|
|
|
|
| ||||
Imprimir |
|
UE-agricultura: El PE pide más fondos para la agricultura después de la Ampliación
La comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (PE) considera que tras la Ampliación de la UE "será necesario incrementar el presupuesto agrícola", informaron fuentes comunitarias.
Los eurodiputados han votado esta semana un informe del diputado francés Joseph Daul (Partido Popular Europeo) sobre la propuesta para revisar la Política Agrícola Común (PAC) de la Comisión Europea.
En el informe, la comisión de Agricultura del PE apoya parcialmente el proyecto presentado en julio por el comisario de Agricultura, Franz Fischler.
Los diputados piden que el presupuesto agrícola de la UE (que representa el 1,27 por ciento del Producto Interior Bruto) se utilice totalmente, ya que en la actualidad "no se emplea toda esa partida", según el informe parlamentario.
Solicitan "más apoyo a los países candidatos antes y después de su adhesión a la UE" y, además, piden una reserva presupuestaria para afrontar crisis agrícolas.
En cuanto a la modulación o deducción de fondos de ayudas directas para reforzar el desarrollo rural, la comisión del PE estima que debe hacerse con "flexibilidad y de forma gradual".
Los eurodiputados apoyan que al traspasar fondos del primer pilar (medidas de mercado) al segundo pilar (desarrollo rural) se tengan en cuenta las diferencias entre las regiones.
La Comisión Europea pretende desvincular las ayudas agrícolas de la producción y sustituirlas por una prima fija a la hectárea, mientras que los eurodiputados consideran que esa desvinculación debe "parcial y no total" como propone el Ejecutivo comunitario.
En el informe, los eurodiputados muestran su preocupación sobre las bajadas de precios previstas para algunos cereales dentro de la reforma.
Apoyan que el pago de las ayudas se condicione al cumplimiento de los criterios ambientales y de seguridad de los alimentos.
El informe de la comisión de Agricultura será examinado en noviembre por el Pleno del PE, cuyo dictamen no es vinculante pero para que se apruebe la reforma agrícola debe ser consultada la Eurocámara.
España-Lino: El MAPA notifica la multa a las CCAA y los productores rechazan la sanción
Las autoridades españolas comunicaron a las Comunidades Autónomas productoras de lino la corrección financiera que les corresponde por la percepción de ayudas para este cultivo entre los años 1998 y 2000, que en conjunto asciende a 99,2 millones de euros, mientras que los agricultores rechazaron esta sanción y exigieron que la multa recaiga en los defraudadores.
Según las cartas remitidas por el Ministerio Castilla y León deberá devolver un total de 55.082.140,35 euros (9.164.897.004 pesetas); Castilla-La Mancha de 33.248.533,08 euros (5.532.090.425 pesetas) y Extremadura de 7.425.704,31 euros (1.235.533.238 pesetas).
La Comunidad Valenciana tiene una corrección financiera de 130.572,16 euros (21.725.379 pesetas); Aragón de 14.191.180,08 euros (2.361.213.688 pesetas); Cantabria de 18.871,84 euros (3.140.010 pesetas); Cataluña de 3.564.180,83 euros (593.029.791 pesetas), y Galicia de 9.179,23 euros (1.527.296 pesetas).
Madrid soportaría una multa de 1.594.473,09 euros (265.297.999 pesetas); Navarra de 337.892,30 euros (56.220.549 pesetas); País Vasco de 13.746,36 euros (2.287.202 pesetas); La Rioja de 69.950,01 euros (11.638.702 pesetas) y Andalucía de 733.343,88 euros (122.018.155 pesetas).
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, aseguró que el Gobierno realizará todos los trámites jurídicos para defender que "no existe un fraude generalizado en las ayudas al lino", pero advirtió de que si se pierden estos procedimientos, las Autonomías responsables "habrán de devolver las ayudas".
Por su parte, las tres organizaciones agrarias Asaja, Coag y Upa, coincidieron en rechazar que sean los agricultores los que tengan que verse penalizados por el presunto fraude en la recepción de ayudas comunitarias al lino y coincidieron en exigir que el peso de la ley recaiga sobre los que hayan cometido acciones fraudulentas.
La vicepresidenta de la Comisión Europea y ex-ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, afirmó que no se siente responsable de este asunto, aunque reconoce que "alguna chapuza y algo de fraude ha habido" y lamentó que "paguen por igual todos los agricultores, los que cultivan en regla y los que no".
A su vez, el Gobierno de Castilla-La Mancha defendió la actuación de las CC.AA en el caso del lino y advirtió que el Ministerio de Agricultura cometería "otro fraude" si plantea que las regiones paguen la sanción impuesta por la Unión Europea, porque "es literalmente imposible y de una caradura increíble".
También el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresó su confianza en que "no paguen justos por pecadores" en la devolución de las ayudas y que el Ministerio de Agricultura no eche la culpa a las Comunidades Autónomas, aunque comentó que "verán como tiene la tentación".
El consejero de Agricultura de Castilla y León, José Valín, pide al Ministerio que acuda al órgano de Conciliación de la UE para defender la actuación correcta de esta Comunidad en las ayudas del lino y evitar que la comunicación de la Dirección de Agricultura europea sea asumida por la Comisión.
Por su parte, PSOE e IU solicitarán la reapertura de la comisión de investigación sobre el fraude del lino, al entender que la decisión de la Comisión Europea de reclamar a España fondos por valor de cien millones de euros "desautoriza" las conclusiones de la investigación que "cerraron en falso" PP y CiU.
España-Marruecos-tomate: UPA califica de preocupantes las condiciones de exportación del tomate marroquí
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) manifestó que las condiciones establecidas a Marruecos para sus exportaciones de tomate a la Unión Europea (UE) "son preocupantes, ya que sitúa de nuevo a los operadores marroquíes en las mejores condiciones que han disfrutado nunca".
En un comunicado la organización agraria señala que esto puede causar "un grave perjuicio a los pequeños y medianos productores de tomate español" y detalla que el acuerdo alcanzado consiste en mantener para este año las condiciones establecidas para la campaña 2001-2002.
Indica que de este modo Marruecos consigue mantener el incremento de cupos conseguido para los meses de noviembre (4.000 toneladas) y diciembre (2.000 toneladas), por lo que las exportaciones de tomate de Marruecos libres de arancel en el periodo octubre-diciembre se sitúan nuevamente en 65.231 Toneladas.
UPA denuncia que esta prórroga de condiciones ha sido propuesta por la UE con la posición favorable de España y ello "sin exigir a cambio un control real de los envíos de tomate marroquí que asegure el cumplimiento de los contingentes mensuales".
Para la organización agraria, esta situación puede favorecer los "envíos masivos" en los primeros meses de la campaña de tomate de invierno, como ya ocurrió la pasada campaña, hundiendo los precios a nivel europeo y mermando los ingresos de los pequeños y medianos productores de tomate españoles.
Informa de que la prórroga, que establece las mismas condiciones de la campaña 2001-2002 a la campaña 2002-2003, queda sujeta a que a 31 de diciembre se alcance un acuerdo global, pero si este acuerdo no se produce las exportaciones marroquíes se regirían por el Acuerdo de 1995.
De darse esta situación, UPA afirma que los productores españoles serán los únicos de la UE que sufrirán la competencia de las producciones marroquíes.
Recuerda que Marruecos pretende ampliar hasta 216.000 toneladas el contingente de tomate para exportar a la UE libre de aranceles, lo que supondría un incremento de más de 65.000 toneladas con respecto al acuerdo de 1995.
Precios-hortalizas: COAG pide la aplicación de los precios mínimos de los productos
La COAG de Almería ha solicitado una reunión de la Mesa Hortofrutícola para decidir la aplicación de precios mínimos y que el agricultor cubra los costos de producción, ante el hundimiento de los precios de cultivos como el calabacín, el pimiento o la berenjena.
En un comunicado, la organización agraria aseguró que los servicios técnicos de la COAG-Almería han detectado precios por debajo de los costos de producción en varios cultivos, que llegan a límites por debajo de los cinco céntimos de euro.
COAG propondrá a la Mesa que se acuerden precios mínimos para cada producto que estén en vigor durante toda la campaña, ya que a su juicio es necesario arbitrar un mecanismo de control de tarifas en origen, de forma que los mínimos se apliquen automáticamente cada vez que el mercado en origen caiga por debajo de unos límites que deben consensuarse.
En este sentido, la organización propondrá que los precios mínimos para hortalizas en Almería tomen como referencia los costos de producción y explicó que estos oscilan entre los 0,21 euros el kilo del calabacín y los 0,40 euros del tomate con la excepción de la judía que llega a 0,60 euros por kilogramo
España-fitosanitarios: Los expertos destacan la utilidad de la nueva gestión de envases fitosanitarios
Expertos reunidos en las "XXIV Jornadas de Productos Fitosanitarios" que se celebran en Barcelona y que se clausurarán por el director general de Agricultura, Rafael Milán, pusieron de relieve la utilidad del nuevo sistema de gestión integrado para la recogida y tratamiento de los envases que contienen estos productos.
La gerente del Sistema Integrado de Gestión de Fitosanitarios (SigFito), Rocío Pastor, explicó que la nueva normativa establece que los envases de fitosanitarios deben gestionarse a través de un sistema integrado de gestión o un sistema de depósito de devolución y retorno, en vez del sistema de transmisión de responsabilidades utilizado hasta ahora.
Detalló que este nuevo sistema integrado consiste en la colocación de contenedores en las empresas de distribución, cooperativas, grandes explotaciones agrarias y puntos limpios de ayuntamientos donde los agricultores podrán depositar sus envases vacíos.
Un sistema en el que según Pastor, será fundamental la concienciación y colaboración por parte de los agricultores, ya que sobre ellos recae la responsabilidad de depositar sus envases en los contenedores "para darles un final adecuado según establece la ley".
Señaló que con la normativa anterior, se utilizaba el sistema de transmisión de responsabilidades, lo que significaba que el último poseedor del envase tenía que responsabilizarse de la gestión del mismo como residuo peligroso, y que con el nuevo sistema hay una "inaplicación parcial de dicha normativa, lo que facilita el cumplimiento por parte del agricultor".
Pastor recalcó que SigFito, es una entidad sin ánimo de lucro creada a raíz de los cambios legislativos producidos en materia de gestión de envases de productos fitosanitarios a iniciativa de los fabricantes, pero abierta a la participación de todos los agentes económicos, distribuidores, cooperativas y gestores de residuos.
Informó de que el sistema de financiación de SigFito consiste en la aportación por parte de cada uno de los fabricantes adheridos al sistema de una cantidad de dinero que vendrá determinada por el número de envases que saquen al mercado y de su peso
España-flores: Sevilla albergará I Jornadas Ibéricas de Plantas Ornamentales
Sevilla albergará las I Jornadas Ibéricas de Plantas Ornamentales que se desarrollarán del 19 al 21 de noviembre con el fin de analizar las últimas novedades introducidas en el sector, según un comunicado de la organización.
Detalla que las jornadas se estructurarán en varias sesiones que estudiarán aspectos como la utilización de plantas autóctonas con fines ornamentales, la programación de cultivos en este tipo de plantas o el uso de sustratos alternativos a la turba para el cultivo en maceta de plantas ornamentales.
Las jornadas, organizadas por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH) y la Asociación Portuguesa de Horticultura, también incluirán una visita a los Reales Alcázares de Sevilla para estudiar como influyen algunos factores, como la temperatura, en la germinación de determinadas plantas ornamentales
UE-Cumbre/España: Aznar defenderá que la ampliación no condicione con la futura reforma agrícola
El presidente del Gobierno, José María Aznar, defenderá en el Consejo Europeo de Bruselas la necesidad de completar las negociaciones con los países candidatos sin modificar el marco financiero ya pactado hasta el 2006 ni adoptar decisiones que condicionen la futura reforma de la Política Agrícola Común.
La concesión de ayudas agrícolas directas a los futuros Estados miembros de la UE es el único problema relacionado con el coste de la ampliación que no fue sometido a debate en la reunión de ministros de Exteriores comunitarios celebrada en Luxemburgo, por lo que será sometido directamente a discusión de los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre que comienza hoy en Bruselas.
Según fuentes diplomáticas, España considera "crucial" que en la cumbre extraordinaria de Bruselas se logre un acuerdo sobre este punto, porque, en caso contrario, quedaría en entredicho el objetivo de cerrar antes de fin de año las negociaciones de adhesión con diez países: Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Lituania, Letonia, Estonia, Chipre y Malta.
Frente a las sospechas de que Alemania pretende utilizar este aspecto de las negociaciones de ampliación para prejuzgar la futura reforma de la política agrícola común (PAC), España es partidaria de mantener las actuales reglas en el reparto de esas ayudas y cree que el marco financiero acordado en Berlín es suficiente para afrontar los costes del ingreso de nuevos socios hasta el 2007.
Mientras Alemania, Holanda, Suecia y Reino Unido cuestionan la existencia de estos pagos directos, España rechaza cualquier vinculación entre la ampliación y la futura reforma de la PAC y respalda la propuesta de la Comisión Europea, que "asegura un pago gradual a los países candidatos hasta el 2013".
El Ejecutivo español ve dificultades mucho menores a la hora de alcanzar un acuerdo sobre las restantes vertientes del coste de la ampliación, una vez que ya se han acercado posiciones en el reparto de fondos estructurales y de cohesión y en el mecanismo de compensaciones para los futuros Estados miembros.
Respecto al calendario de incorporación de nuevos socios, España acoge con satisfacción la vía libre concedida por los ministros de Exteriores de la UE a la propuesta para el cierre de las negociaciones de adhesión con 10 países antes de fin de año, tras las objeciones que planteó Holanda a las candidaturas de Polonia y Eslovaquia.
En todo caso, el Gobierno español reclama a Eslovaquia una rebaja de sus ayudas estatales a la industria automovilística, después de que la Comisión Europea haya propuesto conceder una exención fiscal del 30 por ciento a las empresas del sector implantadas en este país, muy superior a las aplicadas en el actual territorio de la UE, cuyo promedio no supera el 8 por ciento.
Las fuentes citadas aseguraron que no se trata de "una reacción por despecho" ante el traslado a Bratislava de parte de la producción del modelo "Ibiza" de Seat e insistieron en que España "no tiene el menor interés en bloquear la adhesión de Eslovaquia", pero cree preciso un "gesto" de este país para rebajar una exención que considera "extremadamente alta".
El Gobierno español, cuyas exigencias chocan con los intereses de Alemania, mantiene conversaciones con la Comisión Europea en busca de una solución, pero no descarta que la cumbre de Bruselas concluya sin acuerdo en este punto, ya que, según las mismas fuentes, se trata de un asunto "técnico" que no tiene por qué ser acordado necesariamente por los jefes de Estado y de Gobierno.
En cuanto a los candidatos más rezagados en sus negociaciones, España defiende la necesidad de no tratar en Bruselas, sino en la cumbre de Copenhague, en diciembre, la conveniencia de fijar el 2007 como fecha indicativa para el ingreso de Rumanía y Bulgaria.
En lo relativo a Turquía, el Ejecutivo español es partidario de no establecer ninguna fecha para el inicio de sus negociaciones de adhesión mientras no cumpla los mismos criterios económicos y políticos exigidos al resto de candidatos.
La cuestión de Kaliningrado, enclave ruso que quedará rodeado por la UE tras el ingreso de Polonia y Lituania, ocupará también gran parte de los debates en la cumbre de Bruselas, cuya conclusión está prevista para el viernes por la tarde, aunque la presidencia danesa de la Unión está dispuesta a prolongar su duración el tiempo que haga falta para alcanzar acuerdos en los asuntos clave.
Ante el problema de Kaliningrado, que la UE desea dejar resuelto en su próxima cumbre con Rusia, el 11 de noviembre, España apoyará cualquier solución que compatibilice la integridad e independencia de Lituania y el control de las fronteras exteriores de la Unión con las garantías que solicitan las autoridades rusas.
En este contexto, el Gobierno español ve posibilidades de acuerdo sobre la base de una "interpretación flexible" del convenio de Schengen que puede combinar la admisión de visados simplificados y de múltiples entradas con la puesta en marcha de un tren cerrado, sin paradas intermedias, que comunique Kaliningrado con el resto del territorio ruso.
UE-cumbre/agricultura: La propuesta sobre ayudas agrícolas llega sin cambios a la cumbre
La presidencia danesa de la UE mantiene de momento la propuesta que la Comisión Europea presentó en enero sobre la entrega de ayudas agrícolas directas a los futuros socios del Este, que será debatida durante la cumbre que comienzan hoy en Bruselas los jefes de Estado y Gobierno comunitarios.
La concesión de ayudas agrícolas a los futuros miembros de la UE se ha convertido en el asunto central para que los Quince puedan cerrar esta semana su oferta financiera a los nuevos socios y pueda cumplirse el calendario de las negociaciones para la adhesión.
Fuentes de la presidencia anunciaron que "está claro" que se mantienen los "cálculos y los parámetros" previstos por el Ejecutivo comunitario en su estrategia agrícola sobre la ampliación.
Los ministros de Exteriores que prepararon en Luxemburgo los debates de los líderes ni siquiera entraron en el apartado agrícola.
Antes de que los Quince aborden colectivamente la cuestión, el presidente francés, Jacques Chirac, y el canciller alemán, Gerhard Schroeder, -que encabezan los dos grupos con las posiciones más enfrentadas sobre las ayudas- tienen previsto reunirse a solas para intentar llegar a un acuerdo.
La propuesta presentada en enero por la Comisión Europea tiene como aspecto central la introducción gradual de pagos directos para los candidatos a partir de 2004 y un período transitorio de diez años hasta equiparar las subvenciones entre todos los Estados miembros, antiguos y nuevos.
En una primera fase, las ayudas ascenderían al 25 por ciento de la media comunitaria para el año 2004, al 30 por ciento en 2005 y 35 por ciento en 2006, y desde esa fecha los niveles de subvenciones se irían incrementando hasta igualarse con los antiguos Estados miembros en el año 2013.
Desde enero, este esquema se ha mantenido, aunque la Comisión ha jugado con ajustes técnicos en las cuotas y períodos de referencia para actualizar el proyecto de posición común.
La Comisión Europea rechazó dar el 100% de las ayudas como pedían los candidatos y planteó la introducción progresiva para evitar que una lluvia de subsidios desincentivara la reestructuración agrícola en estos países y para respetar los topes presupuestarios (2000-2006) aprobados en la cumbre de Berlín (1999).
La propuesta del Ejecutivo comunitario suscitó reservas entre los estados miembros que consideran que los nuevos socios no tienen derecho a percibir estas compensaciones, introducidas en el pasado por las reducciones de precios, y que el período previsto (2004-2013) va mucho más allá del actual marco presupuestario.
Fuentes de la presidencia de turno danesa reconocieron, en vísperas de la cumbre, que la discusión sobre las ayudas directas "ha pasado de ser una discusión agrícola, para convertirse en un tema financiero", dando a entender que otros capítulos del gasto de la UE podrían discutirse también.
Alemania, Holanda, Reino Unido y Suecia (contribuyentes netos al presupuesto comunitario), son partidarios de ahorrar en agricultura y rechazan dar ayudas a los países candidatos, porque ello dispararía el presupuesto y dificultaría una reforma futura en profundidad de la PAC y consideran que las ayudas no entran dentro de los acuerdos alcanzados en Berlín para financiar la ampliación.
Además, estos países pretenden vincular las negociaciones de la ampliación con la revisión de la Política Agrícola Común (PAC), prevista en principio en 2006, y exigen una reducción de apoyos directos a los agricultores a partir de 2004.
En el lado contrario, Francia, principal beneficiario del presupuesto agrícola de la UE (6.184,5 millones de euros en 2001), lidera el grupo de los países -en el que también figura España- que están a favor de la propuesta de la Comisión Europea y que rechazan una reforma en profundidad de la PAC antes de 2006.
El presidente del Gobierno español, José María Aznar, defenderá que se completen las negociaciones con los países candidatos sin aprobar decisiones que condicionen la futura reforma de la PAC.
Frente a las sospechas de que Alemania utiliza las negociaciones de ampliación para forzar la revisión de la PAC, España considera que deben mantenerse las actuales reglas sobre el reparto de esas ayudas y cree que el marco financiero acordado en Berlín es suficiente para afrontar el coste de la adhesión.
En el Consejo Europeo de Berlín, cuando se aprobó la Agenda 2000 y la última reforma de la PAC, los Quince acordaron una estabilización del gasto agrícola en 40.500 millones de euros anuales (más la inflación).
Ya entonces los mismos países que quieren reducir el gasto agrícola y la Comisión Europea abogaban por recortar el presupuesto para la agricultura.
El comisario de Agricultura, Franz Fischler, está convencido de que la ampliación "no hará explotar el presupuesto comunitario", y ha manifestado que la agricultura "no debe ser el chivo expiatorio" para complacer a aquellos que quieren ahorrar fondos.
