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DENUNCIAS
A LOS PAÍSES DE LA UE POR NO CONDICIONAR LAS AYUDAS AGRARIAS A LA ECOLOGÍA
Representantes
de WWF/Adena denunciaron hoy en Madrid que ocho países de la UE, entre ellos
España, "ignoran las normas ambientales en la agricultura" ya que no
condicionan la recepción de subvenciones agrarias europeas a la puesta en
marcha de prácticas que respeten el medio ambiente.
Las reformas de la Agenda 2000 realizadas el pasado año permiten a los estados
miembros añadir en su legislación el requisito de cumplir determinadas
condiciones ecológicas para poder recibir ayudas de la Política Agraria
Comunitaria (PAC), pero parte de esos países no han llevado aún a la práctica
esta medida.
El grupo ecologista presentó en conferencia de prensa durante la celebración
de un seminario internacional las conclusiones de un estudio que detalla el
impacto medioambiental en Europa de la explotación agrícola, que Guy Beaufoy,
experto en Política Europea de la plataforma, achacó a las "malas prácticas
agrarias".
El coordinador del informe, Jan-Erik Petersen, dijo que "el dinero de los
fondos públicos no debería aplicarse a destruir un bien común" como es
el medio ambiente y abogó por aplicar la eco-condicionalidad, término
introducido por la Agenda 2000 que supone acompañar la agricultura de una visión
ecológica.
En el caso español, Beaufoy señaló que la aplicación de la eco-condicionalidad
encuentra un obstáculo en que "el sistema constitucional es bastante
complejo", pero destacó que en estos momentos hay un grupo de trabajo en
el que participan representantes del Ministerio de Agricultura y de las
comunidades autónomas.
Petersen, que pertenece al Instituto Europeo de Política Ambiental (IEEP), añadió
otros impedimentos, como la "resistencia" de los agricultores, la
"complejidad administrativa y política" que entraña este
instrumento, y la necesidad de que los gobiernos doten a la eco-condicionalidad
de "más recursos".
No obstante, se mostró crítico con los responsables políticos porque, en su
opinión, "todavía no son conscientes de la ventaja que supone la protección
del medio ambiente para el mundo rural".
En el mismo sentido se manifestó Beaufoy, quien junto a mayores dotaciones
solicitó "más debate y transparencia" porque muchas de las
negociaciones seguidas hasta ahora en instancias políticas han marginado a las
organizaciones ecologistas, como WWF/Adena, al no contar con ellas, censuró.
La obligación de cumplir criterios ecológicos para recibir ayudas económicas
permitiría, según Adena, paliar algunos de los problemas que plantea la
agricultura en España, como la erosión de los suelos, la sobreexplotación de
las aguas subterráneas y superficiales y la desaparición de diversas especies
animales y de hábitats.
Los ecologistas también advirtieron de que el laboreo excesivo hace perder
"hasta 80 millones de toneladas al año" de suelo a los olivares
andaluces, y lamentaron que los humedales de Las Tablas de Daimiel, en
Castilla-La Mancha, han visto reducida su extensión "de 20.000 a menos de
9.000 hectáreas".
A la vista de los datos, WWF/Adena consideró que es "razonable" que
la UE condicione las subvenciones de ocho billones de pesetas anuales -uno para
España- de su política agraria al cumplimiento de "unas normas de
responsabilidad medioambiental".
