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Agricultura-Reforma PAC: Ministro y consejeros rechazan la modulación propuesta por la Comisión
El ministro de Agricultura, Miguel Arias, y los consejeros del ramo de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña y Navarra rechazaron el sistema de modulación propuesto por la Comisión Europea en la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), porque desfavorecería a España.
Arias, quien se reunió en Madrid con los representantes autonómicos de Agricultura y Pesca en el consejo consultivo, órgano de consulta antes de los Consejos de Ministros de la Unión Europea (UE), aseguró que esta reforma supone una "reducción injustificada" del presupuesto agrícola.
Explicó que la Comisión propone que los ahorros de la modulación de las ayudas se destinen en un seis por ciento a financiar las políticas de desarrollo rural y el 13 por ciento a pagar las organizaciones comunes de mercado (OCM) de la leche y el azúcar.
Apuntó que España no se beneficia de estas OCMs porque ni siquiera contempla el incremento de cuota en 500.000 toneladas conseguido por Loyola de Palacio en la Agenda 2000.
Apostilló que el Gobierno está en contra también del desacoplamiento de las ayudas (desvincular las subvenciones de la producción), pues para España supondría poner en peligro la producción de cereales en Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León (hasta 1,5 millones de hectáreas menos) y la desaparición de 9 millones de ovejas de carne y 1,5 millones de leche.
Recalcó que discrepa del estudio de efectos de la reforma realizado por la Comisión y expuso que los realizados por su equipo son mucho más desoladores, al tiempo que expuso que España es un país seco con pocos rendimientos agrícolas, por lo que el desacoplamiento motivaría el abandono de cultivos y ganaderías.
El consejero catalán, Josep Grau, rechazó también las propuestas, alegando que la Comisión ha hecho un trabajo "poco serio", mientras que su homólogo aragonés, Gonzalo Arguilé, tachó a los técnicos comunitarios de "escaso nivel intelectual", pues no "se puede pedir seguridad alimentaria, bienestar animal y respeto al medio ambiente sin dar nada a cambio".
Para el andaluz, Paulino Plata, esta propuesta "lejos de simplificar la política agrícola, la complica aún más", denunció que la modulación olvide la cohesión y propuso a los consejeros a rechazar conjuntamente esta PAC, en lo que coincidió el representante navarro, Ignacio Martínez Alfaro, para quien la modulación propuesta es "un invento Fischler".
El consejero castellanoleonés, José Valín, consideró importante estudiar la incidencia de la propuesta y el asturiano Santiago Menéndez de Luarca insistió en que en la reforma láctea habría que tener en cuenta especificidades para la cuota de montaña.
En la reunión también se abordó otro asunto del Consejo de Ministros, la identificación electrónica individual de los ovinos y caprinos, que mientras para Cataluña es "completamente necesaria para todo el ganado y asequible", para Castilla y León "supone un dineral inasumible, teniendo en cuenta la gran cabaña existente en España".
En los asuntos de Pesca, el consejero balear, Mateu Morro, y el canario, Pedro Rodríguez Zaragoza, valoraron el documento sobre la acuicultura de la Comisión Europea, porque se le da un tratamiento específico que puede favorecer su desarrollo.
Por su parte, el consejero asturiano, solicitó a Arias que se ponga orden y control en el caladero del Cantábrico Noroeste, al tiempo que agradeció la solidaridad de Cataluña al enviar tres barcos a limpiar el fuel, al tiempo que el responsable catalán agradeció a las autoridades asturianas el trato recibido
UE-agricultura: Los productores rechazan el informe parlamentario sobre daño ambiental
Los agricultores de la UE, aprobados en el COPA-COGECA- rechazaron un informe sobre la responsabilidad en la reparación de daños ambientales, que votará el día 22 la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo (PE).
Esta comisión examinará un proyecto de informe del diputado griego Mihail Papayannakis (Izquierda Unitaria Europea) sobre la propuesta de directiva relativa a la responsabilidad de cara a la prevención y la reparación de los daños ambientales.
El texto plantea que se eliminen ciertas excepciones incluidas en la propuesta de la Comisión Europea, que atenuan la responsabilidad por daños ambientales: el "cumplimiento de un permiso y el "estado actual de la técnica".
La supresión de estos atenuantes "colocaría a los agricultores en una situación tan peligrosa que un gran número de ellos se verían obligados a abandonar su actividad", según manifestó el COPA-COGECA, en un comunicado.
Agregó que si se aprueba "tal cual" el informe de Papayannakis- que tras el voto del jueves irá al pleno del PE- un agricultor "podría verse obligado a reparar un daño ambiental causado por una actividad para la cual se le ha expedido una autorización".
El COPA-COGECA rechazó que los productores "asuman la responsabilidad por los perjuicios causados por los insumos agrícolas como los productos fitosanitarios, los fertilizantes o los OGM utilizados dentro de los límites de las disposiciones legales en vigor o por un procedimiento de autorización inadecuado".
En ese caso, "el fabricante o la autoridad que haya expedido el permiso o la autorización debería ser responsable", según el comunicado.
El informe de Papayannakis plantea que la definición de daño ambiental incluya también los organismos modificados genéticamente (OGM).
Galicia-patatas: Productores, almacenistas y envasadores de patata acuerdan las medidas
Los productores, almacenistas y grandes envasadores de patatas de la comarca de A Limia han alcanzado, de forma unánime, un acuerdo sobre las medidas que consideran necesarias para que el sector salga de la actual crisis de precios, que presentarán en la delegación de Agricultura de la Xunta.
En una conferencia de prensa conjunta, el Sindicato Labrego Galego (SLG), Unións Agrarias (UU.AA) y Xóvenes Agricultores (XX.AA), anunciaron que presentarán en la delegación de Agricultura de la Xunta el documento en el que se recogen los acuerdos firmados por los representantes de los sectores relacionados con la patata.
Los tres sindicatos, UU.AA, SLG y XX.AA anunciaron que continuarán con el encierro en el ayuntamiento de Xinzo de forma indefinida y que, próximamente, organizarán una tractorada en Santiago para protestar por la falta de respuesta de la Administración a la crisis de precios por la que atraviesa el sector.
Xosé Manuel Puga, del SLG, dijo que, tras diez días de encierro en Xinzo y de las movilizaciones realizadas, "seguimos abiertos al diálogo", pero, destacó, "desde la consellería todavía no ha habido respuesta, lo que es incomprensible porque la falta de un organismo regulador europeo permite a las instituciones públicas poner en marcha medidas propias para evitar la competencia desleal y la compra de patata foránea".
En los acuerdos firmados, los almacenistas y grandes envasadores de patata recogen su compromiso de contratar a los productores un volumen de 51.000 toneladas de patatas cada año, para lo que solicitan a la Xunta inversiones por un total de 600.000 euros, además de otros 400.000 euros que estarían destinados a la mejora del sector industrial.
Los productores, por su parte, piden un "plan global de actuación" para estudiar mejoras en las infraestructuras y adoptar medidas para regular el mercado y negociar contratos homologados, para lo que sería necesario invertir anualmente 3 millones de euros durante los próximos cuatro años.
Las pérdidas de renta de los "pataqueiros" durante la actual crisis dificultan el inicio de una nueva campaña de siembra, según los productores que, para asegurar la próxima cosecha, piden tres millones de euros para poder preparar y sembrar las 2.500 hectáreas de patatas de la comarca de A Limia.
UE-plaguicidas: La CE advierte a Luxemburgo para que cumpla las normas sobre biocidas
La Comisión Europea ha instado a Luxemburgo a que aplique una directiva sobre biocidas -productos antiguamente conocidos como plaguicidas no agrícolas- y cumpla una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, informaron fuentes comunitarias.
Bruselas ha enviado una carta de emplazamiento (primera fase del procedimiento de infracción) a Luxemburgo por no haber notificado la trasposición a su derecho nacional de una directiva comunitaria sobre biocidas.
La directiva define las normas ambientales y de seguridad aplicables a esos productos y exige a los Estados miembros a que pongan en marcha un sistema de autorización para su puesta en el mercado.
Los productos biocidas (conservación de la madera, desinfectantes e insecticidas) actúan sobre los organismos perjudiciales para la salud humana o animal y los organismos que dañan los productos naturales o manufacturados.
En mayo de 2002, el Tribunal de Justicia de la UE indicó, en una sentencia, que Luxemburgo no había informado a la Comisión Europea de las medidas que preveía poner en marcha para aplicar la citada directiva.
Aunque las autoridades luxemburguesas habían asegurado que los trabajos avanzaban, no han habían transmitido a la Comisión Europea ningún detalle sobre las citadas medidas, según las fuentes.
La comisaria de Medio Ambiente, Margot Wallstrom, manifestó que la decisión "tiene como objetivo proteger el medio ambiente contra los pesticidas peligrosos" y afirmó que "Luxemburgo debe cumplir la sentencia del Tribunal y aprobar las medidas necesarias lo antes posible".
El Tratado de la UE autoriza a la Comisión Europea a emprender acciones contra un Estado miembro si no cumple una sentencia del Tribunal y también a pedir a los jueces comunitarios a fijar multas para ese país.
Hortofrutícola-Marruecos: El sector teme por su futuro y rechaza las nuevas concesiones a Marruecos
Los productores y exportadores españoles de frutas y hortalizas rechazan nuevas concesiones comerciales en el sector hortofrutícola a Marruecos, ya que provocarían a medio plazo la desaparición del sector en las zonas productoras españolas.
ASAJA, COAG, UPA, CCAE y FEPEX aseguran en un comunicado conjunto que no están dispuestas a consentir que se utilice al sector de las frutas y hortalizas como moneda de cambio en los Acuerdos Comerciales de Terceros Países, con el fin de alcanzar objetivos comerciales en beneficio de otros productos y sectores económicos.
En el comunicado, el sector explica que la propuesta de la Comisión a Marruecos consiste, en el caso del tomate, en establecer un contingente de octubre a mayo de más de 200.000 toneladas libres de arancel (la campaña 2002/2003 es de 168.757 toneladas) y en suprimir el sistema de autolimitación.
Esto permitiría que Marruecos pueda exportar tomate ilimitadamente en el marco de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), lo que significaría que el sector del tomate español desaparecería a medio plazo, según este comunicado.
A cambio, la Comisión Europea pretende mejorar sus posibilidades de exportación de sus productos continentales (cereales, ganadería) a Marruecos.
Por ello, el sector hortofrutícola intentará que el Gobierno español consiga el apoyo suficiente de otros países para bloquear estas nuevas concesiones en los calendarios que afectan a las producciones nacionales.
Además del tomate, la UE prevé abrir aún más sus fronteras para productos como la fresa, la patata, los cítricos, el calabacín, la fruta de hueso y el melón, política comercial que vulnera el principio de preferencia comunitaria, a juicio de los productores y exportadores.
C. Valenciana-agricultura: Unió denuncia existencia falsos "bio" que incumplen legislación
La Unió-COAG denunció la existencia en el mercado de productos con el prefijo "bio", como yogures, zumos y postres lácteos, que incumplen la legislación europea al no haber sido producidos con métodos de la agricultura o ganadería ecológica.
El secretario general de La Unió, Joan Brusca, y el responsable de agricultura ecológica de esta organización, Jesús Sanchis, participaron en un acto informativo celebrado en las puertas del centro comercial Hipercor de Valencia, en el que repartieron trípticos a los consumidores.
La legislación europea contempla que todos los productos comercializados bajo el nombre de ecológico, biológico u orgánico -y sus respectivos prefijos- son aquellos que han sido producidos bajo métodos ecológicos, pero algunas marcas "han aprovechado" estos términos para "disfrazar" sus productos bajo una apariencia de calidad "que nada tiene que ver con los laboriosos métodos de producción que se aplican en las producciones ecológicos, creando la confusión entre los consumidores", según La Unió.
Entre estos alimentos se encuentran postres lácteos, yogures, zumos, leche, queso y otros productos dietéticos.
Esta "falsa" utilización de la terminología, según Brusca, es un "engaño" al consumidor y provoca "un daño importante" a los agricultores y ganaderos que se dedican a la producción ecológica.
El incumplimiento de la legislación europea ha originado que la Comisión Europea haya llevado a España ante el Tribunal Europeo de Justicia por infracción del derecho comunitario.
La Unió-COAG propone que se prohíba el término "bio" en alimentos no ecológicos y exige a la Administración española que cumpla la legislación europea y asuma sus responsabilidades "en lugar de sucumbir ante las presiones de las grandes industrias agroalimentarias".
Además reivindica el derecho de los consumidores a estar informados sobre los alimentos que adquieren en tiendas y centros comerciales y reclama el reconocimiento de los productos ecológicos y biológicos como preservadores del equilibrio medioambiental, portadores de un compromiso social y ético y garantes de una alimentación sana, variada y de calidad.
Brusca pidió que los alimentos ecológicos puedan ser reconocidos por los consumidores mediante una etiqueta y un sello que los distinga, indicador que en la Comunidad Valenciana es del Comité de Agricultura Ecológica.
La Unió criticó al Gobierno central por el "poco interés" por los productos ecológicos ya que "consiente el chantaje y favorece a las grandes industrias sin tener en cuenta las repercusiones para el mercado nacional y de exportación de los productos ecológicos españoles", según un informe de la organización.
Los falsos "bio" pueden llevar cualquier tipo de aditivos, pesticidas o incluso organismos modificados genéticamente, por lo que "nada tienen que ver" con la producción biológica, según las fuentes.
Aceite-mercado: La MFAO aprueba la entrada de ocho nuevos socios del sector oleícola
La junta general de accionistas de la sociedad promotora del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva (MFAO) ha aprobado la entrada de ocho nuevos socios en el accionariado, dos menos de los que inicialmente se habían anunciado.
La Masía, Ybarra, Borges, Hojiblanca, Fedeoliva, Emilio Vallejo, Migasa, y Aceites La Casería Santa Julia se incorporan a una estructura de 43 socios, de los que 21 proceden del sector oleícola y otros 21 son entidades financieras, y a los que se añade la Junta de Andalucía, según un comunicado del MFAO.
A pesar de que en principio se había anunciado que las nuevas incorporaciones iban a ser diez, finalmente la junta general sólo ha dado el visto bueno a ocho.
En la junta general se ha aprobado también una ampliación de capital de dos millones de euros para así cumplir el requisito de seis millones de euros que le exige el Ministerio de Economía.
una ampliación de un 45 por ciento de su capital social actual para alcanzar los 6 millones de euros que le exige como requisito el Ministerio de Economía a la hora de comenzar a operar.
Jurídicamente, la sociedad promotora deberá transformarse en rectora para comenzar a operar, de ahí que la junta general celebrada sea la última de la sociedad promotora.
Las previsiones para empezar a operar son las del primer trimestre de la primavera de 2003 y el objetivo en su primer año de funcionamiento es negociar unos 200.000 contratos con un volumen de unos 2.000 millones de euros.
Han sido tres años y once meses lo que ha costado obtener la autorización del Ministerio de Economía en lo que será el segundo mercado de futuros de España, el 17 en la Unión Europea y el 43 a nivel mundial.
C. Valenciana-agricultura: El frío estropea cerca de 4.000 toneladas de alcachofa en campo de Elche
El frío ha estropeado cerca de 4.000 toneladas de alcachofas del campo de Elche, lo que supone aproximadamente la mitad de la cosecha de este cultivo en el municipio, según el sindicato agrario Jóvenes Agricultores de Elche (ASAJA).
El secretario de esta entidad agrícola, Baltasar Brotons, afirmó que actualmente el campo ilicitano cuenta con unas 400 hectáreas dedicadas a la alcachofa, concentradas fundamentalmente en la parte sur del término municipal, y con una producción media de unos 2.000 kilos por tahúlla.
Las heladas y escarchas de la pasada semana han afectado al cincuenta por ciento de la producción total y, según Brotons, las pedanías ilicitanas más dañadas por este hecho son Valverde, Derramador, Algoda y Pusol, siendo menor el daño en el norte del término municipal de Elche.
Las alcachofas recogidas con anterioridad a los días de frío "se han salvado", ya que el periodo de recogida de esta hortaliza comienza a mediados de noviembre y se prolonga hasta mayo.
El secretario de Jóvenes Agricultores recordó que las principales hortalizas de invierno en esta zona son la alcachofa y las habas, si bien ésta última presenta mayor resistencia al frío.
El efecto de las bajas temperaturas en la alcachofa se ha traducido en una disminución de volumen y ennegrecimiento del fruto, y con ello una pérdida de valor comercial, según Brotons.
