La causa judicial abierta por el vertido tóxico de la Mina de Aznalcóllar
(Sevilla) ha sido archivada por la juez que instruye el caso, Celia Belhadj, al
no haber indicios de responsabilidad penal, una decisión que afectados y
ecologistas van a recurrir, mientras que la Junta de Andalucía lo estudiará.
En la causa estaban imputadas 25 personas: siete empleados de Boliden, catorce
de Geocisa, empresa responsable de la seguridad de la mina, dos funcionarios de
la Junta de Andalucía y uno del Instituto Tecnológico Geominero Español (ITGE),
además del ingeniero responsable de geotecnia del proyecto de construcción de
la balsa.
La balsa minera de Aznalcóllar se quebró en la madrugada del 25 de abril de
1998 y provocó el vertido de cinco hectómetros de aguas ácidas y lodos tóxicos
al río Guadiamar, poniendo en peligro al Parque Nacional de Doñana y
contaminando todo este cauce y las explotaciones agrícolas aledañas.
Boliden anunció en octubre pasado la presentación de un expediente de suspensión
de pagos y argumentó que las "enormes pérdidas" que arrastra,
"junto a los malos resultados obtenidos durante el primer semestre del año,
hacen imposible que puedan dar comienzo los trabajos para iniciar la tercera
fase de explotación de la mina", en la que trabajan casi quinientas
personas.
El vertido provocó que la fauna acuática resultara arrasada, al tiempo que los
residuos anegaron e inutilizaron más de seis mil hectáreas de terrenos, muchos
de ellos agrícolas, así como cuarenta kilómetros de cauce y una zona de
marismas limítrofe con Doñana.
Las partes afectadas en el caso del vertido tóxico de Aznalcóllar (Sevilla)
anunciaron hoy que presentarán ante la Audiencia de Sevilla un recurso contra
la decisión de archivar la causa por no encontrar indicios de responsabilidad
penal.
Jesús López de Lemus, abogado de una de las propietarias afectadas por el
vertido, dijo a Efe que presentará primero ante la juez un recurso de reforma
del auto del archivo de la causa.
De igual forma, la asociación Ecologistas en Acción calificó hoy como un
"escándalo" la decisión de la juez que instruye el caso del vertido
tóxico de Minas de Aznalcóllar de archivar la causa y anunció que presentará
un recurso judicial ante la Audiencia Provincial de Sevilla de
"inmediato".
La Junta de Andalucía, personada en la causa judicial por la rotura de la balsa
minera de Aznalcóllar (Sevilla), que ha sido archivada por la juez por no
encontrar indicios penales, estudiará si inicia un procedimiento civil, una
decisión que se adoptará una vez que se conozca y valore el auto de la juez
que archiva el caso.
Los partidos de la oposición en el Parlamento andaluz -PP e IU- se refirieron a
la decisión del juzgado, y mientras los populares mostraron su preocupación
por la "responsabilidad política" de la Junta, que "está
echando balones fuera y comportándose de forma beligerante", IU criticó
directamente la decisión.
Según indicó a Efe Carolina González Vigo, portavoz popular de Medio Ambiente
en el Parlamento andaluz, "respetamos, asumimos y acatamos las decisiones
judiciales, pero nos preocupa la responsabilidad política de la Junta, que está
actuando de forma beligerante, echando balones fuera".
El portavoz parlamentario de IU, Antonio Romero, criticó la decisión judicial,
en un juicio en el que está personado como acusación particular, y pedirá el
traslado del caso a la Audiencia Provincial, "con más medios que el
juzgado de Sanlúcar".
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