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Mercosur-UE: Fischer afirma que la UE quiere un acuerdo "ambicioso" con Mercosur
El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Joschka Fischer, que concluye una visita oficial a Brasil, afirmó en Sao Paulo que la Unión Europea (UE) sigue interesada en conseguir un "acuerdo exigente y ambicioso" con el Mercosur.
"Tenemos todo el interés en que se llegue rápidamente a un acuerdo. Queremos incentivar la relación entre la UE y el Mercosur", expresó Fischer en un almuerzo con más de un centenar de empresarios alemanes y brasileños.
La UE y el Mercosur esperaban alcanzar este año un acuerdo de asociación comercial, pero la iniciativa fracasó en una reunión celebrada en octubre pasado en Lisboa, donde las partes decidieron que en el primer cuatrimestre de 2005 volverán a reunirse para tratar de llegar a un arreglo.
Según el ministro alemán, para que la iniciativa llegue a buen puerto es necesario que los dos bloques sean más flexibles en sus propuestas, pero principalmente el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), que insiste en la liberalización del comercio agrícola.
"Esperamos flexibilización de los socios del Mercosur. El acuerdo debe tener sustancia, no sólo en la cuestión agrícola, sino también en otros sectores, como servicios, inversiones y compras gubernamentales", expresó en referencia a los puntos en los cuales la UE reclama más apertura al bloque suramericano.
Fischer destacó que "cuando las barreras aduaneras caen, ambos ganan" y subrayó que hay que trabajar con reciprocidad, pues si el Mercosur pide liberalizar el comercio agrícola, la UE no puede "aceptar barreras en servicios y compras gubernamentales".
Agregó que la reciente ampliación de la UE de 15 a 25 miembros, con la inclusión de varios países de la antigua Europa del Este y del Mediterráneo, no ha sido un impedimento para el acuerdo comercial con el Mercosur.
"La ampliación no lo hizo más difícil. Los intereses son los mismos", expresó el jefe de la diplomacia alemana.
Fischer destacó también la necesidad de fortalecer a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para avanzar hacia la liberalización de los flujos de comercio internacional.
"Necesitamos llegar a mayores progresos en la apertura de mercados mundiales previstos en la Ronda de Doha", dijo el funcionario.
Agregó que aunque los tratados comerciales bilaterales son importantes, no cree que puedan sustituir a un acuerdo más amplio, como el que saldría de la Ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio.
Según el ministro, Alemania espera que se llegue cuanto antes a un consenso para destrabar las negociaciones de la Ronda de Doha, estancadas desde la cumbre ministerial de Cancún, celebrada en 2003.
"Queremos ser un motor de la integración, apostamos al multilateralismo", concluyó el ministro.
UE-Canarias: Canarias y plataneros de la UE acercan sus posturas con los latinoamericanos
El consejero de Agricultura canario, Pedro Rodríguez Zaragoza, y la Asociación Europea de Productores de Banano (APEB) se reunieron con la Comisión Europea (CE) y con embajadores latinoamericanos para acercar posturas de cara a la negociación del nuevo sistema de importación.
Asimismo, los consejeros de Canarias y Madeira (Portugal), junto con los responsables de la APEB se entrevistaron con representantes de las direcciones generales de Agricultura y Comercio de la Comisión Europea (CE).
El objetivo fue exponer el significado del cultivo del plátano para las regiones ultraperiféricas de la UE y la postura de estas regiones de cara a la negociación del futuro arancel del banano, afirmó el consejero, en a la prensa.
A la reunión con los latinoamericanos asistieron embajadores de Ecuador, Colombia, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras y Nicaragua; también estuvo presente un embajador de los países ACP (Africa, Caribe y Pacífico).
El presidente de la APEB, Leopoldo Cólogan, manifestó que la reunión con los embajadores fue "positiva", pues "aunque hay discrepancias se pueden soslayar, en incluso solventar".
"Ha sido un primer contacto y nos hemos comprometido a seguirnos reuniendo", según Cólogan.
Afirmó que "todas las partes" están dispuestas a "evitar una guerra campal del plátano", en las negociaciones sobre el futuro régimen de importación, afirmó el presidente de la APEB.
La Comisión Europea (CE) propuso que el futuro arancel para las importaciones de plátano sea de 230 euros por tonelada a partir de 2006, cuando entre en vigor el sistema de arancel único; los latinoamericanos piden un gravamen inferior (75 euros tonelada) y los europeos que sea superior, al igual que los ACP
En la reunión con la CE, Canarias, Madeira y la APEB presentaron el texto del "acuerdo de Madeira", que pide que se establezca una ficha financiera anual para el sector europeo igual a la ayuda total percibida en el año 2000 (301,879 millones de euros).
Pretenden que las ayudas sean similares a ese año, en el que los precios fueron muy bajos y, en consecuencia, las subvenciones fueron muy altas.
Canarias presentó también varios estudios en los que pide que el arancel único sea al menos de 252 euros por tonelada.
Rodríguez Zaragoza remarcó que si hay un arancel insatisfactorio "necesitaríamos otras cosas y debería estar acompañado de medidas correctoras, como en el acuerdo de Madeira", que suscriben productores europeos.
Explicó que ese documento establece que cuando el precio baja por debajo de las cotizaciones del año 2000 hay "una serie de elementos complementarios".
Las regiones productoras de la UE (situadas en Francia, Portugal, España y Chipre) consideran que el nuevo sistema suprime las actuales cuotas y que al no haber contingente "los precios se pueden desplomar".
El presidente de la APEB reivindicó que se tengan en cuenta estudios de hace años que pedían que el arancel sea de 270 euros y si es menor "que tengamos una válvula de seguridad en Canarias, Guadalupe (Francia) y Madeira".
La APEB celebrará una nueva reunión en Madrid, el próximo día 30, con franceses y portugueses y "no pararemos los contactos hasta que terminen las negociaciones", según Cólogan.
Gasóleo-Agricultura: El MAPA anuncia a los agricultores que recibirán las ayudas en un pago único en el 2005
La ministra de Agricultura, Elena Espinosa, anunció que los 350.000 agricultores afectados por el alza del precio del gasóleo recibirán las ayudas directas aprobadas por el Gobierno de 0,6 euros por litro en un pago único que se hará efectivo a partir de marzo de 2005.
Espinosa dijo al término de la firma del acuerdo del gasóleo con la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE) en la sede del Ministerio que esta ayuda, que se concederá hasta un tope total de 63 millones de euros, se calculará a partir de las facturas por la compra del gasóleo entre enero y diciembre de 2004.
La ministra aseguró que eligiendo este periodo de tiempo, en lugar del barajado inicialmente del 1 de septiembre de 2004 hasta el 1 de septiembre de 2005, se anticipan los pagos, pues de lo contrario, debido a los necesarios trámites burocráticos los agricultores no percibirían el dinero hasta finales de 2005.
Además, de esta forma se evitan maniobras de variación del consumo normal de la explotación para favorecerse de la ayuda al consumo.
El Gobierno ha decidido además que no exista un techo de la ayuda por persona determinado, sino que se fijará en función de las peticiones que se registren hasta que se agote el montante total y así se conseguirá cubrir los gastos de todos los pequeños y medianos agricultores.
Espinosa informó además de que un primer borrador de la orden ya ha sido consultado con las Comunidades Autónomas y que saldrá publicado en cuanto se termine la tramitación del mismo con estas Administraciones.
No obstante, en cuanto a la tramitación de las ayudas aún hay aspectos que se han de concretar y desde el Ministerio se baraja la posibilidad de que sea a través de convenios de colaboración con las organizaciones agrarias y cooperativas para la primera fase de recogida de documentos y tratamiento informático.
En una segunda fase de resolución administrativa el MAPA estudia realizarla bien a través de las oficinas periféricas de la Administración central o bien a través de las Comunidades Autónomas.
Con respecto al acuerdo firmado con CCAE, y que ya fue rubricado la pasada semana por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), el Ministerio incluye una serie de compromisos específicos para las cooperativas.
Entre estas medidas específicas se encuentra la formación de una mesa de negociación con el Ministerio de Industria para conseguir la liberalización de la venta a terceros de todo tipo de carburantes por parte de las cooperativas, una actividad limitada por una normativa de 1998.
Además, incluye el establecimiento de otra mesa con el Ministerio de Economía para analizar la interpretación fiscal que se hace del IVA en las operaciones que realizan las organizaciones de productores y otra sobre la producción de energías alternativas.
Espinosa resaltó que la firma del acuerdo con CCAE es muy importante, ya que se trata de una organización con un gran peso en el sector agrario español.
El presidente de CCAE, Ricardo Martín, destacó por su parte que el contenido del acuerdo es muy satisfactorio para las cooperativas, ya que suponen una compensación directa de 123,3 millones de euros y de otros 48 millones de euros de ayudas indirectas.
Martín indicó, con respecto a la desvinculación de la federación andaluza de cooperativas, FAECA, que la decisión de firmar el acuerdo se tomó por mayoría, por lo que confió que al igual que un Estado democrático todas las federaciones asuman los acuerdos tomados por la mayoría.
España-Frutos Secos: Agricultura pretende limitar la ayuda estatal a 24 euros, según COAG
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y ganaderos (COAG) denunció que el Ministerio de Agricultura (MAPA) pretende aportar 12 euros por hectárea a la ayuda estatal para los frutos secos en 2005 y limitar la ayuda autonómica a otros 12 euros adicionales, mientras que la Comisión Europea (CE) permite alcanzar los 120,75 euros por hectárea.
COAG explicó en un comunicado que la Unión Europea reparte, como ayudas a la multifuncionalidad de los frutos secos, una media anual de 120,75 euros por hectárea, aunque este año se prevé que sea elevada, excepcionalmente, hasta los 216 euros, y que la CE permite conceder otros 120,75 euros por hectárea como ayuda estatal.
Añadió que el anterior ministro de Agricultura, Miguel Arias, pactó, en un acuerdo tácito entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas, que la ayuda estatal sería financiada al 50 por ciento entre administración central y autonómica.
La organización agraria indicó que, sin embargo, en el último borrador presentado al sector, Agricultura propone para 2005 aportar doce euros por hectárea y limitar las competencias autonómicas para que estas no puedan aportar más que otros doce adicionales.
Resalta además que el MAPA dispone de margen presupuestario para alcanzar la máxima ayuda, ya que el Ministerio de Economía ha destinado una partida de 26,8 millones para el sector de frutos secos en los Presupuestos Generales del Estado y señaló que la previsión del borrador supone ejecutar sólo 11,5 millones de euros.
"COAG reclama que los 15 millones restantes adjudicados vayan efectivamente destinados al sector, prioritariamente a los agricultores profesionales", apuntó.
En este sentido, recordó que el sector de los frutos secos perdió por las heladas el 80 por ciento de la cosecha de la campaña 2004 y que a esto se unió "la ineficacia de los mecanismos aseguradores, ya que en 2004 sólo se aseguró un cinco por ciento de la superficie, por la elevada cuota y la reducida cobertura que ofrece ENESA".
La organización agraria señaló que en España dependen del cultivo de frutos secos más de 130.000 agricultores, que se mantiene activo gracias a las ayudas a la multifuncionalidad, y advirtió de que con su desaparición el mercado europeo "caería definitivamente en manos de los frutos secos intensivos de California, en el caso de la almendra, o Turquía, en el de la avellana".
Agricultura-Internacional: España acogerá la primera reunión del Tratado de Recursos Fitogenéticos
La primera reunión del Consejo Rector del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura se celebrará en Madrid durante el primer semestre de 2006, según informó el Ministerio de Agricultura (MAPA) en un comunicado.
El MAPA resaltó que esta iniciativa fue ya planteada por la ministra Elena Espinosa en el Consejo de Ministros de Agricultura de Bruselas, el pasado mes de octubre, y que ha sido aprobada por el Comité Interino del Tratado reunido en la sede de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
La reunión del Consejo Rector que será organizada por el MAPA constituirá la puesta en marcha del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos, que entró en vigor el pasado 29 de junio, tras siete años de negociaciones formales entre más de 160 países miembros.
Este Tratado, jurídicamente vinculante, tiene como objetivo la conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización, en consonancia con el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
En su contenido destaca como elemento innovador el reconocimiento a la contribución de los agricultores de todo el mundo en la conservación de los recursos fitogenéticos, determinando modalidades para su protección y promoción.
Además, prevé la articulación de los mecanismos necesarios para asegurar la disponibilidad constante de los recursos más importantes que los países necesitan para conseguir la seguridad alimentaria de sus pueblos.
Durante la primera reunión del Consejo Rector, se podrán poner en marcha los distintos planes y programas contenidos en el Tratado, siendo una de las principales decisiones la adopción del Acuerdo de Transferencias de materiales fitogenéticos, en el que se establecerán las condiciones básicas para regular las importaciones y exportaciones de estos materiales entre los países
UE-Comercio: La CE insiste que el informe de la OMC ve compatibles las denominaciones de la UE y las marcas
La Comisión Europea (CE) insistió en que el informe provisional de la Organización Mundial del Comercio (OMC) reconoce que el sistema europeo de denominaciones de origen es "plenamente compatible" con el de las marcas registradas.
El Ejecutivo comunitario recibió un informe provisional elaborado por un "panel" o grupo de expertos de la OMC, sobre un litigio que mantienen Australia y Estados Unidos (EEUU) con la UE a causa del sistema de indicaciones geográficas protegidas (IGP) y denominaciones de origen (DO) europeas.
La portavoz comunitaria de Comercio, Arancha González, lamentó que "las otras partes" implicadas en el caso hayan violado la confidencialidad a la que se habían comprometido sobre este documento, y quiso aclarar "algunos aspectos que han sido difundidos y la Comisión no considera precisos".
Por un lado, la portavoz aclaró que a UE "acogería con agrado" las solicitudes de registro de indicaciones geográficas extranjeras (por ejemplo zumo de naranja de Florida o patatas de Idaho) y precisó que "a día de hoy no ha existido una sola petición de un tercer país" en este sentido.
Por otro, insistió en que el sistema europeo "permite la coexistencia" de una indicación de origen que coincida exactamente con una marca registrada con anterioridad.
La portavoz citó como ejemplo la compatibilidad entre la marca estadounidense "Budweiser", de la que las autoridades de ese país quieren pedir la exclusividad, y la de la denominación de origen checa.
Resaltó que el resultado de este litigio no tendrá consecuencias en las negociaciones actuales para la liberalización del comercio, en el marco de la OMC, en las que la UE pide protección para sus denominaciones de origen.
EEUU y Australia consideran que las normas europeas son discriminatorias y que éstas no permiten el registro de indicaciones geográficas que no sean de la UE, a menos que la indicación sea de un país que ofrece protección equivalente a la europea.
EEUU alegó en la disputa que las regulaciones de la UE no ofrecen suficiente protección a las marcas comerciales que existían antes de sus similares o idénticas a indicaciones geográficas.
Consejo Ministros: Aprobadas las nuevas normas sobre endulcorantes y aditivos
El Consejo de Ministros aprobó dos Reales Decretos por los que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas Directivas europeas que modifican la lista de edulcorantes y aditivos, distintos de colorantes y edulcorantes, autorizados para su utilización en los productos alimenticios.
En virtud de las normas aprobadas, se autorizan dos nuevos edulcorantes, la sucralosa y la sal de aspartamo y acesulfamo, que han autorizados por el Comité Científico de la Alimentación Humana, órgano que, a su vez, sólo admite a estudio las sustancias previamente aprobadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y por la Organización Mundial de la Salud.
Estos edulcorantes se utilizan en productos de pastelería, bebidas y helados, entre otros, y se fijan, también, las dosis máximas de empleo.
Se reducen las dosis máximas de empleo del ácido ciclámico y sus sales de sodio y calcio, a tenor de la nueva ingesta diaria admisible establecida por el Comité Científico de la Alimentación Humana, y que se utilizan en la fruta enlatada o embotellada y bebidas a base de agua, leche o zumos de frutas.
De acuerdo con lo dispuesto en la Directiva que se transpone, a partir del 29 de julio de 2005 se prohíbe el comercio y empleo de los productos que no cumplan lo establecido en este Real Decreto.
No obstante, los productos puestos en el mercado antes de esa fecha se podrán vender hasta el 29 de enero de 2006.
Los categoría de aditivos distintos de colorantes y edulcorantes engloba, entre otros, a conservadores, antioxidantes, espesantes, emulgentes, estabilizadores, espumantes y humectantes.
Entre las novedades introducidas figuran la adición de un nuevo aditivo a la lista de los autorizados en la Unión Europea: el poli-1-deceno hidrogenado, sustancia que sirve para recubrir la confitería y la fruta desecada, y que ya estaba autorizada en algún Estado miembro.
Se suprime el uso de determinadas sustancias (difenilo, ortofenil fenol y ortofenil fenato sódico) como aditivos en el tratamiento en superficie de los cítricos.
Estas sustancias que se incluían hasta ahora en la lista de aditivos conservadores, sin embargo entran dentro de la definición de productos fitosanitarios, por lo que deben figurar en el ámbito de aplicación de la norma que regula dichos productos.
Se amplía el uso de algunos aditivos en determinados alimentos, como el ácido málico, que podrá utilizarse de ahora en adelante en las patatas peladas para evitar su oscurecimiento.
También se podrá usar la celulosa en polvo como agente antiaglomerante en el queso rallado o en lonchas.
Asimismo, se regula el empleo de aditivos en los aromas utilizados en los alimentos.
En este sentido, se establece que se podrá permitir la presencia de aditivos distintos de colorantes y edulcorantes en un alimento al que se haya añadido un aroma -sustancia que se agrega a los productos alimenticios para darles olor, sabor o ambos-, en la medida en que el aditivo esté permitido en el aroma y no tenga ninguna función tecnológica en el alimento final.
Asimismo, el nivel de aditivos en los aromas se limitará al mínimo necesario para garantizar su seguridad.
De acuerdo con el Real Decreto, se prohibe la comercialización y el empleo de los productos que no se ajusten a lo dispuesto en este Real Decreto después del 27 de enero de 2006, aunque se permite que los productos puestos en el mercado antes de esta fecha puedan comercializarse hasta la finalización de existencias.
En España, se admiten todos los aditivos aprobados por la Unión Europea. En total, están autorizados más de 300 aditivos, de los cuales sólo se emplean habitualmente unos 125.
Plan Júcar: Los agricultores de Alicante estudiarán la posibilidad de recurrir la sentencia
La Junta Central de Usuarios del Vinalopó-l'Alacantí, la asociación Jóvenes Agricultores de Alicante-ASAJA y el sindicato Unió-COAG estudiarán la posibilidad de recurrir la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que invalida la derivación de agua para regadío del Júcar al Turia o al Vinalopó.
En declaraciones, el presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó-l'Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, Andrés Martínez Espinosa, mostró "su preocupación" ante la resolución del TS que anula los artículos del Plan Hidrológico del Júcar, aprobado en 1998, que permiten la derivación de agua para regadío a otros ríos, como el Turia o el Vinalopó.
Martínez Espinosa afirmó "desconocer" si se puede recurrir la resolución, aunque opinó que la Ley del Plan Hidrológico Nacional aprobada en 2001 la "dejaría sin efecto", porque la citada ley ratifica todos los planes de cuenca.
"El PHN está por encima de esta sentencia, así como los artículos 2 y 3 de la Directiva Marco europea del agua", remarcó el presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó.
Por su parte, el coordinador de la Unió-COAG en Alicante, Ernest Blasco, coincidió con Martínez al afirmar que "el PHN está por encima de esta sentencia", a la vez que consideró "una barbaridad para todos los agricultores alicantinos" la hipotética derogación del trasvase Júcar-Vinalopó.
"Haremos todo lo posible para que esta resolución no tenga efecto, porque no se puede frenar el trasvase y boicotear a la agricultura de la provincia alicantina", aseveró Blasco.
Expresó su "sorpresa" ante la resolución del TS, de la que aseguró que desconocía que "estaba en marcha", aunque confirmó que la estudiarán con el resto de organizaciones del sector para saber si puede ser recurrida.
A su vez, el presidente de Jóvenes Agricultores de Alicante-ASAJA, Eladio Aniorte, consideró que "no es bueno para la sociedad que se vayan dando noticias de este tipo" porque "alarma a la ciudadanía".
Aniorte manifestó su convencimiento de que no se suprimirán los trasvases de agua del Júcar al Turia y al Vinalopó, porque la Ley del PHN de 2001 "está por encima" del fallo dictado por el TS.
"Necesitamos el agua y vamos a esperar y seguir luchando", agregó el presidente de Jóvenes Agricultores de Alicante, quien en un comunicado difundido posteriormente anunció que los agricultores recurrirán la sentencia del TS porque es "un disparate y una forma de acabar lentamente con el sector agrícola alicantino".
Según Aniorte, "esta decisión no tiene un fundamento jurídico, ya que los artículos derogados por este fallo estaban regulados por la Ley del PHN".
En la nota, el presidente de Jóvenes Agricultores de Alicante califica de "aberración" la resolución del TS de anular "el trasvase Júcar-Vinalopó", ya que "de esta forma dejarán de enviarse trescientos hectómetros cúbicos anuales".
"La sentencia nos ha dejado estupefactos y carece de sentido", indicó Aniorte, para quien "detener las obras tan avanzadas del trasvase Júcar-Vinalpó es muy negativo y perjudicial para todos los profesionales del sector primario".
"Si no disponemos de esos trescientos hectómetros cúbicos anuales, el porvenir será muy oscuro, la agricultura podría sufrir un varapalo muy importante en comarcas como la del Campo de Elche" y "las hortalizas, las patatas, la vid y el olivo", entre otros cultivos, "podrían correr el riesgo de desaparecer", advirtió.
Aniorte incidió en que su organización sigue luchando para que se pueda "reactivar el trasvase del Ebro" por entender que es "la solución más rentable y eficaz para el campo alicantino, pues se ha demostrado que las plantas desalinizadoras son únicamente una opción complementaria a la pertinaz falta de agua que sufre" el sector agrícola alicantino.
