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Andalucía-Fitosanitarios: ASA alerta sobre la utilización de fitosanitarios en la contaminación de pantanos
La Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA) alertó en un comunicado sobre el uso de fitosanitarios de forma incontrolada que contamina los pantanos andaluces, tras detectarse casos en varias zonas de la comunidad, y solicitó a la Junta que "tome cartas en el asunto".
El presidente de ASA, José Luis Rodríguez, manifestó que las fuentes de abastecimiento de agua de las empresas andaluzas del sector del agua se encuentran contaminadas, por lo que "todas las empresas afectadas están aplicando tratamientos específicos y especiales para la eliminación de estos pesticidas tóxicos".
A pesar de que la utilización de algunos de estos fitosanitarios fue prohibida desde hace dos años por la Unión Europea por su fácil filtración al agua y su alta persistencia, desde la asociación se afirma que se sigue utilizando en la agricultura en Andalucía, según se desprende de los análisis realizados en varios pantanos.
España-Aceite: El Gobierno asegura que el sector seguirá en una buena situación con la nueva OCM
El Gobierno calificó de "satisfactorio para los intereses españoles" el acuerdo alcanzado en la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del aceite de oliva y aseguró que "el sector va a continuar en la buena situación que actualmente tiene en el contexto de la producción mundial".
En respuesta escrita a la pregunta formulada por el diputado de Izquierda Unida Angel Pérez sobre la valoración del Ejecutivo de la OCM y las actuaciones derivadas de la misma, el Gobierno resalta el incremento de la ayuda concedida a España en 20 millones de euros.
En este sentido, aunque reconoce que "las reivindicaciones españolas eran superiores", señala que "España es el único Estado miembro, entre los grandes productores, que obtiene un incremento de la ayuda" y que la cantidad recibida "supone aproximadamente la mitad de los 43 millones de euros disponibles para el sector".
Subraya que el sector ha pasado así de disponer de 1.005 millones de euros, garantizados en la reforma de 1998, a tener 1.034 millones de euros, lo que incluye nueve millones euros que España ha conseguido en estos años con sus producciones.
Afirma que "se ha roto, positivamente para españa, la neutralidad presupuestaria que el anterior Gobierno aceptó en junio de 2003 con un voto favorable a un acuerdo perjudicial para los intereses mediterráneos".
El Gobierno recuerda que la reforma fija que un mínimo del 60 por ciento de la ayuda se abonará como ayuda desacoplada (desvinculada de la producción) en función de las ayudas percibidas en las cuatro últimas campañas, mientras que el 40 por ciento restante se abonará de forma acoplada como ayuda por hectárea-SIG, aunque habrá flexibilidad en el desacoplamiento para los Estados miembros.
Sobre las actuaciones que se derivarán para aplicar la reglamentación en España, avanza que se determinará el porcentaje de la ayuda que se va a conceder de forma desacoplada, tras debatirlo con las Comunidades Autónomas y organizaciones agrarias.
Añade que se determinarán los criterios de reparto de la ayuda ayuda que permanezca acoplada, aspecto que se debatirá en Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.
Por último, indica que se implantará la normativa nacional que desarrolle el Reglamento de la Comisión Europea donde se fijará la forma de determinar las hectáreas-SIG que han de servir de base para al determinación de los derechos individuales.
El Gobierno comenta que, además de la supresión de la ayuda al producción, la nueva OCM supone otras medidas como la desaparición de las restituciones a la exportación o la eliminación de la financiación comunitaria para las agencias nacionales de control a partir de noviembre de 2006.
UPA-UCE: Defienden el doble etiquetado para las frutas y hortalizas
El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, explicó algunas de las medidas que esta organización agraria propone en favor del sector de las frutas y hortalizas, como la puesta en marcha del doble etiquetado, para que el consumidor sepa lo que paga y lo que recibe el agricultor.
Huertas, en conferencia de prensa, consideró igualmente necesario que el Gobierno central ejerza un control efectivo sobre los márgenes comerciales que existen a lo largo de la cadena de distribución, "con el objeto de que las grandes superficies bajen los precios".
Destacó una serie de medidas aprobadas por el Gobierno español, que consideró positivas, para que los pagos de los productos hortofrutícolas que realizan las grandes superficies a 120 días a las cooperativas y demás proveedores, se efectúen a un máximo de 30 días, en el caso de frutas frescas, y de 60 días para transformado.
Otro de los temas fundamentales que se está tratando con el Ministerio de Agricultura es, según dijo, conseguir que se cree una comisión de seguimiento que vigile el mantenimiento de los márgenes cuando se produzca una situación de crisis en el sector.
Puso como ejemplo que si hay una gran producción de manzana, y como consecuente de ello los precios para el agricultor se hunden, las grandes supermercados no aprovechen la ocasión para mantener los precios y ampliar su margen de ganancia.
UPA-UCE propone que en estos casos los grandes centros comerciales bajen también los precios para que de esas situaciones se beneficie el consumidor.
Esta organización agraria considera también una medida positiva el tema de la trazabilidad, en el que ya vienen trabajando, para que se identifique a la fruta de Extremadura, mediante un marchamo de garantía de calidad, frente a producciones que puedan venir de otros países, competitivas en precio pero no en seguridad alimentaria.
Se trata de hacer un seguimiento del producto desde que brota en el árbol hasta que se vende en el supermercado.
El secretario de Agricultura de UPA-UCE Extremadura, José Cruz, informó de que la campaña frutícola de 2004 en la región se caracteriza por una bajada importante en la producción de frutas de hueso, estimada entre el 40 al 50 por ciento en comparación con la de año 2002 y 2003, por motivos climatológicos.
Esto provocará dificultades para abastecer la demanda del mercado de la exportación, "que ya tenemos ganado, como en Alemania e Inglaterra, lo que implica un riesgo para las campañas venideras, ya que obliga al agricultor a invertir considerablemente para mantener la calidad de la fruta", agregó.
Cruz recordó que el sector de las frutas y hortalizas "no es un sector subvencionado por la Política Agrícola Comunitaria, como tienen los cereales y el vacuno, ya que dijo que las ayudas son mínimas "y, encima, si el consumidor no tiene un precio asequible, la miraremos como un producto de lujo prohibitivo".
Navarra-Gestión/Agua: Aprobada la estrategia para la gestión y uso del agua en Navarra
El consejero de Medio Ambiente, José Andrés Burguete, ha presentado la Estrategia para la Gestión y el Uso Sostenible del Agua en Navarra, aprobada el lunes en el consejo de Gobierno y que abarca desde 2005 hasta 2009 con un plan de acción presupuestado en siete millones de euros.
En la Estrategia, que ahora será remitida al Parlamento, se definen las directrices, principios y criterios que deben guiar las actuaciones relativas al uso del agua de acuerdo con el desarrollo sostenible y entendido éste como el equilibrio entre progreso económico, bienestar y medio ambiente.
Esta estrategia parte de un documento elaborado por Medio Ambiente el pasado año que luego fue sometido a un proceso de participación social para recoger aportaciones de los sectores implicados y del público en general.
Además se constituyó una comisión mixta para validar el documento final, trabajos que concluyeron el pasado mes de abril con la conformidad a la estrategia ahora aprobada.
Esta se divide en cuatro partes y en la primera, sobre la situación actual del agua, se recogen datos relativos al marco territorial para conocer cómo son los recursos hídricos de Navarra y sus ecosistemas asociados, qué recursos totales se generan y cómo se utilizan, cuál es el balance entre recursos y demandas, qué infraestructuras existen, cuál es la calidad de las aguas, cuánto se paga por ella, qué problemas hay y qué actuaciones hay en marcha.
La segunda parte se refiere a una "nueva estrategia" para el agua de Navarra y recoge orientaciones como la necesidad de ahondar en su calidad, llevar a cabo la gestión de la demanda (eficacia y ahorro), impulsar el ahorro y la eficiencia en los usos agrarios, la cesión de derechos y el aseguramiento del suministro, la valoración económica del agua y las nuevas políticas de tarifación, el control de los riesgos (inundaciones y sequías) y el marco competencial.
El tercer apartado de la Estrategia son las metas que se pretenden en la gestión y el uso del agua y cita un total de siete asociadas a una serie de objetivos.
Estas metas son garantizar la sostenibilidad del recurso, conseguir un buen estado ecológico de las aguas, desarrollar una gestión de la demanda que atienda necesidades y minimice la extracción de recursos naturales, y garantizar la disponibilidad del agua para la necesidades actuales y futuras con soluciones estratégica de importancia socioeconómica y bajo impacto ambiental.
El resto de objetivos trazados son proteger a los ciudadanos contra los riesgos de inundaciones y sequías con políticas preventivas, disponer de los medios técnicos, normativos y de organización para una gestión del agua adecuada a las nuevas orientaciones estratégicas y desarrollar nuevas propuestas de tarifación que internalicen costes de uso y consumo así como medioambientales.
La cuarta y última parte de la Estretagia se ocupa del Plan de Acción en forma de programas y entre éstos figuran el desarrollo de la red de información del agua, la participación y formación ciudadana, el apoyo a iniciativas, la evaluación y clasificación del estado de las aguas, la protección de las subterráneas contra la contaminación y las adaptaciones a la Directiva Marco del Agua que entrará en vigor en 2010.
Otros programas que se apuntan son las campañas de ahorro y eficiencia en el uso, elaboración de un inventario de aprovechamientos y concesiones, el estudio de zonas inundables y directrices del plan de defensa contra las inundaciones y estudios sobre sequías, actualización de bases de datos.
También se proponen estudios e investigación sobre planificación y gestión del agua, redes de calidad de aguas, vertidos e hidrometría o construcción de piezómetros de control de ríos, así como estudios sobre el valor económico del agua y la política de precios, y recursos humanos para desarrollar la estrategia.
UE-Agricultura: Las empresas de biocarburantes creen que Mercosur les impedirá crear empleos
Las empresas de bio-carburantes creen que las concesiones agrícolas que ha ofrecido la Comisión Europea (CE) a Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) impiden la creación de nuevos empleos en la UE, según el directivo de la firma española Abengoa, Thomas Gameson.
Gameson afirmó que Bruselas "frena" el desarrollo de una producción europea de bio-combustibles obtenidos a partir de productos agrícolas, porque ha propuesto al bloque latinoamericano un incremento de las importaciones brasileñas de etanol -alcohol para carburante obtenido con caña de azúcar-.
Aseguró que si "sólo se utilizara en la UE el biocarburante producido en Europa", podría suponer la creación de 424.000 puestos de trabajo de aquí a 2010.
Por el contrario, "si se consume el obtenido en países terceros, estas perspectivas se nos van por la ventana", según Gameson, director de desarrollo de Negocios de Abengoa.
Dentro de las negociaciones para un Acuerdo de Asociación UE-Mercosur, Bruselas ha ofrecido aumentar en 500.000 toneladas las importaciones de etanol en una primera fase y otras 500.000 más al concluir la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en 2007.
El Comité Europeo de Biocarburantes ha enviado una carta al comisario europeo de Comercio, Pascal Lamy, en la que pide que antes abrir el mercado comunitario al etanol de Mercosur haya un período de "dos años", con el fin de proteger el combustible ecológico comunitario.
"La apertura a Brasil significará que no pueda crearse un mercado para la producción y la transformación comunitaria de etanol; además, incrementará la presión de las industrias azucareras europeas ante la liberalización comercial", según las peticiones de ese Comité, que recordó Gameson.
Asimismo, remarcó que en el Consejo de Agricultura de la UE, Francia, Italia, Alemania, Polonia y España "han criticado la propuesta de la CE a Mercosur por este aspecto concreto".
Abengoa Bionergía es el principal productor de la UE de bioetanol (alcohol etílico obtenido por la fermentación de vegetales para elaborar gasolinas o gasóleo) y el quinto de Estados Unidos.
Esta empresa utiliza trigo y maíz, aunque los biocarburantes también pueden obtenerse por la transformación de remolacha o de cáñamo.
El representante de Abengoa explicó las ventajas de las energías renovables frente a las fósiles durante la VII Jornada Europea sobre el Azúcar, organizada por la publicación AgraEurope.
Respecto a la futura reforma de la regulación comunitaria del azúcar, para el sector de biocarburantes es importante que haya "una cuota global" de importación a la UE, según Gameson.
Por su parte, el presidente de la consultora brasileña Datagro, Plinio Nastari, señaló que el objetivo de Brasil "no es perjudicar a la industria europea".
En referencia a las conversaciones entre la UE y Mercosur "hablamos de una negociación global, en la que, por ejemplo, se está discutiendo cambiar etanol por teléfonos móviles (en referencia a las demandas europeas en telecomunicaciones)".
En este sentido, dijo que si no hubiera acuerdo habría que tener en cuenta "cuánta gasolina importa la UE" y, en el caso de los biocarburantes, afirmó que si los países comunitarios no compran a Brasil "se abastecerán de materia prima de Africa o de Asia".
UE-Agricultura: Los productores piden reforzar la protección de las denominaciones de origen
Los agricultores de la UE, agrupados en el COPA y la COGECA, pidieron, reforzar más la protección de las denominaciones de origen en las negociaciones internacionales.
El responsable del comité de las organizaciones agrarias (COPA), Peter Gaemelke, y el de las cooperativas (COGECA), el español Eduardo Baamonde, afirmaron que cualquier acuerdo sobre acceso a los mercados en la Organización Mundial del Comercio (OMC), tenga como "condición previa" el amparo de las indicaciones de origen
Solicitaron que se establezca un sistema de notificación y de registro adecuado que proteja esas menciones tanto en el mercado interior como en los demás países que forman parte de la OMC, según un comunicado.
El COPA y la COGECA pidieron que se establezca una lista de las indicaciones geográficas que actualmente "son objeto de abuso", para que pueda garantizarse su protección multilateral.
Los agricultores comunitarios apoyaron la posición de la Comisión Europea en las discusiones dentro del Codex Alimentario sobre una norma para elaborar el queso "parmesano" pues está defendiendo las normas relativas a la protección de la Denominación de Origen.
Confiaron en que Bruselas también sea firme en las negociaciones de la OMC en el marco del acuerdo sobre las cuestiones de propiedad intelectual relacionadas con el comercio (TRIPS, en inglés), según el comunicado.
El COPA-COGECA insistió en que cuando el consumidor adquiere productos como el queso "Roquefort" o el queso manchego tiene una imagen clara del producto y remarcó que el uso fraudulento de estas menciones en alimentos sin denominación "significaría engañar al comprador".
Canarias-Tomate: El sector satisfecho pero pide cumplir con el compromiso de subir la ayuda un 7% más
El sector hortofrutícola se mostró satisfecho por la moción que insta al Gobierno estatal a incrementar las ayudas al transporte un siete por ciento, pero pide que se cumpla el compromiso, pues en anteriores ocasiones se comprometieron ayudas que nunca llegaron.
Así lo aseguró el portavoz de la Federación de Productores, Roberto Góiriz, quien detalló que el coste del transporte de la exportación de tomates de la zafra que acabó en mayo se elevó a 40 millones de euros, de los que 11 fueron subvencionados.
Según la moción aprobada en el Congreso de los Diputados por unanimidad, se llegará a subvencionar la mitad del coste, aunque para el año que viene el incremento será del 7 por ciento.
Así, mientras este año se subvencionó el 27 por ciento, el próximo se alcanzará el 34, lo que supondrá una ayuda de 13,8 millones aproximadamente, casi tres millones más.
En cualquier caso, aún cuando la subvención alcance la mitad del coste, los productores canarios "nunca estarán en igualdad de condiciones" que los peninsulares, que transportan su mercancía por carretera y no se encuentran a 2.000 kilómetros del continente.
Los productores canarios dependen del transporte marítimo y por ende de la fluctuación del petróleo -lo que ha hecho que el año sea "horrible"-, a lo que hay que sumar gastos portuarios, de estiba y desestiba en Canarias y en los puertos de destino del Reino Unido y Holanda.
Por todo ello, Góiriz espera que la respuesta a las reivindicaciones del sector adoptada por el Congreso se haga efectiva en los próximos presupuestos dado que, además, la compensación al "hecho insular" está recogida en la Constitución española, apostilló.
Asimismo, Roberto Góiriz dijo que el sector se congratula de la partida del Poseican destinada a la comercialización del tomate, que en la actualidad es de 1,5 millones de euros, aunque los productores consideran que la cuantía debe ascender como mínimo a 27 millones de euros para compensar los acuerdos con países terceros, en este caso Marruecos, cuya competencia daña a los productores canarios.
"Creemos que se ha perdido mucho tiempo en estas reivindicaciones, lo que ha provocado pérdida de renta en los productores de las islas" a los "que cada vez se les hace más difícil producir para la exportación no sólo por la competencia de Marruecos sino por la de la Península, porque sus condiciones son muchos más favorables", tanto por no tener que costear la lejanía como por el gran mercado interior que tienen a su alcance, concluyó.
Plan Hidrológico: El Congreso rechaza pedir al Gobierno una evaluación ambiental alternativa
El Congreso rechazó una proposición no de ley del PP por la que se solicitaba al Gobierno una evaluación ambiental de la alternativa al trasvase del Ebro aprobada el pasado viernes por el Ejecutivo.
Por 169 votos en contra, 130 a favor y 9 abstenciones, el Pleno de la Cámara Baja impidió que la propuesta del Grupo Popular saliera adelante, aunque todos los grupos coincidieron en la necesidad de que el Gobierno lleve a cabo una evaluación ambiental estratégica de la alternativa y las actuaciones, y que ésta se desarrolle durante el trámite en las Cortes como proyecto de ley.
Esta última propuesta la materializó el Grupo Socialista al presentar una enmienda de sustitución que no fue aceptada por el PP, al igual que otras dos enmiendas en similares términos presentadas por los grupos ICV-IU y ERC.
La portavoz del PP, María Angeles Ramón-Llin, señaló que la alternativa al trasvase está basada en la desalinización, una técnica que conlleva "un elevado consumo energético y una producción de residuos de elevada salinidad con repercusiones negativas sobre el entorno".
Afirmó que el Gobierno ha derogado el trasvase para cumplir una promesa electoral "sin pensar en que su alternativa no es solución al problema y tiene repercusiones ambientales".
Explicó que es necesaria una evaluación estratégica ambiental del conjunto de la alternativa socialista, porque "hay que tener en esta plantas "generan contaminación" y por ello "queremos conocer su impacto", afirmó Ramón-Llin.
Asimismo consideró "vital" la elaboración de una evaluación ambiental para la obtención de fondos europeos y también para aplicar las medidas correctoras en cada una de las plantas.
En contra se pronunció la diputada socialista María del Carmen Ortiz, quien acusó al PP de "repentina preocupación ambiental" y presentó una enmienda por la que se pedía al Gobierno la elaboración de una evaluación ambiental de la alternativa al trasvase durante el trámite parlamentario como ley del real decreto.
También en la misma línea se expresó el portavoz de ICV-IU, Joan Herrera, quien pidió al Gobierno una evaluación ambiental "bien hecha, con rigor científico, algo que no se hizo con el trasvase del Ebro".
Expresó que la desalinización "no es la solución óptima" y apostó por la gestión de la demanda, al igual que la diputada de ERC, Rosa María Bonás, para quien el trasvase ponía en peligro el medio ambiente.
El diputado del CHA, José Antonio Labordeta, manifestó que la salmuera resultante de la desalinización no es un producto tóxico y pidió al PP que deje de "llamar a la guerra santa", porque de 200 informes científicos sobre el trasvase, 190 eran desfavorables.
EAJ-PNV se abstuvo en la proposición no de ley del PP y su diputado, Emilio Olabarría, señaló que cualquier decisión sobre la desalinización debe tener en cuenta los costes ambientales, económicos y sociales, mientras que el portavoz de CIU, Josep María Guinart, señaló que no hay unanimidad entre los científicos sobre el impacto ecológico de la desalinización.
