El secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), Javier Sánchez, pidió al consejero de Agricultura, Gonzalo Arguilé, que traslade la "situación catastrófica" que atraviesa el campo aragonés al ministro Miguel Arias, al considerar que más del 55 por ciento debe ser declarado "zona catastrófica".

Según explicó Sánchez antes de reunirse con Arguilé, el fin de esta petición es que "se pongan en funcionamiento medidas y fondos estructurales".
En opinión del secretario general de UAGA, es "necesario" que se abra el debate político hacia una ley básica de agricultura y desarrollo rural, encaminada hacia un modelo de explotación familiar.

Esta ley contaría con todos los recursos comunitarios, tanto en pagas compensatorios como en ayudas estructurales y el derecho a producir un determinado cupo de producción sobre algunos productos, como "alfalfa, terneros, aceite o arroz".

Señaló como un "verdadero problema" la grave sequía que atraviesa el campo aragonés, que no es nuevo, al tiempo que solicitó de "manera urgente" la reforma de los seguros agrarios, para que sean "eficaces y cubran los costes de producción y la mano de obra del agricultor".

Se refirió además a las grandes heladas que sufrió el olivar aragonés y, sobre este asunto, hizo un llamamiento a Arias para saber "a qué se refiere cuando habla de los problemas del olivar", puesto que UAGA considera que no debe hablar únicamente del catalán porque supondría un "nuevo desprecio" al aragonés.

En este sentido, manifestó su interés por conocer si la consejería de Agricultura "está defendiendo con firmeza y contundencia la grave situación que atraviesan 33.000 hectáreas de olivar aragonés", de las que más del 50 por ciento "no tiene posibilidades de recuperación".

En su opinión, deben ser las tres administraciones, la autonómica, la nacional y la europea, las que actúen por medio de los fondos regionales y estructurales para "garantizar la supervivencia de las miles de explotaciones que se dedican a producir un aceite de calidad".

Asimismo, dijo que la valoración inicial para recobrar el campo aragonés era de mil millones de pesetas, pero subrayó que a esta cifra "hay que sumar el plan de choque" necesario para el olivar aragonés.

Añadió que en estos momentos los productores de aceituna "se ven en la obligación de arrancar los árboles que se han muerto" con el objeto de garantizar su supervivencia en los próximos años.

También se refirió a la Ley del Pirineo, cuyo borrador, en su opinión, "no está completo", ya que en dos párrafos "se ventila todo el problema de la agricultura y la ganadería en esta zona", si bien destacó que UAGA apoyará la labor del Gobierno aragonés si continúa con la posición que mantuvo en julio de 2000, en la que participaron todas las organizaciones agrarias y asociaciones.