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Plan Hidrológico: El Gobierno repercutirá en la tarifa del agua los costes de las nuevas obras
El Gobierno implantará de una forma gradual la normativa europea que obliga a repercutir sobre la tarifa del agua el coste de las infraestructuras relacionadas con la utilización de este recurso que se construyan en el futuro.
Así lo comunicó a un grupo de periodistas la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, antes de presidir la reunión del Consejo Nacional del Agua, en la que se debatirá el Plan que el Ejecutivo ha presentado como alternativa al trasvase del Ebro.
Al ser preguntada sobre si estas medidas supondrán un aumento del precio del agua, la ministra aclaró que cualquier cambio en el régimen económico y financiero referido a las tarifas del agua afectará "exclusivamente" a las obras futuras.
Narbona explicó que esta implantación del principio de recuperación de costes en todas las obras que se aprueben a partir de ahora se aplicará de una forma "gradual" y observó que el régimen económico y fiscal, que data de 1985, es "insuficiente".
La ministra descartó que el nuevo régimen fiscal vaya a tener carácter retroactivo y recordó que la UE obligará en 2010 a todos los países miembros a repercutir sobre la tarifa del agua todos los costes relacionados con su uso.
Entre esos costes, la ministra citó, además de los que se dedican a la obtención y el tratamiento de las aguas, los costes ambientales que derivan de la utilización de este recurso, y dijo que esos costes son "muchísimo más altos que los que existen en estos momentos, y sobre todo mucho más altos que lo que se paga de verdad por el agua".
Narbona abogó por ello por aprovechar el proceso hasta el año 2010 para hacer una aproximación "gradual" y que todos los sectores incorporen la "corresponsabilidad" que exige la normativa europea.
"No se trata en absoluto de introducir desde ahora una repercusión total de todos los costes del agua, pero sí de avanzar respecto a un régimen económico y financiero que es a todas luces insuficiente, y que en muchos casos ni siquiera se aplica en la práctica", aseveró Narbona.
La ministra destacó la oportunidad de la reunión del Consejo Nacional el Agua al coincidir con el inicio de la tramitación parlamentaria del decreto ley que derogó el trasvase del Ebro e impulsa un conjunto de 105 actuaciones alternativas en la cuenca mediterránea.
El plazo de presentación de enmiendas a este proyecto se ha interrumpido al pedir el Grupo Popular que previamente se sucedan en el Congreso varias comparecencias, y la ministra celebró que ello vaya a provocar un debate sobre política del agua en el parlamento.
Al tramitarse como un proyecto de ley se podrán incorporar al mismo algunas cuestiones que según la ministra son "imprescindibles", y citó entre éstas la posibilidad de regular de una forma "nítida" que todas las aguas procedentes de procesos de desalinización tendrán carácter público.
Según Narbona "las aguas desaladas no están contempladas con demasiada nitidez en el marco legislativo actual".
También planteó la ministra en el Consejo la oportunidad de que las confederaciones hidrográficas emitan informes previos a la definición de nuevos planes urbanísticos, y observó que en muchas ocasiones estos planes no contemplan la disponibilidad de agua efectiva "y eso lleva a que se generan expectativas y tensión sobre los recursos hídricos".
En el Consejo Nacional del Agua la ministra corroboró la oposición de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, y en especial la de los gobiernos valenciano y murciano.
Sí respaldaron las medidas anunciadas por el Ministerio los representantes de las organizaciones ecologistas, que consideraron "una noticia histórica" la derogación del trasvase de aguas desde el Ebro a varios puntos del litoral mediterráneo.
El portavoz de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Baraja, manifestó que esa derogación supone ·un gran logro ambiental", y opinó que los nuevos responsables del Ministerio están llevando racionalidad a una política que era ya bastante irracional".
UE-Azúcar: La CE ve necesario cambiar los apoyos al azúcar de los países menos avanzados
El comisario europeo de Agricultura, Franz Fischler expuso a los Países menos Avanzados (PMA) que será necesario cambiar los apoyos que recibe el azúcar de estos estados, aunque seguirá habiendo preferencias.
Fischler se reunió con los ministros agrícolas de los PMA, a los que explicó que a largo plazo "no es sostenible mantener el actual régimen comunitario", según informó el portavoz comunitario de Agricultura, Gregor Kreuzhuber.
Señaló que esto se confirma aún más con el dictamen de la Organización Mundial del Comercio (OMC), quien se pronuncia contra la regulación comunitaria del azúcar y considera que los subsidios a la exportación deben ser eliminados.
La regulación comunitaria del azúcar se basa en un régimen de cuotas y en precios de intervención, acompañados por un sistema de protección en frontera y ayudas a la exportación.
Además, la UE tiene un acuerdo con los países ACP (Africa, Caribe y Pacífico) -algunos de ellos son PMA-, según el cual su azúcar tiene un acceso preferencial a los países comunitarios.
Por otro lado, mediante la iniciativa EBA (Everything but Arms, en inglés, todo menos las armas) la UE abrirá su mercado al azúcar de los 49 países menos desarrollados y se liberalizará totalmente en 2009.
Fischler indicó que una protección "tan elevada causará muchos problemas y que con la propuesta de reforma del sector presentada por la Comisión Europea (CE) en julio, en la que se baja el precio referencia del azúcar y las cuotas, Europa tendrá también un mercado atractivo", según el portavoz.
No obstante, la CE tratará de mantener los compromisos del acuerdo de Cotonou, que regula la relaciones de la UE con los ACP (Africa, Caribe y Pacífico), aunque "esto es complicado".
Bruselas "quiere ayudar a los PMA pero está claro que hay un grupo de países en los que el azúcar puede ser competitivo y para los cuales habrá ayuda y apoyo, con el fin de que inviertan en que esta producción sea más efectiva", según Kreuzhuber.
Sin embargo, otro grupo de países "no pueden competir en el precio y no tiene sentido aumentar su producción y crear una situación no natural en el mercado", según la misma fuente.
La Comisión Europea estima que no es conveniente "repetir en países terceros la situación que se ha dado dentro de la UE" y que ha hecho necesaria una reforma, según el portavoz.
España-Aceite: El MAPA amplía la norma de las organizaciones de operadores a la campaña 2004/05
El Ministerio de Agricultura (MAPA) ha ampliado la regulación de las organizaciones de operadores del sector oleícola para la próxima campaña productiva 2004/2005, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El BOE publica la orden APA/2937/2004, de 10 de septiembre, por la que extienden para la campaña 2004/2005 las previsiones del Real Decreto 177/2003, de 14 de febrero, por el que se regulan las organizaciones de operadores del sector oleícola.
La norma añade que para los fines de la autorización exclusivamente para la campaña de comercialización 2004/2005, la fecha límite será el 30 de septiembre de este año.
Explica que la Comunidad Autónoma correspondiente remitirá, con antelación suficiente y a más tardar antes del 10 de octubre para los programas de actividades 2004/2005, las solicitudes y copia de la documentación aportada a los programas aprobados provisionalmente por ella a la Dirección General de Agricultura.
Añade que ésta junto a los aprobados por la propia Dirección General los elevará a la Comisión para el análisis y seguimiento de los programas de actividades de las organizaciones de operadores del sector oleícola.
Sectorial-Agricultura: Las CCAA urgen al MAPA reuniones para definir el modelo de aplicación de la PAC
Las Comunidades Autónomas urgieron en Barcelona en el transcurso de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) comience ya las reuniones para definir el modelo de aplicación de los desacoplamientos de la Política Agraria Común (PAC) que se aplicará en España el 1 de enero de 2006.
En la Sectorial, celebrada en el marco del Fórum de Barcelona, presidida por la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, y a la que asistieron todos los consejeros del ramo a excepción de Murcia, Navarra, Galicia y Madrid, acordó, entre otros, la distribución de 20,7 millones de euros para programas ganaderos agrícolas y ganaderos.
El Gobierno y las CCAA ya aprobaron poner en marcha el 1 de enero de 2006 la entrada en vigor de la PAC, pero aún falta por saber qué modelo de desacoplamiento, sobre todo, en los sectores ovino y caprino, vacuno, herbáceos y aceite de oliva, se aplicará en todo el territorio nacional, y demandaron un calendario para discutir el modelo que deberá estar definido antes de fin de año.
El consejero de Agricultura de La Rioja, Javier Erro, criticó que España vaya "retrasada" y recordó que 11 países de la UE-15 ya iniciaron la aplicación de la reforma el 1 de enero de 2004 y que sólo cuatro, entre ellos España, optaron por el 2006, por lo que instó a Espinosa a "agilizar la toma de posición" al respecto, ya que esta situación "está produciendo una gran incertidumbre" en el sector.
El responsable de la cartera agrícola extremeña, José Luis Quintana, recordó que ya se han realizado trabajos técnicos para aclarar qué modelo de aplicación de la PAC se pondrá en marcha en España, pero demandó que se siga avanzando en el Ministerio para cumplir con el acuerdo de contar con un modelo nacional antes del fin de 2004.
Reconoció que habrá un gran debate y que Extremadura organizará en noviembre un congreso para analizar esta situación a nivel nacional, con todos los implicados desde el sector agrario hasta las distintas Administraciones responsables de su implantación, para que se abra un amplio foro de discusión.
El consejero de Agricultura de Aragón, Gonzalo Arguilé, también insistió en la necesidad de definir el modelo y aseguró que, en algunos sectores, como los herbáceos el acuerdo es bien sencillo porque mantener acoplado a la producción el 25 por ciento de la producción "no resuelve nada", sobre todo, cuando se está hablando de un sector con unos "rendimientos bajos".
La titular del ramo de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, también insistió en la necesidad de tomar "cuanto antes" la decisión pertinente a los distintos desacoplamientos que se tendrán que aplicar en España y que afectan a los sectores ovino y caprino, vacuno y herbáceos, sin olvidar el reparto de fondos del aceite de oliva.
La consejera de Baleares, Margalida Moner, quien calificó la Sectorial de "light" exigió a la ministra que se empiece a hablar ya sobre cómo afrontar la PAC, porque "vamos muy justos de tiempo si queremos tener el modelo en 2006" y es necesario abordar ya esta discusión.
En el caso del aceite de oliva, el consejero de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña, recordó la importancia de este sector para la región y abogó por mantener el principio de neutralidad presupuestaria .
El consejero de Castilla y León, José Valín, pidió que no se dilate este debate, ya que "queda mucho trabajo por hacer a las administraciones" y es fundamental que los productores conozcan cuanto antes la situación.
El responsable de Cantabria, Jesús Oria, explicó que en breve mantendrá una reunión con los representantes de las organizaciones agrarias para intentar consensuar un modelo de PAC, de cara al debate con el resto de la autonomías.
Sectorial-Agricultura: El MAPA y las CCAA acuerdan un reparto de 15 millones de euros en programas agrarios
La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural reunida en Barcelona bajo la presidencia de la ministra Elena Espinosa, ha acordado la distribución de 15.063.884 euros entre las Comunidades Autónomas para el desarrollo de diversos programas agrícolas.
Estos datos, que fueron facilitados tras la Conferencia de Agricultura donde participan los consejeros del ramo de las Comunidades Autónomas, se destinarán al fomento del asociacionismo agrario, a la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria, al asociacionismo agrario y a la mejora del sector hortofrutícola y de frutos con cáscara y algarrobas.
Detalla que del total de fondos, y dentro del capítulo agrícola, se han destinado 4.976.000 euros para el fomento del asociacionismo agrario, habiéndose acordado la asignación de una cantidad complementaria a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para Agrupaciones de Productores de patata.
Igualmente, se ha decidido asignar una dotación presupuestaria complementaria a la Comunidad Autónoma valenciana para Agrupaciones de productores de flores.Para la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios, se ha aprobado la distribución de 1.802.120 euros, a repartir en función de los planes de actuación y las propuestas realizadas por las Comunidades Autónomas.
También se han destinado fondos para ayudas directas por superficie a los frutos de cáscara para el 2004 por un total de 3.785.768 euros. Además se ha acordado destinar una ayuda al saneamiento de la producción de albaricoque de la variedad Bulida, con una asignación presupuestaria de 4.500.000 euros que han quedado repartidos entre la Comunidad Autónoma de Murcia, a la que corresponderá el 82,7 por ciento de la cantidad total, y a la de Castilla-La Mancha, que contará con el 17,3 por ciento restante.
CCAA Total
Programas AgrícolasANDALUCIA 2.102.710,75 ARAGON 1.165.777,55 ASTURIAS 90.000,00 BALEARES 326.651,58 CANARIAS 26.079,00 CANTABRIA 17.000,00 CASTILLA-LA MANCHA 1.631.665,87 CASTILLA y LEON 1.497.916,39 CATALUÑA 1.223.609,08 EXTREMADURA 374.942,21 GALICIA 1.112.672,00 LA RIOJA 116.521,76 MADRID 275,91 MURCIA 4.493.931,17 NAVARRA --------- PAIS VASCO --------- C. VALENCIANA 882.035,19 CEUTA --------- TOTAL 15.063.888,46
Agricultura-Gasóleo: COAG pedirá a Espinosa medidas por la subida del gasóleo y bajos precios
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) pedirá a la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, medidas urgentes para que la subida del precio del gasóleo y los bajos precios en origen de los productos agropecuarios "dejen de asfixiar al sector agrario".
COAG entregará a Espinosa, durante la visita que realizará a la sede social de COAG en Madrid para mantener un encuentro con la Comisión Ejecutiva de la organización, un trabajo interno que recoge un conjunto de propuestas de urgente aplicación para la consolidación de un modelo agrario de futuro.
En un comunicado la coordinadora señala que este modelo debería contemplar rentas y pensiones adecuadas y apoyos al modelo de producción familiar, porque aporta mayores garantías de equilibrio socio-demográfico y territorial, ofrece mejores opciones medioambientales y garantiza productos sanos y de calidad a precios adecuados.
Respecto al gasóleo, COAG no pedirá ayudas directas a la producción, sino que exigirá medidas de carácter fiscal, puesto que la propia Unión Europea ofrece margen para que se apliquen y así lo han hecho numerosos Estados miembros.
En la nota explica que el 33 por ciento del precio del gasóleo agrícola son impuestos y que la legislación comunitaria permite que al sector agrario se le libere de esta carga, por lo que reiterará a la Ministra la exención del impuesto especial de hidrocarburos para el gasóleo utilizado en las actividades agrarias.
También reclamará extraer del ámbito objetivos del impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos (tasa de hidrocarburos) y la aplicación de un tipo reducido de IVA al siete por ciento para el gasóleo consumido por los profesionales agrarios.
Denuncia que en las últimas semanas se han observado situaciones muy graves en las que los consumidores han pagado más de un 500 por cien del precio de la mercancía en origen, como en el caso del pimiento, la sandía y el melón.
Anuncia que pedirá medidas que eviten estas disfunciones en la cadena de valor "porque asfixian la actividad productiva y ofrecen precios abusivos al consumidor".
C. Valenciana-Agricultura: Agricultura reduce el nivel de mosca de la fruta a un bajo histórico
La conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación ha conseguido reducir las poblaciones de mosca de la fruta en la Comunidad Valenciana, gracias a la efectividad de los tratamientos efectuados contra esta plaga, logrando unos niveles de incidencia históricamente bajos.
Las actuaciones desarrolladas por la conselleria de Agricultura para combatir la mosca de la fruta, que este año cuentan con un presupuesto de 12,1 millones de euros, consisten en tratamientos aéreos y terrestres, trampeo masivo en zona citrícola y en frutales aislados.
Igualmente, en la suelta de machos estériles en determinadas zonas experimentales, permitiendo todo ello que los índices de captura de mosca en la mayoría de los polígonos citrícolas sean inferiores a uno.
En concreto, cabe señalar que la conselleria de Agricultura ha completado, desde el pasado mes de julio, dos pases de tratamientos aéreos a toda la Comunidad Valenciana, incidiendo especialmente en las zonas de mayor concentración de mosca.
Además, hasta el momento, se ha repartido gratuitamente entre los agricultores cerca de 110.000 litros de producto para que realicen los tratamientos terrestres que se consideran necesarios con el fin de conseguir minimizar las poblaciones de mosca en sus parcelas.
Los tratamientos, de utilidad pública y obligado cumplimiento por parte de los agricultores, deben aplicarse en frutales de verano, en huertos de cítricos ubicados en zonas donde exista dificultades para la realización de tratamientos colectivos aéreos y para el tratamiento de variedades extratempranas y tempranas de cítricos, complementando así la efectividad de los pases aéreos.
UE-Frutas: La CE baja el 47% de la ayuda a los productores de higos secos
La Comisión Europea (CE) ha bajado el 47,2% la ayuda que reciben los productores de higos secos, que ascenderá a 139,977 euros por tonelada en la campaña 2004-2005, informaron fuentes comunitarias.
Bruselas ha aprobado un reglamento que establece esa reducción, debido a que los precios internacionales que se toman de referencia (correspondientes a los del mercado turco) han disminuido respecto a la campaña anterior.
Por este motivo, la CE mantiene en 878,86 euros por tonelada el precio mínimo para los higos secos no transformados y limita la ayuda a la producción a 139,977 euros por tonelada.
Este reglamento fue acordado por el Comité de Gestión de Productos Transformados de la UE -formado por expertos de los Estados miembros-, con los votos en contra de Grecia y España, porque estimaron que puede ser "nefasto" para el sector afectado, según las fuentes.
