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SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO ESPAÑOL (2ª parte)
Certification systems of the quality in Spain

1. Introducción
2. Definición Y Funcionamiento De Un Sistema De Certificación
3. Tipología De Sistemas De Certificación
4. Principales Sistemas De Certificación
4.1 Denominación De Origen, Denominación Específica Y Especialidad Tradicional Garantizada
4.2 Vinos De La Tierra
4.3 Marcas De Calidad De Ámbito Subestatal
4.4 Sistema De Certificación De Productos Cárnicos
4.5 Eurep-Gap, Une 155001 Y Similares

4.6 Brc, Ifs Y Similares
5. Sistemas De Certificación Exclusivos De Cadenas De Distribución
6. Iso 9001:2000
7. Posible Evolución Futura De Los Sistemas De Certificación De La Calidad
7.1 La Calidad Tiene Futuro
7.2 Desaparición, Transformación Y Creación De Sistemas De Certificación
7.3 Tradición Y Tecnología No Son Incompatibles
7.4 Debemos Seguir Apostando Por La Calidad
8. Bibliografía

 
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4. PRINCIPALES SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN

Se describen a continuación, y de forma somera, algunos de los sistemas de certificación representativos del sector agroalimentario nacional, describiendo cada uno de ellos y situándolos en un contexto más amplio.

4.1 Denominación de Origen, Denominación Específica y Especialidad Tradicional Garantizada

La figura de calidad que tradicionalmente se ha venido conociendo en España como Denominación de Origen (DO) está hoy día homologada con la figura comunitaria de Denominación de Origen Protegida (DOP) en casi todos los sectores (1). A nivel europeo la normativa que regula las DOP encuentra su base en el Reglamento (CEE) nº 2081/1992 del Consejo (2).

La Denominación de Origen Protegida es aplicable a numerosos productos alimentarios, excluyendo por ejemplo los vinos y bebidas espirituosas que aparecen en otras reglamentaciones. En el cuadro nº 2 se muestra una relación de equivalencias entre la figura española de calidad DO y la comunitaria DOP en función del sector agroalimentario al que nos refiramos. Igualmente se muestran correlaciones para otras figuras.




La Denominación de Origen Protegida designa el nombre de un producto cuya producción, transformación y elaboración deben realizarse en una zona geográfica determinada, con unos conocimientos específicos reconocidos y comprobados. El vínculo geográfico, por tanto, debe estar presente en las tres fases señaladas. Se pretende añadir valor a determinados productos de alta calidad procedentes de un área geográfica delimitada.

El Reglamento (CE) nº 1493/1999 del Consejo (3) regula los Vinos de Calidad Producidos en Regiones Determinadas (VCPRD), estableciendo un conjunto de reglas comunes a la producción de estos vinos. Igualmente se puede compatibilizar en el etiquetado la calificación Denominación de Origen con la denominación comunitaria VCPRD. La figura Denominación de Origen Calificada, otra figura que se encuentra en la normativa nacional, es en realidad una variante de la Denominación de Origen de vino con criterios de autorización más estrictos.

Este tipo de figuras ha tenido tradicionalmente mayor aceptación en la cuenca mediterránea, donde los consumidores han sido receptivos a remunerar productos de áreas geográficas delimitadas a los que han asociado características organolépticas distintivas. España fue uno de los primeros países en considerar el sistema de las denominaciones de origen como forma de protección de determinados productos agroalimentarios. Así, en 1932, al mismo tiempo que se creaban las primeras denominaciones de origen en Francia, aparecía en España la primera denominación de origen de vinos: Málaga.

A pesar de la insuficiencia de información en algunos productos, se puede afirmar que las denominaciones de origen ocupan un lugar destacado en nuestra agricultura. Según los últimos datos son ya 120 las denominaciones de origen a nivel estatal, 60 en vino y otras 60 en el resto de productos agroalimentarios (MAPA, 2004). En vino, la superficie ocupada es de 641.784 hectáreas, y sólo en aceite de oliva suman 391.445 hectáreas. Es decir, tan solo considerando estas dos producciones, más de un millón de hectáreas a nivel nacional se encuentran bajo el paraguas de las DO.

La Denominación Específica (DE) ha seguido una evolución muy similar a lo descrito para el caso de la Denominación de Origen. La figura comunitaria equivalente, la Indicación Geográfica Protegida (IGP), está hoy día homologada en amplios sectores con la Denominación Específica (4). A nivel europeo la normativa principal que regula la IGP es la misma que regula la DOP: el Reglamento (CEE) nº 2081/1992 del Consejo. En el cuadro 2 se puede consultar la relación de equivalencias entre la DE y las figuras comunitarias en función del sector. Concretamente se encuentran reguladas aparte las bebidas espirituosas, cuyo Reglamento (CE) nº 1576/89 del Consejo (5) contiene en su Anexo II las denominaciones geográficas de diferentes categorías de productos.

La principal característica de la Indicación Geográfica Protegida reside en que el vínculo con el medio geográfico sigue presente en al menos una de las etapas de la producción, de la transformación o de la elaboración. Esta es la diferencia básica respecto a la DOP, en la que, como hemos comentado, el vínculo debe estar presente en las tres fases. Actualmente son 41 las IGP nacionales abarcando muy distintos sectores, a las que hay que sumar 11 denominaciones específicas/denominaciones geográficas en bebidas espirituosas.

La certificación Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) no hace referencia al origen, sino que tiene por objeto destacar una composición tradicional del producto o un modo de producción tradicional. Al no existir una figura similar en el ordenamiento jurídico español se adoptó con esta misma denominación, como se puede obser var en el cuadro nº 2. La base de su regulación se encuentra en el Reglamento (CEE) nº 2082/1992 del Consejo (6), publicado junto al referido reglamento base de las DOP e IGP.
Entre las ETG actualmente aprobadas hay tres cuya solicitud se ha realizado por organismos estatales: jamón serrano, leche certificada de granja y panellets.

4.2 Vinos de la tierra

La actual organización comunitaria del mercado vitivinícola (7) permite que determinados vinos de mesa añadan una indicación geográfica sobre dónde se han producido. Junto con esta información, en el etiquetado también pueden aparecer datos como el año de cosecha, el nombre de una o varias variedades de vid, indicaciones relativas al método de elaboración del producto, etc., que posibilitan que el consumidor aprecie mejor las propiedades del vino.

En España esta indicación geográfica adopta el nombre de Vino de la Tierra (ver cuadro nº 2) a través de la Ley 24/2003 de 10 de julio, de la Viña y del Vino. Para los viticultores y elaboradores de vinos, o sus agrupaciones o asociaciones, que pretendan el reconocimiento de un nivel de protección de vino de mesa con derecho a la mención tradicional Vino de la Tierra son obligatorios una serie de requisitos, menos estrictos que los necesarios para constituir una denominación de origen.

Actualmente existen 43 Vinos de la Tierra que cuentan con la aprobación correspondiente. Corresponde a las comunidades autónomas la autorización de los Vinos de la Tierra cuando el área geográfica correspondiente a dicha indicación esté incluida íntegramente en su territorio (lo cual sucede en 42 de los 43 vinos actualmente aprobados).

Los promotores de los Vinos de la Tierra son asociaciones de viticultores/cosecheros, bodegas, cooperativas o incluso fincas, y por lo general la superficie que abarcan, como media, es inferior a la de las denominaciones de origen.
La certificación Vino de la Tierra puede ser una alternativa plausible para la superficie de viñedo nacional que actualmente no cuenta con una denominación de origen.

4.3 Marcas de calidad de ámbito subestatal

Desde la configuración de España en comunidades autónomas, y la consiguiente descentralización de competencias en materia agroalimentaria, se ha asistido a un proceso de creación de distintivos de calidad a nivel regional (incluso provincial, en este caso respaldados por las Diputaciones Provinciales) con el objetivo de promocionar los productos agrarios y pesqueros de cada zona.

Bajo este epígrafe se agrupan marchamos de carácter público o privado y de muy distinta naturaleza. En sus orígenes las marcas colectivas públicas tendían a incluir en su denominación la procedencia del alimento (Galicia Calidade, Alimentos de Andalucía, etc.). Por exigencias de la normativa comunitaria se han ido suprimiendo las referencias a los lugares de origen, y estas etiquetas han dado paso a otras reguladas de forma similar aunque con denominaciones distintas. Y no sólo las Administraciones públicas han acuñado dichas figuras, sino que asociaciones privadas y grupos de empresas agroalimentarias también se han sumado a la iniciativa con la creación de marcas colectivas propias.

Se trata de un grupo de sistemas heterogéneo y en continua evolución. Como ejemplos se pueden citar marchamos que han existido o existen como Calidad Certificada y Landaluz en Andalucía, Marca C "Calidad Alimentaria" en Aragón, Marca Q en Cataluña, Marca de Calidad CV en la Comunidad Valenciana o Marca RC en La Rioja.
Aunque el contenido, alcance y significado de cada una de estas etiquetas puede ser muy diferente, (por ejemplo en lo relativo a requisitos específicos y sistemas de control y certificación), en la mayoría de ellas el aspecto promocional es el de mayor importancia. Así, los productos identificados con este tipo de etiquetas se benefician de la promoción genérica y común que realizan las instituciones (públicas o privadas) depositarias de la marca.

La adhesión es voluntaria, y en algunos casos este tipo de distintivos es adicional y complementario a la posesión de cualquier otro signo reconocido de calidad (por ejemplo: denominaciones de origen, agricultura ecológica, etc.).
Sin embargo no todos las marcas de este tipo llevan asociado un sistema de certificación definido tal y como lo hemos hecho anteriormente, sino que hay algunas que se articulan de forma distinta.

A modo de ejemplo, Calidad Certificada es una marca colectiva propiedad de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, y lleva funcionando desde 2001 (8). Se otorga a un solicitante, por un período renovable de 5 años, para un producto determinado (no una gama) que se encuentre protegido por alguna de estas certificaciones: Agricultura Ecológica, Producción Integrada, Denominación de Origen Protegida, Indicación Geográfica Protegida, Especialidad Tradicional Garantizada, amparado por la OCM del vino o que sea certificado por organismos de control acreditados por la norma EN-45011.
Por lo tanto, Calidad Certificada no posee un sistema de certificación propio tal y como lo hemos definido anteriormente. Para los productores el empleo de esta marca puede suponer un beneficio de tipo promocional, mientras que para los consumidores puede considerarse una forma de obtener una garantía institucional avalada por la Junta de Andalucía, y un medio para reconocer más fácilmente productos de calidad.

4.4 Sistema de certificación de productos cárnicos

El subsector de los productos cárnicos es uno de los más sensibles en relación con la seguridad alimentaria, y que más ha evolucionado ante los recientes casos de crisis alimentarias. Ello ha supuesto un incremento de los estándares de la reglamentación técnico sanitaria, así como un mayor grado de desarrollo de sistemas de certificación voluntarios. Aquí se describen someramente algunos ejemplos de dichas certificaciones.

La Norma de calidad para el jamón ibérico, la paleta ibérica y caña de lomo ibérico elaborados en España se desarrolla en el Real Decreto 1083/2001. En ella se definen los requisitos para ser poseedor de las denominaciones que especifica, y obliga a que todas las fases superen un control a cargo de un organismo independiente de certificación. Además se incluye en esta norma la definición de las razas de porcino ibérico permitidas, métodos de elaboración de los productos, aditivos, designaciones de calidad según la alimentación (bellota, recebo o cebo), etc.

En el sector bovino, y a pesar del incremento de las obligaciones legales para garantizar la seguridad alimentaria de sus alimentos, se han puesto en marcha los Pliegos facultativos en el etiquetado de carne de vacuno. Se trata de un pliego de condiciones aprobado por la autoridad competente y controlado por un organismo independiente de control. En España, la Autorización de certificación corresponde a las comunidades autónomas.
Estos estándares permiten que los productos especifiquen características o condiciones de producción adicionales (sistema agropecuario de crianza, forma de alimentación, etc.) a lo exigido para el etiquetado obligatorio.

4.5 EUREP-GAP, UNE 155001 y similares

Se puede considerar EUREP-GAP (EuroRetailer Produce Working Group Good Agricultural Practices) un sistema de certificación restringido a un código de Buenas Prácticas Agrarias (BPA) elaborado por minoristas europeos de la UE, Suiza y Noruega. El aspecto que más se ha desarrollado es el sector de las frutas y hortalizas (hoy día su principal aplicación), estableciendo unos criterios de producción que no son específicos por cultivo.

EUREP-GAP comenzó definiendo los estándares mínimos aceptables para grupos minoristas, aunque hoy día se ha generalizado para numerosas cadenas de distribución. La idea consistía en que fuera utilizado como un nivel de referencia de calidad en los productos agrarios frescos que comercializaban las cadenas, en especial los que se vendían sin marca o bajo marca blanca / marca del distribuidor.

Según sus propios objetivos, "el ámbito de EUREP-GAP se relaciona con las prácticas en la explotación: una vez que el producto abandona la misma se somete al control de otros códigos de conducta y sistemas de certificación competentes en el ámbito de la transformación y distribución de alimentos". Esto reafirma la percepción de que EUREP-GAP se restringe a la producción y que es compatible con otros sistemas de certificación que basan el control en la transformación y/o distribución.

Una de sus principales fortalezas consiste en haber desarrollado e incluido en su referencial unas guías de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) (9) en campo, aspecto éste que no es actualmente requisito exigible (dentro de la fase productiva) entre la reglamentación técnica sanitaria vigente en España.
Igualmente se puede comprender la relevancia de este sistema en el sector agroalimentario español, donde las exportaciones de productos hortofrutícolas a los mercados europeos alcanzan cifras significativas. La generalización del sistema como un requisito más a solicitar por las grandes cadenas de distribución europeas (básicamente podría hablarse de una certificación Business to Business (10) puede hacer que los productores hortofrutícolas que aspiren a comercializar a través de estos canales deban asumir la implantación del sistema.

La certificación de productos hortícolas bajo abrigo UNE 155001, también conocida como agricultura o producción controlada, tiene su origen en el año 1997. Con la participación activa del organismo español de certificación AENOR (Fernández Sierra, L. M., 2003) se definió un referencial por par te de un Comité Técnico de Normalización (CTN) en el que participan distintos interlocutores del sector (Administraciones públicas, organizaciones agrarias, exportadores, consumidores, cadenas de distribución, etc.). La Secretaría del CTN es ocupada por la Federación Española de Productores Exportadores de frutas y hortalizas (FEPEX), muestra de que UNE 155001 se trata de una iniciativa del sector.

Se basa en unas Buenas Prácticas Agrarias restringidas al sector hortofrutícola bajo abrigo o protegido (invernaderos principalmente), creando especificaciones para cada uno de los cultivos que abarca (fresas, judía verde, sandía, calabacín, berenjenas, pepino, melón, pimiento, lechuga y similares, tomate, col china, bróculi, calabaza, patata). Por tanto el énfasis del control recae en la faceta productiva.

En el gráfico nº 2 se puede apreciar el importante incremento superficial que ha experimentado la producción controlada en España. Aunque el área ocupada no es cuantitativamente importante, sí lo es en el plano económico al tratarse de productos con alto valor añadido. En 2002, el 66% de la superficie correspondía a la provincia de Almería, y en marzo de 2003 eran ya 67 las empresas licenciatarias en toda España.

El Sistema Integrado de Control de la Alhóndiga (11) (SICAL 2000) ha sido impulsado por ECOHAL, organización empresarial sectorial que integra a muchas de las alhóndigas almerienses. SICAL tiene como objetivo (González Damián B., 2001) ser un primer paso hacia la implantación de normas más exigentes, como las mencionadas EUREP-GAP o UNE 155001. Su alcance incluye desde la fase de producción hasta la manipulación en alhóndiga (De Pablo, J. y Pérez, J.C., 2002), garantizando que los productos no contienen materias activas prohibidas ni superan el Límite Máximo de Residuos (LMR) legal, amén de asegurar que los agricultores llevan a cabo unas prácticas respetuosas con el medio ambiente.

Igualmente existe un referencial UNE 155003 de frutas de hueso para consumo en fresco, que actualmente abarca el melocotón, la ciruela y el albaricoque. Su desarrollo normativo ha ido paralelo al comentado para UNE 155001, aunque tiene menos repercusión que éste.


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