remolacha europeas, y frustraría las inversiones tanto en los países ACP como en los PMA. El papel multifuncional que el sector azucarero desempeña en dichas regiones no puede ser ignorado. La aplicación de las orientaciones de la Comisión generaría un incremento del paro como consecuencia de los cambios de cultivo, con menos empleo de mano de obra, y del cierre de las industrias, con el consiguiente abandono de las zonas rurales. Tanto más teniendo en cuenta que los acuerdos de la OCM de julio de 2004 no obligan a drásticas reducciones de precio.
La configuración de una política de contingentes preferenciales que consoliden el acceso actual de los países ACP a un mercado convenientemente regulado constituye el instrumento más adecuado para permitir un desarrollo ordenado de su producción azucarera. La aplicación de la Iniciativa "todo menos armas" debería incluir, tal y como han solicitado los países menos avanzados, instrumentos similares de control cuantitativo de las importaciones, que permitan unas rentas estables a los suministradores, dentro de un mercado comunitario gestionado adecuadamente que mantenga un sector productor de azúcar sostenible en todas las regiones productoras de la UE.
Por todo ello, se propugna una modificación de las orientaciones presentadas para la reforma de la OCM, con el fin de atender a los objetivos primordiales de mantenimiento de la producción azucarera en sus áreas tradicionales de cultivo de la UE y de los flujos de comercio actuales de los países ACP a precios adecuados. Los envíos de los países menos avanzados en el ámbito de la Iniciativa "todo menos armas" deberán estructurarse atendiendo a los intereses expuestos por los propios beneficiarios de la Iniciativa para el mantenimiento de un mercado comunitario equilibrado.
Los cultivos de secano de remolacha. olivar y cereal, amenazados por la escasez de lluvias
En el último trimestre de 2004, ha llovido un 35% menos que la media otoñal de los últimos 75 años
La falta de lluvias del otoño puede suponer un fuerte impedimento para el correcto desarrollo de los cultivos de secano. Y es que el déficit de lluvias de los últimos tres meses de 2004 hace que en la zona sur y centro de la península se pueda hablar de sequía: en octubre, noviembre y diciembre ha llovido un 35% menos que la media histórica desde 1930 en ese mismo periodo de tiempo. Como la diversidad climática e hidrológica es extraordinaria en nuestro país, este déficit de lluvias ha sido más acusado en el suroeste (Andalucía occidental y Extremadura) y nordeste peninsular (Cataluña y Aragón), mientras que en el centro -Madrid y Castilla-La Mancha- también ha llovido un poco menos de lo normal, al igual que en La Rioja, Navarra, Castilla y León y la vertiente cantábrica.
Los cultivos más afectados por esta coyuntura climatológica adversa están siendo los de secano, especialmente la remolacha, el olivar y los cereales de invierno;
Remolacha: en Andalucía, 2.000 hectáreas de secano se han perdido y otras 1.000 están en peligro debido a la falta de lluvias. De ahí, que la Mesa de Seguimiento de la Zona Sur del Acuerdo Marco Interprofesional acordara ayer el incremento de la superficie de las siembras de regadío, con objeto de paliar en lo posible unas pérdidas de producción que ya se dan por seguras en el secano. De esta manera se pretende conseguir alcanzar la producción estimada en más de dos millones de toneladas.
Olivar: la producción estatal de aceite de oliva no llegará a las 800.000 toneladas en esta campaña (cifra alejada de las 954.885 toneladas previstas), debido a la escasez de lluvias en los últimos meses, por lo COAG ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que establezca una línea de seguros que cubra la pérdida de rentas por efectos climatológicos adversos. No obstante, el mayor problema en el olivar vendría por la ausencia de precipitaciones en el próximo mes, ya que esto podría afectar significativamente a la próxima cosecha.
Cereales: los cereales de secano también se pueden ver seriamente afectados si no llueve en las próximas semanas. En cultivos herbáceos se está en un punto en el que se puede recuperar al 100% o perderse toda la cosecha, en función de la climatología futura.
¿Qué me aporta la Constitución?
La garantía del respeto de determinados valores comunes y de un modelo europeo de sociedad
- El respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y los derechos humanos.
- Una sociedad caracterizada por el pluralismo, la ausencia de discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres.
- Sólo los Estados que respetan estos valores pueden adherirse a la Unión Europea. Asimismo, pueden tomarse medidas contra los Estados miembros que no respeten estos mismos valores.
Libertades fundamentales
- La libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales, así como la libertad de establecimiento. La ausencia de discriminación por razón de la nacionalidad.
Una ciudadanía europea
- Toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro posee la ciudadanía de la Unión.
- Esta ciudadanía se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla y confiere derechos complementarios: derecho a circular y residir libremente en todo el territorio de la Unión, derecho al sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales en el Estado de residencia, derecho a la protección consular y diplomática en terceros países, derecho a formular peticiones al Parlamento Europeo así como a recurrir al Defensor del Pueblo Europeo, derecho a dirigirse a las instituciones y a los organismos consultivos europeos en la lengua propia y a recibir una contestación en esa misma lengua.
Una Carta de los derechos fundamentales
- La Carta garantiza el respeto de la dignidad humana, del derecho a la vida, la prohibición de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad y a la seguridad, el respeto de la vida privada y familiar, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de expresión y de información, el derecho a la educación, la libertad de empresa, el derecho a la propiedad, la igualdad ante la ley, el respeto de la diversidad cultural, religiosa y lingüística, la igualdad entre hombres y mujeres, la integración de las personas discapacitadas, el derecho a la tutela judicial y a un juez imparcial, la presunción de inocencia y los derechos a la defensa, etc.
- La Carta forma parte integrante de la Constitución. Se aplica a las instituciones europeas y a los Estados miembros cuando ponen en práctica el Derecho comunitario. No sólo contempla los derechos civiles y políticos incluidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, sino también otros ámbitos como son los derechos sociales de los trabajadores, la protección del medio ambiente o el derecho a una buena administración.
Más solidaridad
- En caso de que un Estado miembro sea víctima de un ataque terrorista o de una catástrofe natural o de origen humano, la Unión y sus Estados miembros actuarán de forma solidaria -con medios militares, si es necesario- para prestarle ayuda. Una mejora de la vida democrática de la Unión.
- En lo relativo a nuevas disposiciones para las instituciones europeas, se imponen el consultar a la sociedad civil, la transparencia y la apertura del proceso de toma de decisiones o de acceso a documentos.
Objetivos comunes
La paz y el bienestar. La libertad, la seguridad y la justicia. Un mercado interior importante y la libre competencia. Un desarrollo sostenible que integre los aspectos económicos, sociales y medioambientales. El progreso científico y técnico. La justicia y la protección social. La protección de los derechos de los niños. La cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros. La diversidad cultural y lingüística. La conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo.
