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España-Frutos Secos: COAG lamenta que Espinosa no haya tratado los frutos secos como sectorial
La Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG) lamentó que la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, no haya tratado el nuevo reparto de las ayudas que la Unión Europea destina a los frutos secos en la Conferencia Sectorial informó la organización en un comunicado.
COAG señaló que el Gobierno ha decidido aportar 12 euros por hectárea a la ayuda estatal para los frutos secos en 2005 -a pesar de que la Comisión Europea (CE) permita alcanzar los 120,75 euros por hectárea- y limitar la ayuda autonómica a otros 12 euros adicionales.
Manifestó la oposición de los principales productores españoles "al contenido del borrador de Real Decreto de aplicación de régimen de ayudas en España, que limita a 241,5 euros por hectárea la ayuda total, algo muy lejos de los 500 euros necesarios para alcanzar la rentabilidad mínima".
El responsable de Frutos Secos de COAG, Pedro García, detalló que esta cifra, publicada el pasado martes, "ha dejado frustradas las esperanzas del sector, en un año aciago para éste, con una pérdida del 80 por ciento de la cosecha por las heladas de primavera".
García explicó que COAG ha remitido una carta al Ministerio de Agricultura solicitando una reunión urgente con el sector, y ha anunciado que si no son escuchados, no tendrán "más remedio que convocar una manifestación".
Resaltó además que el MAPA dispone de margen presupuestario para alcanzar la máxima ayuda, ya que el Ministerio de Economía ha destinado una partida de 26,8 millones para el sector de frutos secos en los Presupuestos Generales del Estado y señaló que la previsión del borrador supone ejecutar sólo 11,5 millones de euros.
"COAG reclama que los 15 millones restantes adjudicados vayan efectivamente destinados al sector, prioritariamente a los agricultores profesionales", apuntó en un comunicado.
La organización agraria señaló que España cuenta con 450.000 hectáreas dedicadas a los frutos secos, el 80 por ciento almendros, un cultivo tradicional del que dependen más de 130.000 agricultores.
España-Agricultura: El MAPA firma un convenio con la Fábrica Nacional de Moneda por 217.518 euros
El Ministerio de Agricultura (MAPA) y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) firmaron un convenio para la prestación de servicios de certificación de firma electrónica y otros servicios relativos a la administración electrónica por 217.518 euros.
En un comunicado, el Ministerio detalló que la rubrica se realizó entre el subsecretario de Agricultura, Santiago Menéndez de Luarca, y el director general de la Fábrica Nacional de Moneda, Sixto Heredia, y que el convenio distribuido en cuatro anualidades fue autorizado en Consejo de Ministros, el pasado mes de octubre.
La FNMT-RCM está facultada para prestar los servicios técnicos y administrativos necesarios para garantizar la seguridad, validez y eficacia en la emisión y recepción de comunicaciones y documentos a través de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas (EIT), en el ámbito de actuación del Programa de Trazabilidad Ganadera y sus Derivados.
En el ejercicio de estas funciones y al objeto de mejorar la transparencia de los circuitos comerciales que recorren las producciones ganaderas, el servicio EIT se perfila como una herramienta electrónica de gran ayuda, que permite la transferencia de información ininterrumpida desde la explotación hasta las industrias de transformación y finalmente al consumidor.
Los certificados o títulos de usuario que expida la FNMT-RCM son universales y por tanto, servirán para las relaciones jurídicas que, al efecto, mantengan los usuarios con las diferentes administraciones públicas y, en su caso, en el ámbito privado que admitan la utilización de estos certificados, en sus registros, procedimientos y trámites.
Los medios técnicos empleados permitirán demostrar la fiabilidad del servicio de certificación electrónica, la constatación de la fecha y hora de expedición, suspensión o revocación de un certificado, entre otros.
Además, contarán con la debida protección contra alteraciones, así como con los niveles de seguridad técnica y criptográfica idóneos.
A tales efectos, el MAPA dispondrá de una red de oficinas de acreditación, a determinar, que deberán contar con los medios informáticos precisos para conectarse telemáticamente con al FNMT-RCM.
En ellas, la acreditación e identificación de los solicitantes de los certificados exigirá la comprobación y verificación de su identidad y conformidad.
Sectorial-Agricultura: El MAPA revisará los criterios de reparto de ayudas de reconversión de viñedo
El secretario general de Agricultura del MAPA, Fernando Moraleda, señaló al término de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que se va a abrir una mesa para debatir la posibilidad de introducir nuevos elementos de reparto en la concesión de las futuras ayudas comunitarias a la reestructuración y reconversión del viñedo.
En la actualidad se prima principalmente la extensión de viñedo y el consejero de Agricultura de La Rioja, Javier Erro, planteó la necesidad de cambiar el criterio de concesión de estas ayudas para que se dé prioridad a aquellas zonas en las que se produce un equilibrio entre lo producido y comercializado.
Señaló que "no estamos de acuerdo" con los actuales criterios, aunque en la Sectorial hemos aprobado la distribución territorial de los fondos de reconversión de viñedo, opinión con la que coincidió el consejero de la Comunidad Valenciana, Juan Cotino.
Cotino precisó que han apoyado esta distribución porque hay que cerrar el ejercicio presupuestario y para evitar que se paralicen los expedientes de reestructuración, aunque "no estemos de acuerdo con los criterios".
En la misma línea se manifestó el consejero de Agricultura de Castilla y León, José Valín, para quien hay que actualizar los criterios en función de la demanda de los mercados y de las necesidades de los territorios.
La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, cuya región ha percibido 72 millones de euros, casi el 50 por ciento del total nacional, para reconvertir unas 11.000 hectáreas de viñedo, aseguró que presta toda su colaboración al Ministerio para estudiar nuevos criterios.
No obstante, destacó que Castilla-La Mancha ha sido siempre muy solidaria y cuando otras Comunidades Autónomas no han podido cumplir con sus objetivos de reestructuración la región se ha hecho cargo de esos compromisos, con el mismo coste, para evitar que España perdiera fondos de reconversión.
UE-Plátano: Los productores de la UE pedirán a los Gobiernos una postura común ante la tarifa única
Una delegación de la Asociación de Productores Europeos de Bananas (APEB) se reunirá el próximo martes, día 30, en Madrid con representantes de los Gobiernos de Francia, Portugal, Chipre y España con el fin de unificar la postura de los países productores ante la futura "tarifa única" de importación.
La APEB informó en un comunicado de que a la reunión, que tendrá lugar en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, asistirán también representantes de los gobiernos autónomas de las regiones productoras; en el caso de Canarias, participarán el consejero de Agricultura, Pedro Rodríguez, y el viceconsejero, Alonso Arroyo.
"Esta reunión es consecuencia del acuerdo que los productores comunitarios adoptaron en Madeira, pues era imprescindible que los mismo tuviesen una sola postura para facilitar el entendimiento entre los gobiernos de sus respectivos países", explicó.
Señaló que, en primer lugar, se abordarán las posturas gubernamentales respecto al arancel de importación que se deberá aplicar cuando entre en vigor la "tarifa única" en 2006 y cuál sería la tarifa que podrían defender todos los países comunitarios, aunque recordó que APEB defiende los 300 euros por tonelada.
Añadió que también se analizará la postura de los grupos abastecedores de la Unión Europea (Latinoamérica y países ACP), así como de Estados Unidos y sus multinacionales, para calibrar las posibilidades de llegar a un acuerdo intermedio que evite una nueva guerra del plátano, como ocurrió en 1994.
En ese sentido, APEB subrayó que es público que en la última Cumbre Latinoamericana, celebrada en Costa Rica, los presidentes de estos países abastecedores solicitaron al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, su intermediación, lo que a su juicio se debería aprovechar.
La asociación indicó que, como tercer punto, solicitarán a los Gobiernos presentes en la reunión que se pronuncien sobre el acuerdo de Madeira, en el que los productores comunitarios piden la ficha financiera del año 2000 (152 millones de euros) y la autorización para que cada país pueda conceder ayudas económicas para mantener las producciones plataneras en sus regiones ultraperiféricas.
APEB detalló que su delegación estará encabezada por el presidente, Leopoldo Cólogan, y contará con la presencia del presidente de Asprocan, Manuel Lorenzo, el presidente de la Unión de Organizaciones de Productores de Martinica y Guadalupe, Eric de Lucy, y el presidente de la Asociación de Productores de Madeira, Mario Jardim.
Sectorial-Agricultura: El MAPA propone desacoplar el 95% de la producción de la reforma del aceite de oliva
La ministra de Agricultura, Elena Espinosa, entregó a las Comunidades Autónmas (CCAA) el documento inicial en el que propone desacoplar un 95 por ciento de las ayudas al aceite de oliva y mantener un cinco por ciento acoplado, aunque "presupuestariamente se mantendría un diez por ciento acoplado".
Espinosa, al término de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada en Madrid, explicó que con el diez por ciento acoplado, que financieramente supone 103 millones de euros, cada Autonomía podrá proceder a repartir el montante bajo cinco tipos de olivar diferentes, "los que en cada Comunidad sean más importantes".
Este documento, que fue acogido con satisfacción por parte de Andalucía y Aragón y al que mostraron sus reservas Castilla-La Mancha y Extremadura, además de otraas Comunidades con escasa superficie de olivar, se estudiará el próximo martes, día 30, en una reunión en la que se analizarán los modelos de aplicación de la PAC en los diferentes cultivos.
Espinosa aseguró que con esta propuesta ninguna Comunidad pierde dinero, ya que ha sido muy elaborada y fruto de la discusión de varios modelos de aplicación.
El secretario general de Agricultura, Fernando Moraleda, continuó explicando -la minsitra se tuvo que marchar antes para estar en un acto en Expoaviga en Barcelona- que el Ministerio "ha querido dar satisfacción al conjunto de las aspiraciones y ha buscado una postura de equilibrio y cohesión para el conjunto del olivar español".
La primera orientación que ha tenido en cuenta el Ministerio, comentó, es "proteger aquellos que dependen de la producción del olivar" y que no tienen una renta complementaria en el propio sector agrario o fuera de él.
La parte acoplada, que ascenderá a 103 millones de euros, se repartirá en función de criterios homogéneos para todos y serán las propias Comunidades las que apliquen esta parte acorde a la realidad productiva del olivar en esa región.
Así, por ejemplo se tendrán en cuenta criterios medioambientales, los olivares de terraza, los que se producen bajo denominación de origen y cultivados bajo circunstancias de dificultades naturales, entre otros aspectos.
Comentó también que es la primera vez que en una Organización Común de Mercado (OCM) se aplica la modulación de las ayudas, de tal manera que los perceptores de ayudas que con la parte desacoplada (desligada de la producción) reciban más de 30.000 euros no contarán con ayudas acopladas.
Respecto a la posible media que percibirá el olivar de baja producción, Moraleda comentó que rondaría los 300 euros por hectárea, aunque precisó que esta cantidad variará en función de los criterios que aplique cada Comunidad Autónoma y a la prioridad que dé al reparto del gasto del sobre acoplado.
La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, aseguró que este reparto supone una "distorsión clara a las aspiraciones del olivar de bajo rendimiento" y mostró su desacuerdo con este planteamiento que analizará con las organizaciones agrarias de su Comunidad.
El consejero de Extremadura, José Luis Quintana, indicó que, pese a que su departamento estudiará la propuesta, "todo parece indicar que no es lo más adecuado y, por lo tanto, Extremadura no la apoyará".
El consejero andaluz, sin embargo, afirmó que en este documento se hace un reconocimiento de la importancia del olivar para esta Comunidad, ya que con esta propuesta Andalucía recibiría 824 millones de euros más, lo que supone el 3,7 por ciento por encima de su derecho histórico.
Aclaró que este crecimiento se situaría algo por debajo del de la media nacional del 5,7 por ciento, pero recalcó que apoyará al Ministerio en esta decisión porque está hecah con criterios que se adecúan a la neutralidad y que evitan los trasvases de renta.
El consejero aragonés, Gonzalo Arguilé, expuso su solidaridad con Andalucía donde el aceite de oliva tiene una gran importancia social y económica y añadió que las 41.000 hectáreas de olivar con derecho a ayuda en Aragón saldrán beneficiadas porque percibirán entre 30 y 40 euros más por hectárea.
El titular de Agricultura de Murcia, Antonio Cerdá, apuntó que es un documento de difícil asimilación porque "pensábamos que se iba a mantener un desacoplamiento del 60 por ciento y un 40 por ciento acoplado" y anunció que el próximo lunes analizará el texto con el sector.
Los consejeros de las Comunidades Autónomas con pocas hectáreas de olivar como La Rioja, Navarra y Castilla y León se opusieron a un reparto que supondría un apoyo desigual para su olivar de bajo rendimiento, mientras que la consejera balear, Margalida Moner, expuso que estudiará la propuesta.
Por su parte, el consejero del País Vasco, Gonzalo Sáenz de Samaniego, resaltó que, pese a no contar con olivar, agradece la evolución del Ministerio frente a la regionalización de estas ayudas, ya que es la única forma de resolver de verdad los problemas del agricultor.
España-Agricultura: Economía amplía la reducción impositiva del 2003 por adversidades del clima
El Ministerio de Economía y Hacienda ha ampliado las actividades agrícolas y ganaderas que tendrán una reducción de los índices de rendimiento neto aplicables en el régimen de estimación objetiva del IRPF de 2003 por adversidades climáticas y otras circunstancias excepcionales.
Según publica el Boletín General del Estado (BOE), la Orden EHA/3850/2004 amplía la Orden EHA/1517/2004, que regulaba la reducción impositiva, porque el Ministerio de Agricultura puso de manifiesto la existencia de situaciones de adversidad climática y otras circunstancias excepcionales que en su momento no se tuvieron en cuenta.
Así, a las explotaciones de almendro de las comarcas Campo de Dalias y Los Vélez, ambas en Almería, se les aplicará un índice de rendimiento neto del 0,19 y al cultivo del algodón en distintos municipios de Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén se le aplicará un índice del 0,30.
En Granada, los municipios de la Comarca Agraria de La Costa tendrán un índice de rendimiento neto de 0,18 para productos hortícolas y del 0,26 para chirimoya, mientras que las explotaciones de tomate y pimiento de Arenas del rey tendrán un índice del 0,18.
Asimismo, en toda Asturias se aplicarán índices de rendimiento neto del 0,17 para la faba asturiana y del 0,26 para la manzana para sidra.
En la Comunidad Valenciana, las explotaciones de almendro tendrán un índice del 0,17 en la Comarca Agraria del Marquesado (Alicante), y del 0,19 en las comarcas de Bajo Maestrazgo, La Plana, Palancia, Peñagolosa, de Castellón, y Alto Turia, Campos de Liria, Hoya de Buñol, Riberas de Júcar y Sagunto, en Valencia.
La orden ministerial detalla que los contribuyentes afectados que ya hubiesen presentado su declaración de IRPF de 2003 podrán regularizar su situación presentando una solicitud de rectificación ante la Agencia Tributaria.
Agricultura-Regadíos: La Junta y el Gobierno impulsarán la modernización de regadíos en Andalucía
La Junta y el Ministerio de Agricultura se comprometieron a colaborar en las obras de modernización de los regadíos de interés general tras la firma de un convenio de colaboración presentado por la titular del ramo, Elena Espinosa, y el consejero, Isaías Pérez Saldaña.
La ministra, en rueda de prensa, detalló los contenidos del convenio suscrito con vigencia hasta finales de 2008, y que, entre otros aspectos, prevé que para facilitar la realización de las obras la Administración central financiará el 80 por ciento de la inversión y la Junta el 20 por ciento restante.
De esta colaboración podrán beneficiarse las comunidades de regantes que tengan que realizar obras de modernización y consolidación de regadíos incluidas en el Plan Nacional de Regadíos, Horizonte 2008.
Las obras se ejecutarán a través de las Sociedades Estatales de Infraestructuras Agrarias (Seiasas) del Sur y del Este y de la Consejería de Agricultura.
Espinosa subrayó que la importancia del acuerdo significa también la implicación directa de la Junta en todo el campo de los regadíos con el Ministerio y recordó que ambas partes son conscientes de que "el agua es un bien escaso y que todos los esfuerzos para la modernización y que traigan un ahorro de un bien cada vez más escasos hay que valorarlos".
Añadió que todas estas nuevas actuaciones se realizarán bajo la premisa de que las inversiones sostengan el bien "a medio y largo plazo" e indicó que han querido dar un "concepto amplio" al convenio para dar "absoluta libertad" a quienes están más en contacto con las necesidades de los regantes.
"Hemos hecho una aproximación teniendo en cuenta el coste medio en lo que va de año de lo que se podría traducir en hectáreas en este nuevo convenio y puede ascender a 82.000 hectáreas", indicó la ministra.
Con este convenio, ambas partes pretenden impulsar la modernización y consolidación de los regadíos declarados de interés general en función de criterios socioeconómicos.
Gasóleo Profesional: Solbes, sin armonización fiscal con la UE no hay gasóleo profesional
El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, explicó que para que en España exista un gasóleo profesional antes se debe culminar el proceso de armonización con la la fiscalidad mínima que grava en la Unión Europea a este producto.
Solbes respondía así en el Congreso al portavoz de Economía y Hacienda de CiU, Josep Sánchez Llibre, quien reclamó un gasóleo profesional, dentro de una nueva política que favorezca a las microempresas, las pymes y los autónomos.
El vicepresidente segundo le explicó que hay que distinguir entre el gasóleo pesquero y agrícola, y el empleado para transporte por carretera.
Del primero recordó que está sometido a normas específicas comunitarias y que prácticamente no hay armonización fiscal en la UE, aunque existe el compromiso de no rebajarla para no modificar los precios relativos.
Mientras, el gasóleo para transporte por carretera tiene en la UE unos mínimos de fiscalidad, "que en el caso de nuestro país todavía no hemos alcanzado", advirtió.
Esto impide, precisó, que se aplique en España un gasóleo profesional a pesar de que la legislación comunitaria admite la posibilidad de su creación.
Por lo tanto, añadió, "es una idea sobre la que podemos debatir para ser aplicada en su día, pero que no se podrá hacer mientras no terminemos la armonización de los mínimos y tengamos incluso una fiscalidad por encima de los mínimos que nos permita un margen de maniobra para el gasóleo profesional".
Llibre también reclamó más incentivos fiscales y facilidades de financiación para las pymes y los autónomos, y que a éstos últimos se les equipare su protección a la del resto de trabajadores, entre otras medidas.
La intención de CiU es que se aplique una "revolución al sistema, que se dé la vuelta al calcetín" y se aborde un nuevo marco fiscal, laboral y administrativo para el sector, dijo Llibre.
Solbes le respondió que las revoluciones cuestan dinero y le recordó que la Línea de Financiación del ICO a las pymes ha posibilitado que entre 2003 y 2004 se hayan concedido más de 350.000 créditos por un importe superior a 23.000 millones de euros, lo que ha conllevado una inversión superior a 47.000 millones de euros y la creación de medio millón de puestos de trabajo.
No obstante, se mostró partidario de mejorar y reforzar esta línea, aunque destacó como punto débil de las pymes el que les falta espíritu emprendedor.
En cuanto a la equiparación de la prestación de los autónomos y los trabajadores por cuenta ajena afirmó que será posible siempre que la contributividad sea la misma.
Según Llibre, aunque el tejido productivo está configurado mayoritariamente por microempresas y por pequeñas y medianas y son son las "principales" creadoras de empleo, el apoyo que reciben está "muy reducido".
Mientras, la globalización y la ampliación de la Unión Europea ha "acentuado" la presión sobre este tejido productivo, lo que para el diputado catalán "urge" la necesidad de adoptar medidas destinadas a mejorar su productividad y competitividad.
De acuerdo con las cifras que dio, a 1 de enero de 2004 había en España 2.942.583 empresas, de las 2.765.000 (el 93,9 por ciento) son micro, 151.000 son pymes (el 5,14 por ciento), 21.620 son de tamaño mediano (el 0,73 por ciento) y 3.706 son grandes (el 0,23 por ciento).
