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UE-Agricultura: Las cooperativas agrícolas valoran la aprobación del nuevo estatuto
El Comité que agrupa a las cooperativas agrícolas europeas (COGECA) valoró que el Consejo de la UE haya aprobado la creación de un estatuto para las sociedades cooperativas europeas (SCE).
Esta organización expresó, en un comunicado, su satisfacción por que la UE haya aprobado el reglamento por el que se establece los estatutos de la SCE y la directiva relativa a la participación de los trabajadores, con la que se completa dicho reglamento.
El COGECA señaló que el reconocimiento de las especificidades y del espíritu cooperativista a escala europea es "un gran paso adelante" para las cooperativas agrarias, por la tan creciente necesidad de cooperación internacional que se observa, según se van liberalizando los intercambios comerciales.
La UE aprobó, tras diez años de negociaciones, la creación de un estatuto para las sociedades cooperativas europeas (SCE), que podrán contar a partir de 2006 con una personalidad jurídica única.
El nuevo estatuto animará a este tipo de sociedades a "explotar las oportunidades transfronterizas" y "reforzará la competitividad de Europa", indicó la CE en un comunicado.
Un grupo de al menos cinco ciudadanos europeos podrá formar una cooperativa europea con un capital mínimo de 30.000 euros, la cuarta parte de lo que exige el estatuto de la sociedad europea (SE) adoptado en 2001.
Los países miembros tienen a partir de este momento tres años para transponer esta directiva europea a su legislación nacional, de manera que el estatuto podrá ser reconocido a partir de 2006.
UE-Transgénicos: Ecologistas rechazan e industrias apoyan las ideas de coexistencia de los OGM
Los ecologistas rechazaron las orientaciones de Bruselas sobre la coexistencia de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) con otros tipos de agricultura, que fueron apoyadas por las industrias del sector de biotecnología.
Las organizaciones Greenpeace, Amigos de la Tierra y la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB, en inglés) criticaron el documento presentado por la Comisión Europea en el que señala que la convivencia entre cultivos OGM, convencionales y ecológicos es competencia nacional o regional y no comunitaria.
Los ecologistas rechazaron, en un comunicado, que se aplique tanto en productos obtenidos con agricultura convencional como biológica, un etiquetado obligatorio si el producto final contiene más de un 0,9 por ciento de OGM.
Señalaron que las recomendaciones de Bruselas "son inaceptables, porque supondrán la muerte de la agricultura biológica".
Estas organizaciones valoraron, sin embargo, la posibilidad de que puedan aplicarse medidas regionales para evitar la contaminación, porque "abre la puerta a prohibiciones regionales de los OGM".
Por su parte, la asociación EuropaBio, que agrupa a las industrias europeas de biotecnología, afirmó que las orientaciones sobre coexistencia "incrementan la capacidad de elección para los agricultores, fabricantes y consumidores", según un comunicado.
EuropaBio señaló que las directrices de Bruselas muestran que es necesario "flexibilidad" al legislar sobre las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los cultivos, porque varían de una zona a otra y de cultivo a cultivo.
Las industrias añadieron que las leyes nacionales ofrecen posibilidades suficientes para establecer compensaciones por pérdidas económicas en caso de mezcla involuntaria entre OGM y otros tipos de agricultura.
Seguros Pastos: Los seguros de sequía en pastos se amplía a barbechos y rastrojos en el 2003
La línea de seguros para siniestros de sequía en pastos se ampliará a otra superficies que sirven de alimentación al ganado como barbechos, rastrojos, montes y matorrales.
Así consta en las normas de contratación para el 2003, establecidas por la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Agroseguro, entre las que se agrega estas superficies a las praderas y pastizales que ya incluidas anteriormente.
Fuentes de esta entidad explicaron que con el nuevo estudio de viabilidad sobre otros terrenos de aprovechamiento ganadero, la medición de riesgos de sequía en espacios con escasa información de pastos se realizará tomando en cuenta estas superficies, con lo que se eliminan las agrupaciones de comarcas
UE-Transportes: Palacio, hay que actuar por etapas en la fiscalidad del uso de carreteras
La vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) y comisaria de Transportes, Loyola de Palacio, considera que "hay que actuar por etapas" en la regulación en la UE de la fiscalidad que se aplica a los camiones por el uso de carreteras.
De Palacio, impulsora de la propuesta al respecto que la CE puede aprobar, consideró el texto como un "auténtico avance", en una entrevista publicada por el diario económico francés "La Tribune".
"Lo más importante -afirma- es que la directiva sea adoptada por los ministros y el Parlamento Europeo y en un plazo de tiempo razonable, ya que otros elementos de nuestra política de transportes pueden verse afectados".
La propuesta, que modifica la actual directiva (ley-marco europea) de 1999 y plantea trasladar parte de los costes que supone el uso de las infraestructuras a los usuarios, cuenta con opiniones divergentes entre los comisarios europeos, algunos de los cuales se oponen al texto o a algunas partes del mismo.
De Palacio asegura que ha "debido tomar en cuenta algunas realidades", como que "las emisiones de gas contaminantes ya están gravadas" en los carburantes o que "hoy en día es imposible cuantificar el 'coste del ruido'".
Sin embargo, insiste en que "el objetivo no es resolver todos los desequilibrios actuales del mercado de transportes ni penalizar a los camioneros", sino "permitir unas tarifas (de peaje) más equitativas que se modularán en función del uso efectivo de las infraestructuras".
"El precio a pagar por el camionero variará en función del tipo de vehículo, de energía utilizada, del eje, de la distancia recorrida o el momento del día", explica.
La comisaria europea insiste también en que la recaudación "será invertida exclusivamente en las infraestructuras" y añade que "para evitar todo 'desvío' hacia otros objetivos, preconizamos la designación de gestores independientes a nivel nacional o regional que velarán por la justa asignación" de esas tarifas.
La directiva prevé que en ciertas zonas sensibles, como las regiones montañosas, pueda llevarse a cabo una "financiación cruzada", así como que una parte de la recaudación de los peajes puedan utilizarse para desarrollar infraestructuras ferroviarias.
Frutos Secos: El MAPA y Grau acuerdan el estudiar la ayuda complementaria para la avellana
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y el consejero de Agricultura de Cataluña, Josep Grau, acordaron estudiar la concesión a los productores de una ayuda complementaria a la avellana, que se sumaría a los 241,5 euros por hectárea aprobados por la Unión Europea.
Grau señaló, tras la reunión mantenida con el ministro de Agricultura en Madrid, que estas ayudas adicionales a la avellana "son necesarias para minimizar los altos costes de producción de este fruto seco y la presión en el mercado por la entrada excesiva de avellana turca a bajos precios".
Detalló que estas ayudas deben materializarse a través de la revisión del programa de desarrollo rural, esto es, "que se inicie la tramitación del reajuste del programa de desarrollo rural para estudiar mejoras de las ayudas agroambientales".
El consejero de Cataluña apuntó que en los próximos días iniciará conversaciones con los responsables de agricultura de la Comunidad Valenciana, la otra Comunidad productora de avellana junto con Cataluña, para "intentar acercar posiciones en torno a las ayudas que se van a otorgar a los productores de este fruto seco".
Detallo, en cuanto a las ayudas que se van a conceder al resto de frutos secos, que ha solicitado a Arias que pida a Bruselas que autorice como "ayudas de Estado" los 241,5 euros por hectárea que van a aportar conjuntamente el Ministerio y las Comunidades Autónomas para el 2003.
Señaló que si Bruselas da la autorización, la orden de ayudas será aprobada en conferencia sectorial el próximo 6 de octubre, y se prevé que el pago a los productores se realice "antes de que finalice el año, o a mucho tardar a principios de 2004".
Grau resaltó que la orden de ayudas deberá contemplar también que aquellas Comunidades Autónomas que no puedan pagar en el año 2003, porque no lo tengan previsto en sus presupuestos, puedan realizar el pago en 2004.
Anunció que el ministro se ha comprometido también a iniciar conversaciones con las otras cinco Comunidades Autónomas productoras de frutos secos para fijar una reunión entre todos los directores generales de las mismas y fijar unas ayudas "similares" que eviten la competencia desleal entre productores de diferentes comunidades.
Advirtió que Cataluña no pretende entrar en competencia con otras comunidades, tal como ya se manifestó en la conferencia sectorial del pasado lunes, día 21, y por ello se comprometió a buscar "por solidaridad el término medio para que ningún productor de ninguna región de España salga perjudicado".
Grau recordó que a partir de 2004 la cofinanciación "será mucho menor, ya que el 50 por ciento lo aportará Bruselas y el otro 50 por ciento se distribuirá, con toda probabilidad, entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Agricultura".
Canarias-Agricultura: Asaga advierte que el tomate y la papa canaria pueden desaparecer
El presidente de la Asociación de Provincial de Agricultores y Ganaderos (Asaga), Fernando Jiménez, advirtió de que el tomate y la papa canaria pueden desaparecer del mercado si no se toman medidas destinadas a controlar la crisis que padecen ambos sectores.
Jiménez, que presentó a la nueva junta directiva de la asociación en la que ha sido reelegido presidente, señaló que la entrada de una plaga, conocida como polilla guatemalteca, ha ocasionado importantes daños a la papa canaria en innumerables cultivos.
Respecto al tomate canario, el presidente de Asaga culpó a una semilla de mala calidad como la causante de los daños que ha sufrido el sector en la presente temporada y que ha hecho perder clientes importantes a la mayoría de los agricultores.
Jiménez, si embargo, se mostró esperanzado por la decisión del Ejecutivo canario de potenciar la agricultura y la industria de Canarias en los próximo años, dado que existe una moratoria en la construcción.
El presidente de Asaga, que realizó un balance de la situación de la agricultura y ganadería canaria, aportó por dar continuidad a las políticas agrícolas y ganaderas independientemente de la persona que ocupe la consejería de Agricultura.
"En este sentido, vamos a proponer a la Consejería la elaboración de un Libro Blanco de la agricultura y de la ganadería para dar continuidad a las políticas que se impulsen desde la misma, algo que ya se está haciendo a nivel nacional", aseguró.
Jiménez demandó también agua de mejor calidad y más barata para los regadíos de forma que la calidad de los productos sea mejor, y anunció que dentro de tres meses la Guarida Civil se hará cargo de los controles fitosanitarios en puertos y aeropuertos para evitar nuevas plagas.
"En los diez últimos años hemos tenido 12 plagas y enfermedades que no sólo ponen en peligro la producción agrícola sino también la salud de los consumidores, por eso necesitamos un control efectivo sobre los productos que entran de fuera", subrayó Jiménez tras anunciar que acababa de hablar con representantes del Instituto Armado.
El presidente de Asaga enumeró además los problemas con los que se enfrentan los jóvenes agricultores; entre los que destacó el elevado valor del suelo, la fuerte inversión para poner en marcha la explotación, la incertidumbre de las producciones y de los precios; y la penosidad del trabajo.
Para lograr que los jóvenes se interesen por la agricultura, Jiménez dijo que es necesario mayores facilidades económicas o de aval; mejor formación, un apoyo decidido para montar su propia explotación y oferta a los alumnos que terminan su formación.
El presidente de los agricultores aseguró que la creación de Asagatours, empresa dedicada a dar a conocer a los visitantes el campo canario, puede ser una fuente de ingresos para agricultores, ganaderos y empresas, además de que puede crear nuevos puestos de trabajo.
Sobre los sectores, Jiménez dijo que el plátano canario debe aumentar su calidad y que la forma de cultivo ecológica o integrada y el apoyo promocional de la Administración pueden mantener el cultivo a sus niveles actuales, aunque mostró preocupación por lo que puede ocurrir a partir del 2005 cuando el mercado se liberalice.
"Espero que los estudios que están realizando desde Bruselas sirvan para tranquilizar al sector", agregó.
Sobre el tomate, a parte del problema de la semilla de baja calidad, Jiménez señaló que existe gran inestabilidad en el sector, y que la elevación del cupo que pide Marruecos (220.000 toneladas) para los próximo años puede ser un golpe muy fuerte para el tomate canario.
Sobre flores y ornamentales, Jiménez dijo que era un sector estable, aunque también advirtió sobre la entrada de flores de Israel, Colombia y Zimbawe.
El vino lo calificó Jiménez de sector estable y señaló que la idea de llevar a los turistas a las bodegas canarias va a se beneficioso para los agricultores.
Sobre las papas, el presidente de Asaga, además de advertir sobre la plaga actual, dijo que era muy difícil competir con las papas que viene de fuera y solicitó más ayudas para la mecanización.
Respecto a la ganadería, Jiménez dijo que el mantenimiento de las ayudas de la PAC (política agraria común) ha dado un respiro a la misma.
UE-Agricultura: OLAF destaca las carencias en los controles de las ayudas agrícolas
La Oficina Europea para la lucha Contra el Fraude (OLAF) destacó que el "nivel de control de los programas relativos a las ayudas agrícolas es más bien bajo en algunos Estados miembros" en un informe publicado.
La OLAF abrió entre junio de 2001 y 2002 un total de 552 investigaciones por irregularidades, de las que un 14 por ciento (77 casos) correspondieron a agricultura, según el balance de actividades esta institución.
El informe indica que durante el citado período ha identificado deficiencias "que han permitido la aparición de irregularidades" y cita como ejemplos los programas de retirada de tierras en Grecia y los problemas que "subsisten en España e Italia en materia de cuotas lácteas".
La OLAF señala que más de la mitad de los casos detectados en el sector agrícola eran de escaso valor y se transmitieron a los Estados miembros para que estos hicieran el oportuno seguimiento.
Por otro lado, y dentro del sector de aduanas, la OLAF destaca que continúan los casos de fraude en cuanto al origen y al valor del pescado.
Estas irregularidades se deben al elevado nivel de los derechos de aduana que se aplican a los productos pesqueros, que lleva a los operadores "deshonestos" a declarar que los alimentos proceden de países con gravámenes más favorables o a dar un valor más bajo a sus productos.
Por otro lado, los operadores tratan de sortear la normativa comunitaria debido a los requisitos sanitarios.
En cigarrillos e impuestos especiales, la OLAF detectó 45 casos nuevos, el 8 por ciento del total.
UE-Transgénicos: La CE sugiere acuerdos de los agricultores para prohibir los OGM en una zona
La Comisión Europea planteó que un grupo de agricultores decidan voluntariamente prohibir el cultivo de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en una zona determinada.
Bruselas aprobó un conjunto de orientaciones para asegurar la coexistencia de los OGM o transgénicos con cultivos convencionales y biológicos, en las que señala que este asunto debe ser competencia de los Gobiernos nacionales, regionales, con la colaboración de los agricultores.
La Comisión Europea sugirió que cada país debe aplicar actuaciones específicas para garantizar la compatibilidad de los distintos cultivos "según sus condiciones climáticas y su agricultura", según explicó el comisario de Agricultura, Franz Fischler, en conferencia de prensa.
Fischler señaló que es favorable a que los agricultores se reagrupen voluntariamente para decidir que en una zona no se planten OGM o para crear una "biorregión" o área dedicada a la agricultura biológica.
De esta forma, los productores pueden suscribir un contrato conjunto para unificar la producción de una zona.
Señaló que el establecimiento de este tipo de áreas podría ser un argumento a la hora de vender el producto o, por ejemplo, un reclamo turístico.
Por otro lado, los agricultores que quieran usar OGM en sus explotaciones deberán informar a los propietarios de las fincas vecinas.
Remarcó que, sin embargo, las autoridades públicas nacionales o regionales no podrán declarar una región o una autonomía "libre de OGM".
Fischler resaltó que la "subsidiariedad" sobre la convivencia de OGM con otras agriculturas "no significa que los Estados miembros tengan carta blanca".
La Comisión Europea insiste en que los problemas derivados de la coexistencia son económicos y no sanitarios ni ambientales, porque en todo caso se refiere a OGM autorizados y sin riesgos para la salud.
Aclaró que el documento presentado "no tiene que ver directamente con la moratoria de facto" que existe actualmente a la autorización de nuevos OGM en la UE, debido a que algunos países se niegan a comercializar estos organismos en su territorio.
El Ejecutivo comunitario planteó medidas como el establecimiento de distancias seguridad entre los campos, obstáculos a la circulación del polen, como setos, entre otras precauciones para evitar la mezcla accidental de OGM.
Sugirió el uso de variedades vegetales con menos polen o la limpieza adecuada de las máquinas cosechadoras.
Respecto a la responsabilidad, Fischler señaló que los Estados miembros deben ajustar su Derecho privado para ver si las leyes ofrecen la protección requerida para garantizar la coexistencia, tanto del agricultor dedicado a la producción ecológica como del productor que quiere plantar OGM.
Explicó que para evitar la contaminación transfronteriza entre campos de dos países, ya está previsto que los Estados miembros tengan en cuenta este punto en sus legislaciones privadas.
El comisario recalcó que las directrices aprobadas por la Comisión Europea "no son jurídicamente vinculantes" y no se fuerza a que cada Estado miembro tenga que poner en marcha una normativa sobre coexistencia en un plazo determinado.
