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Reforma PAC: Arias, España no está sola y hemos mejorado la propuesta de Comisión
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias Cañete, señaló esta tarde, en el curso de una conferencia de prensa, que "España no está sola en las negociaciones, como algunos han dicho, y hemos mejorado notablemente las propuestas de reforma de la Comisión Europea".
Arias, quien resaltó el compromiso de todos sus colegas de intentar cerrar el acuerdo la próxima semana, indicó que España ha logrado que el desacoplamiento de las ayudas en cereal quede en el 70 por ciento y en vacuno en el 50 por ciento aunque las ayudas a las vacas nodrizas se percibirán íntegras".
Indicó que en arroz, "donde sí hemos librado la batalla en solitario", se ha conseguido que la penalización por rebasamiento de cuota que era superior al 40 por ciento no llegue al siete por ciento, mientras el precio de intervención se fija en 150 euros.
Resaltó que en trigo duro, donde la propuesta de la Comisión era "durísima, hemos recuperado, con ayuda de Italia, algo más de 25 euros hasta situarnos en los 27,25 euros", mientras en forrajes desecados "mantendremos de forma permanente la ayuda a la industria".
Entre los asuntos que más preocupan al ministro está la propuesta de ayuda a los frutos secos, situada inicialmente en 100 euros, "a todas luces insuficiente, ya que hemos de alcanzar los 241,50 euros porque de este sector dependen más de medio millón de hectáreas y 100.000 familias de zonas desfavorecidas y con fuerte competencia exterior".
Recalcó que las producciones mediterráneas mantendrán su estatus, en líneas generales, "pese a que Fischler aseguraba que no habría dinero si no se desacoplaban más hectáreas, pero eso hubiera sido desnudar a un santo para vestir a otro".
A juicio del ministro, la aplicación de la modulación, "aún en discusión por la oposición radical de algunos países como Alemania será un elemento de cohesión que aportará a España en el periodo 2007-2013 unos 1.400 millones de euros, a los que habría que añadir 240 millones del arroz, pero esta reforma no puede sólo medirse en parámetros económicos si se pierden explotaciones".
El ministro dijo que durante este fin de semana mantendrá conversaciones bilaterales con sus homólogos europeos, "lo que demuestra que no estamos solos, estamos muy bien acompañados".
Hizo hincapié en que en el reparto de la modulación, que prevé que ningún Estado reciba menos del 80 por ciento de lo que aporte, y se conformó una minoría de bloqueo entre Alemania, Dinamarca, Suecia, Gran Bretaña y Holanda, "que esperemos pueda reconducirse la semana que viene".
UE-Plátano: El Tribunal de Justicia confirma la sanción a España por las ayudas al plátano
El Tribunal de Justicia de la UE ha confirmado la decisión de la Comisión Europea de sancionar a España por las irregularidades cometidas en la concesión de ayudas para el plátano de Canarias durante los años 1995 y 1996.
El Tribunal desestima el recurso presentado por España contra una multa de 2,57 millones de euros, que el Ejecutivo comunitario impuso por considerar que se habían declarado plátanos que no habían sido realmente comercializados o que no cumplían los estándares de calidad, en una sentencia difundida.
Los jueces comunitarios recuerdan que, con motivo de una inspección efectuada en 1997, la Comisión comprobó que, durante los años 1995 y 1996, "cantidades significativas de plátanos que habían sido contabilizadas, se habían vendido en el mercado local de las islas Canarias a precios extremadamente bajos, inferiores a 10 pesetas por kilo y que podían incluso llegar a 1 peseta por kilo".
En el año 2000, la Comisión Europea aplicó una corrección financiera a las ayudas, después de que sus inspectores comprobaran la emisión de facturas "que reflejaban un precio simbólico", ante el riesgo de que "correspondieran a plátanos no vendidos o de calidad inferior a las normas comunes".
El fallo del Tribunal desestima uno a uno los motivos alegados por las autoridades españolas en su recurso.
En primer lugar, rechaza el argumento español según el cual la Comisión Europea había extraído conclusiones erróneas al negarse a aceptar los gastos efectuados en 1995, que ya habían sido liquidados.
Descarta otro argumento español sobre la supuesta utilización por parte de la Comisión de datos erróneos y de una mala interpretación.
En este sentido, el Tribunal considera que Bruselas "no cometió error alguno al pedir información referente a 1995 y 1996 y al utilizar los únicos datos que España les proporcionó, y que no rectificó ni siquiera después de que la Comisión le instase a ello".
Además, estima que el Gobierno español no presentó a la Comisión "pruebas tangibles de la realidad de las ventas a precios anormalmente bajos, ni de la conformidad de los plátanos objeto de dichas ventas con las normas comunes de calidad".
Añade que "la Comisión no cometió ningún error al mantener sus conclusiones iniciales sobre la improbabilidad de que las ventas controvertidas hubieran tenido lugar de conformidad con la normativa comunitaria y sobre la necesidad de aplicar una corrección financiera".
Por último, el Tribunal estima que decisión del Ejecutivo comunitario está motivada, porque "las autoridades españolas estuvieron estrechamente asociadas al proceso de elaboración de la decisión y conocían las dudas de la Comisión y las razones por las cuales tenía intención de aplicar una corrección financiera".
Andalucía-Hortofrutícola: Jornadas que analizan el comercio de fruta fresca y pesticidas en cítricos
Las nuevas perspectivas de desarrollos de la fruta fresca ha sido uno de los asuntos estrella de los que se han debatido en la segunda sesión de las Jornadas Técnicas que se desarrollan en el marco de la I Feria de la Fresa y los Cítricos Onubense, Expo-Citfresa.
Según informó la organización en un comunicado, las perspectivas de futuro que para el sector marca el desarrollo de estas nuevas gamas han generado una gran expectación entre los profesionales que asisten a estos encuentros técnicos.
Los empresarios presentes en las jornadas han participado en el debate que se ha generado tras la exposición del responsable en Andalucía y Extremadura del Centro Tecnológico Agroalimentario -AINIA-, Juan Molina Alvarez.
Además de este asunto se han abordado otros de interés para el sector, como los tratamientos alternativos al uso de pesticidas para el control de la podredumbre en cítricos, a cargo de José María García, del Departamento de Fisiología y Tecnología de los productos vegetales, del Instituto de la Grasa, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Los empresarios han conocido además las exigencias de los mercados europeos en materia de buenas prácticas de producción y manipulación, además de las nuevas variedades de cítricos que experimenta la Universidad de California, la trazabilidad en la industria agroalimentaria y el presente y futuro de la Certificación de Calidad en la provincia de Huelva.
El alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán (PSOE), destacó el éxito de las jornadas agrícolas, "gracias en gran medida al importante elenco de profesionales, expertos e investigadores que han pasado por aquí para exponer los últimos avances y analizar no ya sólo el presente sino el futuro del sector", dijo.
La jornada acogió además la clausura de las sesiones profesionales, con una ponencia sobre la 'Informatización de la Producción Integrada', y debates sobre otros dos asuntos de interés para el sector, como la Hidroponía o producción de la fresa en sustrato, y el control biológico.
Castilla La Mancha-OCM Aceite: Las Cooperativas piden una nueva OCM proteja olivar baja producción
Las federaciones y uniones de cooperativas de Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia, Extremadura, Aragón y Murcia han coincidido en que la nueva Organización Común de Mercado (OCM) del Aceite debe ir dirigida a proteger el olivar de baja producción.
Según informó la Unión de Cooperativas de Castilla-La Mancha (UCAMAN) en una nota de prensa, las cooperativas de estas seis comunidades autónomas, que representan el 39 por ciento de la superficie de olivar española, han coincidido en que la reforma de la OCM debe contener, en primer lugar, la concesión de una ayuda por hectárea que garantice una rentabilidad fija para poder cubrir los costes de cultivo en las zonas de olivar de baja producción.
En opinión de la organización, esta ayuda se puede conseguir, bien distribuyendo la ayuda mayoritariamente por superficie o dentro de los fondos de la propia OCM, reservando una parte del presupuesto español que se distribuiría linealmente entre las hectáreas de baja producción, que están situadas básicamente en zonas desfavorecidas.
Castilla-La Mancha está definida como zona desfavorecida por sus condiciones edafológicas y climatológicas, aunque el sector olivarero es el tercero en importancia por su peso socioeconómico en el sector agrario regional, con más de 80.000 olivicultores y 230 almazaras.
UCAMAN considera que la defensa de una postura que prime el olivar de baja producción es "vital" para el mantenimiento del tejido industrial cooperativista olivarero, cuya producción representa al 64 por ciento del total regional.
Por ello, esta organización cree que la reforma debe incluir un aumento del presupuesto comunitario que se dedica a España para las ayudas al olivar, ya que actualmente no está adaptado a la realidad del olivar español, pues cuando se fijó la cuota la realidad productiva era muy distinta a la de los últimos años.
La tercera de las propuestas de las cooperativas de estas seis comunidades autónomas es mejorar los mecanismos de sostenimiento del mercado, ya que, dadas las altas producciones que se esperan en España en los próximos años, es necesario un mecanismo automático que garantice que los precios de mercado no se derrumban por debajo de un determinado nivel.
UCAMAN dice que el mecanismo que existe en la actualidad "es claramente ineficiente, por su rigidez y falta de adecuación con los niveles de mercado de los últimos años".
Añade que "los olivares de estas zonas definidas como de baja productividad no pueden seguir basando su ayuda en la producción únicamente, ya que las penalizaciones que se avecinan para los próximos años se pueden situar en algunas campañas incluso por encima del 50 por ciento, y la continuidad de este cultivo se vería seriamente amenazada".
Por ello, demanda una ayuda fija por hectárea en estas zonas y que una importante parte del presupuesto de la OCM que se apruebe se dedique al olivar de menor producción, ya que éste no contribuye a la sobreproducción de aceite por la cual se penaliza de forma indiscriminada a todos los olivicultores.
En el año 1998, cuando se introdujo la ayuda por producción, desde la propia Comisión Europea se reconoció que esta ayuda perjudicaría la rentabilidad de los olivares de baja producción, como los que existen en grandes zonas de Castilla-La Mancha, y se prometieron unas ayudas que cinco años después no han llegado, por lo que, a juicio de UCAMAN, es "momento de demandar y conseguir una compensación largamente esperada y merecida".
Las negociaciones de la reforma del sistema de ayudas al aceite de oliva, prevista para que entren en vigor durante el segundo semestre de 2004, comenzarán en breve.
Andalucía-Agricultura Ecológica: La Junta pretende que la agricultura ecológica ocupe un 10 % de la superficie de cultivo
El Plan Estratégico de la Agricultura Ecológica de Andalucía impulsado por la Consejería de Agricultura pretende conseguir que la superficie destinada en la comunidad a este tipo de cultivos represente en cinco años el 10 por ciento del total de las hectáreas cultivadas.
El consejero de Agricultura y Pesca, Paulino Plata, afirmó en conferencia de prensa que actualmente los cultivos ecológicos suponen cerca del 4 por ciento de la superficie cultivada y destacó que el reto de llegar al 10 por ciento es "perfectamente alcanzable", si bien indicó que lo verdaderamente importante es aumentar el valor añadido de estos cultivos.
Plata señaló que en Andalucía existen casi doscientas empresas dedicadas a la manufacturación de productos ecológicos, lo que la sitúa en el primer puesto de España por este concepto, seguida por Cataluña.
Añadió que Andalucía es la comunidad autónoma que más superficie destina a la agricultura ecológica, que en la actualidad supera las 250.000 hectáreas.
El consejero de Agricultura resaltó también que una de las principales ventajas de Andalucía respecto a otras zonas es la gran diversidad de productos agroganaderos ecológicos que ofrece, fruto de su clima y la calidad de sus suelos.
En cuanto a la comercialización, Paulino Plata indicó que en 2000 la facturación, que en un 45 por ciento correspondía a la venta de aceite ecológico, supero los 20 millones de euros, lo que supuso un aumento del 200 por ciento respecto a 1995.
Además, se da la circunstancia de que el 75 por ciento de la producción se exporta a países de Centroeuropa y a Japón, mientras que sólo el 5 por ciento se destina al mercado local.
Este dato refleja, en opinión de Paulino Plata, "que este mercado tiene una gran capacidad de desarrollo", algo que se intenta potenciar con las oportunas campañas de promoción y con el Decreto de Agricultura y Ganadería Ecológica, aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno de la Junta con la finalidad de regular el control y la certificación de la producción ecológica.
Entre las medidas recogidas en ese decreto, Paulino Plata destacó la creación de un Consejo Andaluz de Producción Ecológica, que vendrá a sustituir al Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, y en el que estarán presentes distintas consejerías, los sindicatos, las organizaciones agrarias, las asociaciones de usuarios y ecologistas y los organismos de certificación de la calidad.
En este sentido, matizó que el decreto contempla la actuación de organismos de certificación privados, "ya que con el impulso y el ritmo de crecimiento que se le quiere dar al sector no es posible actuar con un sólo organismo de control público".
A su juicio, todos estos factores implicarán "un cambio y un fomento muy importante en la agricultura ecológica, ya que entendemos que tiene porvenir y además está siendo muy bien acogida por los productores".
España-Aceite: La exportación de aceite de oliva disminuye un 14% hasta mayo
La exportación de aceite de oliva (envasado y a granel) sumó en los cinco primeros meses del ejercicio 87.094 toneladas, lo que supone un retroceso del 14 por ciento en relación al mismo periodo de 2002, según los datos de la Asociación de Exportadores de Aceite de Oliva (Asoliva).
Del total, las ventas a la Unión Europea representaron 49.644 toneladas, con un retroceso del 21,97 por ciento, mientras que a terceros países supusieron 37.450 toneladas, el 0,63 por ciento menos.
Entre enero y mayo, las ventas al exterior de oliva envasado alcanzaron 32.790 toneladas, lo que supone un crecimiento del 8,51 por ciento sobre 2002, dato que está distorsionado porque en mayo del pasado año hubo un notable incremento (22 por ciento) por la incorporación de los datos de ventas del grupo Sos de tres meses.
De aceite de oliva envasado, las ventas a países terceros crecieron el 8,73 por ciento hasta 26.683 toneladas, en tanto que a la Unión Europea subieron el 7,58 por ciento hasta 6.106 toneladas.
En los cinco primeros meses, las exportaciones de aceite de oliva granel bajaron el 23,61 por ciento hasta 54.304 toneladas principalmente por el retroceso de las compras por parte de Italia, de las que un 80 por ciento correspondió a la Unión Europea y el resto a terceros países.
Por otra parte, en lo que va de campaña (noviembre de 2002 a mayo de 2003) la exportación de aceite de oliva representó 117.359 toneladas, el 9,89 por ciento menos, principalmente por el retroceso del 19,89 por ciento de las ventas a la Unión Europea (66.034 toneladas).
En la campaña, las ventas de aceite de oliva envasado sumaron 45.062 toneladas, con un incremento del 11,44 por ciento, de la que 36.926 correspondieron a terceros países, con un aumento del 12,46 por ciento; en tanto que las ventas a granel bajaron el 19,49 por ciento hasta 72.297 toneladas.
UE-Cumbre/España: España aboga por mejorar la propuesta institucional sin sacralizar el texto
España considera que los Gobiernos de la UE deben "mejorar" la fórmula de reparto de poder institucional propuesta en el proyecto de Constitución Europea y mantener el "equilibrio" logrado en el Tratado de Niza, sin "sacralizar ningún texto".
Así lo explicó la ministra española de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, en una conferencia de prensa celebrada durante la segunda jornada del Consejo Europeo de Salónica, en la que defendió también la conveniencia de que el preámbulo de la Constitución reconozca la "prevalencia" de las "raíces religiosas cristianas" sobre las tradiciones judía y musulmana en la construcción de Europa.
De estas tres tradiciones, es la cristiana la única que ha tenido en el conjunto del continente un papel lo suficientemente destacado como para que merezca una mención particular en el preámbulo del Tratado Constitucional, según argumentó la ministra, que insistió en todo caso en que ello no supone dotar al cristianismo de un "reflejo normativo" en la Carta Magna ni atenta contra el laicismo de la UE.
La jefa de la diplomacia española negó asimismo que una posible alusión a la raíz cristiana de Europa pueda provocar tensiones con Turquía y subrayó que no cree que este asunto se aborde en la Conferencia Intergubernamental (CIG) encargada de redactar la Constitución, porque, a su juicio, "la UE no tiene que ver con la geografía más que de forma muy secundaria".
En este sentido, señaló que formarán parte de la UE aquellos países que la Unión decida que pueden incorporarse por "compartir los valores y fundamentos profundos" de la convivencia europea, por lo que "no tiene sentido marcar ahora los límites" de este proyecto y descartar por anticipado que puedan ingresar en un futuro más o menos lejano naciones como Bielorrusia, Moldavia o Ucrania.
El presidente del Gobierno español, José María Aznar, defendió expresamente la inclusión en el Tratado Constitucional de una referencia concreta a la herencia cristiana de Europa y, según indicó Palacio, algunos primeros ministros "se hicieron eco" de su planteamiento y nadie se manifestó en contra, aunque le consta que en el Consejo Europeo hay quien es "claramente contrario".
En cuanto a la defensa del reparto de poder institucional pactado en Niza frente a la fórmula de voto ponderado en el Consejo de Ministros incluida en el proyecto de Constitución, Palacio insistió en la necesidad de "mantener el equilibrio institucional" que sirvió de base para la ampliación de la UE y no cambiar radicalmente las reglas de juego que aceptaron en su día los nuevos socios.
"No hay que sacralizar ningún texto ni adoptar posiciones extremosas", recalcó la ministra, convencida de que los socios de la UE alcanzarán en la CIG "acuerdos prácticos en todos los terrenos, incluido el institucional".
Fuentes diplomáticas recordaron posteriormente que, durante los trabajos de la Convención, los representantes españoles ya habían puesto sobre la mesa distintas propuestas alternativas que no suponían tampoco el mantenimiento inmutable del reparto acordado en Niza, algunas de las cuales se basaban en "jugar con los porcentajes" necesarios para obtener mayorías.
En todo caso, Palacio recalcó que la discusión intergubernamental sobre las reformas institucionales no puede "partir de cero" y debe "retomar el impulso de búsqueda de consensos" que caracterizó el espíritu de la Convención para debatir en profundidad unas propuestas de modificación del Tratado de Niza que se plantearon en este foro muy a última hora, sin margen para su "maduración total".
La ministra insistió no obstante en dejar claro que las cuestiones institucionales- y otras, como las de "gobernanza económica"- suponen sólo una pequeña parte de las propuestas de la Convención, frente a un noventa o 95 por ciento de iniciativas que "todos" los socios coinciden ya en considerar parte del acervo común y están dispuestos a respaldar sin cambios en la CIG.
Tras manifestar su satisfacción por el resultado global de los trabajos de la Convención, Palacio destacó especialmente los avances logrados en el espacio de libertad, seguridad y justicia, que "colman las aspiraciones de España" y que, en palabras de la ministra, han sido acogidos de forma "generalizada" por los Gobiernos de la UE como "un paso de gigante".
Todos los socios apuestan igualmente por una firma de la Constitución en Roma con tiempo suficiente para que los ciudadanos la conozcan antes de las elecciones europeas del próximo junio, añadió la jefa de la diplomacia española.
En cuanto al nombramiento de un representante de la UE para los países árabes, Palacio indicó que "la idea es buena", pero "prematura", y consideró contraproducente vincularla a los efectos de los atentados del 11 de septiembre.
Galicia-Pesca: El sector de la pesca alerta que la nueva Ley de Puertos hará perder competitividad
Representantes de diversas organizaciones de empresas pesqueras alertaron en Vigo acerca de la pérdida de competitividad que puede suponer la aprobación de la ley de puertos del Estado.
Critican, sobre todo, que el proyecto de ley no permite que las descargas de pesca congelada continúen exentas de tener que operar con las Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba de los puertos públicos.
La Confederación de Empresarios de Pontevedra, la Asociación Provincial de Explotaciones Frigoríficas (Apef), Federación de Usuarios del Puerto de Marín y de Vigo, Cooperativa de Armadores de Vigo, Asociación Nacional de Industrias de Elaboración-Anie y la Asociación Española de Mayoristas, Transformadores, Importadores y Exportadores de Productos de la Pesca y la Acuicultura Conxemar, son algunas de las entidades cuyos representantes expresaron su preocupación al respecto.
Según explicó el director gerente de la Cooperativa de Armadores, José Ramón Fuertes en conferencia de prensa, la tramitación de este proyecto de Ley dio lugar en mayo a la huelga de los trabajadores de estiba y desestiba, lo que condujo a una negociación entre representantes del ministerio de Fomento, la coordinadora sindical y la Asociación Nacional de Consignatarios (Anesco), en las que no estuvo representado el sector de la pesca congelada.
Por ello, su preocupación llegó tras esos encuentros, que el 4 de junio desembocaron en un acuerdo, que supone una "modificación importantísima" del proyecto, que tenía "bastante tranquilas" a estas organizaciones.
Concretamente, los acuerdos incluyen la pesca congelada en la consideración de servicio portuario básico e impiden la liberalización en la realización de las operaciones de estiba y desestiba, de modo que obligan a recurrir a las sociedades estatales de estiba.
De salir adelante esta propuesta, la primera consecuencia sería, según Fuertes, la pérdida de competitividad del Puerto de Vigo, puesto que el coste de las descargas de pescado congelado experimentaría un "incremento importante" y favorecería el desvío de tráfico marítimo a puertos que no sean de interés general, para así ahorrar ese aumento.
Según José Luis Freire, de Conxemar, repercutiría también en la pérdida de cerca de 10.000 puestos de trabajo y supondría "un paso atrás" con respecto a lo que la industria de la pesca congelada ha conseguido en los últimos diez años.
Para dar una idea de las consecuencias que puede tener la aplicación de esta ley, cuya aprobación podría llevarse a cabo tras el verano, Freire indicó que en el Puerto de Vigo se mueven cerca de 500.000 toneladas de pescado congelado al año, de modo que el encarecimiento supondría que en lugar de gastar 0.01 euro por kilo de mercancía descargada, su coste fuese de 0.12 euros.
Esta semana, los representantes de estas organizaciones se entrevistaron con el presidente de Puertos del Estado, del que obtuvieron "buenas palabras", según Fuertes, y el compromiso de que esta situación se solucionará en el Congreso con una nueva enmienda que se presentará en los próximos días.
