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España alcanza un record histórico en la exportación de aceite de oliva con 632.908 toneladas
Esta exportación es superior en un 17,72 por ciento a la de la campaña precedente
España ha alcanzado un nuevo récord de exportación de aceite de oliva con 632.908 toneladas, lo que supone un valor de 1.582 millones de euros, según se refleja en los datos de Comercio Exterior recientemente publicados, lo que permite cerrar el balance de la campaña de comercialización de aceite de oliva 2003/04.
Esta exportación es superior en un 17,72 por ciento a la de la campaña precedente y en un 5,40 por ciento a la campaña 2001/02 que fue la última campaña récord con 600.500 toneladas. Sobre la media de la exportación de las tres últimas campañas el incremento es del 7,21 por ciento.
Las cifras de este balance confirman la evolución positiva que está teniendo el sector del aceite de oliva en los últimos años, consolidando tanto su posición como sector clave en la economía agraria española como su hegemonía en el panorama oleícola mundial.
Del total exportado, se han destinado a la Unión Europea 519.000 toneladas, de las que Italia ha sido el principal receptor, con 337.000 toneladas. La exportación a países terceros ha sido de 114.798 toneladas, dirigidas fundamentalmente al mercado de Estados Unidos, 28.891 toneladas, seguido del de Australia, 15.513 toneladas, Japón, 11.762 toneladas, México, 9.002 toneladas, Corea del Sur, 8.918 toneladas, Brasil, 5.385 toneladas y Rusia, 4.273 toneladas.
En cuanto a la producción, tal como estaba previsto, se puede confirmar el récord de 1.416.000 toneladas, lo que supone un incremento del 65 por ciento respecto a la campaña anterior y un 31 por ciento superior a la media de las tres últimas campañas.
Es de destacar asimismo la firmeza del consumo español de aceite de oliva, que ha superado las 626.000 toneladas, encontrándonos en una segunda ocasión por encima de la cifra de las 600.000 toneladas; en la campaña 2001/02 se alcanzaron las 631.000 toneladas.
Elena Espinosa recibe a los miembros del "BUREAU" ministerial ACP para el azúcar
La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, presidirá la delegación española que se reunirá este viernes con los miembros del Bureau Ministerial ACP para el azúcar para analizar la futura reforma de la OCM de la remolacha.
En la delegación están integrados los representantes de Guyana, Mauricio, Jamaica, Swazilandia, Malawi, Mozambique, S. Kitss y Nevis, Belice y Fiyi.
Tras una reunión técnica, a la que asistirán el Secretario General de Agricultura, Fernando Moraleda y el Consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León, José Valín, Elena Espinosa ofrecerá un almuerzo a los ministros y jefes de delegación de los países ACP.
La reunión concluirá con una conferencia de prensa en la sede del MAPA.
AVA critica que la regularización extraordinaria de trabajadores extranjeros no resolverá el problema de la falta de mano de obra
Para regularizar a trabajadores en el sector agrario se tendrá que hacer un contrato de 3 meses, como mínimo, y darlos de alta en la SS en el plazo de un mes desde la autorización del Gobierno
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) critica que la regularización extraordinaria de trabajadores extranjeros que plantea el Gobierno, que entrará en vigor el próximo 7 de febrero y finalizará el 7 de mayo, no resolverá el problema de la falta de mano de obra en el campo.
Para la organización agraria, el Reglamento permitirá normalizar la situación en España de muchos inmigrantes “sin papeles”, pero no garantiza su permanencia en determinado sector, como es el caso del agrario, puesto que, una vez regularizado y finalizado su contrato con el empresario agrario, el trabajador extranjero podrá emplearse en cualquier otro sector.
Para el sector agrario, el Reglamento establece que el agricultor que quiera regularizar a un trabajador extranjero se comprometerá a hacerle un contrato por un periodo mínimo de 3 meses y darlo de alta en la Seguridad Social (SS) en el plazo máximo de un mes tras obtener la resolución favorable por parte del Gobierno.
Una vez efectuados dichos trámites, la autorización del trabajador tendrá un año de vigencia. Sin embargo, si transcurrido el mes desde la autorización el agricultor no diera de alta al trabajador, sin causa justificada, se le podrá denegar futuras solicitudes de regularización de trabajadores y quedará anulada la autorización para el trabajador.
AVA critica además, la falta de información proporcionada por el Gobierno para realizar la tramitación y la brevedad del periodo para esta regularización, que sólo será de 3 meses. Así mismo, muestra su “desconfianza” en que el Gobierno pueda resolver en un mes desde la presentación de la solicitud, “dada la masiva afluencia de trabajadores extranjeros que sólo el anuncio de esta regularización extraordinaria ha provocado en la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana”.
El Reglamento establece que podrán solicitar su regularización aquellos trabajadores extranjeros que demuestren estar empadronados en un municipio español desde, al menos, seis meses antes de la entrada en vigor de dicha normativa, es decir, desde antes del 7 de agosto de 2004, y se encuentren en España en el momento de realizar la solicitud.
La Mesa del Algodón pide a la Eurocámara que apoye el recurso de España contra la reforma
La Mesa del Algodón, integrada por las organizaciones agrarias, las desmotadoras e industrias transformadoras y los sindicatos del sector, remitió una carta al presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, para pedir su apoyo contra la reforma del régimen de ayudas al algodón.
El sector algodonero recordó a Borrell que el informe realizado por el Parlamento Europeo sobre la propuesta de reforma planteada por la Comisión para el algodón reconoce que una fuerte desvinculación de las ayudas de la producción "llevaría aparejado un notable riesgo de perturbación de la producción en las regiones comunitarias productoras, cuyo PIB se sitúa entre los más bajos de la UE".
Este mismo informe añade a continuación que "conviene que una parte sustancial de la ayuda siga vinculada al cultivo del algodón mediante un pago específico por hectárea admisible. Es preciso que el cálculo del importe de dicho pago se efectúe tratando de garantizar unas condiciones económicas que permitan la pervivencia del cultivo del algodón en las regiones dedicadas a dicha actividad".
En este contexto, el Parlamento Europeo instó a la Comisión a modificar su propuesta y a presentar antes de enero de 2006 un estudio de impacto al Consejo y al Parlamento así como una revisión de la propuesta.
Ante esta posición del Parlamento, la Mesa del algodón solicitó que el Parlamento Europeo intervenga "en congruencia con su citado informe" y con objeto de mantener y defender ante el Tribunal de Justicia de las comunidades europeas las mismas opiniones que las contenidas en dicho informe sobre la reforma del sector del algodón.
La Mesa informó al presidente del Parlamento Europeo que, en el mismo sentido de lo que se solicita, se pronunció la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados de España en una proposición no de ley, aprobada por unanimidad el 20 de diciembre pasado.
La Mesa del Algodón advirtió de que, con la propuesta de la Comisión, se perderían en España más de un millón de jornales, 2.000 empleos de las industrias auxiliares y 139 pueblos que viven directamente de este cultivo quedarían desmantelados sin alternativa alguna de cultivo.
Agricultura oferta en 2005 más de 30.000 horas de formación agroalimentaria en 240 cursos
La Consejería de Agricultura y Agua ofertará este año 30.030 horas de formación agroalimentaria, repartida en 240 cursos, según ha explicado esta mañana en Lorca el director general de Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria, Ángel García Lidón. De estos 240 cursos, 196 corresponden a Formación Continua, 21 a Formación Ocupacional y 13 a Formación Profesional Específica, que corresponden a la formación reglada que se imparte en los Centros Integrados de Formación y Experiencias Agrarias de la Región, CIFEAS.
Lidón ha subrayado que los principales objetivos que persigue la Consejería con la Formación Agroalimentaria son mejorar la competitividad y calidad de vida de los habitantes del campo, lo que evita el despoblamiento de las áreas rurales, así como incrementar la calidad y seguridad alimentaria y la incorporación de jóvenes y mujeres al mundo agrario. Asimismo, ha dicho que el presupuesto de FP agraria para el 2005 asciende a 605.532 euros y que en el 2004 participaron alrededor de 9.000 personas en los cursos impartidos.
En cuanto a la Formación Corresponsable Supervisada, que consiste en cursos que las Organizaciones de Productores Agrarios y las Cooperativas estiman más necesarios, la Consejería se encarga de financiar esta formación, así como de homologarlos y destina para ello 350.000 euros.
Lidón ha anunciado que la Consejería está finalizando un Centro de Selección de Cabra Murciano-Granadina, con el objetivo de que el CIFEA de Lorca se convierta en un Centro Tecnológico de Ganadería. El director general ha hecho hincapié en la gran demanda que tienen los cursos de cata de aceites, vinos y quesos, así como los de informática básica y agroturismo (Dentro de la F.P Continua), solicitados, principalmente, por responsables de empresas de turismo rural y ha señalado como novedad una jornada sobre la aplicación del código de buenas prácticas agrarias para reducir la contaminación por nitratos en las zonas declaradas vulnerables.
Artículo I-26. La Comisión Europea
Los artículos I-26 y I-27 se refieren a la Comisión Europea
1. La Comisión promoverá el interés general de la Unión y tomará las iniciativas adecuadas con este fin. Velará por que se apliquen la Constitución y las medidas adoptadas por las instituciones en virtud de ésta. Supervisará la aplicación del Derecho de la Unión bajo el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ejecutará el Presupuesto y gestionará los programas. Ejercerá asimismo funciones de coordinación, ejecución y gestión, de conformidad con las condiciones establecidas en la Constitución. Con excepción de la política exterior y de seguridad común y de los demás casos previstos por la Constitución, asumirá la representación exterior de la Unión. Adoptará las iniciativas de la programación anual y plurianual de la Unión con el fin de alcanzar acuerdos interinstitucionales.
2. Los actos legislativos de la Unión sólo podrán adoptarse a propuesta de la Comisión, excepto cuando la Constitución disponga otra cosa. Los demás actos se adoptarán a propuesta de la Comisión cuando así lo establezca la Constitución.
3. El mandato de la Comisión será de cinco años.
4. Los miembros de la Comisión serán elegidos en razón de su competencia general y de su compromiso europeo, de entre personalidades que ofrezcan plenas garantías de independencia.
5. La primera Comisión nombrada con arreglo a lo dispuesto en la Constitución estará compuesta por un nacional de cada Estado miembro, incluidos su Presidente y el Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión, que será uno de sus Vicepresidentes.
6. A partir del final del mandato de la Comisión a que se refiere el apartado 5, la Comisión estará compuesta por un número de miembros correspondiente a los dos tercios del número de Estados miembros, que incluirá a su Presidente y al Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión, a menos que el Consejo Europeo decida por unanimidad modificar dicho número.
Los miembros de la Comisión serán seleccionados de entre los nacionales de los Estados miembros mediante un sistema de rotación igual entre los Estados miembros. Dicho sistema se establecerá por decisión europea adoptada por unanimidad por el Consejo Europeo y conforme a los siguientes principios:
a) se tratará a los Estados miembros en condiciones de rigurosa igualdad en lo que se refiere a la determinación del orden de turno y del período de permanencia de sus nacionales en la Comisión; por lo tanto, la diferencia entre el número total de los mandatos que ejerzan nacionales de dos determinados Estados miembros nunca podrá ser superior a uno;
b) con sujeción a lo dispuesto en la letra a), cada una de las sucesivas Comisiones se constituirá de forma que refleje de manera satisfactoria la diversidad demográfica y geográfica del conjunto de los Estados miembros.
7. La Comisión ejercerá sus responsabilidades con plena independencia. Sin perjuicio del apartado 2 del artículo I-28, los miembros de la Comisión no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno, institución, órgano u organismo. Se abstendrán de todo acto incompatible con sus obligaciones o con el desempeño de sus funciones.
8. La Comisión tendrá una responsabilidad colegiada ante el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo podrá votar una moción de censura contra la Comisión de conformidad con el artículo III-340. Si se aprueba dicha moción, los miembros de la Comisión deberán dimitir colectivamente de sus cargos y el Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión deberá dimitir del cargo que ejerce en la Comisión.
El artículo I-26 trata de la Comisión, en cuanto que Institución de la Unión. Su primer párrafo tiene un interés destacable en la medida en que intenta detallar de manera clara y breve las funciones de la Comisión. En este sentido se reproduce el estado actual de las cosas. Una novedad es la inclusión en este parráfo del poder de la Comisión para presentar iniciativas de programación anual y plurianual de la Unión con miras a lograr acuerdos interinstitucionales, poder cuyo reconocimiento expreso y hábil utilización puede llegar a reforzar notablemente el peso de la Comisión en una Unión ampliada. En este mismo artículo se establece el monopolio del poder de iniciativa de la Comisión, pieza básica del entramado institucional comunitario.
Los párrafos 5 y 6 del artículo I-26, sobre la composición de la Comisión, han sido, junto con los preceptos relativos a la definición de la mayoría cualificada, de los más debatidos, tanto en la Convención como en la CIG.
Finalmente en la fase final de la CIG, se acordó una fórmula de compromiso en virtud de la cual la primera Comisión nombrada con arreglo a lo dispuesto en la Constitución constará de un nacional de cada Estado miembro, incluidos su Presidente y el Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión.
Posteriormente en principio a partir de 2014 la Comisión constará de un número de miembros correspondiente a los dos tercios del número de Estados miembros, que incluirá a su Presidente y al Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión, a menos que el Consejo Europeo decida por unanimidad alterar dicha cifra.
El olivar de Granada recibirá 3,5 millones más con la nueva OCM
El consejero de Agricultura ha presentado la aplicación de la reforma en la provincia, que la sitúa en tercer lugar por el volumen del presupuesto asignado
El sector olivarero de la provincia de Granada recibirá 3,5 millones de euros más en ayudas al olivar, tras la aplicación de la nueva Organización Común de Mercado (OCM) del Aceite de Oliva que entra en vigor en la próxima campaña 2005/2006. Esta es una de las cifras que ha presentado en Granada el máximo responsable de la Agricultura andaluza, Isaías Pérez Saldaña.
Con la reforma comunitaria del olivar, la provincia se beneficiará de ayudas por valor de 80,6 millones frente a los 77 que le corresponderían según los derechos históricos que establece la UE. El consejero ha explicado que esta mejora ha sido posible gracias a la distribución de las ayudas entre las comunidades autónomas que ha realizado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ýcumpliendo la ministra la promesa que hizo a los olivareros andalucesý.
Aplicando la propuesta ministerial de desacoplar el 95% de la ayuda ýpago único independiente de la producción--, los productores de aceite de la provincia recibirán 73,2 millones. A este importe hay que sumar otros 7,4 millones procedentes de la ayuda acoplada, alcanzado un total de 80,6 millones. Este presupuesto sitúa a la provincia en tercer lugar, tras Jaén (421,7 millones) y Córdoba (183,5 millones).
Pérez Saldaña ha destacado que ýeste presupuesto garantiza el futuro del cultivoý, ya que hasta 2013 Andalucía seguirá percibiendo 824,3 millones de euros de los 1.034 que recibe España de la Unión Europea. Este importe es el mismo que ha venido percibiendo el olivar andaluz desde la reforma intermedia de la OCM del aceite de oliva, que se aprobó en 1998.
Igualmente, ha resaltado que este presupuesto significa que el Ministerio reconoce la importancia que tiene el cultivo, del que dependen más de 300 pueblos andaluces. Una vez conseguido el importe que se reclamaba, hay que seguir trabajando para potenciar la calidad de los aceites y mejorar los canales de comercialización como una de las vías principales para consolidar y garantizar el futuro del sector.
Prosigue la campaña del Gobierno para informar sobre la Constitución Europea
La campaña de información que realiza el Gobierno sobre la Constitución Europea prosigue en la práctica totalidad de sus elementos, una vez conocida la resolución hecha pública ayer por la Junta Electoral Central.
Los principales aspectos de la campaña son los siguientes:
Continúa la campaña de publicidad en televisión, radio, prensa y vallas, y se amplía para incorporar nuevos spots protagonizados por Rosa María Sardá, Antonio Gala, Julia Otero y Ana Rosa Quintana.
Prosigue la distribución de ejemplares de la Constitución en las lenguas cooficiales, que se inició con el encarte con la prensa semanal de cinco millones de ejemplares. Sigue funcionando el número gratuito 900 222 009 y el Tratado seguirá entregándose por otras vías.
Se mantiene la web, aunque se retiran de ella contenidos que puedan sugerir el voto en una u otra dirección, atendiendo al Acuerdo de la Junta Electoral Central.
Continúa la difusión de folletos explicativos del Tratado por vías diversas y gracias a la colaboración de instituciones públicas y privadas. En las nuevas ediciones se eliminará la leyenda "Los primeros con Europa".
La Secretaría de Estado de Comunicación desea aclarar que:
La expresión "Los primeros con Europa" no es el eslogan de la campaña informativa del Gobierno, sino un lema creado y promovido por el Movimiento Europeo y luego también por la Plataforma Cívica por Europa.
En ningún caso cabe interpretar que la Junta Electoral Central "dice que es ilegal" la campaña divulgativa del Gobierno, como han sostenido algunos responsables políticos recientemente.
Por el contrario, la campaña se da por legal en todos sus componentes (televisión, radio, prensa, vallas, Internet, extractos, ejemplares y folletos), con las salvedades que se refieren a la difusión de la expresión "Los primeros con Europa" por parte de la Administración General del Estado, y a la emisión de contenidos que favorezcan el voto en una u otra dirección.
