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LA PROPIEDAD DE LOS RECURSOS NATURALES Y SU CONSERVACIÓN. ESPECIAL REFERENCIA A LOS RECURSOS DE LIBRE ACCESO (1ª parte)

1. Introducción
2. Los Recursos Naturales De Libre Acceso
3. Modelos De Estudio De Los RLA

4. Ampliación Del Dilema Del Prisionero Al Estudio De Un Número Indeterminado De Individuos: Conclusiones Relevantes Para La Gestión De Los RLA.
5. Algunas Conclusiones Finales
6. Bibliografía

 
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1. INTRODUCCIÓN.

Al estudiar la relevancia que tiene la estructura de derechos de propiedad de los recursos naturales para el desarrollo de una gestión óptima de los mismos, es necesario determinar las diferencias existentes entre los distintos tipos de recursos desde el punto de vista de su agotabilidad.

En efecto, hay algunos recursos que no precisan ser gestionados de ninguna manera especial para poder asegurarnos su utilización de manera indefinida a lo largo del tiempo, como la energía solar, la energía eólica, etc. Independientemente de que en un momento dado del tiempo los utilicemos o no, este hecho no merma la posibilidad potencial de su uso en periodos posteriores.
En este tipo de recursos flujo, no obstante, será relevante la eficiencia en su uso para aprovecharlos del modo más productivo y menos costoso –monetaria y ambientalmente-.

En ellos no existe una propiedad exclusiva establecida –la energía del sol no es de nadie y al mismo tiempo es de todos-. Aunque algunas utilidades no precisan de ningún instrumento o medio para su uso y están disponibles para todos –tomar el sol en la playa, aprovechar el sol que entra por la ventana para calentar nuestras casas en invierno o simplemente para poder ver durante el día-, su aprovechamiento a otro nivel estará limitado a la propiedad de los medios necesarios al efecto –placas solares, explotaciones agrarias, molinos de viento, etc.- La propiedad relevante, en este caso, reside en los medios de utilización y no en el propio recurso.

Otros recursos, como el aluminio, el carbón o el petróleo por ejemplo, existen en una determinada cuantía en la Tierra, y la cantidad que utilicemos en el presente no estará disponible en el futuro. Son los llamados recursos stock. El reciclado sólo permitirá paliar parcialmente el problema de su agotabilidad, pero éste no desaparecerá . Se nos presentan entonces una serie de cuestiones de orden ético-moral; ¿debemos explotar estos recursos? ¿a qué ritmo debemos hacerlo y qué cantidad debemos dejar para las generaciones venideras?

La respuesta a la primera pregunta parece bastante clara; sí que debemos utilizarlos. Si no fuera así, generación tras generación al planearnos esta pregunta la respuesta sería negativa y los recursos quedarían intactos y desaprovechados cuando la humanidad desapareciera.
La respuesta a la segunda pregunta depende de la concepción del desarrollo sostenible y de la solidaridad intergeneracional que tengamos. Genéricamente, se suele afirmar que estos recursos no renovables han de consumirse al ritmo en que encontremos su sustitución en forma de recursos renovables. Así, se estaría generando un flujo constante de servicios a través del tiempo. La segunda alternativa, que tiene un enfoque tecnocéntrico, consiste en garantizar que la reducción de las reservas del recurso no provoquen una disminución en el nivel de bienestar, teniendo en cuenta las mejoras de productividad.




La conocida “regla de Hotelling ” explica cómo es posible que en todos los periodos de tiempo haya una producción de signo positivo, dado que, considerando el precio de mercado y su evolución futura, los empresarios son indiferentes entre extraer una unidad adicional ahora o dejarla sin explotar. En efecto, si la renta de escasez creciera a un ritmo menor que el tipo de interés, nadie querría conservar un activo que puede generar mayor rendimiento convertido en dinero y el recurso natural se agotaría rápidamente. Si por el contrario dicha renta creciera a un ritmo mayor que el tipo de interés, los yacimientos de mineral serían una forma ideal de acumular riqueza, por lo que sus propietarios los mantendrían intactos.
Es importante señalar que todo el planteamiento de Hotelling está basado en la existencia de derechos exclusivos de propiedad, pues en caso contrario funcionaría la “regla de captura” como veremos en el punto 2 referente a los recursos naturales de libre acceso.

Los recursos fondo son aquellos de los que recibimos un flujo más o menos periódico, que podemos acumular para utilizarlo posteriormente, como el agua que embalsamos. La energía solar, que dijimos anteriormente que era un recurso flujo, si es acumulada para uso ulterior gracias a placas solares e instrumentos acumuladores de energía se convertiría en un recurso fondo. De nuevo la propiedad del recurso será fundamental para que su uso sea “sostenible”.

Los recursos biológicos, como los bosques o las pesquerías, pueden proporcionarnos servicios durante periodos muy largos de tiempo. La renovación del recurso está regida por fenómenos biológicos: crecimiento de los árboles, evolución de la población de los bancos de pesca, siempre sin superar la capacidad de carga del ecosistema. El uso de estos recursos es de naturaleza económica, y se podrá sostener siempre que no los explotemos repetidamente por encima de su tasa natural de regeneración. Aquí de nuevo la inexistencia de propiedad podría llevar al agotamiento del recurso por un uso excesivo del mismo.

2. LOS RECURSOS NATURALES DE LIBRE ACCESO

Los recursos naturales de libre acceso –en adelante, RLA– son aquellos que pueden ser utilizados o consumidos por cualquier agente económico sin ningún tipo de limitaciones derivadas de la presencia de derechos de propiedad.

Siguiendo a Walde (1987), los RLA se encuentran por tanto en uno de los extremos del continuo de los derechos de propiedad, –la inexistencia de propiedad–, mientras que en el extremo opuesto figura la propiedad exclusiva. En el centro queda la propiedad común, situación en la que los derechos de explotación de un recurso son compartidos por un grupo de personas que se dotan de un conjunto de normas y pautas de uso encaminadas a garantizar una utilización sostenible del recurso.

Aun pareciendo claras las diferencias existentes desde el punto de vista de la propiedad entre estos tres posibles tipos de recursos, con frecuencia se ha confundido en la literatura económica a los recursos naturales de propiedad común con los RLA dado que ambos tipos de recursos representan formas de asignación de los derechos de propiedad diferentes a la posesión exclusiva. Esta confusión la denuncia claramente Aguilera (1987) “una gran mayoría de economistas ha venido identificando los recursos naturales de libre acceso con los de propiedad común, etiquetando ambos como recursos de propiedad común y asegurando que el agotamiento de los recursos es consecuencia directa de la propiedad común que, en el fondo, no es sino ausencia de propiedad”.

Ciriacy-Wantrup y Bishop (1992) explican que la propiedad común designaría una distribución de los derechos de propiedad tal que ciertos titulares tienen iguales derechos al uso –aunque no a la transferencia– del recurso, aun en el caso de que su derecho al uso sea por distintas cantidades. Estos derechos, además, no se pierden aunque no se ejerciten en un momento dado.

Al igual que ocurre con la propiedad exclusiva, es fundamental que los no propietarios sean excluídos del uso del recurso de propiedad común –la propiedad común no es la propiedad de todos– y para que sea operativo en términos de gestión del recurso es imprescindible la presencia de un conjunto de acuerdos entre los propietarios o institucionales.

Además, esta regulación institucional facilita que la propiedad común pueda tener resultados positivos en la gestión de los recursos naturales en el seno incluso de una economía de mercado. De hecho es ésta –la economía de mercado– quien según Ciriacy-Wantrup y Bishop ha significado la mayor interferencia para el funcionamiento de la propiedad común, por la necesidad de sobreexplotar los recursos para obtener un excedente comercializable.

Esa posibilidad de excluir a los no propietarios marca una frontera fundamental entre los recursos de propiedad común y los RLA. En efecto, la inexistencia de derechos de propiedad que caracteriza a los RLA y que afecta a distintos tipos de bienes puede venir motivada por las siguientes circunstancias:

a) porque se trata de un bien cuya abundancia en la naturaleza hace se que satisfagan ampliamente las necesidades que del mismo existen y por lo tanto no es escaso;
b) porque es un bien al que no se le ha encontrado utilidad y por lo tanto no podemos considerarlo un recurso;
c) o bien porque aun siendo útil y escaso, existe una dificultad técnica o económica para limitar el acceso al mismo.

En este caso, la falta de exclusión del recurso opera como un estímulo para que los usuarios se comporten conforme a la “regla de captura”, por temor a que otros aprovechen antes los beneficios del recurso, ignorando por lo tanto los costes sociales en los que se incurre: hay competencia entre los usuarios por una mayor cuota del recurso en detrimento de ellos mismos, del recurso y de la sociedad en su conjunto.

Así, en el caso de los recursos naturales biológicos, el uso competitivo y continuado por encima de su tasa natural de regeneración llevaría inevitablemente a su agotamiento, encontrándonos en la situación de la “tragedia de los comunes” .
Análogamente, en los recursos stock se carece de incentivos para aplicar el criterio de Hotelling y maximizar de esta forma el valor de las extracciones totales.

La imposibilidad mencionada para aplicar la exclusión dificulta la aplicación de procesos negociadores como los propuestos por Coase para resolver el problema de las externalidades. De hecho, para que los postulados de Coase sean efectivos, los derechos han de estar perfectamente delimitados –algo que choca frontalmente con la definición de los RLA– y los costes de transacción han de ser bajos –impensable si no hay una perfecta delimitación de los afectados y de sus derechos–.

3. MODELOS DE ESTUDIO DE LOS RLA

Varios autores han modelizado el problema suscitado por la gestión de los RLA, aunque con diferentes enfoques. Un trabajo pionero en el que posteriormente se han basado muchos autores, es el de Gordon (1954), quien desarrolla un modelo para la pesca donde, en una situación de libre acceso, se alcanza el equilibrio cuando el flujo de ingresos se iguala a los costes de explotación y el beneficio se “disipa” entre los pescadores. Estableciendo un paralelismo con la regla de Hotelling, un RLA puede ser considerado de esta forma como un caso particular de recurso gestionado en condiciones de propiedad privada con una tasa de interés infinitamente grande. Gordon utiliza la curva de Schaefer que representa la ley biológica de crecimiento natural de las poblaciones para explicar los ingresos, y una función de costes totales, proporcionales al esfuerzo de pesca, para hallar un equilibrio bioeconómico que generalmente se alcanzará en una situación de sobreexplotación del recurso en situación de libre acceso, lo que además es ineficiente económicamente dado que una disminución del esfuerzo permitiría obtener un beneficio adicional pues implicaría tanto una disminución de los costes como un crecimiento de los ingresos. Sin embargo, el libre acceso impide esta reducción del esfuerzo que sería deseable tanto para la conservación del recurso como económicamente.

Anderson (1974) desarrolla un modelo dinámico en el que relaciona funcionalmente la cantidad existente de un recurso natural con su tasa natural de regeneración y con su tasa de uso, estableciendo una analogía y una relación con el capital, cuya cuantía depende de la inversión y la depreciación. Ante la previsible “tragedia de los comunes”, propone que o bien se fijen impuestos con una tasa proporcional al uso de los recursos, o bien se establezca una regulación que determine las cantidades máximas que pueden ser utilizadas anualmente.

Desde el punto de vista teórico, tanto un impuesto de corte pigouviano como la regulación son dos instrumentos plausibles. Sin embargo, para la aplicación de una regulación en el caso de los RLA volvemos a encontrarnos con la dificultad derivada de la frecuente imposibilidad para limitar el acceso al uso. Por otro lado, a los conocidos problemas de los impuestos pigouvianos se añade en este caso esa misma dificultad de exclusión que es inherente a los RLA, por lo que puede resultar muy difícil gravar a los usuarios.

Clark (1973) centra su atención en su “economía de la sobreexplotación” en los recursos biológicos. Así, define los rendimientos máximos sostenibles que garanticen la pervivencia del recurso que, dados unos costes crecientes, nos indican cuál es la cantidad óptima del recurso que debería ser utilizada para obtener un beneficio máximo. Por otra parte, también explica cómo otros agentes, a la vista de esos beneficios, estarán interesados en sumarse a la explotación de ese recurso si es un RLA, lo que podría llevar a la extinción del recurso. Este análisis, que no difiere mucho del de Gordon, ha sido desarrollado posteriormente en innumerables ocasiones para la gestión de recursos forestales o de pesquerías.

Muhsan (1973) se apoya en el conocido ejemplo de Hardin de los pastores que llevan ganado a pastar a un prado colectivo, para elaborar una matriz de pagos con la que muestra que existe una estrategia dominante –no cooperativa– para cada pastor que hará que se alcance la peor de las situaciones posibles: “cada pastor individual, que desea optimizar su estrategia, añadirá una res a su rebaño, y esto conduce necesariamente al desastre para la comunidad en su conjunto” Muhsan (1973, pág. 36).

Si bien su análisis es correcto si consideramos únicamente dos jugadores en un juego estático, la extrapolación que realiza este autor al estudio de un pastor frente al resto es desacertada cuando afirma que sólo obtendrá un beneficio el pastor individual al añadir una res adicional –actitud no cooperativa– si todos los demás se abstienen de hacerlo –es decir, adoptan una actitud cooperativa–. En nuestro modelo, que parte de un análisis inicial similar al de Muhsan, destacaremos la importancia que tiene para determinar la situación final el considerar diferentes porcentajes de población que adopte actitudes cooperativas, siendo posible obtener un mayor beneficio cooperando aun cuando no todos los demás cooperen, siempre que se alcance una masa crítica suficiente.
En este trabajo utilizamos la teoría de juegos para estudiar los posibles comportamientos de los individuos ante la utilización de un RLA, los resultados que se obtendrían, y cómo el Estado debería actuar en favor del interés general.

En primer lugar, definiremos una matriz de pagos en la que se mostrarán los beneficios que cada persona obtendrá tanto en función de su actuación como de la del resto de la sociedad. En un problema como el definido, es interesante saber hasta qué punto mantener una actitud cooperativa puede ser rentable, y en un análisis superficial podríamos concluir que sólo si los demás también mantienen una actitud positiva –al menos en un porcentaje importante– nuestros esfuerzos pueden verse recompensados, mientras que si únicamente nosotros mostramos esas preocupaciones, nuestro esfuerzo será vano y nuestro nivel de bienestar empeorará –nos habremos privado de utilizar ese RLA para evitar su agotamiento, pero el abuso de los demás lo habrá extinguido–.

La matriz de pagos resultante sería, si consideramos en un primer momento únicamente dos personas implicadas –dos jugadores–, como la siguiente:

donde B > A > D > C

Expliquemos lo que significan la matriz y los pagos asignados a cada celda:

Si el jugador 1, es decir, la primera persona, decide cooperar y la otra persona también lo hace, ambos obtendrán un pago –un nivel de bienestar derivado tanto del comportamiento propio como ajeno– como el que hemos denominado arbitrariamente A, que es lo que está representado en la celda superior izquierda de la matriz.

Si el jugador 1 coopera pero el jugador 2 no lo hace, éste último se beneficia tanto de la actitud del primero como de la suya propia. Por lo tanto, el pago que obtendrá el 2º jugador como consecuencia de las actitudes mostradas por ambos en este supuesto, será incluso mayor que cuando ambos cooperaban: B > A.
Por el contrario, el pago del primer jugador será menor; incurre en algunos costes –el no uso del RLA– pero no obtiene beneficios adicionales: A > C. Lo descrito en este párrafo figura en la celda superior derecha de la matriz. El mismo caso, pero intercambiando las actitudes y los correspondientes pagos de los actores implicados, es el presentado en la celda inferior izquierda.

Por último, obtienen el pago D cuando ambos mantienen una postura de no cooperar –celda inferior derecha–; se ven perjudicados por la actitud del otro, pero al menos se aprovechan del uso del RLA. Por lo tanto, este pago es mayor que el C, pero menor que el A.

Si ordenamos los pagos en función de lo dispuesto en los párrafos precedentes, tendremos B > A > D > C.

El problema descrito es el conocido como “dilema del prisionero”. Efectivamente, la mejor situación de las posibles para los dos jugadores sería aquella en la que ambos cooperasen, es decir, que ambos mantuviesen una actitud respetuosa con la naturaleza y el medio ambiente. Sin embargo, el equilibrio de Nash se produce en la peor de las situaciones: cuando ninguno coopera, debido a que ésa es la estrategia dominante para ambos. (Obsérvese que, dado cualquier comportamiento de un jugador, cooperativo o no, el otro decidirá no cooperar para obtener el mejor pago posible). Este equilibrio de Nash es un equilibrio ineficiente en el sentido de Pareto –basta compararlo con los pagos de la casilla superior izquierda, en la que ambos jugadores obtienen mejoras en sus pagos frente al equilibrio resultante–.

Las características que Axelrod (1986) considera necesario que se cumplan en un dilema del prisionero son las siguientes:

a) los jugadores no poseen mecanismos para llevar a cabo amenazas u obligar a los demás a cumplir acuerdos.
b) No es posible estar seguro del comportamiento del otro jugador –o los otros jugadores–en una jugada determinada.
c) No hay forma de huir de la interacción con el otro jugador, ni tampoco de eliminarlo.
d) No se pueden cambiar los pagos del otro jugador.

El incumplimiento de estas condiciones desvirtuarían el carácter del juego, y asumiremos todas ellas como necesarias.

Asimismo, existe una serie de hipótesis restrictivas que no son imprescindibles para el estudio de un dilema del prisionero –aunque en ocasiones, por comodidad en el análisis y sin afectar a los resultados, nos sirvamos de ellas–:

a) no es preciso que los pagos a los jugadores sean comparables.
b) No es necesario que los pagos sean simétricos, ni siquiera que estén medidos en unidades homogéneas.
c) Los pagos a los jugadores no necesariamente han de estar expresados en una escala absoluta.
d) No es necesario que las acciones efectuadas por los jugadores respondan a elecciones conscientes, ni que actúen de forma racional.


 

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