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OCM-Aceite: Martínez dice que el Gobierno no quedará de brazos cruzados en la OCM del aceite
La presidenta del PP-A, Teófila Martínez, aseguró esta tarde que el Gobierno de la nación "no va a quedarse de brazos cruzados" esperando las decisiones de la Unión Europea y que va a luchar para que la PAC y la reforma de la OCM del aceite beneficien a España y a Andalucía.
Martínez, que mantuvo en Baeza una reunión con agricultores, presidentes de cooperativas agrarias y comunidades de regantes y que después visitó al equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Jaén, defendió la labor que lleva a cabo el Ministerio de Agricultura y Pesca para que la reforma de la OCM del aceite afecte lo menos posible al sector oleícola.
"Esta es la línea de trabajo que lleva el PP en el Gobierno", aseguró Martínez, quien destacó que no es la primera vez que se lucha por defender los intereses de los españoles en Europa y que ya se han conseguido logros muy importantes en otras materias del sector primario.
Martínez se refirió también a los 21 años de gobierno socialista en Andalucía y criticó la falta de apoyos que los agricultores y las cooperativas agrarias han recibido en estos años.
Se refirió a la última memoria publicada por el CES Provincial de Jaén, en la que se resalta la desaceleración de la economía andaluza y de la jiennense, "que depende básicamente del monocultivo del olivar".
La dirigente del PP lamentó que en todo este tiempo el PSOE no se haya convertido en motor de la diversificación de las economías de las regiones andaluzas, muchas de ellas, como la jiennense, estancadas en el monocultivo y pendientes cada año de la cosecha de aceituna.
UE-Cereales: La cosecha de cereales de la UE descenderá un 5,7% la campaña 2003-04
La producción de cereales de la UE descenderá el 5,7 por ciento esta campaña y alcanzará 197,2 millones de toneladas, según las últimas estimaciones del Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas comunitarias (COPA-COGECA).
En España, la producción ascenderá a 20,6 millones de toneladas y caerá el 2,95 por ciento, según las mismas fuentes.
La cosecha de trigo en la UE sumará 95,4 millones de toneladas y bajará el 7,2 por ciento; dentro de este volumen, la producción de trigo blando (86,2 millones de toneladas) disminuirá el 7,3 por ciento y la de trigo duro (9,1 millones de toneladas) caerá el 6,3 por ciento.
El COPA-COGECA prevé que la producción de cebada (46,2 millones de toneladas) descenderá el 3,1 por ciento; la de maíz (39,4 millones de toneladas) disminuirá el 2,6 por ciento y la de centeno (3,6 millones de toneladas) descenderá el 23,6 por ciento.
La cosecha de avena (6,5 millones de toneladas) se reducirá el 5,4 por ciento y la de triticale (4,7 millones de toneladas) descenderá el 8,1 por ciento.
Dentro de las producciones españolas de cereales, el COPA-COGECA estima que la cosecha de trigo blando (4,2 millones de toneladas) disminuirá el 2,6 por ciento; la de trigo duro (2 millones de toneladas) aumentará el 5,5 por ciento y la de cebada (8,8 millones de toneladas) se incrementará el 13,5 por ciento.
La cosecha de maíz española permanecerá estable en 4,2 millones de toneladas; la producción de centeno alcanzará 203.000 toneladas, la de avena 948.000 toneladas, la de triticale, 75.100 toneladas, y la de sorgo 40.000 toneladas.
UE-Marruecos: La UE ve difícil el seguir este mes la negociación agrícola con Marruecos
Los Estados miembros y la Comisión Europea han constatado que "hay pocas posibilidades" de seguir este mes las negociaciones con Marruecos para alcanzar un nuevo acuerdo agrícola, informaron fuentes diplomáticas.
Los representantes del Ejecutivo comunitario que negocian en nombre de la UE no han descartado aún que prosigan las conversaciones con Rabat en julio "pero es muy difícil seguir hablando" antes de septiembre, una vez pasadas las vacaciones de agosto, según las fuentes.
La Comisión Europea informó a los Estados miembros del estado de las negociaciones para renovar el protocolo agrícola del Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos, en una reunión especial celebrada el pasado viernes.
La UE y Marruecos terminaron el pasado día 21 una nueva ronda, que concluyó sin acuerdo y desde entonces, la Comisión Europea "espera una nueva oferta" del Gobierno marroquí para que haya avances este mes.
La principal divergencia es la cantidad de cereales de la UE que Marruecos está dispuesto a importar, porque hasta ahora el Reino alauí "no ha hecho concesiones aceptables" para los negociadores comunitarios.
Las fuentes señalaron que en cereales, Marruecos ha presentado por escrito una nueva oferta, que ya sugirió verbalmente en la última sesión negociadora y que consiste en que la UE pueda exportar un contingente variable según la cosecha del país magrebí.
Añadieron que en la práctica supondría una media de 600.000 toneladas anuales y que es una cantidad inferior al nivel actual de exportaciones comunitarias.
Sin embargo, fuentes diplomáticas marroquíes explicaron que ese contingente podría alcanzar hasta 1,4 millones de toneladas.
Las fuentes marroquíes afirmaron que "un exceso de cereales de la UE pone en peligro a un gran número de agricultores" de este país mientras que en el tomate, producto en el que Rabat quiere incrementar sus exportaciones "el cultivo está más concentrado en menos productores".
Dentro de los Estados miembros, Francia -tradicional exportador de cereales- no aceptar menos de un millón de toneladas-; el objetivo de la UE en la negociación es alcanzar 1,6 millones de toneladas.
En tomate, los negociadores de ambas partes están dispuestos a que Rabat pueda vender a la UE cada campaña un contingente de 175.000 toneladas, a lo que se sumaría un volumen suplementario entre octubre y mayo; el cupo aumentaría gradualmente hasta alcanzar un total de 220.000 toneladas en cuatro años.
Para España, esta posibilidad "no es satisfactoria" y "está al límite" de lo que el sector español puede soportar, ya que la producción de la hortaliza marroquí compite con la de algunas zonas como Almería, Murcia o Canarias.
La Comisión Europea señaló a los Quince que la UE quiere alcanzar un acuerdo global con Marruecos, por lo que según lo que se consiga en cereales podría haber una rebaja en las concesiones de tomate, según las fuentes.
C. Valencia-Frutas: Los productores de nísperos podrán reducir los módulos en la declaración de la renta
La Unió de Llauradors i Ramaders-COAG informó de que los municipios alicantinos productores de níspero tendrán derecho a una reducción en los índices de rendimiento neto aplicables en la declaración de la renta del ejercicio 2002.
Según fuentes de este sindicato, el Ministerio de Hacienda publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 30 de abril una reducción de los índices de rendimiento neto aplicables en la declaración de la renta de 2002 para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales durante ese periodo impositivo.
La Unió-COAG exigió entonces tanto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como al de Hacienda que se modificara esa orden para incluir una serie de cultivos y municipios que no estaban contemplados inicialmente.
Entre las peticiones de inclusión se encontraban los municipios productores de níspero de la provincia de Alicante que, según las mismas fuentes, sufrieron "graves pérdidas económicas el año pasado por heladas, lluvias torrenciales y viento".
Ante la demanda del sindicato agrario el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha elaborado un informe en el que contempla que determinadas localidades alicantinas productoras de níspero tienen derecho a una reducción en los índices de rendimiento neto para el ejercicio 2002.
Las mismas fuentes aseguraron que "este informe ha sido remitido ya al Ministerio de Hacienda para que modifique esta normativa y que se abra un plazo de presentación de declaraciones complementarias por parte de los afectados".
El delegado de La Unió-COAG en la provincia de Alicante, Ernest Blasco, consideró que "se hace justicia con los productores alicantinos de nísperos, ya que sus rentas experimentaron el año pasado una reducción importante por siniestros meteorológicos que no estaban previstos en el sistema de Seguros Agrarios".
"Esta medida es positiva, pero llega tarde, pues el agricultor deberá realizar una declaración complementaria con la burocracia que ello conlleva", apuntó Blasco, para quien "se deja en evidencia a la Administración, que tiene que rectificar una orden por no estudiar con detenimiento a qué sectores se les debe aplicar la reducción de los índices de rendimiento en su declaración de la renta".
Según La Unió-COAG, los municipios alicantinos con derecho a esta reducción de los módulos son Aigües, Alfaz del Pi, Altea, Benidorm, Bolulla, Callosa d'En Sarriá, El Campello, Finestrat, La Nucía, Orxeta, Polop, Relleu, Sella, Tárbena, Villajoyosa, Calpe, Beniardá, Benimantell, Confrides y El Castell de Guadalest.
Congreso-Morosidad: El pleno rechaza la única enmienda de la totalidad del ERC del proyecto de ley de morosidad.
El pleno del Congreso de los Diputados en su última sesión extraordinaria antes de las vacaciones de agosto rechazó la enmienda a la totalidad presentada por ERC (Esquerra Republicana de Cataluña) al Proyecto de Ley que estable medidas de lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales.
De los 289 votos emitidos, 5 lo fueron a favor, 179 en contra, y hubo 105 abstenciones.
El ministro de Justicia, Jose María Michavila, resumió el objetivo de este Proyecto de ley en que "defiende al pequeño y mediano empresario" frente a las prácticas abusivas por el retraso en los pagos y confió en que en su trámite parlamentario, con carácter de urgencia, "se incorporen mejoras a este texto".
Esta norma, aprobada en el Consejo de Ministros del 27 de junio, que combate la morosidad en los pagos en las operaciones mercantiles entre las empresas o entre éstas y la Administración supone la transposición de una Directiva comunitaria de junio de 2000 para incorporarla al Derecho español.
Con el fin de evitar o reducir la morosidad, que genera que una de cada cuatro empresas entren en crisis, Michavila destacó que el texto impulsa cinco aspectos, entre ellos, que los actuales plazos de pago que se sitúa como media en España en los 74 días se reduzcan a un máximo de treinta días (sesenta cuando éstos se efectúen con las Administraciones Públicas).
La norma determina el devengo automático de los intereses de demora ya que la Ley establece que el deudor deberá abonar el interés fijo automáticamente, sin necesidad de aviso de vencimiento y aumenta el tipo de interés de demora, que será siete puntos superior al tipo aplicado por el Banco Central Europeo.
Otro eje de actuación de la ley es que otorga al acreedor el derecho a reclamar al deudor una compensación razonable por los costos de cobro y también se permite al juez, asimismo, modificar los acuerdos entre las partes si éstos son menos beneficiosos para el acreedor que los previstos en la Ley.
El diputado de ERC Joan Puig-Cercos criticó a las "vacas sagradas del PP" que son las grandes constructoras (ACS, Dragados o FCC, entre otras) y los grandes centros comerciales como Carrefour mientras que 48.000 empresas que subcontratan se ven damnificadas por los retrasos en los cobros de sus obras o distribución de productos.
"Es una ley injusta, que llega tarde", agregó, y "que beneficia a los amigos del Gobierno, a los grandes, y que creará caos en los Ayuntamientos que no podrán afrontar los pagos a 30 días ya que no disponen de un mecanismo de financiación".
Manifestaron su voto en contra el diputado de CC Luis Mardones, el de IU, Francisco Frutos y el de CiU Josep Sánchez i Llibre y todos coincidieron en destacar el retraso en la puesta en marcha de esta normativa aunque el diputado del PSOE Joaquín Sánchez Garrido reiteró la necesidad de esta norma en apoyo de las pymes.
Sánchez i Llibre recordó la falta de cultura de pago en España y avanzó que su grupo presentará enmiendas parciales para que entre otros aspectos se modifique el tipo de interés que cobran los bancos por descubiertos en las tarjetas de crédito que alcanza el 23 por ciento "lo que es abusivo, y no real con los tipos actuales, por lo que hay que fijar un máximo".
Ley de Arrendamientos: Los agricultores preocupados por el anteproyecto de la ley de arrendamientos
Las cooperativas y las organizaciones profesionales agrarias mostraron su preocupación por el anteproyecto de ley de arrendamientos rústicos, no obstante, confiaron en que el trámite parlamentario cambie aspectos "fundamentales" de esta ley para la viabilidad del sector.
El Pleno del Congreso rechazó las tres enmiendas a la totalidad del anteproyecto de ley de arrendamientos rústicos presentadas por PSOE, IU y BNG para su devolución al Gobierno por 175 votos en contra, 111 a favor y dos abstenciones.
La Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE) criticó la filosofía de la ley, ya que en ella subyace que "la prioridad del Gobierno no es facilitar los medios de producción a los agricultores, sino que se busca otro destino de las tierras".
Para CCAE es necesario, que si con esta ley se quiere dar cabida a las sociedades como arrendatarias, se dé una prioridad a las sociedades cooperativas sobre el resto y especialmente para aquellos casos en los que un socio de la cooperativa se jubila, para que la entidad no pierda capacidad de producción.
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) cree que la ley se ha de revisar para que "se adapte a la realidad", ya que incluso va contra las normas comunitarias, que exigen para todos sus programas una permanencia de cinco años, mientras que la ley indica que sólo serán tres los mínimos obligatorios.
Para esta organización agraria este es el punto "más importante" de la ley y espera que "en el trámite parlamentario se modifique", al igual que otro asunto "primordial" como es el derecho de tanteo y retracto que esta ley pretende eliminar.
Para la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) esta ley facilitará que "las tierras queden en manos de cuatro", ya que es "un traje a medida de grandes corporaciones y especuladores" y "da la espalda a los agricultores".
La Coordinadora pidió que se mantenga el requisito del arrendatario como profesional de la agricultura y que se mantenga la actual duración de los contratos, así como que los derechos de tanteo, retracto y adquisición preferente.
Para la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) el Gobierno pretende llevar a cabo una "profunda reforma en nuestra agricultura con graves perjuicios sociales, territoriales y medioambientales en los que los grandes perjudicados serán las pequeñas y medianas explotaciones agrarias de carácter familiar".
La organización criticó "la opacidad" del Ministerio de Agricultura en la elaboración de esta ley, porque no entiende "las prisas" por modificar una normativa que "no se ha discutido ni consensuado con las organizaciones agrarias", en referencia a su tramitación por urgencia.
Agricultura-Marruecos: La Mesa Hortofrutícola de Almería rechaza el aumento de cupo de tomate a Marruecos
La Mesa Hortofrutícola de Almería manifestó su rechazo a cualquier aumento del cupo de exportación de tomate de Marruecos a la Unión Europea.
Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado la Mesa en una reunión para analizar las consecuencias que para el sector hortofrutícola de Almería tendría la ampliación de este cupo de tomate.
En un comunicado, la Mesa de Almería consideró que "los perjuicios derivados de este acuerdo para el sector son muy graves, ya que cualquier concesión a Marruecos que signifique aumentar el cupo actual de tomate a la UE, en las fechas de producción almeriense, podría hacer desaparecer el cultivo del tomate en la provincia".
Recordó que en el anterior acuerdo agrícola de la UE con Marruecos, "España ya hizo concesiones, aumentando el cupo de tomate marroquí a los mercados europeos, en las fechas de producción y comercialización almeriense".
"La agricultura almeriense siempre se ha visto perjudicada en estas negociaciones", señaló la Mesa Hortofrutícola, que añadió que "el sector no puede soportar una nueva ampliación del contingente de tomate marroquí en la época en que el mercado europeo no admite mas producto".
Según la Mesa Hortofrutícola de Almería, "inevitablemente, un nuevo aumento significaría que cada tonelada de tomate que se conceda a Marruecos, es una tonelada menos que los productores y exportadores almerienses podrán vender y esta situación hundiría la economía del sector hortofrutícola de Almería".
Por este motivo, solicitó al Gobierno que se oponga a las nuevas concesiones de aumento de cupo de tomate a Marruecos y sobre todo que no coincidan en las fechas de producción y exportación del sector hortícola de Almería, porque esta provincia ya se ha visto perjudicada por anteriores acuerdos agrícolas.
Ley Subvenciones: El Congreso rechaza todas las enmiendas de la totalidad de Ley de Subvenciones
El Congreso de los Diputados rechazó con el voto del PP y de Coalición Canaria, las seis enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición al Proyecto de Ley General de Subvenciones.
Las enmiendas de PSOE, IU, CiU, BNG, ERC y PNV reclamaban la devolución del texto al Ejecutivo, ya que, en su opinión, el único objetivo del proyecto de ley es recortar las competencias que las autonomías tienen en materia de subvenciones.
Además, los seis partidos coincidieron en denunciar la falta de diálogo del Gobierno con las autonomías y los entes locales, a pesar de que serán las administraciones más afectados por la nueva regulación.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defendió el texto elaborado por el Gobierno e indicó que su objetivo es mejorar el control en la concesión y utilización de las subvenciones públicas, cuyo volumen ha aumentado significativamente en los últimos años sin que se haya adaptado la legislación a esta relevancia creciente.
Montoro explicó que la Ley de Subvenciones completa a la de Estabilidad Presupuestaria, al incidir en la contención del gasto público y en la mejora de la protección social y de la generación de riqueza.
El titular de Hacienda consideró que esta ley da "un paso más" en el proceso de modernización de la gestión pública, ya que persigue elevar el ahorro y la eficiencia en el gasto y la máxima eficacia en la consecución de los objetivos públicos.
Sin embargo, el diputado de CiU Josep Sánchez Llibre aseguró que el Gobierno quiere "vaciar, laminar, invadir y erosionar el máximo de competencias autonómicas y volver a la España unificada de los años ochenta", lo que representa "un proceso preocupante de involución autonómica".
Al respecto, Carlos Aymerich, del BNG, destacó que el Ejecutivo ha aprovechado el período estival para "recortar las competencias autonómicas más de allá de lo permitido por la jurisprudencia constitucional", en base a una ideología "falsa" de que el Estado es el garante de la igualdad.
También desde el Grupo Mixto, el parlamentario de ERC Joan Puigcercós opinó que la filosofía del Gobierno radica en considerar a los ejecutivos regionales como "entes menores de edad proclives al despilfarro y a la corrupción".
Francisco Frutos, de IU, además avisó de que la nueva regulación de las subvenciones es "arbitraria" y "sólo acentuará la transferencia de renta a las organizaciones más afines" al Gobierno.
También coincidió en lo "arbitrario y opaco" del texto el diputado socialista Francisco Fernández Marugán, que pronosticó que la futura ley será un "elemento conflictivo", puesto que el Gobierno no ha hecho "nada para lograr la cooperación y la colaboración de las autonomías".
El Proyecto de Ley de Subvenciones gradua las infracciones en que pueden incurrir los beneficiarios de las mismas -leves, graves y muy graves- y establece sanciones, que pueden consistir en multas o en la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o firmar contratos con la Administración durante un periodo determinado.
La norma establece que los órganos que conceden subvenciones deberán elaborar planes estratégicos en los que definan objetivos, plazos, costes, fuentes de financiación y prioridades de las subvenciones.
Las subvenciones deberán hacerse públicas y se creará una base de datos nacional con todas las concedidas por las Administraciones Públicas, además de un estatuto jurídico de los beneficiarios, con todos sus derechos y obligaciones.
El proyecto de ley seguirá su tramitación parlamentaria en septiembre, con el debate de las enmiendas parciales en comisión y después en Pleno, y será remitido a continuación al Senado, que lo devolverá al Congreso para su aprobación definitiva.
