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Arroz: Los arroceros critican la PAC y prevén una bajada del 50% del precio de intervención
La Federación de Arroceros de Sevilla prevé una bajada del 50 por ciento del precio de intervención del arroz con la reforma de la PAC y critica la propuesta por los perjuicios que presentará para el sector.
Según manifestaron los arroceros sevillanos a través de una nota, la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) propuesta por el comisario, Franz Fischler, traerá consigo una disminución de la renta y la desaparición del cultivo en la marisma sevillana -que constituye el mayor humedal del Parque Nacional de Doñana con 36.000 hectáreas de cultivo de la que viven 6.000 familias-.
El director gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla, Manuel Cano, consideró "nefasta y muy dañina" la propuesta europea "por su dureza".
Manifestó que el cultivo europeo será uno de los más perjudicados por la revisión intermedia de la PAC, conclusión a la que llegaron los representantes del sector de España, Francia, Portugal e Italia en la reunión que mantuvieron en Arlés (Francia).
Según la nota, a partir de 2009 las fronteras comunitarias se abrirán a 667 productos agroalimentarios procedentes de los 48 países menos avanzados y "hundirán la producción del arroz europeo", ya que para esa fecha está prevista la entrada de más de un millón de toneladas de arroz "a precios con los que Europa no puede competir".
La provincia de Sevilla es la primera productora de arroz de Europa y cuenta con unos niveles de facturación de 96,16 millones de euros.
Fischler propone un sistema de modulación obligatoria a todos los estados miembros que se traducirá en un recorte de ayudas del 3 al 20 por ciento en 6-7 años, lo que supondrá una disminución de 800 millones de euros cuando la reforma alcance la velocidad crucero.
En lo que respecta al cultivo del arroz España mantendrá la superficie máxima garantizada de 104.973 hectáreas y el precio de la intervención se reducirá a la mitad, mientras que para amortiguar el golpe la Comisión aboga por introducir unos pagos compensatorios por explotación.
Si bien, el incremento de la ayuda no compensa el descenso del precio de intervención; ya que las dudas interpretativas provocarán que el productor, en una situación óptima, tenga que vender a un precio mínimo de 0,19 euros/kilo para no tener pérdidas -en el caso de que las penalizaciones tengan en cuenta las referencias históricas el precio mínimo será de 0,24 euros/kilo-.
Los productores volverán a reunirse el próximo 11 de septiembre en Vecelli (Italia) en un encuentro previo a la reunión del Comité Consultivo de Arroz que tendrá lugar el 11 de octubre en Bruselas
España/EUUU-clementinas: España fija alegaciones al protocolo de EEUU sobre la importación de clementinas
España definió las alegaciones presentadas a la normativa impuesta por Estados Unidos (EEUU) para reanudar las exportaciones de clementinas, entre la que destaca la apertura de las fronteras a todos los estados.
Las alegaciones fueron elaboradas por representantes del Ministerio de Agricultura (MAPA), de la Consellería de Agricultura de Valencia e Intercitrus, reunidos en Valencia para que EEUU reanude las importaciones de clementinas españolas suspendidas el pasado mes de diciembre tras descubrir larvas de mosca del Mediterráneo en algunos cargamentos de fruta.
El presidente de la Interprofesional citrícola española Intercitrus, Cirilo Arnandis, aseguró que son tres las principales alegaciones que España presenta al protocolo comercial.
Arnandis informó de que se oponen a la pretensión de EEUU de ampliar dos días el tratamiento de frío que se aplica durante el transporte de las clementinas, "ya que este es un tratamiento reconocido científicamente a nivel mundial y consideramos injusto que se haga sólo con esta fruta".
En segundo lugar subrayó que una vez pasada la inspección en destino se den a los exportadores todas las garantías de que el producto no ha sido manipulado, ya que este se presenta en cajas abiertas.
En este caso, indicó que si se detecta la presencia de mosca blanca en alguna clementina, "las autoridades deben actuar sobre el lote en el que venía y no sobre todo el cargamento del barco que las transportaba".
También se solicitó la apertura de las fronteras de Texas, California, Arizona, Florida y Luisiana, estados que no importarán clementina española durante el primer año de campaña, algo que a juicio de Arnandis es contradictorio ya que "estos estados recibirán la clementina española con mayores controles de calidad que las que ellos producen".
Manifestó su esperanza de que finalmente el próximo 1 de octubre se reanuden las exportaciones de clementinas a norteamérica, ya que a su juicio "de esto dependerá el buen desarrollo o no de la campaña citrícola"
UE-cereales: los países de la UE menos España y Suecia apoyan cambiar la importación de cereal
Los Estados miembros, excepto España y Suecia, apoyan que la Comisión Europea negocie ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) un cambio en el sistema de importación de cereales, informaron fuentes comunitarias.
El Comité Especial de Agricultura, formado por técnicos de los Quince, consensuó una propuesta presentada por el Ejecutivo comunitario para modificar el actual régimen de importación de cereales e introducir otro sistema basado en cuotas arancelarias y derechos de aduana fijos.
El acuerdo alcanzado por el Comité Especial de Agricultura será aprobado el próximo viernes, por procedimiento escrito, por el Consejo de Ministros de la UE.
La Comisión Europea propuso, a finales de junio, dicha medida con el fin de frenar el "desequilibrio de las últimas campañas" por la excesiva entrada a la UE de cereal de países terceros, especialmente de la zona del mar Negro.
Bruselas pretendía transformar el sistema de importaciones de cereales y arroz al mercado comunitario, pero los representantes de los Estados miembros han apoyado que por ahora sólo se negocie ante la OMC un cambio en el régimen de cereales.
Los representantes de los Estados miembros decidieron que a final de año se analice si es conveniente o no negociar ante la OMC un cambio en la importación de arroz.
La propuesta de la Comisión Europea fue rechazada por España y Suecia, mientras que Belga se abstuvo.
España se opuso porque "sólo es favorable a que se modifique la importación de trigo blando, pero no para el resto de los cereales", según explicaron fuentes diplomáticas.
Además, España rechaza que se limiten las importaciones de maíz y sorgo de países terceros, porque estas compras han beneficiado tradicionalmente al sector agrícola español.
Suecia rechazó la propuesta de la Comisión Europea, por considerar "es un gesto político negativo hacia los países del Mar Negro, pues desde la UE se les ha animado a que se conviertan en productores de cereal", según fuentes comunitarias.
Los representantes de Francia, Grecia e Irlanda aprobaron una declaración en la que expresan su deseo de que la Comisión Europea saque adelante medidas "a corto plazo" para frenar la entrada de cereales, concluyeron las fuentes
Baleares-Alimentos transgénicos: El Mallorquin Andreu Palou dirige el seminario sobre nuevos alimentos
La Biotecnología será una de las piezas claves del desarrollo económico asociado a nuevos conocimientos de los próximos veinte años, según el director del seminario sobre nuevos alimentos, el catedrático mallorquín Andreu Palou, que se celebra en los cursos de verano de la Fundación Duques de Soria.
El gran reto de las décadas venideras será lograr la convivencia de los avances en Biotecnología con los sistemas tradicionales de alimentación y acabar con los actuales recelos del consumidor hacia productos como los alimentos transgénicos, señaló Palou.
Los avances en este campo permitirán además, a medio plazo, combatir enfermedades crónicas de las nuevas sociedades como la obesidad, algunos tipos de cáncer o las cardiovasculares, añadió el profesor Palou, quien se mostró optimista respecto a las nuevas técnicas y descubrimientos como el del genoma humano que abrirán "expectativas muy grandes".
El director del curso y catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de las Islas Baleares subrayó el cambio que está experimentado el consumidor, que cada vez demanda en mayor medida a los alimentos "que le proporcionen bienestar y salud".
En este sentido añadió que el gran reto al que nos enfrentamos es lograr "alimentos mejores que nos den más salud y más calidad de vida", algo que se logrará a través de los transgénicos sobretodo los de segunda generación, según Andreu Palou.
No obstante matizó que este tipo de organismos modificados genéticamente no van a ser "la panacea", pero sí contribuirán "de manera importante" a atender la demanda del consumidor que va desde una nutrición adecuada hasta una producción que se realice de forma sostenible, con un buen sabor y que a la vez sea compatible con las tradiciones.
Andreu Palou señaló que el proceso de adaptación del consumidor español a los nuevos avances es más lento que en el resto de Europa debido a que las crisis alimentarias "le han sensibilizado", aunque se declaró sentirse confiado en que también los españoles acabarán cediendo y aceptando la Biotecnología.
También destacó la calidad de la alimentación actual, que a su juicio "cada día es mejor", lo que se demuestra en que mejora la esperanza de vida.
Por último, se refirió al vacío legal que existe respecto a los mensajes publicitarios, que no son claros para el consumidor y apostó en este sentido por establecer un marco de regulación en la Unión Europea para garantizar la seguridad y calidad y evitar el fraude.
Durante los cinco días que durará el seminario se hablará de estas nuevas tendencias con la aportación de expertos del sector industrial, investigador, consumidor y legislador.
Andalucía-Olivar: El 38,5% de los olivareros andaluces afectados por discrepancias en el SIG
El 38,5 por ciento de los olivareros andaluces se ven afectados por las discrepancias que presenta el Sistema de Información Geográfica (SIG) oleícola en relación con los datos que aparecen en las declaraciones de cultivo de los propios agricultores.
El Ministerio de Agricultura y Pesca ha remitido a 90.521 de los 235.000 olivareros andaluces una carta en la que se les informa de las discrepancias recogidas en el SIG frente a sus declaraciones de cultivo y en la que se les da un mes de plazo para subsanarlas.
Catorce organizaciones de productores reconocidos (OPR) se han reunido en Jaén para pedir al Ministerio de Agricultura una prórroga de dos meses más para poder subsanar los errores al verse desbordadas por el elevado número de reclamaciones que se están practicando.
El coordinador de estas OPR y secretario provincial de la UPA en Jaén, Agustín Rodríguez, dijo en conferencia de prensa que en las OPR se está trabajando "a destajo" para poder solucionar los expedientes, aunque con un mes de plazo es "casi imposible porque las OPR están colapsadas".
El no demostrar los errores del SIG, según Rodríguez, implica al olivarero devolver parte de las ayudas comunitarias a la producción del aceite de oliva y correspondientes a las dos últimas campañas, así como no poder tramitar las ayudas para la campaña 2001-2002.
Añadió que el Ministerio de Agricultura ha actuado "tarde y mal" con el SIG, un sistema exigido por la UE a todos los países productores de aceite para el cobro de las ayudas, y que debería haber estado en funcionamiento desde 1998.
Rodríguez señaló que cada campaña que pasa sin el SIG le cuesta a España una sanción de 48 millones de euros, de ahí que el Ministerio "quiera a toda costa homologar el SIG antes de noviembre".
Además, según las OPR hay unas 27.000 cartas de comunicación de incidencias que no llegarán a sus destinatarios por cambios de dirección, por lo que estos olivareros "se deberán quedar con lo que diga el SIG, sin posibilidad de recurrir".
Agricultura-Marruecos: ASAJA,"si aumentan concesiones desaparece agricultura de Almería"
El presidente de la patronal agraria ASAJA-Almería, Francisco Vargas, aseguró que "si se aumentan las concesiones con Marruecos, la agricultura almeriense desaparecerá".
En un comunicado, Vargas manifestó que el próximo jueves se reunirá con el ministro de Agricultura y Pesca, Miguel Arias Cañete, para debatir el acuerdo de asociación con Marruecos y el aumento de los cupos al país norteafricano.
Vargas declaró que la patronal mantendrá la postura de no hacer más concesiones a Marruecos, ya que "sus peticiones pretenden exterminar nuestras producciones y los principales perjudicados resultan ser siempre los agricultores almerienses".
El presidente de ASAJA-Almería consideró además "desmesuradas" las peticiones marroquíes, y afirmó que si al final la Unión Europea cede "provocará la caída del sector hortícola almeriense".
Anunció que si tras el encuentro con Arias Cañete no se adoptan medidas para poner fin a las pretensiones de Marruecos, ASAJA-Almería convocará movilizaciones.
A juicio de Vargas, el conflicto de la isla de Perejil "es una estrategia más de Marruecos para que se acceda a sus peticiones, ahora que están en pleno proceso de negociación con la UE
Extremadura-temporeros: Una etiqueta identificará a las empresas que contratan temporeros según la ley
Los empresarios extremeños que contraten a inmigrantes con unas condiciones laborales y sociales acordes a la ley recibirán una etiqueta social que adherirán a sus productos como identificativo de haber empleado a los trabajadores con un salario, horario y condiciones dignas.
Se trata de una iniciativa promovida por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y la Confederación de Agricultores de Portugal (CAP), que presentaron en la UE para optar a financiación comunitaria y que, tras recibir el visto bueno, ha sido presentada a los medios de comunicación por el secretario de Organización de UPA-UCE Extremadura, Miguel Leal.
En concreto, es un proyecto, todavía en fase de elaboración, en el que colabora también el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), que busca sensibilizar a la población y que se presenta como pionero en el país.
Según explicó el coordinador del proyecto, Nereo Ramírez, se trata de un proyecto muy ambicioso que persigue "la calidad del trabajo en el campo" y que se firma por un periodo de dos años, en contra de los acuerdos "temporales" alcanzados en campañas pasadas con los sindicatos.
Su aplicación en la región se decidió por el escaso grado de conflictividad social registrado en la comunidad, que llevó a UPA estatal a apostar por Extremadura como escenario de este proyecto y a descartar otras alternativas, como por ejemplo Almería.
Tras haber recibido la aprobación de la Unión Europea -que financiará un 75 por ciento de los 162.273 euros presupuestados mientras que el resto corresponderá a UPA-, las organizaciones implicadas elaboran el documento, que posiblemente será firmado, que recoge las condiciones de acceso al etiquetado social.
En función de los resultados de la primera fase, que concluye el próximo 31 de diciembre, la UE decidirá la concesión de la partida presupuestaria correspondiente a la segunda anualidad de modo que, según las previsiones de UPA-UCE, la concesión de las etiquetas comenzará a finales de 2003.
Para acceder a ellas, los empresarios deberán cumplir unos requisitos, entre ellos, el respeto a los tiempos de trabajo y descanso, la garantía de unas condiciones higiénicas, asistencia sanitaria de los trabajadores o la adecuación de las zonas de acampada y de uso común de los temporeros y sus familiares.
En caso de ser concedida, un comisión de seguimiento velará por el cumplimiento de estas condiciones así como su mantenimiento en el tiempo por lo que, según Ramírez, el proyecto buscará la implicación de la Administración.
El director territorial del IFES en Extremadura, Luis Durán, destacó que, a partir de los datos obtenidos en las encuestas realizadas, el cumplimiento de la normativa en la contratación de los temporeros en Extremadura es "muy importante".
Anunció que, de cara a la concesión de las etiquetas sociales, "el panorama que se presenta es bastante positivo".
Aunque se trata de un proyecto pionero en el país, el objetivo de UPA-UCE es que se implante en otras comunidades autónomas y estados miembros de la Unión Europea.
Pesca-PPC: El CES debate hoy una Resolución de Política Pesquera Común (PPC)
El Comité Económico Social (CES) debatirá hoy en sesión plenaria ordinaria una Resolución sobre la reforma de Política Pesquera Comunitaria (PPC) presentada por la Comisión Europea.
El CES señala, en un comunicado, que se producirá un debate sobre los distintos aspectos que recoge esta propuesta comunitaria y que afectan muy directamente al sector de la pesca.
La reforma que propone Bruselas provocará el desguace de unos 8.500 barcos, de los que 1.300 corresponden a España y la pérdida de 7.000 empleos en los próximos cuatro años.
La Unión Europea tiene asignados a España 319,9 millones de euros para corrección del esfuerzo pesquero, lo cual significa que hay fondos suficientes para acometer el proyecto.
España es, tras Italia, el segundo país más afectado por la reforma de la PPC, en lo que a desguace de buques respecta, según aparece recogidos en las estimaciones de la Comisión.
La idea central de la reforma que ha despertado la hostilidad de todos los socios del Sur comunitario -Grecia, Francia, Italia, España y Portugal-, además de Irlanda, es la de reducir flota entre el 30 y 60 por ciento, según las especies.
También consiste en cancelar ayudas a nuevos buques, modernización de la flota, constitución de empresas mixtas en el extranjero y desviar los ahorros logrados así hacía las primas al desguace de naves y a programas sociales para paliar el impacto en el empleo
