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OCM-Azúcar: España se enfrenta a una propuesta de reforma "inasumible"
El cultivo de remolacha y el sector industrial azucarero español se enfrentan a una propuesta de reforma de su Organización Común de Mercado (OCM) "inasumible", si se mantiene en los mismos términos del borrador de comunicación de la Comisión Europea, que previsiblemente será aprobado el día 14.
En España, el Gobierno, las Comunidades Autónomas, las organizaciones agrarias, las industrias y los sindicatos coinciden en señalar que las propuestas son "inasumibles" porque supondrán el abandono del cultivo, que dejará de ser rentable, y conllevará la deslocalización productiva e industrial.
El próximo miércoles, día 14, el sector productor español, junto con el portugués e italiano, se manifestarán en Bruselas contra esta propuesta de reforma.
Los aspectos más negativos de la comunicación para el sector español son la disminución de la cuota, la reducción de los precios, la posibilidad de que se produzcan transferencias de cuota entre los Estados miembros y el agrupamiento de las cuotas A y B.
Desde hace años, España ha venido reclamando un aumento de su cuota de producción, actualmente 991.265,6 toneladas -951.614,8 para consumo interno (cuota A) y 39.650,8 toneladas para la exportación (cuota B)-, dado que el cupo de producción es inferior en más de un 20 por ciento al consumo, que se sitúa en más de 1,2 millones de toneladas.
"España es el único país de la Unión con una cuota de producción inferior a su consumo y ahora, las propuestas de reforma no sólo no la aumentan, sino que proponen una disminución", critican desde el sector productor de remolacha.
La comunicación indica que con el funcionamiento de los acuerdos actuales ha sido posible "mantener una situación de mercado donde la producción de la UE sistemáticamente sobrepasa al consumo interior", algo que -según explica el sector- ocurre en países como Alemania o Francia, pero no en España, que importa del país vecino.
La propuesta elimina los precios de intervención que ahora tienen los países deficitarios -además de España, Grecia, Irlanda, Reino Unido, Italia, Portugal y Finlandia- y se reemplazan por un precio de referencia para el azúcar que servirá a su vez para establecer un precio mínimo de la remolacha.
Del mínimo actual de 43,6 euros por tonelada de remolacha se propone una reducción del 20 por ciento, hasta 32,8 euros, para las campañas 2005/06 y 2006/07, y del 33 por ciento, hasta 27,4 euros, para la 2007/08, precios que los agricultores califican de "ruina".
En España, los costes de producción oscilan entre 36 y 40 euros por tonelada, por la utilización del riego, y aunque se proponen ayudas directas para compensar esa pérdida, de 60 millones de euros los dos primeros años y 86 millones el tercero, "no será suficiente para evitar el abandono del cultivo", advierten desde el sector.
La comunicación reconoce que, con la reducción de precios, "las fábricas que operan en regiones de baja competitividad se enfrentarán a márgenes negativos a largo plazo" y que la limitación de cuotas al Estado miembro dificulta que se pueda cambiar el lugar de la producción de azúcar a otro más competitivo.
Por eso, propone permitir el traslado de cuota entre los Estados miembros y que, en caso de dicha transferencia, el vendedor de la cuota siga siendo el responsable de las condiciones medioambientales de la situación de la fábrica y la reorganización de los empleados.
El sector critica esta posibilidad y recuerda la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que rechazó la subasta de cuotas.
Sobre la unificación de las cuotas A y B, asegura que es una medida que beneficia principalmente a Francia y Alemania, que ya tienen una cuota superior a su consumo; y advierte de que se intuye que el exceso de producción en algunos países se redistribuya entre todos en la siguiente campaña, y no en el afectado como hasta ahora.
El cultivo de remolacha varía en España entre 100.000 y 110.000 hectáreas al año, de las que un 55 por ciento se sitúan en la Zona Norte (Castilla y León, principalmente, además de Alava y Rioja), un 40 por ciento en la Zona Sur (Andalucía y Extremadura) y el cinco por ciento restante en Albacete, Ciudad Real y Toledo.
La producción de remolacha asciende a unos ocho millones de toneladas que suponen un millón de toneladas de azúcar; a este cultivo se dedican unos 20.000 agricultores y las industrias generan más de 9.500 empleos entre directos e indirectos.
Andalucía-Vino: Saldaña llama a la unión para el avance del Plan Estratégico del Vino
El consejero de Agricultura y Pesca de la Junta, Isaías Pérez Saldaña, llamó a "la unidad entre todas las partes, cooperativas, bodegas y agricultores" para que salga adelante el Plan Estratégico del Vino, lejos de que "haya una atomización en el sector".
Pérez Saldaña mantuvo un encuentro con representantes de la mesa de seguimiento del Plan Estratégico Montilla-Moriles en la cooperativa vinícola Los Remedios de Aguilar e indicó que con la puesta en marcha del plan hay que conseguir que "dejemos de ser vendedores a granel y que dentro de unos años todos vendamos vino embotellado".
Respecto a las fechas para la finalización del plan, Pérez Saldaña avanzó que "para la campaña de 2006 podría estar finalizado el conjunto del Plan" y para finales de este año "estará culminada la primera fase que dejará atadas cuestiones como las extensiones de las plantaciones, la catalogación de las bodegas y los medios con que contará el consejo regulador para hacer frente a la nueva situación".
En la reunión, el presidente del consejo regulador de la zona, José Manuel Rodrigo, puso de manifiesto al consejero "la incapacidad actual para comercializar la producción de las 9.200 hectáreas que componen actualmente el marco".
Rodrigo se congratuló de que la primera fase del plan esté ya casi culminada y avanzó que en la segunda fase "el sector tendrá que implicarse mucho más ya que en ella se tratará de negociar aspectos muy concretos que incidirán directamente en la forma de producir y comercializar".
UE-Agricultura: Las OPAS piden a Fischler que la producción de terceros cumplan los requisitos de la UE
Las organizaciones profesionales agrarias (OPAS) españolas pidieron al comisario de Agricultura, Franz Fischler, que los países terceros con los que existen acuerdos de asociación cumplan en su producción agraria requisitos sociales y medioambientales equivalentes a los exigidos en la UE.
Así lo explicó el responsable de producciones agrícolas de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Rafael Hernández, tras la reunión en Bruselas que el comisario mantuvo con el Comité de las Organizaciones Agrarias de la UE (COPA) y el Comité de las Cooperativas de la UE (COGECA).
Hernández insistió en que "los acuerdos de asociación que permiten la entrada de productos agrarios en la UE deben incluir requisitos sociales y medioambientales similares a los exigidos a los productores comunitarios".
Detalló que, en primer lugar, los agricultores deben recibir una renta suficiente para alcanzar un nivel de vida similar al europeo y que "no sean la empresas multinacionales las que ganan con estos acuerdos", ya que "Las ventajas comerciales deben servir para elevar la riqueza del país".
Añadió que los productores de esos países deben cumplir medidas agroambientales equivalentes a las que recogen las normas comunitarias, en materia de seguridad alimentaria o fitosanitarios, entre otros aspectos.
Hernández comentó que las delegación española criticó la reforma de la Política Agraria Común, puesto que "no es cierto que busque el beneficie de los agricultores"; en este sentido, reiteró que los costes de los productores comunitarios aumentan, al tiempo que se alcanzan acuerdos con países terceros que producen más barato, por lo que no es posible competir.
Apuntó por último que las organizaciones agrarias pidieron al comisario Fischler que no eluda el control de las importaciones agrarias en las fronteras comunitarias aduciendo que no es parte de sus competencias.
UE-Agricultura: Acción legal contra España y otros 8 países por el uso de plaguicidas
La Comisión Europea (CE) decidió emprender acciones legales contra nueve países de la UE, entre ellos España, por no haber informado sobre las medidas adoptadas para limitar el uso de plaguicidas con bromuro de metilo.
Estos plaguicidas están siendo eliminados progresivamente en virtud de la legislación comunitaria por perjudicar a la capa de ozono terrestre que protege a los seres humanos, la fauna y la flora de los rayos ultravioletas del sol, según informa un comunicado.
Los países miembros de la UE deben notificar cada año a la Comisión la cantidad exacta de bromuro de metilo que han utilizado, su finalidad y las medidas adoptadas para reducir su uso.
Sin embargo Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal, España y el Reino Unido todavía no lo han hecho o sus datos son insuficientes, lo que ha motivado que Bruselas haya emprendido acciones legales.
En el caso de España, al Comisión señala que no efectuó la notificación correspondiente al año 2003, y que en las de los dos años anteriores faltaban datos sobre los productos básicos, las finalidades (plagas o enfermedades) y las cantidades usadas para cuarentena y preexpedición.
Además el informe carecía de información sustancial sobre los avances en la evaluación y el uso de productos de sustitución.
La comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Wallstrom, señaló que "los Estados miembros deben adoptar, por su propio interés, productos de sustitución al bromuro de metilo en la agricultura y la industria de transformación alimentaria para que no se vea perjudicada su competitividad a largo plazo, cuando ese producto deje de utilizarse".
Wallstrom recordó que esa sustancia tiene consecuencias para el cáncer de piel y el sistema inmunitario, aunque sigue autorizándose, bajo control estricto, en algunos usos para los que no existen aún productos de sustitución, como los tratamientos destinados a garantizar que los cultivos estén libres de plagas.
El Protocolo de Montreal estableció la reducción de las sustancias que agotan la capa de ozono estratosférico, como los CFC, los HCFC, los halones y el bromuro de metilo de los plaguicidas.
Esta última sustancia fue ampliamente utilizada por los agricultores del mundo entero para acabar con las plagas del suelo y de las instalaciones de transformación alimentaria, aunque desde 1995 se ha ido eliminando gradualmente.
No obstante se utiliza todavía antes de la comercialización de los cultivos para evitar que las plagas alógenas de los cultivos importados accedan nuevos entornos (uso de cuarentena) y para evitar que las plagas destruyan los cultivos antes de su expedición (uso de preexpedición).
Actualmente la cantidad de bromuro de metilo que puede ser utilizado para ambos usos en los 25 Estados de la Unión está limitado a 1.000 toneladas anuales aproximadamente.
España-Aceituna: Las existencias de aceituna de mesa a fin de mayo suman 395.430 toneladas
Las existencias totales de aceituna a fin del mes de mayo alcanzan 395.430 toneladas, de las que 237.810 corresponden a aceituna ya transformada y el resto a aceituna en la fase de transformación, según los datos de la Agencia para el Aceite de Oliva (AAO) del Ministerio de Agricultura.
La producción de aceituna de mesa hasta mayo suma 594.065 toneladas, de las que el 75 por ciento corresponde a Andalucía, con 447.360 toneladas, seguida de Extremadura, con 122.910 toneladas.
Por detrás, se situaron Murcia, con 6.800 toneladas; Aragón, con 5.512 toneladas; Castilla y León, con 4.450 toneladas; Castilla-La Mancha, con 4.202 toneladas; y Cataluña, con 1.200 toneladas, como principales zonas productoras.
Consejo-Vino: Ampliado 6 meses el plazo para que los Consejos Reguladores se adapten a la ley vino
El Consejo de Ministros aprobó ampliar en seis meses más el plazo para que los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen dependientes del Estado (Cava, Rioja y Jumilla) puedan adaptar sus reglamentos a la ley de la viña y el vino, y cuyo plazo finaliza el 12 de julio de este año, por lo que se prorroga hasta el 12 de diciembre.
Esta ampliación queda recogida en el Real Decreto por el que se establecen normas de desarrollo para la adaptación de los reglamentos y órganos de gestión de los vinos de calidad producidos en regiones determinadas (vcprd), dependientes de la Administración General del Estado, a la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, que entró en vigor el día 12 de julio de 2003.
Según informó el Ministerio de Agricultura en un comunicado, la ley tuvo en cuenta la dificultad de adaptación de los reglamentos por los que se rigen los distintos vcprd o vinos con denominación de origen, por lo que estableció el período de un año a tal fin, plazo que finalizaba el 12 de julio de 2004.
No obstante, se ha considerado imprescindible establecer unos criterios de orientación para la adecuación organizativa de los Consejos Reguladores y fijar un plazo de seis meses para el envío, por éstos, al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, de las propuestas de modificación de los reglamentos reguladores de las denominaciones de origen pluriautonómicas que gestionan.
Los reglamentos de la Denominación Cava, de la Denominación de Origen Calificada Rioja y de la Denominación de Origen Jumilla deberán ser modificados en cuanto se separen de la Ley de la Viña y del Vino.
Para ello deberán hacer constar expresamente la identificación del órgano de gestión y determinación de sus fines, funciones, composición, estructura y normas de funcionamiento, así como los modos de provisión, renovación, revocación y cese de sus miembros, además del sistema de control establecido en el ámbito de su denominación.
Extremadura-Agricultura: COAG denuncia "prácticas mafiosas" de la Consejería de Agricultura
El secretario general de COAG Extremadura, Luis Cortés, denunció que funcionarios de la Consejería de Agricultura y de la Guardia Civil coaccionan a los agricultores y ganaderos al solicitarles las declaraciones relativas a las hectáreas de cultivo y a las cabezas de ganado.
Cortés explicó en conferencia de prensa que ambas instituciones llevan a cabo investigaciones sin una previa documentación, aunque recalcó que desde la organización agraria no están en contra de las inspecciones pertinentes, si se hacen con normalidad.
En este sentido, Cortés señaló que la Junta de Extremadura ha denunciado recientemente a un ganadero de Montehermoso por no declarar un ternero y se han personado en su domicilio efectivos de la Benemérita.
"Si el agricultor o ganadero comete una infracción debe pagar la sanción, pero la Guardia Civil y dos funcionarios de la Junta no deben amenazarle y menos aún condicionar la declaración de su ganado", aseveró Cortés.
Desde el punto de vista de COAG, se trata de "prácticas mafiosas" por parte del consejero de Agricultura, José Luis Quintana, y aseguró que la Junta de Extremadura no aporta documentos cuando se los solicita el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Además, en relación con la producción de higo, Cortés subrayó que están "perfectamente" registradas en una cooperativa vinculada a COAG, donde se han contratado 1.100.000 kilos de este producto.
La Junta de Extremadura, aclaró la organización agraria, no ha pagado las ayudas a COAG relativas a la producción de higo, por lo que COAG todavía no puede pagar a los agricultores asociados.
España-Cítricos: Los técnicos del MAPA ultiman la propuesta de reparto de los fondos contra la mosca de la fruta
Los servicios técnicos del Comité Fitosanitario Nacional, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ultima la propuesta de reparto regional de fondos del programa de lucha contra la mosca de la fruta que deberá aprobarse en Conferencia Sectorial el próximo 26 de julio.
Así lo confirma el Gobierno en una respuesta escrita a la diputada socialista María Antonia de Armengol, que solicitó información sobre las medidas tomadas por el MAPA para luchar contra la "ceratitis capitata" o mosca de la fruta.
El Gobierno recuerda que el 18 de marzo se aprobó, mediante Real Decreto, el Programa Nacional de Control de las poblaciones de la mosca mediterránea de la fruta, que establece un conjunto de medidas fitosanitarias para limitar el desarrollo de este insecto.
Añade que la dotación prevista es de 15,2 millones de euros, de los cuales el MAPA aportará la mitad y el resto corresponderá a las Comunidades Autónomas, que se dedicarán a financiar medios de lucha más respetuosos con el medio ambiente que los químicos, como recogida de frutos caídos, captura masiva de adultos de la mosca con trampas o la suelta masiva de machos estériles.
Indica que ya finalizó el plazo dado a las Comunidades Autónomas para el envío de la documentación necesaria y que el Comité Fitosanitario ya realizó una primera evaluación de los programas de luchas propuestos en su reunión del pasado 30 de junio, de cara a la territorialización de estos fondos.
Avanza que la propuesta del Comité Fitosanitario se estudiará en Comisión Sectorial el próximo 15 de julio y será posteriormente aprobada en la Conferencia Sectorial de Agricultura del día 26 de julio.
El Ejecutivo destaca por último que "es previsible que la Comunidad Valenciana reciba una parte muy importante de estos fondos del MAPA para cofinanciar los planes de lucha que tiene establecidos", dada la importancia de los cultivos huésped de esta plaga (cítricos) en la región.
