La organización ecologista Greenpeace califica de
"inaceptable" el archivo de la causa judicial abierta por el vertido
tóxico de minas de Aznalcóllar, que consideró "un paso atrás en la
defensa del derecho constitucional de todos los ciudadanos a disfrutar de un
medio ambiente adecuado".
Según un comunicado de Greenpeace, "sorprende que habiéndose denunciado
con anterioridad la vulneración de la normativa ambiental por los derrames de
esta balsa, y habiéndose puesto en peligro el medio ambiente, el juzgado
instructor ni tan siquiera encuentre indicios de una responsabilidad
penal".
En este sentido, Greenpeace recuerda que el auto que archiva la causa se
produce a pesar de que el informe pericial realizado por la Universidad Politécnica
de Cataluña señalaba que la balsa que se rompió fue construida sin tener en
cuenta la fragilidad de las arcillas y las altas presiones del agua en sus
cimientos.
Para Greenpeace, tanto la empresa propietaria de las minas, Boliden Apirsa,
que "semanas antes del vertido aseguraba que sus instalaciones eran
seguras" como la Junta y el Ministerio de Medio Ambiente deben
"asumir su responsabilidad en lo que fue una de las mayores catástrofes
medioambientales y económicas que se recuerdan, cuyas secuelas tardarán años
en desaparecer".