COAG pedirá al Ministerio de Agricultura que exija a la Unión Europea la reforma de la organización común del mercado (OCM) del arroz, porque el sistema de establecido para España supone un penalización mínima del 50 por ciento de las ayudas previstas para el sector.

El secretario general de COAG en Extremadura, Luis Cortés, explicó que al ser progresivas las penalizaciones para los cultivadores españoles, cada porcentaje de producción que se sobrepase se multiplica por seis.

De este modo, España ya cuenta cada año con una penalización mínima cercana al 50 por ciento de la ayuda, señaló Cortés, cuya organización expondrá la propuesta de modificación de la OCM en la reunión que mantendrá, junto a otras organizaciones agrarias, con la secretaria general del MAPA, Isabel García Tejerina.

Cortés defendió la necesidad de establecer una ayuda para España que se reparta entre las hectáreas sembradas y de suprimir la penalización progresiva, porque "cuantas más hectáreas sembremos, menos dinero viene de la Unión Europea".

España dispone actualmente de 104.00 hectáreas de superficie base garantiza, lo que en principio supone unas ayudas de 5.500 millones de pesetas, de los que apenas llegan 2.300 millones al alcanzar la superficie de siembra 117.000 hectáreas, de las que 22.000 se encuentran en Extremadura, tercera comunidad productora española.

Para cobrar todas las ayudas, España podría declarar únicamente la superficie garantizada como, según dijo Cortés, hace Grecia, lo que permite a este país obtener el 100 por ciento de las subvenciones.

"El fraude griego lo conoce todo el mundo, menos el Ministerio de Agricultura, por lo visto", dijo Cortés, quien no comprende la actitud del MAPA, porque "o son más papistas que el Papa y no quieren enfrentarse a la Comisión Europea o les da igual lo que le pase a los agricultores".

El secretario regional de COAG pidió una mayor diligencia al Ministerio frente a la negativa de la UE a reformar la OCM del arroz, una negativa que entendió como lógica, porque "menudo chollo tiene con España al pagarnos sólo el 50 por ciento de las ayudas", lo que supone un ahorro comunitario de cerca de 3.000 millones de pesetas