La aplicación del plan de
reducción de la flota pesquera propuesto por el comisario Franz Fischler a la
Comisión Europea en sus actuales términos es "una barbaridad" y
supondría "un desastre" para el sector en Canarias, afirmó el
consejero de Pesca regional, Pedro Rodríguez-Zaragoza.
La incentivación del desguace de los buques con ayudas de 6.000 euros por
tonelada, que "puede reportar un beneficio de 800 millones de pesetas a
quien tenga un barco de 800 toneladas" y representaría por tanto "una
golosina" para muchos armadores, y la anulación de las subvenciones
destinadas a modernizar la flota son -según dijo- los aspectos de la propuesta
más perjudiciales para las islas.
Un proyecto que, al entender del Gobierno canario, ha sido "hecho
precipitadamente y sin orden", y sin calcular siquiera previamente sus
posibles repercusiones sobre la economía y el mercado laboral de países con
significativos sectores pesqueros como España, Italia, Francia, Grecia, Irlanda
y Portugal, llamados el "grupo de los seis".
Unos Estados que se ven además perjudicados por el hecho de no haberse podido
acoger a los fondos invertidos por la UE en ayudas a la reconversión de la
flota que en años anteriores permitieron modernizar sus buques a países como
Holanda o Noruega, y a los que, pese a que serían los más afectados por las
medidas propuestas, no se les ha consultado a la hora de elaborar el proyecto,
destacó.
En consecuencia, Rodríguez-Zaragoza anunció que el archipiélago "apoyará
a todo aquel que se oponga" al plan de reducción de la flota, si bien no
se mostró confiado en que la fórmula que se emplee para hacerle frente sea el
establecimiento de una minoría de bloqueo formada por el "grupo de los
seis", como han pedido ya que se haga algunos empresarios pesqueros.
En cualquier caso, subrayó que Canarias trabajará por "atemperar sus
posibles efectos".
A tal fin, el consejero canario relató que al conocer la propuesta, contactó
con el Ministerio de Agricultura y Pesca, cuyo titular, Miguel Arias Cañete,
admitió que reconducir la propuesta de Fischler será "una larga
batalla", aunque se mostró dispuesto a colaborar en ella, ya que, además
de en las islas, sus repercusiones negativas afectarían a Galicia y Andalucía.
Precisó, no obstante, que Canarias sería probablemente la región más
perjudicada, ya que en ella los proyectos de reciclaje de los pescadores de la
flota como mano de obra para otros sectores incluidos en el plan resultan menos
viables que en el continente.
Ello se debe a que en el archipiélago "no hay un sector industrial
suficiente para absorber a esos trabajadores, que tampoco podrían ir al
turismo, porque la moratoria que promueve el Gobierno en la construcción de
nuevas camas lo hace inviable, y mucho menos pueden transformarse en mano de
obra para el sector servicios", argumentó.
En consecuencia, demandó "que la reestructuración de la flota que se prevé
no sea lineal, para todos igual, porque los pescadores aquí no tienen la
posibilidad de ir a otros caladeros", debido a que sus barcos están
construidos y equipados para faenar en las aguas del archipiélago o en las próximas
de Marruecos, y necesitarían ser adaptados con inversiones cuantiosas para
operar más lejos.
Para concretar las alegaciones de Canarias al documento de Fischler, el
consejero anunció que convocará al sector isleño a una reunión lo antes
posible, entre la semana presente y la próxima.
Rodríguez-Zaragoza recordó que la flota pesquera del archipiélago está
constituida por 804 barcos artesanales, que suman 6.100 toneladas de registro
bruto y de los que dependen 1.500 armadores y marineros, y 120 buques
industriales, que aglutinan 30.000 toneladas de registro bruto

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