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España-gasóleo: El Gobierno agotará todas las vías para defender las medidas que no admite la CE
El subsecretario del Ministerio de Agricultura, Manuel Lamela, dijo que el Gobierno de España "agotará todas las vías y recursos" para defender las bonificaciones de créditos y beneficios fiscales que se concedieron a los agricultores para paliar la subida de los precios del gasóleo.
Lamela, que asistió en Toledo a la inauguración del V Congreso Federal de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), explicó que la Comisión Europea (CE) ha declarado compatibles con el derecho comunitario la gran mayoría de las medidas que adoptó el Gobierno en 2000 para aliviar los elevados costes que generó a los agricultores la subida del gasóleo agrícola, aunque considera que dos son incompatibles con la normativa del mercado común.
En concreto, la CE aprecia que no se ajustan al marco normativo la subvención de créditos que se hizo y la prórroga de un beneficio fiscal en las transmisiones de explotaciones agrarias a lo largo de 2000 ó 2001, una medida esta última a la que dijo "se habrá acogido muy poca gente y que probablemente sea insignificante".
Manifestó que, por el contrario, la CE no plantea objeciones "al grueso de las medidas fiscales referentes a cooperativas agrarias, al IVA y al Impuesto sobre la Renta, lo cual creo es una importante noticia para el sector y para toda la agricultura española".
No obstante, dijo que la Administración "va a agotar los recursos y los planteamientos ante la Comisión" en el caso de las dos medidas que la CE considera "incompatibles" con el mercado común, pues "hay argumentos para justificar la necesidad de esos créditos, no como ayudas de Estado, sino como créditos a un sector en una situación de crisis real".
Además, señaló que la prórroga de los beneficios fiscales a la transmisión de determinadas fincas y explotaciones "es una medida perfectamente encajable en el marco comunitario fiscal y no afecta en nada a la competencia".
Explicó que las subvenciones para créditos que se dieron rondan los 14 millones de euros (unos 2.329 millones de pesetas), ya que los préstamos que se concedieron ascendieron globalmente a unos 35.000 millones de pesetas.
El secretario general de UPA, Fernando Moraleda, indicó que, aunque hay que analizar con detalle la resolución de la CE, ésta no "pone en tela de juicio los aspectos vertebrales del acuerdo", como la ampliación en tres puntos del IVA para productos agrarios y en dos para los ganaderos o la aplicación de un régimen fiscal distinto para las cooperativas que permitió abaratar el gasóleo.
No obstante, pidió al Gobierno que recurra la decisión comunitaria contraria a que se subvencionaran los créditos que se concedieron a los agricultores y que "si es preciso llevarlo al Tribunal de Luxemburgo, que lo haga".
España-cereales: COAG denuncia los bajos precios del cereal por las importaciones masivas
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) denunció que los bajos precios del cereal que se registran en esta campaña son consecuencia de la entrada masiva, sin arancel, de trigo forrajero procedente de países terceros, concretamente de Ucrania y Rusia.
En un comunicado, COAG aseguró que la invasión del mercado español y europeo por cereal del Este de Europa se debe a la "ineficacia" del actual sistema de cálculo de los aranceles, que se fundamenta en el precio de Chicago y que dada la mala cosecha de Estados Unidos y Canadá el arancel resultante es nulo.
COAG critica que mediante este sistema de arancel no se tenga en cuenta otra procedencia, como es la del Mar Negro, en la que los cereales tienen unos "bajísimos" precios.
Para la organización agraria esta situación puede "arruinar" la campaña en España y perjudicar "enormemente" a los cerealistas de aquellas regiones donde la meteorología ha mermado duramente la cosecha.
Apuntan que "sólo los fabricantes de piensos son beneficiarios de esta situación", ya que la reducción de precios que supone la inexistencia de arancel "va directamente a su bolsillo" y no se repercute en los precios al ganadero.
COAG expondrá este problema hoy, día 13, a los responsables del Ministerio de Agricultura, al tiempo que solicitará un encuentro con Comercio Exterior, para estudiar el seguimiento de las importaciones de cereal y los controles de calidad de estos productos, al tiempo que solicitará la preferencia comunitaria.
UE-cítricos: Los Verdes critican el uso aéreo de insecticida en las zonas citrícolas de Valencia
El grupo parlamentario Los Verdes denunció los riesgos para la salud humana causados la pulverización "indiscriminada" por vía aérea del insecticida malathión en campos de cítricos de la Comunidad Valenciana.
La diputada irlandesa Patricia McKenna (Los Verdes-Ale) criticó, en una pregunta parlamentaria, que desde julio de 2002 se está utilizado dicho insecticida en los campos de zonas citrícolas, situadas la mayoría a una altitud inferior a los 300 metros, "sin tener en cuenta a otros cultivos ni a las personas que viven allí".
Entre esas zonas mencionó La Ribera Alta, La Ribera Baja, La Foia de Buñol, La Costera, La Safor, La Canal, L'Horta, El Camp de Morvedre, La Marina y La Plana.
El malathión es un producto que se utiliza para combatir los mosquitos y otros insectos que atacan frutas, verduras, prados y arbustos y según la diputada verde, "puede provocar dermatitis y problemas de reproducción en los humanos".
Señaló que en las citadas comarcas, el insecticida se emplea sin considerar otros cultivos como las hortalizas o el arroz o de cítricos muy verdes para atraer los insectos, ni tampoco a los agricultores o a otras personas que se encuentran allí o en el momento en que pasa el avión.
Denunció que los tratamientos se efectúan sobre zonas habitadas, donde hay instalaciones diseminadas, "directamente expuestas a la aspersión del producto, si están al aire libre o indirectamente, porque están cercanas al lugar de pulverización".
Las huertas enclavadas en las plantaciones de cítricos también están expuestas a este producto y, en consecuencia, se cosechan "verduras contaminadas que son cocidas y comercializadas todos los días sin que transcurra un plazo de seguridad", según la diputada.
McKenna citó también los riesgos para las especies protegidas de esas zonas.
Los Verdes preguntaron a la Comisión Europea si está al corriente de esta pulverización y si tiene previsto tomar medidas para "preservar la salud de la población y el medio ambiente de la Comunidad Valenciana".
La comisaria de Medio Ambiente, Margot Wallstrom, respondió a McKenna que el malathión está siendo evaluado, en el marco de la regulación comunitaria que establece una revisión de las sustancias activas empleadas para los fitosanitarios.
Wallstrom afirmó que la Comisión Europea es consciente de los problemas que puede causar la pulverización aérea de fitosanitarios y está estudiando ese método dentro de una estrategia temática para el uso sostenible de esos productos.
En julio de 2002, la Comisión Europea lanzó dicha estrategia, y expresó su intención de proponer una prohibición general de pulverización aérea con excepciones para países donde este método "tenga ventajas claras y ambientales respecto a otras formas de aplicación" de fitosanitarios, concluyó Wallstrom.
Seguridad Social: El Gobierno mantendrá el régimen especial agrario
El Gobierno está dispuesto a mantener y a mejorar el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS), a pesar de las peticiones hechas desde sindicatos y organizaciones para que desaparezca, aseguró el director provincial de la organización agraria Asaja de Cuenca, Francisco Ruiz.
En rueda de prensa, Ruiz explicó que las intenciones del Gobierno fueron comunicadas al presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, por el secretario de Estado de la Seguridad Social, Gerardo Camps, en una carta que le envió el pasado mes en la que garantizaba que el REASS no solo iba a desaparecer sino que se va a mejorar.
En este sentido, informó que en la carta Camps decía textualmente a Barato que le complacía confirmarle "que es intención del Gobierno mejorar el régimen especial agrario y que en ninguno de los casos se plantea su desaparición".
Asimismo, le transmitía que "el Ministerio de Trabajo está abierto a establecer los cauces de diálogo que sean necesarios para mejorar las prestaciones de los trabajadores agrarios, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena".
La carta fue enviada por Camps después de que representantes de Asaja le transmitieran en una serie de reuniones su inquietud ante "las voces" de sindicatos y organizaciones que piden que el REASS desaparezca y todos los agricultores pasen al régimen general de la Seguridad Social, añadió Ruiz.
A su juicio, se trata de una decisión acertada, ya que el REASS es muy importante, como pone de manifiesto el dato de que en España están acogidas al mismo 150.000 empresas y 850.000 trabajadores.
Además, señaló que este régimen existe porque la propia agricultura por sus características es una actividad especial y por lo tanto no tiene sentido que los agricultores pasen al régimen general de la Seguridad Social.
No obstante, Ruiz puntualizó que Asaja ha pedido que se introduzcan cambios en el REASS, entre los que se encuentra una actualización de las cotizaciones, puesto que ahora los agricultores tanto por cuenta propia como por cuenta ajena pagan una cantidad determinada, pero cuando se jubilan "cobran una cantidad mísera y ridícula".
Por este motivo, Asaja quiere que se aumente lo que se paga como cotización y que haya una correspondencia con lo que se cobre después como pensión una vez que se llegue a la edad de jubilación.
De hecho, muchos agricultores que se jubilan no pueden dejar de cultivar sus tierras "porque no tienen para vivir", aseveró Ruiz, que cree que si tuvieran una pensión digna no habría ningún problema para que dejaran sus explotaciones, lo que facilitaría la incorporación de los jóvenes a una agricultura más competitiva.
Congreso-Vino: El pleno del Congreso rechaza las enmiendas de la totalidad de la ley del vino
El Pleno del Congreso rechazó las cuatro enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de la viña y el vino, que se votaron conjuntamente, por 162 votos, 108 a favor y las 24 abstenciones de CiU y PNV.
El ministro de Agricultura, Miguel Arias, solicitó expresamente en su intervención en el Pleno, que los diputados rechazaran las cuatro enmiendas totales presentadas por los grupos parlamentarios CHA, BNG, ERC y PSOE y aseguró que la futura ley será mejorada en el trámite parlamentario.
El diputado del CHA José Antonio Labordeta criticó que Arias haya pedido el rechazo de las enmiendas sin escuchar a los grupos, por lo que defender su propuesta es "cumplir con el paripé", opinión con la que coincidió Guillerme Vázquez del BNG, quien lamentó que el ministro las rechace "sin ni siquiera escuchar" las motivaciones.
Los portavoces de Agricultura del PSOE, Jesús Cuadrado, y de IU, José Luis Centella, demandaron al Gobierno que a lo largo del proceso parlamentario de discusión de enmiendas parciales que comparezcan representantes del sector afectado para mejorar la futura ley.
Arias defendió la necesidad de esta norma para definir un marco legal adecuado que corrija los desajustes que sufre el sector vitivinícola, así como para asegurar la continuidad del mismo y la renta de los viticultores.
Defendió que es una ley básica, de coordinación, para todo el territorio nacional, mediante la que se "conservan intactas las competencias" autonómicas y rechazó la acusación de los grupos de falta de consenso, ya que "la capacidad de consenso del Ejecutivo es total" porque es una ley con vocación de permanencia.
Arias aseguró que las enmiendas presentadas no ofrecen un modelo alternativo definido, son confusas y adolecen de coherencia, y apuntó que esta ley trata de ofrecer una mejora genérica de la calidad de los vinos.
Además, señaló que sólo el 40 por ciento de la producción total corresponde a vinos de calidad y el 60 por ciento restante a vinos de mesa, por lo que la ley modifica la estructura de oferta de los mismos, lo que supondrá una defensa de las denominaciones de origen más reputadas, a la vez que abre nuevas posibilidades a los vinos de mesa.
Respecto a la separación de las funciones de gestión y control en los Consejos Reguladores, uno de los grandes asuntos de debate de la ley, alabó el "gran papel que han jugado desde su creación", pero también se refirió a los inconvenientes de este modelo por las interferencias que se produce entre la vigilancia de las normas del Consejo y los intereses comerciales de los mismos.
Cuadrado (PSOE) dijo que esta norma crea una gran inquietud en el sector "con este refrito" que presenta, en alusión a que antes de este proyecto de ley hubo nueve borradores "que no se parecían en nada" y que es fruto de la "incoherencia" y de un "trabajo poco racional".
En el turno de fijación de posiciones los diputados de CC, IU, PNV y CC -estos dos últimos grupos se abstuvieron en la votación- confiaron en la disposición negociadora del Gobierno en el trámite parlamentario, ya que todos presentaron enmiendas parciales al texto.
Por su parte, el diputado del PP, Neftalí Isasi, destacó que "no ha habido precedente en ningún procedimiento legislativo que haya contado con tantas consultas" como este proyecto de ley, "con centenares de reuniones" y que esta ley impulsará la modernización del sector y potenciará las características y especificidades de cada zona.
España-aceite: Termina la VII Campaña de Promoción de Consumo en la UE sin continuidad prevista
La VII Campaña de Promoción del Aceite de Oliva en España financiada por la Unión Europea, que se ha desarrollado entre 2000 y 2002 con un presupuesto de cinco millones de euros, ha concluido sin perspectivas de continuidad.
Así lo pusieron de manifiesto durante el acto de clausura de la misma el director de la Asociación de Envasadores (Anierac), Primitivo Fernández, el ex presidente de la Asociación de Exportadores (Asoliva) Francisco Sensat y el subdirector de la Confederación Española de Cooperativas Agrarias, Agustín Herrero.
Reconocieron que actualmente es muy complicado que la Unión Europea destine fondos a campañas de promoción y explicaron que deberá ser el propio sector el que desarrolle esta iniciativa, tanto en el mercado nacional como el exterior, donde jugará un papel importante la futura interprofesional del aceite de oliva.
La VII Campaña de Promoción del Consumo se ha desarrollado en los puntos de venta, en los restaurantes, en un centro de información itinerante y con los medios de comunicación, con el objetivo de llegar al mayor público posible, además de a las amas de casa y restauradores.
Los resultados reflejan que, en estos tres años, el Centro de Información Itinerante recorrió 14.580 kilómetros, visitó 59 ciudades y recibió la visita de más de 255.000 personas y 1.711 escolares.
La promoción en restaurantes permitió la participación de 625 locales de 55 ciudades españolas, que han colocado el "rincón del aceite de oliva", acción que ha permitido el reparto de un total de 112.500 muestras de aceite de oliva.
La campaña en hipermercados concluyó con la presencia en 150 establecimientos de 44 ciudades, donde se entregaron 123.556 regales directos, tras la compra de aceite de oliva de cualquier marca, y se vendieron 491.124 litros en los 300 días en los que se desarrolló la acción.
Cataluña-Reforma agricultura: Grau pide que las regiones puedan mediar con las organizaciones europeas
El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat, Josep Grau, ha reclamado que las regiones de la UE tengan "una participación más activa en la toma de decisiones de los Comités de Gestión, de los Comités especiales de Agricultura y del Consejo de Ministros" europeos.
El consejero Grau ha realizado estas declaraciones en el marco de la inauguración de la Primera Asamblea Estatutaria de las regiones Europeas Hortofructífolas (AREFLH) celebrada en Barcelona, según informa la Generalitat en un comunicado.
Según la Generalitat, la AREFLH ha surgido de la necesidad de defender los intereses comunes de Francia, España, Portugal, Italia y Grecia ante los próximos sucesos como pueden ser la reforma de la OCM, la renegociación de los Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), y la negociación de los acuerdos bilaterales con Terceros Países, entre otros.
En este aspecto, Grau ha señalado que el sector hortofructícola tiene "un peso específico muy destacado en la producción final agraria de Cataluña, con 55.000 ha de fruta dulce cuya producción representa el 9 por ciento de la producción final agrícola".
Por otro lado, Grau ha recalcado que dentro del Estado español y a nivel europeo "coexisten sistemas agrarios muy distintos que no pueden ser objeto de políticas uniformes" y ha reclamado la necesidad de establecer "una diferenciación en función de las necesidades específicas de cada región".
Agricultura-distribución: COAG advierte que el descenso de precios en origen reducirá las explotaciones
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) presenta un informe en el que se pone de manifiesto que el descenso de los precios agrarios en origen y los márgenes comerciales "abusivos" por parte de la distribución "pueden producir la desaparición de gran número de explotaciones".
En un comunicado, COAG añade que los agricultores y ganaderos se encuentran cada vez más con precios por debajo de los costes de producción "lo que les imposibilita producir atendiendo a criterios más exigentes en calidad y seguridad alimentaria".
El estudio pone de relieve la amplia diferencia que existe entre el precio que recibe el productor y el que paga el consumidor, de modo que un kilogramo de patata se paga a 0,06 euros para después encontrarlo en el mercado en 0,55 euros por kilo, con un margen comercial del 817 por ciento.
Señala que en otros productos, como el vino tinto, la coliflor, el cerdo, la berenjena o la naranja, los márgenes se sitúan por encima del 200 por ciento, por lo que un litro de vino le cuesta al consumidor 2,9 euros, mientras que el productor cobra 0,36 euros, lo que supone un margen comercial del 706 por ciento.
En cuanto a la variación interanual de los precios en origen y al consumidor, COAG explica que todos los precios pagados al productor disminuyeron considerablemente y destaca que productos como la patata descendieron el 12,3 por ciento y las carnes una media del 16,4 por ciento.
Indica que esta caída no se reflejó en los precios al consumidor y que incluso experimentaron un aumento, como en el caso de la patata, que subió un 2,1 por ciento, la carne de vacuno, con un crecimiento del 8,6 por ciento o la carne de ovino, que aumentó un 2,1 por ciento.
Apunta que en el caso de los productos que tuvieron un aumento de los precios en origen, como el aceite de oliva, las frutas y las hortalizas, el alza trasladado a los consumidores "ha sido mucho mayor" al incrementarse un siete por ciento de media.
Agrega que si se comparan los precios interanuales en origen de España con el resto de la Unión Europea (UE), éstos experimentaron una caída del 6,4 por ciento en el segundo semestre de 2002 y que por productos destaca la caída del precio de las hortalizas (11,6 por ciento), el porcino (25,1 por ciento) y el descenso del 7,5 por ciento experimentado en cereales, arroz y leche.
En cuanto al Indice de Precios al Consumo (IPC), el estudio informa de que el incremento mensual correspondiente al mes de octubre del presente año ascendió al uno por ciento, lo que le sitúo en una cifra interanual del cuatro por ciento y una acumulada (enero-octubre) del 3,5 por ciento.
Detalla que los productos más inflacionistas fueron las hortalizas frescas, con una tasa interanual del 19 por ciento y los aceites, con el 15,8 por ciento.
Señala que por encima del tres por ciento se situaron las frutas frescas (con una tasa interanual del 8,9 por ciento), la carne de ternera y añojo (7,8 por ciento), la carne de ave (7,2 por ciento, el tabaco (5,7 por ciento) y las patatas (tres por ciento).
Agrega que sólo la carne de porcino y de ovino presentaron tasas interanuales no inflacionistas con descensos del 4,2 por ciento y del 0,1 por ciento respectivamente.
Entre las medidas que COAG propone para atajar la disminución "drástica" de los precios agrarios en origen, resalta la creación de un observatorio de precios "con capacidad de proponer y ejecutar medidas de carácter vinculante" y la implantación de un doble etiquetado que informe al consumidor del precio en origen y destino.
