La Junta de Extremadura aplicará la modulación de las ayudas comunitarias a 1.939 de las 76.981 explotaciones agrarias que hay en la comunidad autónoma, según el borrador de la futura ley extremeña de modulación elaborado por la Consejería de Agricultura.

El director general de Política Agraria Comunitaria, José Luis Quintana, presentó el documento a los representantes de las organizaciones profesionales agrarias UPA-UCE, ASAJA-Extremadura, COAG y APAG-Extremadura, en la primera reunión preparatoria de la ley propuesta por el presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en el debate sobre el estado de la región.

Quintana explicó que la intención del Gobierno regional es que la modulación se aplique a titulares de explotaciones con rentas superiores a 30.000 euros, que tendrán una deducción de 900 euros por cada trabajador empleado.

Según la propuesta de la Junta, la modulación afectará a las 1.352 explotaciones que hay en Extremadura con rentas de entre 30.000 y 60.000 euros, las 323 de entre 60.000 y 90.000 euros, 120 de entre 90.000 y 120.000, las 101 de entre 120.000 y 180.000 y las 43 que generan rentas superiores a los 180.000 euros.

De este modo, dijo Quintana, la modulación afectará "realmente, a un pequeño número de explotaciones", ya que la mayoría, 75.042, generan rentas inferiores a los 30.000 euros.

El director general solicitó a los representantes agrarios que presenten sus observaciones a diversos aspectos incluidos en el documento, que se basa en el informe del Ministerio de Agricultura de noviembre de 1999 sobre la aplicación de la modulación de la PAC en España.

Entre ellos, los tramos con los mínimos y máximos aplicables por modulación y la posibilidad de que a los no residentes en la región tengan una "discriminación negativa".

Sobre ambas cuestiones, las organizaciones profesionales agrarias deberán presentar sus propuestas en la próxima reunión con el director general, que ha sido fijada para el 5 de abril.

El documento prevé además dos causas que eximen de la modulación, explicó Quintana, quien señaló que no se aplicará a sectores que en un determinado momento atraviesen dificultades ni a zonas desfavorecidas.

También se eximirá a los ayuntamientos que cobran ayudas por ser propietarios de terrenos y que tengan su explotación cedida a los agricultores, que serán a los que se les aplique la modulación.

El director general rechazó, como ha propuesto alguna organización agraria, que se exima también a todos los agricultores a título principal, porque podría haber explotaciones con grande rentas y que no generan empleo cuyos propietarios sean ATP.

El borrador elaborado por la Consejería de Agricultura establece asimismo como condición indispensable que el dinero obtenido por la modulación se destine obligatoriamente a la comunidad autónoma, subrayó el director general de Política Agraria Comunitaria, quien insistió en que la Junta mantendrá su decisión de modular las ayudas agrarias, al no haberlo hecho ya el Gobierno central.

"La modulación es la coartada para que nos siga viviendo el dinero que ya llega a Extremadura", afirmó Quintana, para quien la ley es necesaria por razones de eficacia económica y de igualdad en la distribución de las ayudas, y porque es una demanda tanto del sector agrario como de la sociedad en general.